NUEVA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

 Por Juan Manuel Otero

Las medidas cautelares son legítimas decisiones emanadas de juez competente que, sin explayarse sobre el fondo de un litigio ni sobre su resultado final, suspenden total o parcialmente los efectos de un Acto Administrativo, difiriendo su ejercicio y sus efectos hasta la resolución definitiva. Requieren necesariamente para su aplicación apariencia de justo derecho y peligro por las consecuencias que con el paso del tiempo pueda ocasionar tal medida hasta que se resuelva el fondo mediante sentencia firme. Llegada esta instancia, si la sentencia reconociere la validez del acto administrativo, la medida cautelar caerá como si nunca hubiera existido, si por el contrario la sentencia derogase el acto, el recurso cautelar habrá permitido el ejercicio de una justa defensa de los derechos de los administrados ante un abuso. 

Este recurso está ligado a nuestra historia procesal, fundado en la igualdad ante la ley que proclama nuestra Constitución y es llamativo que la Presidente lo haya designado como “Una nueva creación del derecho: El derecho cautelar”. Son alarmantes los desconocimientos jurídicos que día a día evidencia nuestra primera mandataria, tanto como las espasmódicas y teatrales reacciones ante cada decisión de la justicia de frenar avasallamientos de derechos de terceros.
Sin embargo, la torpeza y la soberbia, una y otra vez, le impiden razonar que tal vez el error se encuentre de su lado. 

Si todos los días se reciben notificaciones de resoluciones adversas, la solución no es asesinar al oficial notificador. El sentido común indicaría ponerse a meditar cuál es el error cometido y cuál sería la forma de solucionarlo.

Es por ello que repugna los sentidos la noticia de que un grupo de “profesionales del derecho” liderados por la inefable diputada Diana Conti se propone presentar un proyecto de ley por el cual se modificarían los Códigos Civil y Procesal de la Nación, “limitando” – en los hechos se derogaría – el dictado de medidas cautelares contra el Estado. Y por más que se trata de un vergonzoso proyecto, no caben dudas que la escribanía legislativa lo aprobará sin análisis alguno y los aplausos y confetti acompañarán los cánticos de la tribuna. 

Un nuevo derecho de gentes habrá sido avasallado.

Cuando en todo el mundo se ha comprendido que los regímenes absolutistas han demostrado su ineficiencia y su indignante falta de respeto hacia los derechos individuales, derrota simbolizada por la caída del muro de Berlín y la desaparición de los soviets, causa pena y espanto comprobar que la ex República Argentina opta día a día por transitar ese triste sendero.

Se trata, en definitiva, de una nueva violación a los derechos humanos adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no creo que ningún organismo de los que se autotitulan celosos defensores de tales Derechos haga oír su voz. 

"Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."

Y si la Presidente y la Dra. Conti no se oponen, y aunque lo hagan, yo les aseguro que la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad son claros ejemplos de derechos humanos fundamentales protegidos por esa norma y por nuestra propia Constitución Nacional.