viernes, 13 de abril de 2012

Réplica Jurídica contra los Militares de Colombia


Es tanta la similitud de la situación descripta en el presente comunicado de los Presos Políticos Militares de Colombia, con la vivida por los militares y demás fuerzas que combatieron y vencieron el terrorismo en nuestro país, que no podemos dejar de señalar que las Fuerzas Armadas latinoamericanas continúan siendo el blanco seleccionado por las organizaciones terroristas para infiltrarse y lograr el poder por medio del terrorismo, guerra psicológica y cultural… ahora se le suma el campo de batalla jurídico, donde el primer objetivo es abolir el Fuero Militar

Es clarísimo que una guerra –de cualquier tipo- nunca puede ser juzgada con el Código Penal, no es apto ni tiene competencia. Es así que se diseñan “normas jurídicas a medida” al fin propuesto… en este caso el “fin justifica los medios” y si deben destruir otras instituciones de la república como la división e independencia de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no vacilarán en hacerlo.

El CODIGO DE JUSTICIA MILITAR de la República Argentina fue sancionado por la Ley 14.029 el 4 de julio de 1951 y publicado en el Boletín Oficial el 6 de agosto  de 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón.

El mismo CODIGO DE JUSTICIA MILITAR y todas sus normas, resoluciones y disposiciones de carácter interno que lo reglamentaban fueron derogados por la Ley 26.394 sancionada el 6 de agosto de 2008 y promulgada el 26 de agosto de 2008, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En forma simultánea fueron modificados el el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación, para posibilitar el juzgamiento en el fuero federal de los militares y demás fuerzas que derrotaron al terrorismo cumpliendo órdenes emanadas del más alto poder político de la época de la guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria de los años 70(s).

A partir de la promulgación de la ley, los efectivos de las Fuerzas Armadas fueron juzgados por la justicia federal, en acuerdo con los códigos Penal y Procesal Penal y ya no por sus pares, como lo establecía el código de 888 artículos aprobado en 1951-aunque desde entonces sufrió varias modificaciones-, el poder de turno se encargó de “romper el contrato social que la Nación tenía con sus soldados”… a partir de ese momento sobrevino el aquelarre institucional que se sufre hasta el día de la fecha.


COMUNICADO DE PRESOS POLÍTICOS MILITARES DE COLOMBIA

Por  Militares Presos Políticos
Jueves, 12 de abril de 2012 

Los militares víctimas de la guerra jurídica que contra las FFMM libran los enemigos del Estado y que por consecuencia de esa guerra nos encontramos privados de la libertad, mediante la violación del debido proceso y el desconocimiento de los derechos humanos, en ocasión de la discusión en el Congreso de la República sobre el Fuero Militar en Colombia manifestamos lo siguiente:

El fuero militar no es un derecho del soldado, sino un deber del Estado que asume con el ciudadano colombiano al que llama a servir en las filas de las Fuerzas Armadas. El fuero militar no es un privilegio de los militares, sino una garantía para la seguridad del Estado y del pueblo colombiano.
El fuero militar es un escudo dado a las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo para protegerlos en el combate.

El soldado es un colombiano al que se le suspenden sus derechos ciudadanos de elegir y ser elegido, y de su libertad de expresión, así como su derecho a la seguridad personal y se le exige ofrecer hasta su propia vida en defensa de sus conciudadanos.

El soldado colombiano asume su deber de defender la Patria a cambio de las garantías constitucionales que le brinda el Estado cuando en cumplimiento de su deber constitucional ocasión del servicio da de baja al delincuente.

El soldado colombiano hace parte de una Institución perteneciente al Estado del cual hacen parte también el Congreso de la República, la Presidencia y la Rama Judicial.

El Presidente es el directamente responsable de la Seguridad de todos los colombianos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El Congreso, representantes del pueblo colombiano, emiten leyes que garanticen el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.

Los jueces actúan contra los delincuentes que atenten contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Por tanto de cualquier acción u omisión de las Fuerzas Armadas es responsable el Jefe de Estado, y con él la Estructura del que hace parte.

Cuando un soldado comete un delito en ejercicio de sus funciones constitucionales, debe ser investigado y juzgado de acuerdo a las condiciones propias del servicio militar.

Cuando un soldado se enlista, recibe instrucción, un arma y un fuero, que le permite ejercer su labor diferente a la de cualquier ciudadano.
Colombia es un país en conflicto con la subversión, que usa métodos terroristas y es financiada por el narcotráfico.

Colombia no puede desconocer el fuero militar del soldado que combate en condiciones desventajosas con los enemigos de Colombia.

Es una traición que mientras al soldado se le quiera quitar el fuero militar, se busquen leyes que indulten y privilegien el delito cometido por miembros de grupos armados ilegales.

Las fuerzas militares no son una estructura de poder violadora de los Derechos Humanos ni del Derecho Internacional Humanitario, las FFMM representan el poder represivo del Estado contra de los Enemigos del orden constitucional y en defensa de los ciudadanos.

Las Fuerzas Militares combaten a los subversivos bajo las leyes nacionales, y la Justicia Penal Militar garantiza que así sea.

La Justicia Penal Ordinaria ha demostrado su ineficiencia, ineficacia y falencias para investigar los crímenes, su alto nivel de corrupción ha sido demostrado ampliamente.

Cuando se trata de investigar militares, la Justicia Ordinaria ha demostrado además un sesgo ideológico que ha hecho daño a la capacidad de Combate de nuestras Fuerzas Armadas.

El Coronel Plazas Vega fue condenado a 30 años de cárcel sin existir una sola prueba que comprometiera su autoría o complicidad en la desaparición de personas.

En su caso existieron 2 testigos que confesaron haber sido inducidos a dar falso testimonio en su contra a cambio de recibir beneficios jurídicos y económicos.

También existió la suplantación de un testigo, a pesar de las evidentes inconsistencias la Justicia Ordinaria lo declaró culpable. En el caso de los pilotos de Santos Domingo, condenados en primera instancia, se demostró que la Fiscalía y el CTI plantaron las pruebas falsas en contra de los acusados.

En su caso la defensa demostró científicamente que el explosivo que mato a los campesinos fue una bomba hechiza puesta por las Farc. A pesar de ello la Justicia Penal Ordinaria los declaro culpables, violo el debido proceso y avalo las evidencias falsas y plantadas por la Fiscalía.

La justicia ordinaria por petición de una ONG supuestamente defensora de derechos humanos, valiéndose de un tecnicismo jurídico, declaro a las FARC en cabeza del terrorista GRANNOBLES, inocente de la masacre de Santo Domingo, en contra de toda evidencia y en contra de una sentencia que en derecho lo declaraba culpable del homicidio de 17 civiles.

De los procesos llevados a cabo por la justicia ordinaria el 48% están poblados de violaciones al debido proceso, falsificación y compra de testigos, y alteración de los elemento probatorios.

La Justicia Penal Ordinaria ha dejado por fuera de combate a más de 10.000 uniformados, muchos más que los que han dejados los grupos armados ilegales.

El Congreso es autónomo y soberano para proponer y aprobar leyes a favor del pueblo colombiano y de su seguridad.

El Congreso no puede ser presionado por el Gobierno ni mucho menos por ONG(s) extranjeras para tomar decisiones que conciernen solo a su función constitucional. El Gobierno Nacional no puede negociar el fuero militar y con ello la seguridad de todos los colombianos a cambio de TLC bajo presiones de ONG, esto es una flagrante violación de la soberanía nacional e intromisión extranjera en asuntos de orden interno.

Si el Gobierno, y el Congreso le quitan el escudo al soldado, están haciendo un llamado ipso facto a calificar servicios a cada uno de los colombianos que se han enlistado en las Fuerzas Armadas.

Si ese es el querer del Honorable Congreso, inmediatamente entregaremos las armas que el Estado nos ha entregado y nos someteremos a la vida civil, sin riesgos para nuestra seguridad, nuestra libertad y el futuro de nuestras familias.

Tengan la seguridad honorables congresistas que los militares seguirán sirviendo a los altos intereses de la Patria desde sus casas, pero no arriesgaremos un día más nuestra vida, nuestro futuro y el de nuestras familias si el Estado decide quitarnos el Escudo y garantía de ejercicio de nuestra labor: el Fuero Militar.


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