lunes, 3 de diciembre de 2012

Sin castigo no hay solución a la inseguridad

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Revolución Francesa - 1789) reconoce los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. El artículo 12 establece que “La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada”.


Un Estado organizado debe tener fuerza para imponer y mantener las normas que se dictan para ofrecer seguridad a sus habitantes. Las conductas individuales que atentan contra la vida, los derechos y los bienes de los ciudadanos o generan perturbación del orden público, deben ser reprimidas y el uso de la fuerza es una herramienta del Estado necesaria para hacer cumplir la ley.


Ningún delito justifica un delito y todos merecen ser llevados a juicio ante autoridad competente. Pero resulta divertido el análisis de clase y como a la hora de castigar el delito o incluso lo que no es delito, se busca en la clase más baja, o en los conocidos pungas, chorros y nunca vemos los delitos de la clase alta, los delitos de guante blanco, los delitos relacionados con la corrupción y que no solamente causan perdidas económicas, si no que causan perdidas de vida...

Si la Fuerza Área y Lapa hubieran seguidos con las regulaciones reglamentarias, el Vuelo Lapa 3142, no se hubiera estrellado, si la corrupción no fuera tan grande en nuestro gobierno, funcionarios públicos no hubieran sido cómplices de la voladura de la Amia y Embajada de Israel.


Si la Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa concesionaria hubieran cumplido sus respectivas obligaciones para brindar un servicio público eficiente y seguro, tampoco tendríamos que lamentarnos por el accidente ferroviario de Once ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando el tren Nº 3772, identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación de Once, no logró detener su marcha y colisionó con los sistemas de paragolpes de contención de la estación. La formación, de ocho vagones, transportaba en plena hora pico a más de 1200 pasajeros a bordo. Fallecieron 51 personas y más de 703 resultaron heridas. Los familiares todavía esperan justicia… 48 horas de duelo nacional, no son suficientes.


Pensamos que como los delitos cometidos mediante métodos violentos, estos delitos también deben ser analizados, estudiados, juzgados y castigados debidamente.

¿O creen que los funcionarios corruptos no merecen cárcel? En nuestra humilde opinión –somos legos en la materia-, aquellas personas que delinquen aprovechando su condición de funcionarios públicos deberían ser punibles con mayor severidad, dado el agravante de haber defraudado la confianza depositada en ellos y aprovechado de la buena fe de sus electores.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y Para Siempre



02-12-12 | OPINIÓN


Por Diana Cohen Agrest

– ¿Yo, señor?
– Sí, señor.
– No, señor.
– Pues, entonces ¿quién lo tiene?

Nadie es culpable. Los pobres porque son el producto de la injusticia social, y los ricos porque gozan del manto protector de la impunidad que, por acción u omisión, favorece a los personajes ligados al poder, incluso ante las denuncias de funcionarios involucrados en delitos de guante blanco. En este escenario, la culpa penal es un concepto vetusto y es sustituida por categorías sociológicas que neutralizan la función que debería cumplir un sistema penal eficiente.

La política penal de corte minimalista parte de la premisa de no aumentar el número de presos. La solución, según sostenía Zaffaroni en una conferencia dictada en el extranjero hace unos años, es implementar una capacidad máxima del número de penitenciados con el fin de no saturar las cárceles, aun cuando con dicho cupo se libere a reincidentes e individuos que ponen en peligro a la sociedad. De lo que se trata, según se infiere, es de un cálculo economicista donde no se toman en cuenta ni la justicia retributiva ni la índole preventiva de la pena que atiende a la seguridad de la población.

Este ideario de base subyace a la presentación del informe de la Corte Suprema dado a conocer esta semana, cuando se habla en términos de "conflictividad" (que traducida a la lengua de nuestra comunidad de hablantes, debería decirse lisa y llanamente "los delitos"). Y se aduce que si bien se duplicaron el número de "homicidios en riña", según el informe los asesinatos son generalmente ejecutados entre conocidos. Y la hipótesis que se aventura estriba en que dichos delitos se explican por las economías violentas de subsistencia. Cuando el juez Zaffaroni declara que "hay que identificar las características y causas de la violencia social", y cuando reconoce que "es preocupante la zona criminógena de los barrios de emergencia", por lo que propone que "como prevención secundaria habría que mejorar el servicio de seguridad en los barrios de emergencia y como prevención primaria mejorar las condiciones de urbanización", el ciudadano asentiría si el autor de esas palabras perteneciera a un observatorio social o a una organización no gubernamental o a un analista de periodismo social. Pero cuando se espera una respuesta judicial basada en la disuasión y, si de fallar ésta, en la punición del delincuente, esos análisis sociológicos excluyentes resultan insuficientes e inaceptables porque provienen de los máximos responsables de impartir justicia en una sociedad doblegada por el miedo a una realidad delictiva que avanza con el consentimiento de quienes deberían defenderla.

Ante el anunciado proyecto de Reforma del Código Penal, celebro que se reconozca que no se trata de la mera reforma de leyes penales (cuando de lo que se trata es, en todo caso, de no hacer interpretaciones desvariadas y abusivas de la ley). Pero cuando se aduce que se debe "optimizar el aspecto preventivo que tienda a evitar o disminuir la frecuencia de los hechos", estas variables preventivas resultan francamente ingenuas cuando se analizan los procedimientos delictuales: ¿de qué sirve poner miles de policías en las calles desautorizados por las máximas autoridades de la seguridad nacional para intervenir y hasta para defender su propia vida ante un delincuente armado?, ¿de qué sirven las cámaras si por la velocidad y sincronicidad propia del accionar delictivo, la policía llega para atender a un cadáver?

Con la hipótesis de corte sociológico, nos quedamos con una respuesta que explica pero que no justifica la proliferación de los delitos. Si el "conocido" sabe que el desenlace del "reñir" puede ser el homicidio, y si sabe que el desenlace del homicidio puede ser unos cuantos años de cárcel, va a pensar dos veces antes de reñir. Es elemental que esas medidas disuasorias prueban su efectividad en otras áreas de la administración pública: una campaña de educación vial advierte sobre el peligro de pasar un semáforo en rojo. Si la campaña no es acompañada de alguna forma de punición, numerosos automovilistas seguramente continuarán cruzando los semáforos en rojo. Y como nos enseñan los manuales de ética, ese sistema preventivo funciona si todos acatan las leyes. Con que haya uno que viole un semáforo en rojo, se corre el riesgo de que mate a un peatón. Pero si sé que los radares detectan si paso un semáforo en rojo y que, de hacerlo, deberé pagar una multa y hasta corro el riesgo de que me quiten el registro, entonces voy a incorporar el hábito de no pasar en rojo.

Con la reducción del derecho penal a las medidas preventivas, prosiguiendo con esta analogía, y aun cuando mejoren sus condiciones estructurales (¿acaso a esas mejoras no se orientaron la asignación por hijo, los planes sociales y los corruptos "Sueños compartidos"?), el delincuente cuenta con la anuencia tácita de que si en la reyerta mata al conocido, la justicia preventiva negociará prontamente su liberación. En un sistema coherente de justicia, las medidas preventivas deben complementarse con sanciones retributivas.

"Lo que se visibiliza son los crímenes que afectan a los restantes barrios, la muerte de villa da la sensación que no se visibiliza, y es ahí donde vemos el aumento", expresó el juez. Por supuesto que no se visibiliza, porque muchas de esas muertes son enmascaradas bajo el rubro de muertes de causa desconocida y, fundamentalmente, porque el delito se ha naturalizado en los segmentos de la sociedad más desprotegidos ante el delito no punido por las mismas autoridades que dicen protegerlos. Se concluye luego que la problemática "no se resuelve sólo con punición". Estamos de acuerdo. Pero sin punición, tampoco.