viernes, 22 de marzo de 2013

DÍAS PREVIOS AL 24 DE MARZO DE 2013

Ayer ha sido un día particularmente activo para llevar adelante iniciativas “progresistas”, la Legislatura porteña aprobó un proyecto para que la estación Entre Ríos de la Línea E de subte pase a llamarse Entre Ríos-Rodolfo Walsh, en homenaje al jefe de inteligencia de Montoneros y autor intelectual de numerosos atentados terroristas. Walsh cayó en un enfrentamiento armado contra las fuerzas anti-terroristas el 25 de marzo de 1977 en la esquina ubicada sobre la estación.


La iniciativa fue promovida por la legisladora porteña Gabriela Cerruti, la misma que tiene la plantita de marihuana en el balcón, del bloque Nuevo Encuentro, y respaldada por el resto de los bloques. En junio pasado, los trabajadores agrupados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) realizaron un acto en el que, simbólicamente, renombraron la estación como "Rodolfo Walsh".

También ayer el gobierno socialista santafecino reglamento mediante sendos decretos “la pensión para madres de víctimas del terrorismo de Estado” y los “Sitios de la Memoria”.


Hasta el día de la fecha y en una clara contradicción con el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el Art. 16 de nuestra Constitución Nacional, el estado argentino –inclusive durante los gobiernos de factos militares– ha ignorado y discriminado sistemáticamente a las Víctimas del Terrorismo.

Esta desatención no es patrimonio exclusivo de la Argentina, también los es por la mayoría de los Estados y por la Organización de Naciones Unidas. Las víctimas del terrorismo, la primera y principal consecuencia del acto terrorista, no han recibido un tratamiento específico en el estado de derecho. ¿Cómo actuar entonces cuando el estado se desentiende de la atención a sus ciudadanos, cómo obtener la reparación de los daños físicos y morales, a quién apelar para el reconocimiento del derecho? Todo este tema debe ser de profunda reflexión de nuestra sociedad y especialmente de los representantes del pueblo en el Congreso Nacional.


Sinceramente no creemos que Rodolfo Walsh sea mejor o superior que Argentino del Valle Larrabure, a los que solo ponemos como un sintético ejemplo de las miles de víctimas de la Guerra revolucionaria en los año ’70. Si unos reciben reconocimiento, reparación y sitios de memorias… los otros a la luz de la ley igualitaria deben recibir lo mismo. Tampoco creemos que el dirigente montonero Mario Firmenich (a) Pepe sea mejor o peor que el teniente general Jorge Rafael Videla… si uno goza de la libertad, al otro lo asiste el mismo derecho.


No estamos de acuerdo con la desigualdad ante la ley, ya es tiempo de superar aquellas viejas antinomias que nos dividen desde que los Padres de la Patria decidieron que fuéramos una nación independiente. Insistimos que es hora de paz, concordia, misericordia, perdón e historia completa bajo el imperio de la ley igualitaria.

Tal vez debamos tomar ejemplos como el de la madre patria, España y sus ciudadanos, quienes fueron capaces de superar sus diferencias mediante el Pacto de la Moncloa y el recuerdo de sus víctimas unificado en el Valle de los Caídos.

Respetuosamente,

Pacificación Nacional Definitiva
Por una Nueva Década en Paz y para Siempre


A DÍAS DEL 24 DE MARZO
Reglamentaron la pensión para madres de víctimas del terrorismo de Estado

El beneficio ya puede comenzar a tramitarse. El gobernador Antonio Bonfatti se lo comunicó personalmente a un grupo de Madres de Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe, a quienes les entregó el decreto junto con el que regula la señalización de sitios de memoria.


El gobierno provincial reglamentó la pensión para Madres de víctimas del terrorismo de Estado y por lo tanto el beneficio, establecido por la ley Nº 13.330, ya puede comenzar a tramitarse. El propio gobernador Antonio Bonfatti se lo comunicó personalmente este miércoles a un grupo de madres de la ciudad de Santa Fe en una reunión que mantuvo en la Casa de Gobierno junto con representantes de organismos de Derechos Humanos.

"Sabemos que sólo la verdad, la memoria y la justicia ayudan a restañar las heridas que dejó el terrorismo de Estado y, por eso, nuestra colaboración permanente con la Justicia Federal en los juicios por delitos de lesa humanidad, a los testigos y familiares. Pero consideramos que también es nuestro deber acompañar a las Madres más allá de la lucha que llevan adelante desde hace más de 30 años y que representa un legado enorme en la lucha por los derechos humanos de todos los argentinos", sostuvo Bonfatti.
Del encuentro también participaron el vicegobernador Jorge Henn, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz. Las madres presentes recibieron el decreto que establece una pensión mensual para "madres de hijos que hayan sido asesinados o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de Estado". El monto a percibir será equivalente a dos veces el haber mínimo de pensión vigente.

"Si bien es cierto que esta pensión no repara el dolor que tenemos por la desaparición injusta de nuestros hijos, sabiendo cómo murieron en los campos de tortura, por lo menos alivia la situación de algunas Madres que realmente quedaron desprotegidas. Creo que Santa Fe es la única Provincia que ha reparado a las Madres económicamente", expresó Celina Koffman al término de la reunión con Bonfatti. "El único consuelo que tenemos es que los represores vayan a la cárcel con cadena perpetua y cárcel común. Las Madres pedimos juicio y castigo a todos los culpables, esa sería la reparación total", agregó.


En tanto Coutaz, secretario de Derechos Humanos, contó que el gobernador Bonfatti entregó a las Madres y a organismos de derechos humanos dos decretos firmados esta semana. "Por un lado, la reglamentación de la ley 13.330, que es la pensión vitalicia para madres de desaparecidos o asesinados en la provincia de Santa Fe, con lo cual ya están en condiciones de empezar a hacerse los trámites", explicó el funcionario. "Y por otro lado el decreto de Sitios de Memoria, que fue elaborado en consonancia con la ley nacional ya que la provincia de Santa Fe no cuenta con una ley a pesar de que en su momento se presentaron proyectos en la Legislatura, como el de la Diputada Alicia Gutiérrez, que no tuvieron sanción". Coutaz detalló que la norma establece cuáles son los sitios de memoria en relación a la última dictadura cívico militar, así como la obligación del Estado de preservarlos y de generar distintas actividades. La autoridad de aplicación de los sitios de memoria será la Secretaría de Derechos Humanos.

SOBRE LA PENSION A MADRES

Podrán acceder a este beneficio "las personas con domicilio real en la provincia de Santa Fe sin perjuicio de que sus hijos o hijas hubieran sido secuestrados o asesinados fuera de la provincia de Santa Fe. Sin considerar para esta pensión que resulten beneficiarios de una prestación actual o futura en carácter nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación", según la norma. La recepción, tramitación y otorgamiento de los beneficios reconocidos por esta ley corresponderá a la Caja de Pensiones Sociales - Ley Nº 5110.

La ley también establece que las beneficiarias "gozarán de prioridad para la asistencia médica a través de la cobertura médica asistencial integral que brinda el Instituto Provincial de Obra Social (IAIPOS)”.

SOBRE LOS SITIOS DE MEMORIA

La nueva norma provincial declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. Precisamente, en los considerandos del decreto, se expresa que "a 30 años de la recuperación de la democracia, surge necesario profundizar las tareas asumidas por el gobierno provincial en la construcción colectiva de la Memoria, la Verdad y la Justicia y en el quiebre definitivo de la impunidad". En ese sentido, "el Estado Provincial ha asumido la responsabilidad indelegable en la reconstrucción histórica, la búsqueda de justicia y la elaboración de propuestas participativas en torno a la reflexión sobre nuestro pasado, nuestro presente y sobre el futuro, incentivando activamente la participación de la sociedad civil mediante organismos de vasta trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones sociales".


Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que "los sitios de memoria, con diferentes usos y significados con relación a los hechos en ellos ocurridos, constituyen valiosos testimonios de la historia de nuestro país. Señalizar y hacer visible en toda la Provincia la función que tuvieron estos lugares en el marco del plan sistemático de terror y exterminio desplegado por la última dictadura cívico - militar expresa en el espacio público la decisión del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos para que nunca más vuelvan a repetirse".


NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.