ENTREVISTA DE RICARDO ANGOSO

"Las FARC quieren lograr en la

mesa de negociación 

lo que no

consiguieron con las armas"

Alfredo Rangel

Director del Centro

Seguridad y

Democracia de

Colombia

Analista político, articulista y economista, Alfredo

Rangel es, quizá sin género de duda, uno de los

grandes expertos colombianos en materia de

seguridad y defensa y lucha antiterrorista. Desde su

puesto de director del Centro de Seguridad y

Democracia de Colombia, Rangel nos pone al día

sobre el momento que vive su país y acerca de las

cruciales negociaciones que se desarrollan en La

Habana entre la organización terrorista Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y

representantes del Ejecutivo del presidente Juan

Manuel Santos

Qué noticias tiene de qué está ocurriendo mientras las partes negocian una vía hacia la paz en La Habana?

La verdad es que el proceso hasta ahora ha tenido muy poca transparencia. Es muy poco lo que transciende y lo que realmente se sabe del desarrollo de las discusiones entre las partes, de la búsqueda de los acuerdos. La guerrilla ha predominado claramente en el escenario mediático, ha tenido muchas más iniciativas y se ha pronunciado más de fondo que los negociadores en los temas que están en discusión en la mesa. No así el Gobierno, que hace mutis por el foro, sin haber expresado claramente cuál es su margen de negociación en estos puntos que están sobre la mesa y se están tratando.

Pero yo creo que, en general, en el proceso gravita una gran incertidumbre porque la soberbia y el cinismo de las FARC no dan confianza a la opinión pública acerca de su real voluntad de paz.

Por otra parte, también está la manera en que las FARC han negado su relación con el narcotráfico sin haber sido un tema en la mesa de negociaciones, a pesar de que todo el mundo sabe que esta organización terrorista es ya el primer cartel de la droga en Colombia. Eso no da confianza, desde luego.

Luego también han negado que hayan producido víctimas a esta sociedad, cuando todo el mundo conoce al detalle que decenas de miles de colombianos han sido víctimas de las FARC de una manera o de otra.

Las FARC niegan haber provocado esas víctimas con sus ataques y, por supuesto, se niegan a repararlas. Y este asunto, siendo la reparación de las víctimas una condición necesaria para cualquier acuerdo de paz, crea una gran incertidumbre y genera desconfianza.

Las FARC ya han dicho que nunca repararán a las víctimas. Las FARC niegan tener secuestrados en su poder, mientras que el mismo Gobierno asegura que hay más de 400 rehenes civiles en su poder. La guerrilla de las FARC sigue reclutando niños para la guerra, sigue sembrando el territorio nacional de minas antipersonas, que producen miles de víctimas anualmente en los campos del país, y adicionalmente incumple el acuerdo firmado con el Gobierno para negociar los famosos cinco puntos fijados en la mesa de las negociaciones.

Para la guerrilla, las negociaciones se basan sobre esos cinco puntos y otros que han añadido en las conversaciones, como son algunos asuntos sociales, políticos y económicos que afectan al país.

Las FARC no tienen ninguna representatividad social ni ninguna legitimidad política en el país; todas las encuestas coinciden en que el 98% de los colombianos rechazan y repudian a la guerrilla. Así que los colombianos no podemos aceptar que con las FARC se negocien o se resuelvan de alguna forma u otra unas reformas estructurales en los campos que están buscando, que pasan por querer imponer un modelo “bolivariano” a Colombia, tal como lo dicen a las claras en sus documentos y que es lo que realmente están buscando. Las FARC quieren conseguir a través de la mesa de negociaciones lo que no consiguieron a través de las armas.

¿Es usted, como el 70% de los colombianos, escéptico con el actual proceso de paz?

Exacto. Pienso como el 70% de los colombianos, en el sentido de que las conversaciones de paz no van hacia ninguna parte y que no auguran ninguna posibilidad de éxito porque me parece que este asunto está muy mal planteado desde el comienzo. Los anteriores seis procesos de paz que han tenido éxito, entre ellos el acontecido con el M-19 y otros menos conocidos, tienen dos características fundamentales y comunes: el éxito se debe a que antes de sentarse a negociar con el gobierno estos grupos, cada uno de ellos, han cesado de manera definitiva la violencia y el terrorismo, siendo este punto de partida una precondición que han puesto los sucesivos gobiernos para sentarse a negociar e iniciar los diálogos de paz. Entonces, el cese de la violencia y el terrorismo se convirtió en una constante para llevar a cabo el proceso de paz y llegar a acuerdos. Y la segunda característica de esos procesos, tal como me refería antes, tiene que ver con que en ninguna de esas negociaciones con esos grupos se han puesto encima de la mesa asuntos de la agenda nacional que atañen a todo el país.

En esos casos, de lo que se habló es de la desmovilización, de su desarme, de su reintegración en la vida social del país. Pero, en este caso, el Gobierno está repitiendo errores del pasado, como fue el proceso del Caguán (bajo la presidencia de Andrés Pastrana), cuando se realizaron unas conversaciones en medio de la confrontación y el conflicto, sufriendo el azote de la violencia y el terrorismo, que claro no llevó a ninguna parte y fracasó. Luego hubo una agenda amplísima de temas de negociación encima de la mesa y el resultado ya lo conocemos: el fracaso del Gobierno y su humillación pública por los terroristas. 

En el caso que nos ocupa, está claro que la guerrilla de las FARC ha aceptado estas negociaciones para salir de su marginalidad, del hueco en que se hallaba tras ocho años de la política de seguridad democrática (bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe) y padeciendo una situación de postración militar y política. Para salir de ese momento de adversidad las FARC aceptaron las negociaciones que les ofreció el Gobierno y dijeron que sí a los cinco puntos que se propusieron en las negociaciones, pero la guerrilla, que es muy mañosa y muy tramposa, ha logrado tirar de todos esos puntos y ha conseguido introducir entre ellos prácticamente todos los temas nacionales, como el tema agrario, que lo han extendido hasta la minería y el petróleo. Quieren introducir en la agenda política de Estado que atañe a las esferas energética e industrial. Incluso quieren incluir en las negociaciones los tratados de libre comercio de los cuales es signataria Colombia, ya que consideran que atentan contra la soberanía alimentaría del país y, por tanto, habría que revisarlos. Exigen renunciar y rechazar los once tratados de libre comercio que tiene firmados Colombia con otros países. Así, sucesivamente; exigen reformas tributarias y van incrementando sus demandas, en el sentido de ir haciendo reformas estructurales para llegar a la paz definitiva. 

Tienen un discurso claramente radical sobre muchos aspectos y pretenden imponerlo al coste que sea en la mesa de negociaciones.

¿Coincide su análisis con el que está haciendo el presidente Álvaro Uribe acerca del proceso de

paz?

Yo creo que sí, que es coincidente.

Es decir, ¿no se muestra tan optimista como el presidente Juan Manuel Santos acerca del resultado que pueda dar el proceso negociador?

Yo creo que la visión del Gobierno es excesivamente candorosa, excesivamente ingenua, y si uno hace memoria de cuando el presidente Santos anunció los diálogos de paz dijo como argumentación, en un momento en que nadie los esperaba, que buscaba la paz para hacer frente a la amenaza terrorista. Pero este asunto no estaba en el guión, era algo nuevo. Santos se justificó diciendo que el mundo había cambiado, que ya no había socialismo, que el país también había cambiado, que era más igualitario y progresista, pero se le olvidó un detalle: haber estudiado bien estos procesos antes de abordarlos, es decir, ver si la guerrilla había cambiado.

Y ahora el Gobierno se encuentra con la sorpresa de que la guerrilla no ha cambiado, que es la misma que hace veinte o treinta años, que vive en el mismo radicalismo ideológico y no ha sido capaz de evolucionar. Las FARC tienen el mismo discurso político, practican la misma soberbia y el mismo cinismo de siempre y, en esas condiciones, es muy difícil llegar a unas conversaciones de paz. El Gobierno de Santos ha pecado, en ese sentido al que me referí antes, y no ha aprendido de los errores del pasado, a pesar de que insiste en que no va a cometerlos, aunque ya lo ha hecho, y esa es la mejor garantía para el fracaso del proceso. No olvidemos que Santos no fue elegido con la bandera de los diálogos de paz con las FARC, sino de la seguridad democrática, que implicaba primero someter a la guerrilla antes de negociar con ella y exigirle unas condiciones muy duras antes de ponerse a hablar con los líderes guerrilleros, como era el cese de la violencia y del uso de las armas para imponer sus condiciones.

¿Cree que el éxito o el fracaso de este proceso van a condicionar los procesos electorales previstos para el próximo año?

Creo que el Gobierno, que se ha quedado sin agenda política después del estruendoso fracaso de su reforma a la justicia y también de la reforma educativa, sacó de la manga los diálogos de paz sin que nadie se lo esperase para tratar de presentar algún éxito ante el país. El Gobierno ha puesto en estos diálogos con las FARC toda la carne en el asador, es una apuesta máxima. La suerte de este Gobierno está ligada totalmente al éxito o fracaso de estas negociaciones. Un fracaso en estas conversaciones con las FARC llevaría también a un fracaso de este Gobierno y le restaría muchas posibilidades para la reelección (a Santos); y un éxito, por el contrario, podría llevarle al Gobierno a una victoria, a incrementar sus posibilidades electorales y políticas, pero yo insisto que todo lo que hasta ahora ha sucedido en estos diálogos apunta a que no se va a llegar a un acuerdo. Mucho menos en el tiempo que ha establecido el Gobierno, que es en noviembre de este año. La guerrilla de las FARC sigue insistiendo en que se tienen negociar todos los asuntos de la agenda nacional, objetivo para el cual no se necesitarían meses, sino años para llegar a un acuerdo de paz. Y, claro, el país no va a tolerar unas conversaciones prolongadas que no lleguen a ningún puerto y en medio de una violencia que no cesa. El terrorismo ha seguido golpeando muy duro en los últimos meses y es algo que el país tiene en cuenta. La paciencia se puede agotar.

Cuando han pasado tres años de gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no cree que el balance es muy pobre, que ha habido muy pocos avances en el país?

Absolutamente paupérrimo, el balance que puede presentar el presidente al país es muy pobre. Por ejemplo, si uno mira en términos económicos, las inversiones extranjeras que han llegado al país, algo de lo que se jacta y presume el Gobierno, no son proyectos nuevos, sino que venían del anterior Gobierno y son una simple continuidad; en este Gobierno, en este aspecto, no se avanzó mucho. Luego está el asunto de la ejecución de las obras públicas, donde el Gobierno ha batido el récord en la no conclusión de las obras y las arcas están repletas de billones de pesos que están en los bancos esperando para ejecutar esas obras; tiene el dinero para hacerlas, pero no la capacidad. La economía está en retroceso, claramente, y los mismos representantes de los gremios industriales aseguran que la industria está paralizada. Los cafeteros están en la ruina. Los floricultores y bananeros igualmente dicen que están en crisis. Las exportaciones descendieron el año pasado, y los comerciantes también afirman que han tenido uno de sus peores años. La economía está en un franco retroceso, es algo evidente. Mientras tanto, el Gobierno dice que ha aumentado el empleo, pero lo que no dice que lo único que ha aumentado es el empleo rural no remunerado, prácticamente el empleo familiar, gente que no encuentra trabajo en la ciudad y que regresa al campo a trabajar en su entorno familiar a cambio de la comida. Pero hay más aspectos en los cuales no se avanzó nada, como en la salud, donde ha habido problemas desde los inicios de este Gobierno. Tampoco consiguió sacar adelante una reforma de la justicia y no ha habido la necesaria reforma de la educación; hay muchos asuntos de la agenda del país que no han sido tratados y se han quedado sin solucionar. El balance de este Gobierno cuando estamos ad portas de su tercer aniversario es muy pobre, hay muy pocos aspectos positivos que se puedan destacar.

¿Y en términos de seguridad cómo juzgaría estos años de gobierno de Santos?

En estos casi tres años hemos tenido un retroceso ostensible que ratificado por las mismas cifras oficiales que el Gobierno calla y oculta. Si se miran las cifras que ofrece el Ministerio de la Defensa podemos constatar, por ejemplo, que el año pasado hubo un incremento del 39% más de ataques a los oleoductos con respecto a años anteriores; pero, en general, se incrementaron los ataques a la infraestructura económica del país por parte de los terroristas. Los ataques a puentes en el 2012, hablo de voladuras de estas obras de ingeniería, se elevó hasta el 400% con respecto al año anterior. Los hostigamientos a la fuerza pública, según estos mismos datos del Ministerio de Defensa, crecieron hasta un 13% más, las emboscadas, un 48%, y los ataques a instalaciones militares, un 54%. Las acciones terroristas, descontadas las anteriores, aumentaron un 95%, el número más alto de los últimos nueve años. La extorsión, un delito muy difícil de evaluar porque muchas veces no se denuncia, aumentó un 9% el número de casos, la cifra más alta de los últimos siete años ateniéndonos a la fuente ya citada. Según nuestros datos, del Centro de Seguridad y Democracia, el número de retenes de la guerrilla se incrementó en un 151% y también, de acuerdo a nuestras fuentes, los grupos terroristas han retornado al menos a cincuenta municipios de donde anteriormente habían sido expulsados por los gobiernos anteriores durante la época de la seguridad democrática. Estos datos nos dan una idea clara del retroceso que vivimos y estamos padeciendo bajo este Gobierno.

Pero estos datos que usted me está dando se ocultan a los medios…

Totalmente. Incluso se jactan de que el homicidio está descendiendo, pero realmente, si mira las cifras oficiales, solo ha bajado un 1%, lo que sería un estancamiento y no una reducción. Durante los gobiernos de la seguridad democrática, el homicidio descendió un 50% y de ahí en adelante se estancó la mejora en la lucha contra este flagelo. Todo de lo que se jacta el Gobierno en materia de seguridad viene de la época anterior, de los grandes avances que hubo en este sentido durante los gobiernos de Álvaro Uribe y su estrategia de la seguridad democrática. Los avances de ahora vienen de antes. La situación ahora es mucho más precaria, estamos en un retroceso claro, y eso lo nota la opinión pública. La percepción negativa de la seguridad pública ha pasado del 48% al comienzo de este Gobierno al 78% actual, es decir, 30 puntos adicionales que valoran de una forma crítica la gestión del actual Ejecutivo en este campo. El 78% de los colombianos valora que hay más inseguridad hoy que hace dos años, eso lo dice todo.