viernes, 8 de marzo de 2013

LA VERDAD Y LA MORAL, ¿TENDRÁN PATRIA?


MAURICIO ORTIN

El Estado argentino, durante el período constitucional y por razones de indelegable responsabilidad que no vienen al caso, contrajo deuda a través de la emisión de bonos. Estos fueron ofrecidos con la promesa de pagar un valor mayor a la hora de ser rescatados por el Gobierno. En 2001, en medio de un increíble clima de algarabía de la casi la totalidad diputados y senadores nacionales, en lugar de cumplir con lo pactado el Estado declaró unilateralmente la suspensión del pago (default) de las obligaciones contraídas.


Ya en el mandato presidencial de Néstor Kirchner, a través del canje de la deuda, el Gobierno impuso a los acreedores una quita al valor de los bonos del orden del 70%. Así las cosas, cerca del 90% de los afectados aceptó la mutilación de su capital; el resto, con el riesgo cierto de no cobrar nada, optó por seguir con su reclamo del ciento por ciento por vía judicial. Ello los llevó a la autoridad que fuera convenida, el Juzgado Federal de Nueva York.


El proceso judicial iniciado contra el Estado argentino llegó a su fin, en una primera instancia, con el fallo del juez Griesa. Este obliga al Estado argentino a pagar en forma perentoria el valor total de los bonos a los deudores que no entraron en el canje (hoy, “fondos buitre”).


La sentencia no conformó a la Argentina y, por ello, fue apelada a la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Cabe aquí un comentario sobre la principal estrategia que llevó adelante el Estado argentino ante el juez del caso. Esta se hace evidente en la advertencia que hiciera la primera mandataria argentina cuando, pública y categóricamente, señalara que en caso de no ser favorable la Argentina no acataría el fallo. Es decir, que desconocería la autoridad del juez y no pagaría un solo dólar a los acreedores.


En tales circunstancias, el juez convocó a las partes para que presentaran propuestas acerca de monto y forma de pago. Los acreedores exigieron el ciento por ciento, en forma inmediata. El Estado argentino, en una actitud suicida, ratificó su decisión de no pagar y desconocer el fallo. El juez resolvió hacer suya la propuesta de los acreedores (“Hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse...”, decía el Viejo Vizcacha).

De quedar firme el fallo Griesa, según la misma Cristina, las consecuencias podrían ser desastrosas para el país ya que, además de entrar nuevamente en default, los que aceptaron el canje tendrían derecho a exigir el mismo trato que el dado a los “fondos buitre”.


Pero, ­oh sorpresa! Resulta que ahora Cristina se desdice y afirma que está dispuesta a pagar la misma suma que pagó a los deudores que entraron en el canje. “Tarde piaste”, porque la baladronada arrogante e irresponsable de vociferar “ni un dólar a los fondos buitre” podría costarle a los argentinos (según la misma Presidenta) 170 mil millones de dólares.

Más aún, considerando lo que en potencia entraña semejante problema económico, el real quid de la cuestión no pasa por ahí sino por otro lado. Fundamentalmente, por saber si, para los argentinos, el fallo del juez Griesa es justo o injusto. También, por exigir al Estado a que pague sus deudas como cualquier hijo de vecino o, en su defecto, consentir que disponga de inmunidad para estafar a quién le venga en gana (a propósito, “los fondos buitre” no estafaron a nadie). Sería trascendentalmente grave para la sociedad el creerse sus propias mentiras.
A menudo suele confundirse al Estado con la Patria. Luego, dar la razón a Griesa sería estar contra la Patria.

Jubilados estafados en la Argentina

Ahora bien, la moral y la verdad, ¿pueden ser contrarias a los intereses de la Patria? Sócrates, el gran ateniense, sostenía que más que el que sufría una injusticia se perjudicaba aquel que se envilecía infringiéndola. Un Estado que estafa no es la Patria, sino su negación.



NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.