jueves, 28 de marzo de 2013

VIVIR EN EL PASADO (EDITORIAL DEL DIARIO "RÍO NEGRO")


Como ya es tradicional, distintos grupos de mentalidad autoritaria aprovecharon la oportunidad brindada por el 37º aniversario del golpe de Estado de 1976 para intentar apropiarse de lo que llaman "la memoria". Con tal propósito, se enfrentaron en la Plaza de Mayo para disputar el derecho a considerarse víctimas principales de la crueldad de los militares y el accionar siniestro de sus presuntos aliados, trátese de empresarios, dignatarios eclesiásticos o "derechistas" vinculados con el horror macrista. Es que tanto los kirchneristas de La Cámpora como militantes de organizaciones trotskistas quieren hacer pensar que, a pesar de las apariencias, la dictadura militar sigue ocupando el poder, de suerte que es deber de todos continuar la lucha por desalojarla. Pero si bien coinciden en que el Proceso aún está vivito y coleando, discrepan en cuanto a la forma que ha asumido. Según los kirchneristas, el Proceso mantiene colonizada la Justicia, lo que sería una hazaña notable ya que con escasas excepciones los miembros de "la corporación judicial" fueron designados después de fines de 1982. En opinión de los izquierdistas, en cambio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus acompañantes se han encargado de perpetuar la dictadura, razón por la que siguen habiendo "desaparecidos" y espionaje ideológico.


La nostalgia muy fuerte que sienten por la dictadura castrense todos estos "militantes", además de la presidenta y distintos integrantes del gobierno nacional, puede entenderse. Es mucho más fácil, para no decir más "épico", oponerse a una tiranía de lo que es dedicarse a atenuar los problemas económicos y sociales de una democracia. Cuando una junta militar no elegida está en el poder, en retrospectiva por lo menos todo parece muy sencillo. No es una cuestión de matices sino de blanco y negro. Por lo demás, "la solución" consistirá en celebrar elecciones libres para que el pueblo decida, de suerte que sería antidemocrático preocuparse por lo que los eventuales triunfadores se hayan propuesto hacer una vez en el gobierno.


Con todo, si bien es comprensible que tantas personas quisieran seguir viviendo en la Argentina presuntamente simplificada de la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado, no cabe duda de que la nostalgia militante así supuesta ha frenado el desarrollo político, social y económico del país. Para descalificar una opción que no les gusta, a los oficialistas les parece suficiente atribuirla a la dictadura. Asimismo, toda vez que un sector, agrupación o lo que fuera molesta al gobierno de Cristina, los voceros oficiales, encabezados por la presidenta misma, los acusan de estar vinculados de algún modo con el Proceso; entre los blancos de las diatribas en tal sentido se han encontrado los chacareros, la gente de la Sociedad Rural, muchos empresarios, los medios de difusión más importantes, diversos jueces, los economistas "ortodoxos" y así, largamente, por el estilo. Para no ser blanco de las denuncias vehementes de los justicieros kirchneristas, es necesario comprometerse con el proyecto de Cristina, razón por la que pasan por alto el que Eugenio Raúl Zaffaroni haya sido un "juez del Proceso" y su cuñada Alicia Kirchner una funcionaria de dicho régimen.


Por supuesto que desde el punto de vista de las distintas facciones de la izquierda trotskista, las culpas se ven repartidas de otra manera. Parodiando a los kirchneristas, juran ver en ellos los sucesores lineales de los líderes de la dictadura militar, lo que no puede sino enojar a la presidenta y sus simpatizantes pero que así y todo tiene el mérito de asegurar que la cultura política del país siga atrapada en un lustro que terminó antes de que naciera la mitad de sus habitantes. En la Europa de 1976, muchos recordaban la catástrofe –infinitamente peor que la provocada por el Proceso– que había desatado la invasión de Polonia por los nazis 37 años antes, pero así y todo el drama político de los países que lo habían sufrido evolucionaba de manera tan diferente que pocos trataban de hacer pensar que en verdad casi nada había cambiado. Sin embargo, en la Argentina abundan los jóvenes que se imaginan protagonistas de los acontecimientos de más de una generación antes, para no hablar de políticos reacios a dejar atrás su propia juventud, lo que nos dice mucho sobre la vocación resueltamente conservadora de buena parte de la clase política nacional.

FUENTE: http://www.rionegro.com.ar/diario/vivir-en-el-pasado-1113106-9542-editorial.aspx

COMENTARIO DE LECTOR

JOAQUIN BERTRAN
24 de marzo de 1976. Ante el desorden, el desconcierto y la confusión reinantes, la Junta de Comandantes, acompañada y respaldada por toda la ciudadanía y los partidos políticos (incluyendo al PC), debió hacerse cargo de la conducción del país en medio de la guerra civil desatada por las bandas terroristas. Sin efectuar un solo disparo, las nuevas autoridades sustituyeron pacíficamente a “Isabelita”. La consigna no era destruir las instituciones, sino conservarlas; no se pretendía quebrar el “estado de derecho” (como si hubiese habido alguno), sino recomponer el “estado de deshecho” en que se encontraba sumido el país. El flamante gobierno contó con el beneplácito de todos los partidos políticos, los mismos partidos y sectores que hoy pujan por figurar en las demagógicas “marchas de repudio al golpe”. De las 1697 intendencias vigentes en la gestión de Videla, solo el 10% eran comandadas por miembros de las FF.AA.; el 90% restante, por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense, de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden:” La UCR , con 310 intendentes en el país, seguido por el PJ (partido presuntamente “derrocado”), con 192; en tercer lugar estaban los demoprogresistas con 109, luego seguían el MID con 94, Fuerza Federalista Popular con 78, los democristianos con 16 y el izquierdista Partido Intransigente con 4?. La habilidad de los partidos políticos y sofistas coyunturales para hacerse los distraídos con respecto a las responsabilidades y cargos ocupados en el gobierno de facto, ha provocado que las nuevas generaciones crean falsamente que el gobierno del Proceso cayó de un meteorito y se instaló mágicamente en el poder “contrariando la voz del pueblo”. Tanto la prensa internacional como los diarios más relevantes de la época apoyaban con fervor a las nuevas autoridades. Los siete jueces que en 1985 juzgaron a los comandantes fueron funcionarios judiciales del Proceso, y el fiscal de aquel polémico juicio, el Dr. Julio Strassera, fue nombrado fiscal y luego juez, precisamente, por Videla. No se conoce ninguna denuncia por “violaciones a los derechos humanos” efectuada por estos hombres del derecho durante su desempeño como funcionarios de la llamada “dictadura genocida”. El redactor del libro Nunca Más y presidente de la Conadep, Ernesto Sábato, almorzaba distendidamente con Videla, lo adulaba en público, apoyó el Mundial ‘78 y respaldó la guerra de Malvinas.