lunes, 29 de abril de 2013

JUSTICIA, LA ÚLTIMA TRINCHERA

Queridos amigos:

La existencia de Midas, rey de Frigia, se sitúa aproximadamente 700 años antes de Cristo y se lo describe como un rey  rodeado de bienes y felicidad pero obsesionado por la posesión de riquezas, particularmente de oro. A partir de allí surge el mito que relata que Midas, habiendo obtenido el favor del dios Dionisio (Baco), le pide que le conceda el beneficio de convertir en oro todo lo que toque.  El resultado de esta petición parece ser en principio satisfactoria, cuando Midas transforma en oro sus muebles y enseres, pero comienza a complicarse cuando se ve impedido de comer y beber pues sus alimentos y bebidas se tornan auríferos. Finalmente, al convertir en oro a sus seres queridos,  Midas comprende lo insensato de su ambición y logra que Dionisio lo libere de su don,   a cambio de entregar todo su oro y cambiar su modo de vida.


Esta metáfora de la ambición venía a la mente esta semana al observar por las pantallas de televisión a los diputados de nuestro Congreso, insultarse, agredirse  y arrojarse objetos, mientras se ponía en juego el  futuro y la calidad de una institución tan importante como es la justicia. Parecería que el gobierno de la señora Cristina Fernández,  en su ambición de alcanzar el poder absoluto cumpliendo su premisa de “ir por todo”, hubiera pactado con alguna deidad la concesión de tal logro a cambio de pudrir todo lo que toca. El Congreso convertido en un reñidero y la justicia resignando su imparcialidad al elegir desembozadamente a los consejeros, jueces  y abogados del Consejo de la Magistratura, en las listas partidarias, son ejemplos tangibles del estado de pudrición al que se lleva a las instituciones. Pero el poder  insaciable de la descomposición también ha transformado en un pudridero al INDEC, que insiste en que en la Argentina hay solo un 5,4 por ciento de pobres o al  Ministerio de Economía, cuyo titular no tuvo pudor en manifestarle a una periodista extranjera que prefiere irse antes de tener que hablar de la negada inflación.

La capacidad de corromper todo lo que toca  alcanza a los más variados ámbitos públicos  y privados.  Solo así se explica que la Universidad de La Plata haya entregado títulos de Doctor Honoris Causa a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y a Evo  Morales o que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de dicha universidad haya entregado un premio por la comunicación popular a presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez, famosos por el acoso que sometieron a la prensa de sus países. El detalle que resalta el grado de descomposición institucional es que la seguridad en estos últimos actos estuvo a cargo del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, uno de los grupos más violentos que actúan en las calles de nuestro querido país. Ahora los medios mencionan  que el rector de la Universidad de Buenos Aires, acorde a los nuevos aires, aspira a una re reelección no permitida estatutariamente y la página oficial del Instituto Universitario Nacional de Arte informa que ha resuelto entregar el título de Doctora Honoris causa a la señora Estela Barnes de Carlotto, Presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,  que se ha convertido en una activista del oficialismo que no tuvo pudor en descalificar a Monseñor Bergoglio al conocerse su elección como Papa, siguiendo la línea gubernamental, y luego visitarlo y ponderarlo siguiendo una nueva línea gubernamental.

El gobierno logró imponer su reforma de la justicia en la Cámara de diputados por escasos votos, particularmente en las leyes que limitaron las cautelares y crearon nuevas Cámaras de Casación. La ley de reforma del Consejo de la Magistratura sufrió una modificación por pedido de la Corte Suprema de Justicia que logró recuperar las facultades administrativas que le quitaban, mediante la presentación de una nota que reflejaba la opinión en tal sentido de la totalidad de los jueces federales. Sin embargo, esa nota también expresaba la preocupación de los señores jueces por su propia estabilidad, puesta en riesgo por la elección popular de consejeros y la reducción a una mayoría simple del número de votos necesarios para  la remoción de jueces, que no fue presentada por el Doctor Lorenzetti, Presidente de la CSJ. Esta actitud de Lorenzetti, que fue justificada por la voluntad de la Corte de no expedirse en temas que luego probablemente tendrá que resolver, llevó el estado de duda y sospecha hasta el mismo presidente que fue acusado de haber acordado un pacto espurio con el gobierno. Falsa o verdadera, esta acusación alcanza para ratificar la capacidad gubernamental de corromper todo lo que toca y poner en cuestión a la institución que defiende la última trinchera de la república, o sea, la justicia.

La sesión en que se aprobaron estas leyes se realizó en forma anormal, extendiéndose por más de 20 horas sin los necesarios cuartos intermedios para comer y dormir y apelando a todos los artilugios  para obtener el mínimo de 129 votos que el reglamento requería. Un primer escándalo estalló cuando el oficialismo pretendió votar todos los artículos en bloque, en vez de hacerlo de a uno, lo que pudo ser evitado por una oposición unida que se debatió sonoramente, aún  en  minoría. Cuando una de las votaciones arrojó solo 128 votos favorables, lo que implicaba su rechazo,  aparecieron dos diputados ajenos al bloque oficialista diciendo que habían fallado sus máquinas de votar pero que querían hacerlo en forma positiva, con lo que el escándalo se generalizó y la oposición se retiró del recinto al grito de fraude.  El diputado Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria, arremetió físicamente contra los opositores
y debió  ser contenido por varios colegas ante los ojos azorados de algún taquígrafo que quedó en el medio de su arrebato y algunos millones de ciudadanos que observaron por los medios audiovisuales esa inconcebible e indignante manifestación de barbarie. Si la opinión de los entes jurídicos más importantes del país expresada en el sentido de que las leyes votadas no solo eran inconvenientes sino que violaban artículos de la Constitución había sido tan ignorada como las manifestaciones ciudadanas, las gremiales, las empresariales y hasta las de la comisión episcopal, mal cabía esperar que el oficialismo temblara por minucias reglamentarias. Las leyes fueron aprobadas  y la que fue modificada y devuelta al senado lo  será en breve. Ahora solo quedan para defender la trinchera republicana los múltiples amparos que jueces y abogados planean presentar para detener esta aberración jurídica que se cierne sobre la justicia argentina.

Pero nuestra singular versión de Midas, sigue tocando y tocando sin vergüenza ni fatiga. La procuradora general Alejandra Gils Carbó, ferviente oficialista y una de las cabezas de la agrupación Justicia Legítima, que defiende las posiciones del gobierno,  ha sido acusada e  imputada por “incumplimiento   de los deberes de funcionario público” por nombrar fiscales en forma irregular. Obviamente se trata de gente de su confianza cuya  correcta designación ha sido puesta en cuestión y deberá ser demostrada por la funcionaria. También habrá que aclarar por qué  la fiscalía no incluyó al empresario Lázaro Baez, señalado  por dos testigos en un programa de televisión de haber pagado coimas  y lavado dinero, en la causa que se inició a dichos testigos que tuvieron la particularidad de desmentirse a sí mismos pero que ahora no pueden ocultar la veracidad de los datos suministrados acerca de viajes  y sociedades conformadas en el extranjero. Cabe aclarar que el caso incluye la relación del señor Baez con el difunto Néstor Kirchner  lo que lo transforma en un fuerte hecho político vinculado a la siempre presente corrupción.

En la larga lista de víctimas del toque de putrefacción del gobierno entró la Asociación  Madres de Plaza de Plaza de Mayo, con sus nunca aclaradas estafas en la construcción de viviendas sociales, la actividad de los piqueteros como D´Elía que pasaron de proclamados dirigentes sociales a voceros y ejecutores de la violencia en defensa del oficialismo y algunos bienes intangibles, tal  como el debido respeto a la autoridad policial cuando esta se ejerce en cumplimiento de sus funciones. Se ha logrado instalar un rechazo a cualquier funcionario vestido de uniforme  y muchos manifestantes de distinto ámbito piensan que tienen la potestad de insultar, golpear y apedrear a las fuerzas policiales  y de seguridad sin que estas tengan derecho a reaccionar.

Encapuchados en el Hospital Borda
Este desvío conceptual se materializó en el Hospital Borda cuando trabajadores afiliados a ATE pretendieron detener por la fuerza la ejecución de una demolición y agredieron con violencia a las fuerzas de la policía metropolitana presentes, produciendo heridos de distinta gravedad. La reacción de la policía tuvo una dureza acorde a la agresión generando heridos  y detenidos entre los manifestantes y desgraciadamente fueron afectados periodistas que estaban mezclados con ellos. La televisión permitió ver la presencia de encapuchados ente los agresores y determinar claramente quienes fueron los primeros en recurrir a la violencia.

La oposición pide la renuncia de Montenegro
Lo insólito del caso fue que  distintas fuerzas políticas, particularmente los legisladores del Frente para la Victoria y otras agrupaciones de izquierda, pidieron en la legislatura la renuncia del Ministro del área avalando implícitamente la agresión a los funcionarios policiales. El colmo fueron, sin dudas, las expresiones provenientes del Ministro del Interior  y de la señora Presidente, que en su afán de atacar al Jefe de Gobierno de la Ciudad, no dudaron en cargar de culpas a la actuación policial. Es la misma presidente que en sus mensajes acusaba a los pacíficos manifestantes del 18 A de haber marchado al Congreso con la coartada de la reforma judicial pero que en realidad querían “romper todo” lo que justificaba la colocación de  vallas.

Diputado Garramuño de Tierra del Fuego
Mentir, utilizar doble estándar, llevar la demagogia al extremo u ofrecer a los diputados favorecer a sus provincias a cambio de su voto, como denunció el diputado Garramuño de Tierra del Fuego, son parte de los recursos  para asegurar el poder, haciendo de la política  y el debate un estercolero en el que todos terminan cubiertos de manchas. Hay sin embargo hechos que estallan  como el pus de las pústulas maduras y no pueden ser ocultados. Eso está sucediendo con las denuncias de corrupción que se acumulan escapando a la capacidad gubernamental de silenciarlas y con los datos de la economía que no pasan por el filtro del INDEC. Baste decir que el dólar que se vende fuera del circuito legal superó los 9 pesos contra los apenas 5,18 del dólar oficial y que las reservas bajaron de la línea de los 40.000 millones de dólares y ya no solo no cubren el valor del circulante sino que plantean dudas de la capacidad del país de sostener su política financiera en el  mediano plazo.

Así vamos marchando trabajosamente hacia las elecciones de Octubre en las que comprobaremos si nuestros ciudadanos han aprendido la lección y liberan a nuestra patria del sometimiento a una mayoría autoritaria y soberbia. Entretanto, es la hora en que los funcionarios judiciales deben dar la batalla legal, apoyados por la oposición y por la ciudadanía consciente de los riegos que sufre la república, para defender a la justicia que es la última trinchera que le queda a nuestra patria ante el poder avasallante de un  poder que pudre todo lo que toca.  A propósito, cuenta la leyenda que Midas se arrepintió y devolvió todo el oro acumulado. No esperamos tanto, pero sí que la justicia recupere para la nación, al menos, toda la riqueza mal habida producto de la corrupción.

Un abrazo para todos

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Twitter     @NevesJuanCarlos