martes, 16 de abril de 2013

TIEMPO DE MANIFESTARSE

Queridos amigos:

Hay un monte en Bariloche llamado el cerro Falso. Cuando lo escalamos nos contaron que su nombre se debía a que a medida que se ascendía por sus laderas, el caminante creía ver la cima pero, al llegar a ese lugar ,advertía que solo había recorrido un tramo pues una nueva aparente cumbre se presentaba  a sus ojos.  Y así, una  y otra vez, el cerro nos hacía creer que ya habíamos vivido todo el esfuerzo cuando en realidad aun nos faltaba lo peor.


Algo similar nos pasa en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Se cometieron abusos legales para poder juzgar nuevamente a  militares protegidos por leyes lícitas  y mecanismos de prescripción, con el apoyo de vastos sectores políticos, la colaboración de la justicia y el alborozado aplaudir de los medios. Hubo quienes creyeron que eso era todo pero, para su pavor, era apenas el primer tramo. La lenta pero constante ascensión del abuso puso en su mira al campo, a empresas privadas que se expropiaron sin indemnizar y al mismísimo sistema electoral. Después que la victoria electoral del 2011 le permitió al gobierno el control de ambas Cámaras del Congreso la siguiente cima fue la prensa independiente que quedó en la mira a partir de una amañada Ley de Medios. Muchos dijeron que estábamos al borde de  perder la democracia, particularmente los integrantes de los medios afectados, pero faltaba mucho más. Ahora la nueva etapa es arremeter contra la justicia con una serie de proyectos de Ley que, según nos dice hoy una editorial de  La Nación, nos conduce “Hacia un totalitarismo bajo el ropaje democrático”. Pero ilusos seríamos si creyéramos que esta es la verdadera cima. Como sucede al ascender el engañoso cerro Falso, siempre aparecerá una nueva cumbre al llegar a la cual habremos perdido una  porción de nuestras libertades y de nuestros derechos, sin conformar la insaciable voracidad de poder  y control de un gobierno que está destruyendo nuestra democracia desde adentro mismo del sistema.


La semana comenzó con una insólita discusión alrededor de la cantidad de víctimas mortales sufridas por las inundaciones provocadas  por las lluvias en la ciudad de La Plata. Las denuncias recibidas y las investigaciones judiciales no apuntan simplemente a corregir un error técnico sino que presuponen la deliberada intención de esconder la cantidad de víctimas por razones de conveniencia política. Esta tremenda situación que se suma a las evidencias de que la tragedia fue consecuencia de las obras de infraestructura postergadas, que se agravó por la escasa eficacia de los organismos de defensa civil para rescatar a los damnificados, creó un clima de perturbación social difícil de acallar. El intendente Bruera aparece como el principal responsable, cargando sobre sus espaldas  la poco feliz situación de que, desde su cuenta en una red social, se lo mostró ayudando a los damnificados cuando en realidad se encontraba de vacaciones en el extranjero. En su defensa señala la falta de información por parte del Servicio Meteorológico Nacional, la envergadura de las obras hídricas necesarias y apunta hacia la provincia  y la nación por la lentitud de los operativos de rescate. Como dice  un viejo dicho español “entre todos la mataron y ella sola se murió”.


Lo cierto es que ante la cantidad de víctimas  y la magnitud de la tragedia, la ciudadanía esperaba la palabra de las máximas autoridades para anunciar los planes, leyes y decretos destinados a evitar la repetición de tan trágicos sucesos, la solidaridad con las víctimas y la investigación de las responsabilidades emergentes.
Pero no, lo que la señora presidente anunció el día lunes fue una serie de seis proyectos de Ley que apuntan a “democratizar la justicia” demostrando una inoportunidad e insensibilidad que poco tienen que ver con el respeto y atención que merecen los ciudadanos de un país democrático. Semejante actitud hasta puede hacer pensar en una burda maniobra para poner en la agenda pública un tema de distracción apuntado a cambiar los titulares de los medios, de la tragedia humana a temas más manejables por el aparato de difusión estatal.


Y vaya si lo lograron. El impacto que las leyes propuestas tendrán sobre el funcionamiento general de la justicia es devastador ya que podrá condicionar tanto a los jueces, que podrán ser fácilmente removidos, como a las figuras de protección de los derechos de los ciudadanos como son las medidas cautelares.
La oposición reaccionó al unísono ante el anuncio de que las leyes propuestas serían aprobadas a “libro cerrado” es decir sin posibilidad de cambio alguno. Eso llevó a que no asistieran al tratamiento en comisiones,  devenido en un mero trámite sin sentido práctico,  y a presentar declaraciones conjuntas de repudio a las medidas y a la forma de su tratamiento acusando al gobierno de “preparar el terreno para la impunidad”. El oficialismo, impertérrito, siguió con su trámite apoyado en su mayoría y defendido por voceros que no hacen más que desnudar el desprecio profundo que sienten por la verdadera democracia y las normas republicanas. Basta con citar a la diputada Diana Conti, expresando que “en la democracia la mayoría gobierna en los tres poderes”  o al  senador Marcelo Fuentes manifestando que el rol cumplido antes  por los golpes militares ahora corresponde a la Justicia que es “la prolongación de la política por otros medios; se quiere gobernar con las sentencias.”


Si los contenidos de algunas de las leyes propuestas son intrínsecamente perversos  por su inconstitucionalidad al proponer, por ejemplo, que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos a través  de los partidos políticos en abierta oposición al Artículo 114 de la Constitución, puestos en manos de un  gobierno autoritario, como el que nos gobierna, se tornan simplemente siniestros. Tenemos sobrados fundamentos para suponer que cuando  el gobierno cuente con la herramienta para echar a cada juez que emita  un fallo opuesto a sus deseos,  lo ejecutará sin pudor. Valga tomar como muestra la decisión de efectuar esta reforma sin aceptar ninguna propuesta, objeción o modificación por mínima que sea, simplemente porque tienen la mayoría para imponerla en el Congreso sin necesidad de consensuar. Por otra parte, la posibilidad de  decirle a un miembro del Consejo de la Magistratura que ha sido elegido por  un determinado partido y que debe responder a sus bases políticas es simplemente una aberración en una institución que debe proceder conforme a derecho.


Cerrado el camino del Congreso para sostener el debate, las organizaciones vinculadas a la justicia han comenzado a manifestarse, cada una según su lenguaje.  Los abogados reunidos en los distintos Colegios rechazaron las iniciativas de reformas en el Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares  y la creación de nuevas Cámaras de Casación. Se ha tomado conocimiento de que jueces  y empleados del poder judicial se encuentran en estado deliberativo, que la Asociación de Magistrados, la entidad que agrupa a mayor cantidad de jueces, considera que la reforma es anticonstitucional y que el gremio judicial anuncia  un paro de 72 horas para la semana próxima. Pero quizás lo más significativo es el llamado que distintas organizaciones ciudadanas realizan para que el 18 de Abril, el tema de la independencia de la justicia se sume entre las consignas que lleven los manifestantes a la gran concentración prevista para ese día. Por primera vez, estos grupos han tenido el acierto de aceptar e incluso de solicitar la presencia de los líderes políticos, de modo que la enorme energía puesta al servicio de la manifestación tenga una más clara conexión con el comportamiento de la oposición en las urnas en la próxima elección.


Hay quienes se preguntan lícitamente ¿para qué sirven estas grandes manifestaciones si el gobierno es tan fundamentalista que no las atiende ni modifica sus conductas luego  de cada expresión de la ciudadanía? La respuesta es que estas expresiones de insatisfacción pública dan fuerza  y soporte a quienes deben defender a la nación  desde los mecanismos de la democracia. Las grandes manifestaciones fueron una de las claves que movieron al entonces vicepresidente Julio Cobos a votar según sus principios en el conflicto con el campo, dieron fuerza a los jueces de las Cámara de Apelaciones a jugarse en el fallo de la ley de medios y serán fundamentales a la hora en que la Corte de Justicia de la Nación deba definirse acerca de la constitucionalidad  de estas leyes, mal llamadas de democratización de la justicia, que amenazan con terminar con la justicia independiente.


Sabemos que una vez más el INDEC apreció una inflación menor a la mitad de lo que indican la consultoras privadas y la percepción ciudadana, que el precio máximo de los combustibles impuesto esta semana solo ha servido para justificar alzas inmediatas y que el conteo de muertos por la inseguridad no se detiene, es más, los presos se escapan en los traslados y las leyes cada vez les dan más protección en perjuicio de los que cumplen las normas  y sufren la violencia. Pero esta vez, el centro de la manifestación ciudadana parece estar en la defensa de los valores más trascendentes, en la lucha por la defensa de la Constitución, en el clamor por mantener una justicia independiente, en salvar la democracia que cada vez aparece más amenazada por quienes dicen actuar en su  nombre pero destruyen día a  día su esencia y su naturaleza.


En el mes de junio será el tiempo en que los partidos políticos presentaremos las listas con los candidatos con  que la ciudadanía  nos permitirá reemplazar a los lamentables representantes del oficialismo, cuyos paradigmas éticos apenas alcanzan para dar quorum y levantar las manos sin que les importe los principios  y valores que quedan por el camino. En Agosto y Octubre, si no median trampas  ni cambios en las reglas de juego,  será el tiempo  de las urnas en las primarias y las elecciones legislativas.  Pero ahora, ahora es el tiempo de manifestarse. Es el tiempo de  mostrar con serenidad y firmeza que no somos indiferentes y que comprendemos todo cuanto está en juego a la hora de defender la democracia, la república, la constitución y la justicia. El 18 de Abril estaremos en la calle con nuestro partido político y estaremos como ciudadanos que queremos ser escuchados  y respetados.

Es el tiempo de manifestarse, no lo olvidemos, pues si no lo hacemos en democráticos llamados como el que ahora nos convoca, llegará el tiempo en que no dejarán que lo hagamos de modo alguno.
Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Twitter    @JuanCarlosNeves

NOTA: Al escribir el autor esta nota, la ciudadanía aún no había tomado conocimiento de la denuncia del camino del dinero de la corrupción K. Seguramente otra cima del cerro Falso... ¿Cuál será la última cima?