lunes, 13 de mayo de 2013

LA GROTESCA FIESTA DE LOS DUEÑOS DEL PODER

La suma del poder público implica conferirle al Poder Ejecutivo, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Significa entonces que queda suprimida la división de poderes republicanos, el gobierno adquiere las modalidades del absolutismo político.

Expresamente nuestra constitución nacional lo prohíbe: Art. 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.


En nuestra historia se registra que en marzo de 1835, luego de un período en el que se suceden como gobernadores de Buenos Aires Balcarce, Viamonte y Manuel Vicente Maza, tras negarse en varias oportunidades, Juan Manuel de Rosas acepta el nombramiento como gobernador de Buenos Aires otorgado por la legislatura, con la suma del poder público. Inicia así su segundo mandato, que se prolongará durante 17 años.

Así a Rosas se le otorgaron los siguientes poderes:

"Art. 1º Queda nombrado gobernador y capitán general de la Provincia por el término de cinco años, el brigadier general Don Juan Manuel de Rosas.

Art. 2° Se deposita toda la suma del poder público de la Provincia en la persona del brigadier general Don Juan Manuel de Rosas sin más restricciones que las siguientes:

Que deberá conservar, defender y proteger la Religión Católica Apostólica Romana.
Que deberá sostener y defender la causa nacional de la Federación que han proclamado todos los pueblos de la República.
El ejercicio de este poder extraordinario durará todo el tiempo que a juicio del gobierno electo fuese necesario."
Hay que señalar que la práctica de conceder las facultades extraordinarias y la suma del poder público existieron también, en las demás provincias del país.

El mandato del tirano inicialmente debía durar 5 años, pero su duración que se podía extender a su solo criterio, duró 17 años hasta que el 3 de febrero de 1852 fue derrotado por el ejército del general Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros. Ese mismo día Rosas renunció a la gobernación de Buenos Aires y enseguida se embarcó rumbo a su exilio en Gran Bretaña.

En democracia ningún gobernante debería aspirar a asumir la suma del poder público, la presidente es la titular del poder ejecutivo, domina las decisiones del poder legislativo gracias a la mayoría propia y la que le conceden sus aliados y ahora con la popular “democratización de la justicia” prácticamente dominará también las decisiones del poder judicial, sus integrantes dependerán del poder político. Sin querer queriendo el Congreso Nacional le ha servido en bandeja la suma del poder público, ni siquiera se lo han ofrecido… le basta a ella solo servirse del mismo, está a su entera disposición.

Esta decisión gubernamental de reformar el sistema jurídico y disponer un blanqueo de capitales –sin preguntar sobre el origen de los mismos- nos colocará el tope del ranking de países corruptos. Pensamos que la mayoría del pueblo argentino, no está conforme con esas decisiones que nos hacen perder la categoría de república y nos somete a un absolutismo político ejercido por la presidente y sus cómplices.
Esa situación solo será revertida ante una elección adversa el poder de turno, se necesita una oposición unida y capaz de impedir el sueño de Cristina eterna de la diputada Diana Conti, Carlos Zanini, Carlos Kunkel, La Cámpora, Unidos y Organizados, Vatayon Militante, La Kolina, los piqueteros D’Elía y Pérsico, Hebe Bonafini, los jueces prevaricadores, los empresarios amigos del poder, los traidores a la Patria que anidan en el Congreso Nacional y muchísimos  cómplices a los cuales es imposible de mencionar dado su gran cantidad.

Confiamos en que los líderes de la oposición comprendan la tremenda responsabilidad que les cayó sobre sus hombros, es hora de pensar en el bien común de la república y dejar de lado los intereses personales y/o partidarios. Ustedes son nuestra única opción democrática, compórtense a la altura de las circunstancias.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
Por una Nueva Década en Paz y para Siempre



Queridos amigos:

El viernes de esta semana tuve la oportunidad de asistir en la Feria del Libro a la presentación efectuada por el periodista Mariano de Vedia  de su obra: “Francisco, el Papa del Pueblo”. Más allá de las cuestiones religiosas y del rico anecdotario que refleja la humildad y sencillez del Cardenal porteño, que alcanzó la máxima jerarquía en la Iglesia Católica, el libro puede percibirse como  una alabanza al ejercicio del poder en beneficio del bien común,  en manos de  un hombre cuya vocación de servicio al prójimo  predomina como guía de su conducta.


El Papa Francisco surge así como la corporización de la imagen de lo que en nuestro ensayo sobre “logopolítica” consideramos el paradigma del dirigente, o sea, aquellos que sienten que encontrarán el sentido de su existencia en la búsqueda del bien común a través del ejercicio de su vocación. En el caso de los políticos, esa búsqueda del bien común requiere del ejercicio del poder dentro de las normas y reglas de juego consagradas  en un instrumento anterior a su mandato denominado “Constitución”, fuente del contrato por el que los distintos sectores de la sociedad reconocerán y respetarán al líder formal, que se obliga asimismo al compromiso indeclinable de respetar sus  derechos y procurar su bienestar. 

¿Qué puntos de contacto tienen estas definiciones y visiones con gobiernos como el que actualmente conduce a la Argentina, que hacen del poder un fin en sí mismo y que líderes de la oposición y limitar la posibilidad de competencia a las demás fuerzas políticas? ¿Qué lógica progresista puede justificar la entronización de la inseguridad, la mentira estadística o la corrupción concentrada? ¿Con qué excusa se puede violar una y otra vez el principio de propiedad, amedrentar a los oponentes e intentar  transformar a la justicia en un mero instrumento de la voluntad gubernamental?

No hay respuestas a estos interrogantes en la lógica de funcionamiento de una república democrática. El gobierno que actúa de esta manera  va transformando la nación en un triste páramo  en que resuenan los sones de una única fiesta, la grotesca fiesta de los dueños del poder.

El miércoles de esta semana se consumó en la Cámara de Senadores el asalto al Consejo de la Magistratura con la promulgación de la ley que obliga a elegir sus  miembros, abogados y jueces, a través de las listas de los partidos políticos y modifica las mayorías especiales requeridas para enjuiciar a los jueces. Para completar el agravio, la ley establece la limitación para presentar candidatos en esas listas a partidos o alianzas que se presenten en 18 de los 24 distritos electorales, condición que podría alcanzar solo la alianza oficialista. Semejante engendro fue aprobado apenas con un voto más del mínimo requerido y con toda la oposición y  los referentes judiciales en contra de la medida. Ahora se avecina una batalla judicial, dura, desgastante e innecesaria, para frenar esta ley por su evidente inconstitucionalidad, hecho que el gobierno utilizará para poner en cuestión a la Corte Suprema y sumarle presión en los diversos casos en que su sinrazón lleva a ese organismo a  constituirse en la última barrera ante el atropello sistemático a derechos e instituciones.

A  la opinión pública le cuesta absorber la velocidad con que el gobierno introduce en la agenda temas de tremenda gravedad y seriedad institucional. Aun no acallados los ecos por la injustificable reforma judicial, el gobierno lanzó un blanqueo de  dólares no declarados que  fue defendido por  un equipo gubernamental de cinco economistas contradictorios e inconexos. Entretanto, apareció un proyecto de ley presentado por diputados oficialistas nada menos que para expropiar el 24 por ciento de las acciones de la empresa Papel Prensa que, sumadas a las acciones que ya tiene  el Estado, le permitirían controlar el suministro de papel para diarios en la Argentina. Si todo esto abruma la mente del ciudadano medianamente informado, acaba de sumarse la posibilidad de que el Estado, como socio minoritario de la empresa Clarín, logre que la misma sea intervenida por 180 días por la Comisión Nacional  de Valores y simplemente pase a controlar a dicho grupo y sus medios de comunicación. Por muy graves que parezcan estas iniciativas, la maquinaria legislativa oficialista  del Congreso demora poco más de diez días para presentar una ley en Comisión, aprobarla  en una Cámara y a la semana siguiente repetir el procedimiento en la otra obteniendo su promulgación, apoyada en una mayoría  de diputados y senadores que en su  dramática resignación de valores pueden defender un concepto una semana y el opuesto siete días después, si así le es ordenado “desde arriba”.

La ley de blanqueo de dólares  no declarados, pomposamente llamada de “exteriorización voluntaria de moneda extranjera”, merece  un párrafo en particular. Esta propuesta de blanqueo no solo no contiene sanciones o impuestos para quien ha evadido, de modo de no desalentar a quien ha cumplido rigurosamente con las cuantiosas obligaciones que impone el Estado, sino que ni siquiera se preocupa de pedir justificación del origen de los fondos, lo que la transforma en una potencial encubridora para el lavado de capitales mal habidos. Presentada en momentos en que arrecian las acusaciones de corrupción de empresarios próximos al gobierno y de miembros del mismo gobierno, que incluyen a la señora presidente y su difunto esposo, es inevitable que este proyecto de ley genere suspicacias acerca de que sea una velada forma de permitir introducir al circuito legal fondos surgidos de operaciones delictivas. En cualquier caso, este recurso desesperado hace evidente el agotamiento de las reservas y la presión devaluatoria que han precipitado la inflación y los ingentes gastos para importar la energía que nuestro país ha dejado de producir por la aplicación de malas políticas en esa área.

La cuestión económica, que la ley de blanqueo pone nuevamente en la agenda, tiene cada día nuevas manifestaciones negativas. A pesar del congelamiento impuesto por el gobierno a los grandes supermercados, la inflación continúa creciendo a fuerte ritmo, impulsada por factores que el mismo gobierno genera como los combustibles, peajes, presión impositiva y productos que siguen el valor del dólar no oficial. Ese dólar ya superó la barrera de los diez pesos por unidad duplicando el valor sostenido por el gobierno. Si sumamos la caída en las ventas de productos de consumo masivo,  la disminución en el ritmo de crecimiento de la industria y el dramático descenso de divisas, vemos que se configura un escenario de crisis para el que las medidas del tipo del blanqueo no son solución.

Algunos rayos de luz brillan en la oscuridad institucional de la mano de periodistas y funcionarios que se juegan “patriadas”  bravas haciendo lo que debería ser habitual, es decir cumpliendo con su función. En esa línea ubicamos al periodista Jorge Lanata, que ha logrado poner en la agenda pública el tema de la corrupción presentando denuncias con testigos y documentos que no pueden ser fácilmente soslayados. También se ha destacado el fiscal Guillermo Marijuán, que incluyó al empresario Lázaro Báez entre los imputados en el expediente abierto por las acusaciones  de Lanata y elevó al juez la denuncia contra su jefa, la procuradora General Gils Carbó, por  el nombramiento indebido de fiscales. Si bien el juez desestimó esa denuncia, el fiscal apeló la medida, no sin antes tener que soportar graves amenazas contra él y su familia. Estas acciones, así como los disparos efectuados contra el edificio de Cablevisión, van marcando una escalada en el clima de intimidación que marcha de las amenazas y  la presión de la AFIP y sus allanamientos a periodistas, hasta las acciones de hecho, obviamente anónimas, pero no por ello menos preocupantes. Cuando el cumplimiento de los deberes profesionales requiere que se destaque la  heroicidad de los protagonistas significa que se están perdiendo los resguardos que el estado de derecho debería brindar rutinariamente. El funcionamiento de la república debería descansar en funcionarios idóneos, dejando la calidad de héroes para quienes tienen que defender a la patria del enemigo externo.

Dado que mencionamos el frente externo no podemos dejar de comentar que la Organización de Estados Americanos ha criticado a nuestro país por la falta de controles contra la corrupción, lo que se suma  a las duras críticas formuladas por la Organización de las Naciones Unidas contra la reforma judicial y las de la Sociedad Interamericana de Prensa ante el intento de expropiación de Papel Prensa. Evidentemente, los abusos gubernamentales no dejan de ser percibidos por los actores externos, como no escapan al conocimiento del mundo las numerosas presentaciones  de empresas internacionales  que reconocen, al presentar sus balances, que han pagado coimas para poder operar en la Argentina. El gobierno calla y se refugia en aliados como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela seriamente cuestionado por las denuncias de fraude en su reciente elección y que, al visitar la Argentina, presidió un acto organizado por nuestro gobierno con organizaciones políticas oficialistas reunidas bajo el nombre de Unidos y Organizados.  Sería retórico preguntar qué haría el gobierno si un presidente extranjero se permitiera conducir  en la Argentina un acto político organizado por fuerzas opositoras. Clamaría que se trata de una injerencia indebida en asuntos internos, que es exactamente lo que se le ha permitido realizar al señor Maduro con la anuencia de los que se sienten dueños de la Argentina y libres de violar a su antojo valores, principios y derechos, en su propio y exclusivo beneficio.

Nos despedimos recordando que el gobierno ha emitido el decreto convocando a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 11 de Agosto. Aun plagadas de trampas e inequidades  esas elecciones,  y las posteriores elecciones generales de Octubre, representan la oportunidad de comenzar a cambiar este deplorable estado de cosas y terminar con la grotesca fiesta de corrupción, leyes anticonstitucionales y políticas desastrosas, de los dueños del poder. La consigna es trabajar, trabajar y trabajar, para logar tal cantidad de votos y tan bien cuidados que ningún fraude sea suficiente para acallar la voluntad popular. ¡Compatriotas!,  ése es nuestro desafío.

Un abrazo para todos.

Juan  Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana.
Twitter  @NevesJuanCarlos

NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.