martes, 4 de junio de 2013

EN LENGUAJE ELECTORAL

Queridos amigos:

A la hora  de los enfrentamientos que definen la suerte de la posesión del poder,  los protagonistas de cualquier conflicto suelen reducir  el espectro de los participantes a la condición binaria de amigo o enemigo, forzando la definición de los neutrales con la visión de que “quién no está conmigo está contra mí”.


La señora presidente Cristina Fernández ha provocado está situación a lo largo  de todo su gobierno, generando  antinomias aun en tiempos de calma y bonanza, por lo que es natural que al llegar el momento de las elecciones que definirán el futuro y la continuidad de su permanencia en el poder, esta actitud se exacerbe hasta la obsesión. La exigencia de lealtades  y la subordinación de todo interés político, social o humano, al objetivo superior de la victoria en las urnas deviene  inevitable hasta el punto de que los actos de gobierno solo pueden ser adecuadamente interpretados, en este momento,  si se los lee en lenguaje electoral.

Con esta clave puede entenderse que la señora presidente haya formulado duros cuestionamientos a miembros de su propia fuerza en un acto público realizado en Lomas de Zamora, reclamando ser mejor defendida, acusando sin incluir nombres a dirigentes que no se hacen cargo de los problemas  o  que “no ponen la cara” en  su afán de quedar bien con los “medios corporativos”. Todos los analistas coincidieron en que dichas críticas aludían al gobernador Daniel Scioli, presente en el acto, mientras que otros incluyen también al Intendente de Tigre, Sergio Massa.  El problema es que la tendencia presidencial a reducir la actividad política en su fuerza a un acto privado en que se reserva la atribución de designar a todos los pre candidatos según su exclusivo interés, deja al resto de los dirigentes que la siguen reducidos a: permanecer en el ámbito del “modelo” en actitud  prescindente o  rebelarse y conformar su propio espacio de poder.


La primera de las opciones parece ser la adoptada por Daniel Scioli, la segunda podría ser la que abrace el Intendente de Tigre. En cualquier caso, el personalismo presidencial y el rechazo a permitir  una auténtica vida política partidaria (que ha llegado al punto de que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires esté en trámite de apelar su caducidad que fue decretada por haber superado largamente el tiempo habilitado para elegir autoridades) va aislando a la fuerza oficialista y reduciendo sus posibilidades electorales.

También tenemos que recurrir al lenguaje electoral para interpretar que la señora presidente haya hecho renunciar a Agustín Rossi, fidelísimo presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria,  a su banca  y con ello a su cargo, para asumir como Ministro de Defensa. Todo indica que Rossi era un obstáculo para la elección en la Provincia de Santa Fe pues su presencia entorpecía la relación con candidatos  que tenían mejor intención de voto.  Por “efecto dominó”, el saliente Ministro de Defensa fue reasignado como Ministro de Seguridad en lugar de la señora Garré y esta fue nombrada como embajadora en la OEA. Lo que todas estas designaciones tienen en común es la inoportunidad de su ejecución y la falta de antecedentes y formación de los designados en las áreas en que deben cubrir sus nuevos puestos. La cuestión de la idoneidad, mentada en nuestra Constitución como condición para los cargos públicos, es simplemente despreciada por el gobierno a la hora de distribuir funciones ya  que solo atiende a sus intereses políticos y a  la subordinación absoluta de los nombrados. En el tiempo, los resultados de esta tendencia que abarca a casi todas las áreas de la administración nacional son obviamente calamitosos, como lo evidencian la debacle de la economía, el fracaso de la política energética, el descontrol de la seguridad y tantas otras cuestiones que preocupan a la ciudadanía y la llevaron a expresarse críticamente en las calles de todo el país.


El desbarranque de la economía va aumentando sus proporciones y acelerando su caída. Esta semana, al igual que las anteriores, continuaron disminuyendo las reservas internacionales que ya perdieron más de 4700 millones de dólares en lo que va del año y se conocieron cifras del aumento del empleo “en negro” y de desocupación. Al mismo tiempo trascendieron las cifras del déficit financiero (balance entre ingresos y egresos después del pago de la deuda) que en el mes de marzo superó los 3500 millones de pesos  a  pesar de que entre  el Banco Central, el PAMI y la ANSES transfirieron al Tesoro más de 6300 millones de nuestra moneda. El gobierno busca fondos de cualquier manera y con esa finalidad ha cerrado uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia económica al promulgar, con el número de justo de diputados, una ley de blanqueo  que permite traer capitales al país sin averiguar origen ni dar a publicidad a los beneficiados. Estos,  no solo serán eximidos de multas o castigos sino que ni siquiera pagarán los impuestos que vienen apurando a los contribuyentes que tienen sus divisas declaradas.

Tamaña transgresión, que fue duramente criticada por la oposición en su conjunto, mezcla la inequidad tributaria con la  apertura de puertas para el blanqueo de capitales mal habidos, incluyendo los que aparecen en las denuncias de corrupción contra funcionarios y empresarios afines al gobierno.



Pero el tema de la corrupción ya comienza a escapar del control gubernamental  para encarrilarse por el camino de los estrados judiciales. La torpe maniobra de cambiar el horario de los partidos de fútbol más importantes del domingo, para hacerlos coincidir con el programa periodístico que ha formulado las más impactantes denuncias, no solo incrementa las sospechas del deseo oficialista de ocultar los hechos sino que resultó ineficaz, ya que el público demostró en las mediciones de audiencia que está más ávido de justicia que de deporte. En el lapso de una semana, la justicia hizo saber que indagará a los señores Fariña y Elaskar que formularon y desmintieron denuncias contra el empresario Lázaro Báez y que indagará al ya citado Báez en una causa por el delito de extorsión. También se supo que el fiscal Federico Delgado hizo lugar al pedido de investigación presentado por el diputado Alfonso Prat-Gay contra varios funcionarios, entre los que se cuenta la señora presidente y el Secretario de Comercio Guillermo Moreno, por la adulteración de las cifras del INDEC.


Esta denuncia no es una cuestión menor por dos razones. Primero, porque llega a la mismísima presidente que hasta hace poco tiempo era jurídica y aun mediáticamente intocable. Segundo, porque Prat-Gay, que es un calificado  economista, ha fundamentado en un escrito  de 77 folios el hecho de que la subvaluación del índice de inflación generó una sobrevaloración del Producto Bruto Interno, que a su vez significó un aumento calculado en 1000 millones de dólares en el pago de los intereses de los bonos que se calculan con el crecimiento de dicho PBI. Por estas razones, la subvaluación del índice de inflación ha dejado de ser una picardía política para encuadrarse en las figuras de asociación ilícita, malversación de caudales, falsificación de  documento público  y otros delitos de suma gravedad. Lo destacable es que estas denuncias son atendidas por la justicia aun cuando las actuales autoridades detentan el poder y no después de finalizado su mandato, lo que nos da esperanzas de la aparición de ráfagas de justicia independiente.


Esa misma esperanza se alimenta con la actitud de dos jueces federales que fallaron en contra de la elección por el voto popular  del Consejo de la Magistratura, piedra angular de la nefasta reforma judicial recientemente aprobada, y de la Cámara Federal que reabrió la causa contra la Procuradora General Alejandra Gils Carbó por el supuesto nombramiento irregular de fiscales, que había sido desestimada por el juez Sebastián Casanello. Todo esto parece indicar que la política del miedo que parecía haber paralizado a la justicia va dejando lugar a la reacción judicial cuando la república ya estaba al borde del colapso institucional.

El gobierno reacciona fuerte y mal contra la adversidad económica y jurídica que parece minar sus posibilidades electorales. En una movida aparentemente  inspirada por el deseo de infundir más temor y movilizar a su propia tropa, lanzó a la acción a militantes que munidos de pecheras identificatorias  comenzaron el control de precios en los comercios. Estos precios surgen de curiosas listas que son diferentes para cada supermercado y que incluyen un pequeño número de productos condenados a una rápida desaparición de las góndolas, dada su evidente disparidad con los precios regulares.  Puede ser que esta inapropiada medida pueda amedrentar a los comerciantes, pero en el seno de la sociedad trae a la memoria colectiva las sombras  de persecuciones y amenazas propias de gobiernos sin vocación democrática. Un mal negocio desde todo punto de vista.


Dentro de apenas diez días se cumple la fecha para presentar en la justicia electoral las Alianzas Transitorias que ya no se podrán modificar para las  elecciones primarias de Agosto y las generales de Octubre. Ante esta realidad, la suma de contratiempos y signos de debilidad del oficialismo se compensan de alguna manera, en el corto plazo,  con la posibilidad que brinda el autoritarismo de conformar listas unificadas sin mayor discusión. Esto debilita los apoyos auténticos pero es una ventaja ante la maraña de dificultades burocráticas que significa disputar los cargos legislativos  en las primarias por parte de la oposición. Por su parte, al menos en la provincia de Buenos Aires que tiene sub-representación en términos de diputados nacionales y concejales en los municipios, la limitación en la cantidad de cargos entorpece la posibilidad de alcanzar consensos y ello conduce al deliberado fraccionamiento opositor. En compensación, se pueden establecer compromisos en términos programáticos en temas como la decisión de no apoyar una reforma constitucional, defender la libertad de expresión y la independencia de la justicia.

En la Unión de Partidos de Centro que integra Nueva Unión Ciudadana hemos logrado con gran generosidad conformar listas unificadas  y estamos tratando de integrarnos  con otras fuerzas mayores. El tema  es arduo y el tiempo escaso pero al menos estamos firmes y claros en los principios a defender  y los  compromisos  a asumir.


Sabemos que cada acto del gobierno, a partir de ahora, debe interpretarse en lenguaje electoral y que tratará con todo su poder, su pragmatismo y su desprecio por la ética y  las normas republicanas de sacar rivales de en medio y obtener  todas las ventajas posibles. Afortunadamente, la torpeza del oficialismo y su evidente fracaso en las políticas públicas implementadas son más fuertes que cualquier artilugio electoral y allí debemos estar, nosotros, los ciudadanos, para defender sin temor nuestros principios y nuestros votos.

Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
www.nuevaunionciudadana.org
Twitter  @NevesJuanCarlos