miércoles, 7 de agosto de 2013

DOS MILITARES FUGADOS ENTRE CENTENARES DE MILITARES ENCARCELADOS


DECLARACIÓN

El Ministerio de Defensa ha dictado una arbitraria resolución, prohibiendo que en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas sean internados o asistidos ambulatoriamente los detenidos con condena o procesamiento por delitos de lesa humanidad. Ha ordenado así, a los Estados Mayores de las tres fuerzas, el estricto cumplimiento de esta desmesura. Asimismo, se ha creado una “Comisión de Asesoramiento Médico” con representantes de los Ministerios de Justicia, de Salud y de Defensa, que  en treinta días debe determinar el alta de los actuales pacientes o su traslado.

Con estas medidas el Gobierno acredita la falsedad de su política de “Derechos Humanos”, a través de la cual implementa en realidad una grosera tortura que se suma a las que ya sufren los presos militares de setenta y más años de edad, al impedírseles ser atendidos adecuadamente.  Desde hace años estos hombres sobreviven como pueden, en condiciones carcelarias desesperantes, sin haber dado el menor trabajo al servicio penitenciario; pero ha bastado que se produzcan dos fugas para que ello sirva de excusa para agravar aún más su situación, administrando purgas al mejor estilo stalinista, ordenando arbitrarios traslados, repartiendo recompensas millonarias y  sanciones al personal penitenciario,  forzando el retiro de generales y otras desmesuras similares.

Es evidente que si se hubiese tratado de una fuga de presos comunes (cosa que ocurre con mucha frecuencia, pese a que son muy pocos los que tienen esa edad y llevan diez o quince años encerrados a la espera de una condena), no habría habido recompensa ni noticia ni reacción algunas. En cambio, estos hombres ya ancianos, que permanecen presos con comportamiento ejemplar, sufrirán estas terribles consecuencias sobre su salud física y mental, a través de una acción del Gobierno movida por la venganza, el odio y el deseo de causar su muerte.

Los hombres así encerrados pierden día a día la poca salud que les queda. Ahora han perdido también la posibilidad de ser atendidos médicamente. Deberán vegetar en los mal llamados Hospital Municipal de Marcos Paz y Hospital Penitenciario de Ezeiza, que de tales sólo tienen el nombre, ya que carecen en absoluto de elementales medios de atención. Lo que no ha obstado a que el ministro Alak haya declarado que el segundo está equipado para tratamientos de “alta complejidad”.

Este horror está ocurriendo en la Argentina en el año 2013. Cientos de hombres perseguidos políticamente están siendo condenados a una muerte lenta bajo la indiferencia del país, pese al alerta de unos pocos.

Buenos Aires, 30 de julio de 2013.


Mariano Gradín            Alberto Solanet
Secretario                     Presidente