domingo, 8 de septiembre de 2013

¿QUÉ PASARÁ CUANDO SE DÉ VUELTA LA TORTILLA POLÍTICA?

Si la prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.


La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio de esa función se denomina "jurisdicción". Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.


¿Qué sucederá en este país cuando se dé vuelta la tortilla política y se acusen a los jueces de haber cometido el delito de prevaricato durante la investigación y juicios mal llamados de delitos de lesa humanidad? Muchos de ellos, inclusive la SCJN ya han sido acusados, las causas no han avanzado a la sombra del poder de turno y su oscura política nacional al respecto, enunciada por el juez Ricardo Lorenzetti en reiteradas ocasiones. Formulamos votos para que se recupere el principio de igualdad ante la ley, se anulen los juicios viciados de “aberraciones jurídicas” y se dé curso a las causas por prevaricato a todos los jueces y funcionarios que hayan cometido ese delito en el mal ejercicio de sus funciones.

Sinceramente,
Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


PROCESARON AL EX CAMARISTA FEDERAL JULIO DEMETRIO PETRA
El juez Walter Bento lo puso al borde del juicio oral y público. Lo acusó de haber favorecido en 2008, con una resolución judicial, a un ex militar que está preso por delitos de lesa humanidad.


En problemas. Julio Demetrio Petra Fernández renunció 
para jubilarse en 2012, lo que fue aceptado por Cristina.


Por Catherina Gibilaro

El ex camarista federal Julio Demetrio Petra Fernández, otrora hombre fuerte de la Justicia Federal de Mendoza, fue procesado y quedó al borde del juicio oral y público, bajo sospecha de favorecer a un militar acusado por delitos de lesa humanidad. Así, está en problemas como su amigo, Otilio Romano, extraditado el miércoles desde Chile –donde se mantuvo prófugo dos años– y preso en el penal San Felipe, donde espera fecha para sentarse en el banquillo, en los Tribunales Federales de Mendoza.

Otilio Romano

Petra Fernández fue procesado por el juez federal Walter Bento por haber dictado en el 2008 una resolución contraria a la ley, cuando se desempeñaba como juez de la Cámara Federal de Apelaciones y disponer el sobreseimiento del ex intendente de San Rafael, teniente coronel (re) Luis Alberto Stuhldreher, acusado de delitos de lesa humanidad. Este militar fue funcionario durante el gobierno de Julio Cobos.

El prevaricato, por el cual se lo procesó a Petra Fernández, es un delito que atenta esencialmente contra la administración de justicia, ya que este delito sólo puede ser cometido por los jueces, que representan a uno de los tres poderes del Estado.

Al ex juez se lo acusa de haber aplicado incorrectamente el derecho, favoreciendo de tal modo la impunidad de aquellos que en el marco de la “lucha contra la subversión” habrían cometido delitos excediéndose en las facultades conferidas por el estado de sitio  durante el último gobierno de facto, denominado proceso de reorganización nacional entre los años 1975/1983.

Carlos Pereyra González

Lo que dio origen a la resolución del juez Bento es que el 24 de abril del 2008, Petra y su par Carlos Pereyra González (hoy con prisión domiciliaria en San Luis) dictaron la falta de mérito para Stuhldreher en la causa A-14230 sobre la desaparición de Aldo Fagetti, revocando el procesamiento y la prisión preventiva dictadas por el entonces juez federal de San Rafael, Raúl Acosta.

Pero la Cámara no sólo se limitó a esta falta de mérito, sino que se extendió a todas aquellas causas donde se investigaba a este teniente coronel del Ejército durante el período comprendido entre 1975/1983, y donde se habían dictado el procesamiento y la prisión preventiva del militar involucrado en privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones.

Esto motivó que el Ministerio Público Fiscal solicitara, en virtud  de las pruebas reunidas, la imputación, citación a indagatoria y comunicación al Consejo de la Magistratura de la Nación de la conducta de los entonces jueces Pereyra González y Petra Fernández.


Este último, en noviembre de 2012, presentó su renuncia para jubilarse y le fue aceptada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contrariamente a lo que hizo con otro juez federal, Luis Miret, acusado por delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, Pereyra González, quien renunció a su cargo en 2009, se encuentra detenido en la provincia vecina a partir de la solicitud del Tribunal Oral Federal de Mendoza, que lo denunció por encubrir torturas cuando se desempeñaba como secretario en los años de plomo.

El caso que complica al ex magistrado

El teniente coronel (re) Luis Stuhldreher (67), preso y acusado de delitos de lesa humanidad, fue capturado el 9 de abril último tras permanecer prófugo casi dos años.

Había sido funcionario del gobierno de Julio Cobos y por datos sobre su paradero se ofreció una recompensa de 100 mil pesos.

Fue el segundo hombre fuerte de la represión en el Sur provincial y está procesado por la desaparición de 11 personas y la tortura de otras nueve.

Su caso no había llegado a juicio en 2010 gracias a las faltas de mérito dictadas por el ahora ex camarista federal Julio Petra. Sin embargo, se lo siguió investigando y se volvió a dictar un pedido de detención en su contra. Después de estar casi dos años prófugo, cayó preso en la casa de una hija, adonde fue sorprendido por efectivos de la Policía Federal.

La denuncia en su contra fue motorizada por Mariano Tripiana, hijo de un detenido desaparecido.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, cuestionada por haber garantizado la impunidad de los represores que actuaron en Mendoza, fue revocada en Casación. Y las irregularidades mostradas se convirtieron en prueba en contra de Petra, quien, acorralado judicialmente, renunció a su cargo para evitar el juicio político y la posterior destitución.


NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.