Si la prevaricación,
o prevaricato, es un delito que
consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un
asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es
injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de
la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido
por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.
La misión de los
jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio
de esa función se denomina "jurisdicción".
Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario
judicial. Cuando un juez se aparta
voluntariamente de la aplicación del
derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina
prevaricato.
¿Qué sucederá en este país cuando se dé vuelta la tortilla
política y se acusen a los jueces de
haber cometido el delito de prevaricato durante la investigación y juicios mal
llamados de delitos de lesa humanidad? Muchos de ellos, inclusive la SCJN ya han sido acusados, las causas
no han avanzado a la sombra del poder de turno y su oscura política nacional al
respecto, enunciada por el juez Ricardo
Lorenzetti en reiteradas ocasiones.
Formulamos votos para que se recupere el principio
de igualdad ante la ley, se anulen los juicios viciados de “aberraciones
jurídicas” y se dé curso a las causas por prevaricato a todos los jueces y funcionarios que hayan cometido ese
delito en el mal ejercicio de sus funciones.
Sinceramente,
Pacificación Nacional
Definitiva
por una Nueva Década
en Paz y para Siempre
PROCESARON AL EX
CAMARISTA FEDERAL JULIO DEMETRIO PETRA
El juez Walter Bento
lo puso al borde del juicio oral y público. Lo acusó de haber favorecido en
2008, con una resolución judicial, a un ex militar que está preso por delitos
de lesa humanidad.
En problemas. Julio Demetrio Petra Fernández renunció
para jubilarse en 2012, lo que fue aceptado por Cristina.
Por Catherina Gibilaro
El ex camarista
federal Julio Demetrio Petra Fernández, otrora hombre fuerte de la Justicia
Federal de Mendoza, fue procesado y quedó al borde del juicio oral y público,
bajo sospecha de favorecer a un militar acusado por delitos de lesa humanidad.
Así, está en problemas como su amigo, Otilio
Romano, extraditado el miércoles desde Chile –donde se mantuvo prófugo dos
años– y preso en el penal San Felipe, donde espera fecha para sentarse en el
banquillo, en los Tribunales Federales de Mendoza.
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| Otilio Romano |
Petra Fernández
fue procesado por el juez federal Walter
Bento por haber dictado en el 2008 una resolución contraria a la ley,
cuando se desempeñaba como juez de la
Cámara Federal de Apelaciones y disponer el sobreseimiento del ex intendente de San Rafael, teniente coronel (re) Luis Alberto
Stuhldreher, acusado de delitos de lesa humanidad. Este militar fue
funcionario durante el gobierno de Julio
Cobos.
El prevaricato, por el cual se lo procesó a Petra Fernández, es un delito que
atenta esencialmente contra la administración de justicia, ya que este delito
sólo puede ser cometido por los jueces, que representan a uno de los tres
poderes del Estado.
Al ex juez se lo
acusa de haber aplicado incorrectamente el derecho, favoreciendo de tal modo la
impunidad de aquellos que en el marco de la “lucha
contra la subversión” habrían cometido delitos excediéndose en las
facultades conferidas por el estado de sitio
durante el último gobierno de facto, denominado proceso de
reorganización nacional entre los años 1975/1983.
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| Carlos Pereyra González |
Lo que dio origen a la resolución del juez Bento es que el 24 de abril del 2008, Petra y su par Carlos
Pereyra González (hoy con prisión domiciliaria en San Luis) dictaron la
falta de mérito para Stuhldreher en
la causa A-14230 sobre la desaparición de Aldo
Fagetti, revocando el procesamiento y la prisión preventiva dictadas por el
entonces juez federal de San Rafael,
Raúl Acosta.
Pero la Cámara no
sólo se limitó a esta falta de mérito, sino que se extendió a todas aquellas
causas donde se investigaba a este teniente
coronel del Ejército durante el período comprendido entre 1975/1983, y
donde se habían dictado el procesamiento y la prisión preventiva del militar
involucrado en privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y
desapariciones.
Esto motivó que el Ministerio
Público Fiscal solicitara, en virtud
de las pruebas reunidas, la imputación, citación a indagatoria y
comunicación al Consejo de la
Magistratura de la Nación de la conducta de los entonces jueces Pereyra González y Petra Fernández.
Este último, en
noviembre de 2012, presentó su renuncia para jubilarse y le fue aceptada por la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
contrariamente a lo que hizo con otro juez
federal, Luis Miret, acusado por
delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, Pereyra
González, quien renunció a su cargo en 2009, se encuentra detenido en la
provincia vecina a partir de la solicitud del Tribunal Oral Federal de Mendoza, que lo denunció por encubrir
torturas cuando se desempeñaba como secretario en los años de plomo.
El caso que complica
al ex magistrado
El teniente coronel
(re) Luis Stuhldreher (67), preso y acusado de delitos de lesa humanidad,
fue capturado el 9 de abril último tras permanecer prófugo casi dos años.
Había sido funcionario del gobierno de Julio Cobos y por datos sobre su paradero se ofreció una recompensa
de 100 mil pesos.
Fue el segundo hombre fuerte de la represión en el Sur
provincial y está procesado por la desaparición de 11 personas y la tortura de
otras nueve.
Su caso no había llegado a juicio en 2010 gracias a las
faltas de mérito dictadas por el ahora ex
camarista federal Julio Petra. Sin embargo, se lo siguió investigando y se
volvió a dictar un pedido de detención en su contra. Después de estar casi dos
años prófugo, cayó preso en la casa de una hija, adonde fue sorprendido por
efectivos de la Policía Federal.
La denuncia en su contra fue motorizada por Mariano Tripiana, hijo de un detenido
desaparecido.
El fallo de la Cámara
de Apelaciones de Mendoza, cuestionada por haber garantizado la impunidad
de los represores que actuaron en Mendoza, fue revocada en Casación. Y las irregularidades mostradas se convirtieron en prueba
en contra de Petra, quien, acorralado judicialmente, renunció a su
cargo para evitar el juicio político y la posterior destitución.
NOTA: Las
imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
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