lunes, 14 de octubre de 2013

HAY QUE QUEBRAR EL CÍRCULO DEL ODIO

Lunes 14 de octubre de 2013 | Publicado en edición impresa
Heridas abiertas

Justicia asimétrica no es justicia, dice el autor. Si no se juzga y se condena a todos los responsables de la violencia política de los años 70, la única alternativa válida es optar por la amnistía o el indulto

Por Ibo Marché  | Para LA NACION


Algunas manifestaciones de Héctor Ricardo Leis en su artículo "Los militares tienen que romper el silencio", publicado en esta página el 2 de septiembre pasado, suscitaron asombro entre muchos de quienes anhelamos la paz, la concordia, el perdón y la reconciliación entre los argentinos.

Creíamos que Leis -que en los años 70 integró la organización Montoneros y que hoy rechaza "la verdad violenta" que sustentó hace ya muchos años- compartiría aquel anhelo y se sumaría a quienes estamos empeñados en dejar atrás un deplorable pasado de odios y discordia. ¿Estábamos equivocados? Por lo pronto, disentimos en el punto de partida. Confío, sin embargo, en que coincidamos en la meta, que es para ambos la reconciliación nacional.

Leis expresa en su artículo que en los años 70 "hubo crímenes terribles de todas las partes"; que no fueron las Fuerzas Armadas "las que comenzaron el caos y la orgía de violencia que se extendió por el país a partir del 25 de mayo de 1973"; que "no existe ninguna declaración de parte de militares que tomen posición de forma autocrítica"; que "el silencio de los militares afronta su dignidad"; que "se explica que la mayoría de los ex guerrilleros no quieran hablar, lo hacen para no perder la confortable e indigna condición de víctimas en la que los mantiene este gobierno", pero que le "resulta inexplicable que personas prácticamente condenadas a morir en la cárcel decidan no hablar en defensa de su dignidad".

Joaquín V. González
No ponemos en duda la recta intención de Leis, pero creemos que, con las bases que él propone, la reconciliación es imposible y la "ley del odio" -así la denominaba Joaquín V. González en un célebre trabajo publicado en 1910- continuará su obra devastadora. Las consecuencias de esa tendencia están a la vista: un clima en el que la revancha de quienes fueron derrotados militarmente se ceba sobre ancianos octogenarios. Difícilmente se haya dado antes una situación similar. Y no se vislumbran para el futuro inmediato alternativas claras, prometedoras de un restablecimiento pleno del sistema republicano y, por ende, de las libertades constitucionales, con separación de poderes y administración de justicia independiente e imparcial, sin ideologismos ni partidismos que la desnaturalicen.

Finalizados los juicios a las juntas militares, Alfonsín y Menem levantaron la bandera de la concordia a través de las leyes de amnistía y de los indultos convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos nos ilusionamos entonces con el comienzo de un período de paz que fuera fecundo en todos los planos y sirviera de base a un proceso de recíproco perdón y genuina reconciliación.

La llegada del matrimonio Kirchner frustró esa línea de pacificación por la que optamos en los siglos XIX y XX, después de graves conflictos internos. En contraste con sus antecesores, y olvidando las buenas relaciones que tuvieron en Santa Cruz con el gobierno militar, los Kirchner levantaron la bandera de la discordia, el enfrentamiento y la descalificación del adversario, todo en nombre de una supuesta construcción de poder que, a la luz de los últimos comicios, tenía bases muy frágiles y perecederas.

Tal vez lo más censurable haya sido el avance del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Como resultado de esa política institucionalmente regresiva, hoy los jueces vulneran sin parpadear el principio de legalidad y aplican retroactivamente normas penales, lo cual, siguiendo a Giuseppe Betiol, más que una herejía es una blasfemia jurídica. Además, se hizo tabla rasa con el principio constitucional de la cosa juzgada, se resucitaron arbitrariamente acciones penales extinguidas, se modificó la jurisprudencia sobre detención domiciliaria que, en forma discriminatoria, les fue negada a los militares mayores de setenta años, pasando por alto el claro sentido de la normativa vigente. Los presos militares se están muriendo sin atención médica elemental: se les niega la internación en establecimientos adecuados a sus enfermedades a enfermos muy graves.



Tal vez lo más ofensivo del proceder judicial de la última década ha sido la asimetría con que se han abordado las secuelas de nuestra última guerra. Cualquier militar, incluso cuando no se trata de quien ha ejercido funciones de comando, sino de un subteniente veinteañero que simplemente estaba destinado en una u otra unidad, ha pasado a ser responsable de delitos de lesa humanidad y condenado -como dice Leis- a "morir en la cárcel". En contraste, los guerrilleros de todos los niveles, aunque sean responsables directos de crímenes abominables, han quedado transformados, bajo el influjo de los Kirchner, en "jóvenes idealistas", se les han pagado indemnizaciones altísimas cuyas cifras cuidadosamente se ocultan, han sido beneficiados con una sentencia de la Corte Suprema ("Lariz Iriondo") que les garantiza la más absoluta impunidad y fueron premiados con cargos y altas funciones en la administración del Estado.

Ésta es la situación que omite exponer Leis en su artículo y que debe ser previamente resuelta porque justicia asimétrica no es justicia. Es más bien un atentado contra la justicia. Pretender construir la reconciliación sobre tales cimientos es como querer edificar sobre arena movediza. Por esta vía, el proceso de desintegración y decadencia seguirá su curso y dejaremos a nuestros hijos y nietos un país en ruinas, fragmentado, cargado de resentimientos y sed de venganza.

Aparentemente, para Leis, el motivo de la discriminación que se hizo en la era kirchnerista entre las extralimitaciones de los guerrilleros y las de los militares es que éstas fueron de mayor gravedad. En rigor, es un enfoque que no adoptó ninguna de las numerosas amnistías sancionadas en el curso de nuestra historia. Ello a pesar de que, cuando se aprobó la primera, en el Pacto de Unión Nacional entre la Confederación y Buenos Aires, quedaron amnistiadas -entre otras prácticas salvajes- todas las bárbaras ejecuciones a lanza y cuchillo que hacían a veces los vencedores con los vencidos, si éstos no huían a tiempo. ¿Esas prácticas no fueron acaso también delitos de lesa humanidad?


Hay que quebrar el círculo del odio y debemos todos abrirnos a una genuina pacificación. Para recorrer el camino que conduce al perdón y a la reconciliación nacional, están disponibles las medidas previstas en la Constitución: la amnistía y el indulto (arts. 75 inc. 20 y 99 inc. 5° C.N.). La primera extingue la acción penal y la segunda configura una condonación. A ellas han recurrido los pueblos sabios después de las guerras civiles, tanto en Europa como en América. También nosotros, para aplacar los odios engendrados por nuestros enfrentamientos armados. Si se considera que no es conducente al bien común juzgar y condenar a todos los que participaron en los horrores de la guerra, la única alternativa válida es optar por la amnistía o el indulto. Inadmisible e injusto es adoptar un criterio sesgado y asimétrico, como se ha hecho a partir de los Kirchner, que libera de toda responsabilidad a quienes iniciaron la guerra y encarcela de por vida a los que, aun con extralimitaciones, los derrotaron militarmente en cumplimiento de órdenes de aniquilamiento impartidas por dos presidentes constitucionales, mediante decretos que firmaron todos los ministros.

No es cierto que los delitos imputados a militares, policías y algunos civiles no sean amnistiables ni indultables. La Constitución y los tratados mencionados en el art. 75 inc. 22 no lo prohíben. Hay dos que incluso expresamente lo autorizan: son los art. 4 incs. 2 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al art. 6 incs. 2 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autorizan la amnistía para los "delitos más graves", incluso los castigados con pena de muerte.


El proyecto de ley de amnistía presentado en 2004 por el entonces diputado Jorge R. Vanossi, con impecable fundamentación constitucional, marca un camino que en algún momento deberíamos emprender.






NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.