Queridos amigos:
Dentro de dos años,
en esta misma fecha, ya habremos elegido un nuevo presidente o estaremos en plena campaña para la segunda
vuelta electoral que debe concretarse, según nuestra Constitución, dentro de
los 30 días de la primera elección. Entramos pues a la última etapa de las
actuales autoridades a cargo del ejecutivo y por razón de su enfermedad, la
señora presidente reasumirá el cargo en la próxima semana, remarcando la imagen
de inicio de un período nuevo y breve, signado por tremendos desafíos.
La señora presidente
y su Frente para la Victoria han conservado la mayoría en ambas Cámaras y
lograron aprobar una Ley de Emergencia Económica por dos años, que les da total
discrecionalidad para operar en materia económica sin interferencias. También
han obtenido un fallo de constitucionalidad de la Ley de Medios, de parte de la
Corte Suprema de Justicia, que les permitirá acentuar el control que ya
ejercían sobre los medios de comunicación y que tuvo el efecto psicológico de
mostrar que aún conservan una cuota sustancial de poder a pesar de la enorme
pérdida de votos sufrida respecto de la elección del 2011.
Pero lo que no pueden
evitar es el deterioro sistemático de las variables económicas y sociales que
fueron las razones del castigo en las urnas y que le plantean ahora una opción
de hierro. Si cambian, dejan de mentir en las estadísticas y toman las medidas
necesarias para encauzar la economía y los desbordes de inseguridad y
violencia, perderán su esencia y el absurdo de sus proclamas revolucionarias quedará en
evidencia, produciendo choques con sus seguidores más extremistas. Pero si no
cambian y persisten en su insensatez, corren el riesgo de un colapso antes de
las próximas elecciones o, en el mejor
de los casos, de llegar a ellas con un
nivel de deterioro que los descarte para
siempre como una opción de poder. Así están las cosas y así lo ratificaron los
hechos de esta semana.
El Presidente de la
suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, reconoció haber mantenido extensos diálogos
con el Secretario de Legal y Técnica del
gobierno, Carlos Zannini, antes de la emisión del crucial fallo acerca de la
Ley de Medios. Ante el escándalo que levantó esta confesión, Lorenzetti negó enfáticamente que
en los diálogos mencionados se hubiera tratado el tema específico de dicha ley.
Es decir que reconoció lo inocultable y desmintió lo incomprobable. De todos
modos, la manifestación de que la Corte esperó al resultado de las elecciones
para hacer conocer su fallo, basta para hacer evidente el peso que tuvieron
los factores políticos en decisiones que tendrían que haber sido de
naturaleza netamente jurídica.
El voto del
Doctor Lorenzetti fue definitorio en la
votación dividida y su posición tuvo una influencia determinante. El peso que
asigna a las cuestiones políticas se hizo visible, tiempo atrás, cuando desestimó las múltiples observaciones
jurídicas a la aplicación retroactiva de leyes y otras aberraciones consumadas
para poder juzgar a los militares acusados de delitos de lesa humanidad,
aduciendo que se trataba de una política de Estado que contaba con consenso
social. Tremenda afirmación en boca de un jurista. En el caso de la Ley de
Medios se dejaron de lado los derechos adquiridos por el grupo Clarín en la
concesión de licencias por aplicación de una ley posterior a dichas
concesiones. Sin embargo, la irretroactividad de las leyes fue el argumento de
los jueces de la Corte que continúan en sus funciones después de cumplir el
límite de 75 años que señala la Constitución de 1994. Esta aplicación selectiva de principios
jurídicos según las circunstancias y los actores involucrados, genera una gran
incertidumbre y quitan a la Corte
Suprema su carácter de columna jurídica del sistema para transformarla en un
protagonista político más. Ahora sabemos que sus fallos tienden a responder
a las necesidades y a los momentos políticos antes que a la aplicación
pura del derecho y ese es un argumento más, para lo que da en llamarse la
inseguridad jurídica imperante en la Argentina.
El grupo Clarín,
rápido de reflejos, presentó un plan de adecuación a la Ley declarada
constitucional, que divide su estructura en seis empresas menores. Este grupo
cuenta con excelentes abogados y múltiples recursos para proteger sus
intereses, pero la mayoría de los medios y otros sectores que fueron
desprotegidos por quien debiera ser su última guarda, quedan inermes ante las injusticias del poder.
Y parece que eso no tendrá remedio en toda esta última y dura etapa.
La desprotección
jurídica es un factor más en toda la larga lista de factores de inseguridad que
enfrentan los ciudadanos en nuestro país. El día sábado se conoció un
pronunciamiento de la Iglesia, a través de
la declaración de la Asamblea del Episcopado, en que se denuncia el
avance del narcotráfico y se señala la complicidad de Estado, no solo por la
falta de políticas públicas adecuadas sino también por la complicidad y
corrupción de algunos dirigentes. Esta dura manifestación coincide plenamente
con nuestra visión al respecto y agregamos el avance de la narco producción y
el narco consumo, este último visto con benevolencia y tolerancia no exenta de
una nefasta exaltación, formulada en medios de difusión pública y enunciada por
figuras del espectáculo, formadores de opinión y políticos defensores de la
despenalización que exaltan la libertad de auto destruirse. En el medio, queda
el incremento del delito, los ingentes recursos necesarios para la recuperación
de los adictos y los daños irreversibles en la salud de los consumidores. Dos años de continuidad de esta nefasta
inercia son insoportables y las acciones contra este flagelo deberían
implementarse sin demoras, aunque algunos aliados del gobierno se resientan.
En la calle, los crímenes por “entraderas”, “salideras”,
“secuestros exprés” y toda la jerga
inventada para cubrir las inacabables formas del delito se suman semana
a semana. Una muestra de la degradación del sistema de represión del delito la
dan dos aspectos muy actuales. Uno es la cantidad de presos que escapan de las
cárceles de las formas más insólitas y burdas
evidenciando la lenidad y la corrupción del sistema carcelario. La otra
es la reiteración de delitos cometidos por
delincuentes en ejercicio de salidas transitorias que llevó al
presidente del Tribunal de Casación bonaerense a manifestar que “hay una crisis
total, no se hacen como corresponden las evaluaciones y controles”. Pareciera
que los ex miembros de bandas terroristas que asolaron el país en la década de
los setenta y que ahora han sido reivindicados y alcanzaron el poder, llegaron
decididos a entronizar políticas de defensa de los delincuentes, de
calificarlos como víctimas sociales y de olvidar la responsabilidad primaria
del Estado en la defensa del ciudadano que cumple la ley y que confía en que su
vida y sus derechos serán protegidos. El
mensaje de las urnas parece no haberles llegado con suficiente claridad y ese
será uno más de los factores que llevará la “sensación de ciclo finalizado” a
un triste final eleccionario.
Entretanto, en su
acto de gobierno más significativo, el vicepresidente en ejercicio de la
presidencia, Amado Boudou, incrementó el presupuesto por decreto de necesidad y
urgencia (DNU), en más de 80.000 millones de pesos para financiar déficit y
deuda. Para tener conciencia del impacto que este incremento representa es
necesario saber que solo 10.000 millones son cubiertos con recursos existentes y que el resto serían cubiertos con emisión de letras
o títulos que deberá tomar obligadamente algún ente estatal que cuente
con recursos financieros. Con este aumento del gasto, el déficit fiscal
acumulado hasta Octubre supera los 100.000 millones de pesos. Estos números
contribuyen a explicar el desborde inflacionario y la pérdida de confianza en el futuro
económico.
Por otra parte, las
divisas, han disminuido en más de 10.000 millones de dólares en lo que va del
año y siguen mermando a través del pago de deuda externa y de la importación de
energía. Para intranquilidad general, la producción de crudo y gas, a nivel
nacional, continúa decreciendo en comparación con años anteriores a pesar de la mejora que experimenta YPF, y
el drenaje de divisas se incrementa.
Poco podemos esperar
del elenco gobernante en términos de reacción a estos problemas crecientes
cuando los principales voceros del gobierno continúan empeñándose en negar los datos negativos. En esta semana se conocieron declaraciones
del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, afirmando que la inflación no
existe porque la carne y el pollo no han
aumentado en los últimos tres años. Si el dato fuera cierto, sería una simplificación grosera de la problemática
inflacionaria, pero además es falso porque esos productos han incrementado sus
precios alrededor del 60 por ciento en
el período citado. Este tipo de afirmaciones,
que son pueriles, imbéciles y falsas, implican un desprecio por la
inteligencia y el sentido común de la ciudadanía que además de indignar,
ofenden. Presagian que nada se hará para contener la inflación y que la última
etapa de este gobierno mantendrá las mismas pautas negativas que las anteriores,
basadas en postergar la solución de los problemas y dejar un legado perverso a
sus sucesores.
No podemos dejar de
mencionar el espíritu agresivo plagado de mensajes amenazadores y vengativos
que se anotaron en diversos hechos vividos en la semana. Anotamos la presencia
de la AFIP en la casa de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, denunciante de
agravios al periodismo formulados ante la OEA, la decisión del Ministerio de
Trabajo de no convalidar el aumento del
30 por ciento acordado por el gremio de los peones rurales del opositor
Gerónimo Venegas con los empresarios del sector y la denuncia de los
intendentes que responden al Frente Renovador de que retiraron a los gendarmes
de sus jurisdicciones. Dejamos entre paréntesis el violento robo a otro de los
periodistas denunciantes ante la OEA, Alfredo Leuco, cometido en plena Avenida
de Mayo, porque el auge del crimen es tal que puede hacerlo posible, aunque la
sospecha de que fuera un acto de
amedrentamiento quedó instalada.
Ciertamente, la
última etapa será dura y difícil. El regreso de la señora presidente a sus
funciones debería ser el comienzo del período de reparación de daños pero no
hay ninguna señal que nos permita esperar tal cosa. Seguiremos atentos y
vigilantes en nuestros puestos de defensa de los valores nacionales y
republicanos alentados porque el tiempo de
los que dañan a nuestra patria ya tiene fecha de finalización.
Un abrazo para todos.
Juan
Carlos Neves, Nueva Unión Ciudadana
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