martes, 12 de noviembre de 2013

AL COMIENZO DE LA ÚLTIMA ETAPA

Queridos amigos:

Dentro de dos años, en esta misma fecha, ya habremos elegido un nuevo presidente  o estaremos en plena campaña para la segunda vuelta electoral que debe concretarse, según nuestra Constitución, dentro de los 30 días de la primera elección. Entramos pues a la última etapa de las actuales autoridades a cargo del ejecutivo y por razón de su enfermedad, la señora presidente reasumirá el cargo en la próxima semana, remarcando la imagen de inicio de un período nuevo y breve, signado por tremendos desafíos.

La señora presidente y su Frente para la Victoria han conservado la mayoría en ambas Cámaras y lograron aprobar una Ley de Emergencia Económica por dos años, que les da total discrecionalidad para operar en materia económica sin interferencias. También han obtenido un fallo de constitucionalidad de la Ley de Medios, de parte de la Corte Suprema de Justicia, que les permitirá acentuar el control que ya ejercían sobre los medios de comunicación y que tuvo el efecto psicológico de mostrar que aún conservan una cuota sustancial de poder a pesar de la enorme pérdida de votos sufrida respecto de la elección del 2011.

Pero lo que no pueden evitar es el deterioro sistemático de las variables económicas y sociales que fueron las razones del castigo en las urnas y que le plantean ahora una opción de hierro. Si cambian, dejan de mentir en las estadísticas y toman las medidas necesarias para encauzar la economía y los desbordes de inseguridad y violencia, perderán su esencia y el absurdo de sus  proclamas revolucionarias quedará en evidencia, produciendo choques con sus seguidores más extremistas. Pero si no cambian y persisten en su insensatez, corren el riesgo de un colapso antes de las próximas elecciones  o, en el mejor de los casos,  de llegar a ellas con un nivel de deterioro  que los descarte para siempre como una opción de poder. Así están las cosas y así lo ratificaron los hechos de esta semana. 

El Presidente de la suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, reconoció haber mantenido extensos diálogos con el Secretario de  Legal y Técnica del gobierno, Carlos Zannini, antes de la emisión del crucial fallo acerca de la Ley de Medios. Ante el escándalo que levantó esta  confesión, Lorenzetti negó enfáticamente que en los diálogos mencionados se hubiera tratado el tema específico de dicha ley. Es decir que reconoció lo inocultable y desmintió lo incomprobable. De todos modos, la manifestación de que la Corte esperó al resultado de las elecciones para hacer conocer su fallo, basta para hacer evidente el peso  que tuvieron  los factores políticos en decisiones que tendrían que haber sido de naturaleza netamente jurídica.

El voto del Doctor  Lorenzetti fue definitorio en la votación dividida y su posición tuvo una influencia determinante. El peso que asigna a las cuestiones políticas se hizo visible, tiempo atrás,   cuando desestimó las múltiples observaciones jurídicas a la aplicación retroactiva de leyes y otras aberraciones consumadas para poder juzgar a los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aduciendo que se trataba de una política de Estado que contaba con consenso social. Tremenda afirmación en boca de un jurista. En el caso de la Ley de Medios se dejaron de lado los derechos adquiridos por el grupo Clarín en la concesión de licencias por aplicación de una ley posterior a dichas concesiones. Sin embargo, la irretroactividad de las leyes fue el argumento de los jueces de la Corte que continúan en sus funciones después de cumplir el límite de 75 años que señala la Constitución de 1994.  Esta aplicación selectiva de principios jurídicos según las circunstancias y los actores involucrados, genera una gran incertidumbre  y quitan a la Corte Suprema su carácter de columna jurídica del sistema para transformarla en un protagonista político más. Ahora sabemos que sus fallos tienden a   responder  a las necesidades y a los momentos políticos antes que a la aplicación pura del derecho y ese es un argumento más, para lo que da en llamarse la inseguridad jurídica imperante en la Argentina.

El grupo Clarín, rápido de reflejos, presentó un plan de adecuación a la Ley declarada constitucional, que divide su estructura en seis empresas menores. Este grupo cuenta con excelentes abogados y múltiples recursos para proteger sus intereses, pero la mayoría de los medios y otros sectores que fueron desprotegidos por quien debiera ser su última guarda, quedan  inermes ante las injusticias del poder. Y  parece que eso no tendrá  remedio en toda esta última y dura etapa.

La desprotección jurídica es un factor más en toda la larga lista de factores de inseguridad que enfrentan los ciudadanos en nuestro país. El día sábado se conoció un pronunciamiento de la Iglesia, a través de  la declaración de la Asamblea del Episcopado, en que se denuncia el avance del narcotráfico y se señala la complicidad de Estado, no solo por la falta de políticas públicas adecuadas sino también por la complicidad y corrupción de algunos dirigentes. Esta dura manifestación coincide plenamente con nuestra visión al respecto y agregamos el avance de la narco producción y el narco consumo, este último visto con benevolencia y tolerancia no exenta de una nefasta exaltación, formulada en medios de difusión pública y enunciada por figuras del espectáculo, formadores de opinión y políticos defensores de la despenalización que exaltan la libertad de auto destruirse. En el medio, queda el incremento del delito, los ingentes recursos necesarios para la recuperación de los adictos y los daños irreversibles en la salud de los consumidores.  Dos años de continuidad de esta nefasta inercia son insoportables y las acciones contra este flagelo deberían implementarse sin demoras, aunque algunos aliados del gobierno se resientan.

En la calle,  los crímenes por “entraderas”, “salideras”, “secuestros exprés” y toda la jerga  inventada para cubrir las inacabables formas del delito se suman semana a semana. Una muestra de la degradación del sistema de represión del delito la dan dos aspectos muy actuales. Uno es la cantidad de presos que escapan de las cárceles de las formas más insólitas y burdas  evidenciando la lenidad y la corrupción del sistema carcelario. La otra es la reiteración de delitos cometidos por  delincuentes en ejercicio de salidas transitorias que llevó al presidente del Tribunal de Casación bonaerense a manifestar que “hay una crisis total, no se hacen como corresponden las evaluaciones y controles”. Pareciera que los ex miembros de bandas terroristas que asolaron el país en la década de los setenta y que ahora han sido reivindicados y alcanzaron el poder, llegaron decididos a entronizar políticas de defensa de los delincuentes, de calificarlos como víctimas sociales y de olvidar la responsabilidad primaria del Estado en la defensa del ciudadano que cumple la ley y que confía en que su vida y sus derechos serán  protegidos. El mensaje de las urnas parece no haberles llegado con suficiente claridad y ese será uno más de los factores que llevará la “sensación de ciclo finalizado” a un triste final eleccionario.

Entretanto, en su acto de gobierno más significativo, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, incrementó el presupuesto por decreto de necesidad y urgencia (DNU), en más de 80.000 millones de pesos para financiar déficit y deuda. Para tener conciencia del impacto que este incremento representa es necesario saber que solo 10.000 millones son cubiertos con  recursos existentes y que el resto  serían cubiertos con emisión de  letras  o títulos que deberá tomar obligadamente algún ente estatal que cuente con recursos financieros. Con este aumento del gasto, el déficit fiscal acumulado hasta Octubre supera los 100.000 millones de pesos. Estos números contribuyen a explicar el desborde inflacionario y  la pérdida de confianza en el futuro económico.

Por otra parte, las divisas, han disminuido en más de 10.000 millones de dólares en lo que va del año y siguen mermando a través del pago de deuda externa y de la importación de energía. Para intranquilidad general, la producción de crudo y gas, a nivel nacional, continúa decreciendo en comparación con años anteriores  a pesar de la mejora que experimenta YPF, y el drenaje de divisas se incrementa.

Poco podemos esperar del elenco gobernante en términos de reacción a estos problemas crecientes cuando los principales voceros del gobierno continúan empeñándose en negar  los datos negativos.  En esta semana se conocieron declaraciones del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, afirmando que la inflación no existe porque la carne  y el pollo no han aumentado en los últimos tres años. Si el dato fuera cierto, sería  una simplificación grosera de la problemática inflacionaria, pero además es falso porque esos productos han incrementado sus precios  alrededor del 60 por ciento en el período citado. Este tipo de afirmaciones,  que son pueriles, imbéciles y falsas, implican un desprecio por la inteligencia y el sentido común de la ciudadanía que además de indignar, ofenden. Presagian que nada se hará para contener la inflación y que la última etapa de este gobierno mantendrá las mismas pautas negativas que las anteriores, basadas en postergar la solución de los problemas y dejar un legado perverso a sus sucesores.

No podemos dejar de mencionar el espíritu agresivo plagado de mensajes amenazadores y vengativos que se anotaron en diversos hechos vividos en la semana. Anotamos la presencia de la AFIP en la casa de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, denunciante de agravios al periodismo formulados ante la OEA, la decisión del Ministerio de Trabajo de  no convalidar el aumento del 30 por ciento acordado por el gremio de los peones rurales del opositor Gerónimo Venegas con los empresarios del sector y la denuncia de los intendentes que responden al Frente Renovador de que retiraron a los gendarmes de sus jurisdicciones. Dejamos entre paréntesis el violento robo a otro de los periodistas denunciantes ante la OEA, Alfredo Leuco, cometido en plena Avenida de Mayo, porque el auge del crimen es tal que puede hacerlo posible, aunque la sospecha  de que fuera un acto de amedrentamiento quedó instalada.

Ciertamente, la última etapa será dura y difícil. El regreso de la señora presidente a sus funciones debería ser el comienzo del período de reparación de daños pero no hay ninguna señal que nos permita esperar tal cosa. Seguiremos atentos y vigilantes en nuestros puestos de defensa de los valores nacionales y republicanos alentados porque el tiempo de  los que dañan a nuestra patria ya tiene fecha de finalización.

Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Nueva Unión Ciudadana