miércoles, 18 de diciembre de 2013

CÓDIGO PENAL: LA INSÓLITA REFORMA QUE IMPULSA EL GOBIERNO

Por: Marcelo Longobardi

Repasando la agenda del día destaco una iniciativa que va a venir a corto plazo y que con seguridad será tema de debate.

Empieza a transitar su camino la reforma no ya del Código Civil y Comercial sino del Penal.

Hace un tiempo ya que el Gobierno viene intentando reformar la estructura jurídica de la Argentina, hasta ahora con poco éxito. Intentó primero una reforma judicial global que terminó fracasando en la Corte. Luego avanzó con el Código Civil y Comercial que se frenó en Diputados.

Y ahora va con el Código Penal. No se puede predecir qué éxito tendrá este proyecto cuando el Gobierno lo mande, en febrero o marzo, al Congreso.

Este anteproyecto de reforma del Código Penal, escrito entre otros por el doctor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, establece que figuras como la de la reincidencia no se van a aplicar más en la Argentina. Que la idea de la peligrosidad de un delincuente no va a ser más un agravante. Reincidencia y peligrosidad dejan de aplicar como agravantes ante la instancia de un delito cometido por un individuo con antecedentes y prontuario.

El código va a establecer además una diferenciación no ya para el asaltante sino para el saltado. Si el asaltado es un apersona de altos recursos, eso podría ser considerado como un atenuante y la pena sería menor. No es lo mismo robarle 1000 pesos a un señor que tiene 2000 que a uno que tiene 100.000 pesos, por poner un caso.

Esto equivale casi a investigar al asaltado. ¿Cuánto tenía? ¿Qué porcentaje de sus activos y de su patrimonio fue robado por el asaltante en cuestión?

En el fondo, este anteproyecto marca con claridad cómo se relaciona el Gobierno con el tema de la inseguridad. Lo que revela el texto es cómo se vinculan el oficialismo y sus principales referentes con el problema cotidiano de la inseguridad.

La precepción del Gobierno se traduce en sus proyectos, y este proyecto establece entre otras cuestiones el hecho de que una persona asaltada tendrá que rendir cuentas al juez respecto de cuánto le afectó realmente le delito del cual ha sido víctima.

Extremando el absurdo, podríamos imaginar una franquicia: de 2000 pesos para abajo, el delito es irrelevante, no cuenta.

Personalmente, creo que este proyecto no pasará el Senado, pero su espíritu da cuenta del estado de pensamiento del Gobierno respecto a un tema que es clave para todos los argentinos.