miércoles, 11 de diciembre de 2013

ENTREVISTA A ALEJANDRO ORDÓÑEZ, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA... ¿UN EJEMPLO PARA ARGENTINA?


En Buenos Aires hoy, 11 de junio de 2013 a 18:00 horas, se inició una movilización en protesta frente a las oficinas de la   Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. Quién pidió la suspensión del fiscal José María Campagnoli que se animó a investigar a Lázaro Báez y provocó una reacción que apunta a evitar que la solicitud encuentre respaldo judicial.

En el sitio www.change.org ya hay más de medio millar de firmas que avala la carta dirigida a Gils Carbó, en la que se plantea: "Por una democratización de la Justicia decimos no al juicio político, remoción o suspensión del fiscal José María Campagnoli". Esta acción comenzó en internet y fue impulsada ayer por Jorge Lanata, quien a principios de 2013  puso en el centro de la escena a Lázaro Báez a través de resonantes informes en los que se denunció la existencia de una red de corrupción de dinero estatal.

En nuestro país el rol  que le corresponde a los fiscales que conforman el Ministerio Público Fiscal tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. ¿Por qué? En primer lugar, está determinado en nuestra Constitución, en el artículo 120. Pero además, porque al Estado y a la sociedad le interesa particularmente que se persigan todos los delitos. No puede la cabeza del Ministerio Público Federal, en este caso la Procuradora General Gils Carbó, destituir o suspender a un fiscal que hace bien su trabajo. Sobre todo en casos de una horrible corrupción que golpea e hiere a la sociedad toda. Sería muy bueno que esa señora comprenda que su cargo es una institución al servicio del verdadero soberano: el pueblo y no de quién se cree soberana.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


NOTA: Lamentablemente el fiscal José María Campagnoli el día 12 de diciembre de 2013, fue suspendido en sus funciones. La suspensión, según la ley, no es apelable. Es, además, un pésimo augurio para el fiscal porque el mismo tribunal que lo suspendió es el que deberá juzgarlo.



por Ricardo Angoso
Jurista de raíces conservadoras y cristianas y autor de varios ensayos referidos a la organización del Estado, Alejandro Ordóñez es el actual Procurador General de la República de Colombia. Hombre controvertido, locuaz y sincero, siempre dice lo que piensa, aunque sus opiniones no sean políticamente correctas, y actúa siguiendo sus convicciones morales.  Por dicho motivo, algunos le odian en su país, pero una buena parte de la sociedad colombiana le admira. En cualquier caso, sus opiniones siempre generan polémica y le sitúan, como reconoce Ordóñez, en el ojo del huracán.


Ricardo Angoso: ¿Qué puede decirnos del atentado que sufrió hace unos días, cuando le dispararon muy cerca de su oficina?

Alejandro Ordóñez: Fue una circunstancia que se enmarca dentro de escalada de violencia de la cual estamos siendo objeto todos los colombianos, entre ellos los funcionarios que tenemos alguna investidura. Pienso que este hecho podría considerarse como una amenaza, un afán de neutralizar el ejercicio transparente  e independiente de mi función. Desde luego, aquí hay autoridades que tienen la competencia para investigar estos hechos y dar razones, señalando la autoría de estos actos delictivos. Espero que las autoridades prontamente se pronuncien sobre el tema. Pero ya habido hechos similares, como cuando unos días antes de mi reelección un automóvil de mi caravana fue atacado por un disparo que no produjo víctimas. Pese a todos estos atentados, lejos de desanimarme en mi tarea me han servido de acicate para seguir trabajando en la dirección que creo que es la conveniente para el país y seguir defendiendo los valores por los que he luchado siempre. Los funcionarios debemos asumir estos riegos, y cuando yo asumí este cargo sabía lo que me podría ocurrir, tal como ha sido, y sé que me va en el cargo este tipo de eventualidades no deseadas, desde luego.

R.A.: Parece que hay indicios que apuntan a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) pensaban atentar con el ex presidente Alvaro Uribe y contra usted mismo, ¿se sabe algo de este asunto, tiene noticias?

A.O.: Esas informaciones las he tenido reiteradamente y las he puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes. Espero que sean investigadas, aclaradas, verificadas y desmentidas si hiciera falta, pero estoy en disposición de colaborar para que el asunto se aclare con los organismos de seguridad y de la justicia que son los encargados de tales funciones.

R.A.: ¿Tiene alguna información al respecto más concreta?

A.O.: Los hechos a los que se refiere han sido puestos en conocimiento de las autoridades a las que señalaba antes, pero usted comprenderá que yo debo respetar las misiones y competencias de dichas instancias a las que me refiero. Espero que lleguemos a buen puerto en esta cuestión y que se investigue a fondo, pero entenderá que tampoco puedo decirle mucho más.

R.A.: ¿Cómo ve el proceso de paz con las Farc, atentados incluidos durante el mismo, creo que dará los resultados esperados?


A.O.: Debemos poner en su contexto verdadero este tema. El Procurador en Colombia, como institución, representa a la sociedad y entre sus funciones está la de intervenir en la elaboración de las políticas públicas y defender los derechos de toda la sociedad. Aquí, en este proceso de paz, hay muchos escenarios que implican y que exigen el pronunciamiento de la Procuraduría General en nombre de las víctimas, pero también para que se cumplan todas las demandas jurídicas que el país tiene y que ha adquirido con la firma de algunos tratados internacionales.

He dicho reiteradamente a la sociedad, al presidente de la República, a los organismos judiciales, a la Corte Constitucional también, que todo el mundo acepta que para transitar de la guerra a la paz se requieren algunos instrumentos jurídicos que sean atractivos para los alzados en armas, que es lo que se llama justicia transicional y que no es un fenómeno nuevo en Colombia. Es algo conocido desde el año 1997, pero ello no conlleva la impunidad y aquí es donde estamos ante una exigencia de las Farc ante el Estado y la sociedad que no se puede aceptar.

¿Y cuáles son esas exigencias? Impunidad absoluta y total por los hechos criminales que se han perpetrado. Creo, sinceramente, que ha llegado el momento de decirle a estos señores que hay líneas rojas que no se pueden superar ni internamente ni internacionalmente. Hay también límites éticos y políticos que tampoco se deben transgredir, que no pueden ser superados, y el asunto de la impunidad es uno de ellos. El Estado colombiano no debe ni puede aceptar la impunidad de los crímenes perpetrados por las Farc. No puede haber impunidad, ni dejar que se ejecuten las condenas; las Farc y sus máximos dirigentes deben pagar las condenas que le corresponden y deben ir, desde luego, a la cárcel. Serán penas flexibilizadas y ajustadas al derecho, pero deben pagarlas.

Y el Gobierno debe ser claro con las Farc y decirles claramente que la sociedad no puede cumplir con lo que demandan en la mesa de negociaciones, pero nos encontramos con que los que negocian tienen miedo a señalar esas líneas rojas y me veo, como representante del Estado, en la obligación de señalarlas. Corremos grandes riesgos y no es aceptable ese juego, yo no me presto al mismo. Luego está la comunidad internacional, que creo debería persuadir a las Farc de que pretender esa impunidad a cambio de la paz no es posible. No se puede someter al Estado colombiano a esas demandas que yo, personalmente, considero inaceptables y absurdas.

Por ese motivo, y en defensa de las víctimas y del ordenamiento jurídico colombiano, estoy dando la batalla, ya que creo que no se puede pretender la paz a cambio de la impunidad.  Esta premisa, si se acepta, construirá escenarios de mayor violencia y serán insoportables en muy poco tiempo. Aquí vivimos esta situación. Cuando las víctimas ven a sus victimarios no condenados, sino premiados, existe el riesgo de que las víctimas tomen la justicia por sus propias manos. Si se acepta esa paz a cambio de impunidad, veremos una situación parecida a la de 1986, en que vivimos unos momentos bárbaros por no haber llegado a una paz con una verdadera justicia reparadora para las víctimas. Ese, desde luego, no es el camino. Y esa es la contribución de la Procuraduría a la paz: poner polo a tierra. Por otra parte, no debemos tener el temor de no estar en el coro del unanimismo, en la corriente general que impera. Es mejor discrepar, incluso estar solo en la sociedad defendiendo a las víctimas, que hacer un coro para avalar la impunidad, como pretenden algunos.

R.A.: ¿No tiene la impresión de que Colombia vive una situación anómala? ¿Cómo es posible que la única expresión de la oposición sea el ex presidente Alvaro Uribe y que los partidos casi no se manifiesten sobre los grandes temas?


A.O.: La situación es totalmente anómala. Estamos en un acelerado proceso de desinstitucionalización, de falta y debilidad de las instituciones públicas. Este hecho se puede corroborar muy fácilmente. Si ve las encuestas, más del 70% de las instituciones están muy mal valoradas e incluso diría que desacreditadas, excepto las fuerzas de seguridad y el ejército. Puede que algún individuo de las Fuerzas Armadas haya cometido excesos, se trata de casos particulares, pero en general la sociedad les reconoce su papel y las valora. Las demás instituciones casi no tienen credibilidad y ese hecho amenaza con desfondar el establecimiento. Así ocurre que los movimientos sociales acaban desbordando a las instituciones. Hay un creciente descontento de la sociedad con respecto a sus instituciones, así lo perciben las encuestas y también lo veo yo así.

R.A.: Usted se convirtió este año en protagonista público, no sé si deseado, por su oposición a los matrimonios gays, ¿se siente en el ojo del huracán en muchas ocasiones?

A.O.: Mas por las decisiones que ido tomando que por lo que es la institución en sí, que tiene un indudable carácter transversal. La Procuraduría está presente en muchos aspectos de la vida del país y tiene muchas funciones. Somos un agente que representa a la sociedad en todas partes. Actuó por exigencia de la institución, no por capricho mío, y trato de cumplir las competencias que me fueron asignadas. Estoy en el ojo del huracán porque trato de cumplir con los roles y funciones que me fueron asignadas por el cargo. La coherencia en el cumplimiento de mis obligaciones me ha hecho estar presente en numerosos actos y estar, como ha dicho antes, en el ojo del huracán.

R.A.: Hay un gran debate acerca de la despenalización de las drogas como forma para afrontar el problema, ¿usted qué piensa?

A.O.: Eso no es ninguna solución. Quienes defienden y promueven la despenalización, o incluso la regularización, como otros lo definen, desconocen varios aspectos. Lo primero que desconocen es que la despenalización, o la legalización, aumentaría el consumo de las drogas; hay una relación casual entre un tema y otro. Colombia, por ejemplo, ha pasado de ser un país productor a país consumidor como consecuencia de las decisiones de la Corte Constitucional que permitió y despenalizó el consumo de la droga. Se han generado unas consecuencias de carácter social que no son reconocidas por quienes promueven la despenalización de la droga. Los dramas sociales y familiares se potencian con esas erróneas decisiones a las que usted se refería.


Pero hay otro aspecto que se desconoce, como es el hecho de la relación entre el consumo y la violencia. Si usted despenaliza el consumo, la pregunta que yo hago siempre a quien está a favor de esas políticas es ¿a quién le va a comprar el Estado la droga para garantizar el consumo? No se puede pensar en legalizar el consumo sin legalizar la producción de drogas, eso está claro. Pero también se pretende legalizar el tráfico. Y en Colombia, por ejemplo, los mayores productores de drogas son las Farc, que es el principal cartel del país. No es ocasional que la propuesta del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el sentido de despenalizar las drogas, se haga en el inicio de las conversaciones con las Farc, precisamente porque los beneficiarios finales son los productores, es decir, los terroristas.  Ese es otro de los aspectos del proceso de paz que no ha sido analizado en profundidad y que la sociedad tendrá que conocer en su momento.

Luego se plantea la legalización de las drogas desde el siguiente planteamiento: que la adicción no se puede tratar como un tema criminal, sino de salud. Es cierto, pero eso no es nuevo, ya que fue tratado en Colombia en el pasado. Se nos dice que no se debe de tratar este asunto con políticas represivas, pero sigo diciendo que en Colombia desde el año 2009 este asunto fue abordado y las normas constitucionales señalan que la política antidroga debe tener un tratamiento penal y otro ingrediente de carácter preventivo, profiláctico y pedagógico. Nunca se abandonaron esos dos principios, tanto el criminal como el que atañe al individuo. Este narcotráfico que afecta a Colombia generó mucha violencia en el pasado y el origen de la misma está en la producción. Nos traen luego ejemplos de otros países, como Portugal, que es consumidor y no productor. No se pueden aplicar modelos tan distintos al caso colombiano, ya que tenemos nuestras propias características y problemas propios. Colombia no está en Europa, tenemos otra problemática bien distinta.


Aparte de todo estas explicaciones, hay un aspecto financiero, ya que el mercado de la droga mueve miles de millones de dólares al año y hay muchos intereses en juego detrás del narcotráfico. Hay empresas de todo tipo, incluso las farmacéuticas, que esperan ser las grandes beneficiarias de este mercado. Hasta intereses globales que ambientan la legalización de las drogas, pero prefiero no acusar a nadie ni señalar nombres. Lo que tengo claro es que hay una política global en favor de la despenalización de las drogas que tiene nombres y apellidos, ya que hay mucho dinero en este asunto e intereses muy poderosos.

R.A.: ¿Comparte el análisis que hace el ex presidente Uribe sobre el retroceso que ha habido en el país en estos años en materia de seguridad?


A.O.: Ha habido un incremento en los hechos de violencia, independientemente de lo que haya dicho el ex presidente Uribe, pero eso no es una percepción es un hecho objetivo y avalado por datos concretos. Ha habido un deterioro claro en la seguridad en los últimos años. Pero aparte de este retroceso, hay que añadir algo que me preocupa y es el hecho de la desmoralización de las fuerzas de seguridad y cuerpos militares, ya que se genera un efecto dominó en la sociedad colombiana. El Estado y la sociedad deben reconocer esta situación y afrontarla. Ha habido muchas decisiones judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad que han sido muy controvertidas y emitidas por jueces y fiscales que desconocen el modo de operar de estos agentes sancionados o procesados. Incluso algunas sentencias fueron con pruebas falsas y testigos muy discutibles. También se anuló el Fuero Militar, que fue un atentado contra la paz, un error en definitiva.

R.A.: ¿No cree que se asiste a una crisis moral en Colombia que tiene mucho que ver con una política sin ética ni principios?

A.O.: Claro que sí, por supuesto. La crisis colombiana es moral. De esa crisis moral se derivan todos los problemas políticos, sociales y económicos, pero el centro es esa moral herida. Hay una creciente pérdida de nuestra identidad cultural, de nuestras convicciones éticas y religiosas. El problema de las sociedades contemporáneas tiene un carácter moral, ético y religioso. Y esto hay que decirlo con toda tranquilidad y lo digo como padre de familia. Así lo percibo y lo veo en el día a día. Perdimos el hombre contemporáneo por razones culturales y, desgraciadamente, se perdió el miedo a Dios. Cuando se pierden los valores morales y religiosos, se pierde todo en una sociedad y se asiste a este fenómeno de erosión de la unidad familiar, que es en última instancia el lugar donde se transmiten los valores de todo orden. La formación debe darla la familia, pero se pretende que ahora sea el Estado y el mercado quienes otorguen esos valores. Creo que la verdadera gran reforma social que necesitamos es el regreso a la unidad familiar como verdadero soporte de los valores, principios y valores sobre los que debe asentarse de nuevo nuestra sociedad, pero claro defender eso hoy en Colombia es lo que me coloca, definitivamente, en el ojo del huracán.