miércoles, 18 de diciembre de 2013

LA CRISIS INTEGRAL

Queridos amigos:

El estudio de un tema social se puede encarar desde un punto de vista descriptivo, si nos limitamos a relatar el fenómeno, desde un punto de vista analítico si consideramos sus causas y consecuencias, y desde un punto de vista normativo si fijamos  un objetivo o modelo deseable y proponemos modos de acción para acceder  al mismo. En Argentina asistimos a una grave crisis integral que se evidencia en una rápida decadencia económica, un descalabro en el funcionamiento de las instituciones y, recientemente, una suerte de estado insurreccional en potencia que deviene en acto a través de estallidos de violencia, saqueos, robo y vandalismo  en cuanto encuentra una concentración humana o un relajamiento del aparato represivo, para manifestarse. Lo más grave del tema  es que el gobierno que ha generado estas situaciones, con su incompetencia y su ideología, al enfrentar las consecuencias de sus errores se limita a describir y buscar culpables, sin un  atisbo de responsabilidad ni una propuesta seria  de solución alguna. Esta actitud es una lápida para cualquier esperanza de cambio.


Sabido es que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas no están legalmente habilitadas para agremiarse. Sus problemas salariales y demás condiciones laborales llegan al poder político a través de sus superiores jerárquicos, pero estos, que son nombrados o despedidos sin necesidad de trámite o justificación, carecen de capacidad negociadora. Imaginen que en una paritaria la parte patronal pudiera echar al delegado gremial si no le gustan sus planteos y tendrán una idea de lo endeble de esta situación.

Esta cuestión puede solucionarse fácilmente “enganchando” a los servidores públicos uniformados con otro escalafón, de modo que sus incrementos salariales sean automáticos. También se pueden fijar las escalas salariales a partir de la equiparación de los jefes de las fuerzas con los funcionarios civiles. Como dato, les aporto que “El Orden de Precedencia Protocolar de la República Argentina” establecido por el Decreto 2072/93  y sus modificaciones, en su Artículo 2°, ubica al Jefe de Estado Mayor  Conjunto y a los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas inmediatamente por debajo de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional y encima de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia (excepto su presidente) y de los Secretarios de Estado (¿sorpresa?). Por su parte, el  Jefe de la Policía  Federal, el Director General de Gendarmería y el Prefecto Nacional Naval, están inmediatamente a continuación de los Subsecretarios de los Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. Esto brinda un parámetro de comparación inicial a partir del cual se podrían fijar las escalas salariales sin mayor conflicto.


Sin embargo, lo que hicieron las autoridades nacionales y los gobernadores a su nivel, fue  aprovechar la debilidad negociadora de los uniformados para fijar sueldos básicos que, según se hizo evidente, eran absolutamente inapropiados para la dureza y naturaleza de sus sacrificadas y riesgosas funciones. Por ello,  el reclamo que surgió en la policía de Córdoba tuvo su origen en la mezquindad de los gobernadores y la forma en que se manifestó fue propia de quienes no tenían alternativas dentro del sistema orgánico. La extensión posterior del problema debe atribuirse a la decisión inicial  del gobierno nacional de no enviar a la gendarmería para brindar alternativas de control, por razones políticas, obligando al Gobernador De la Sota a negociar desde una base de debilidad lo que no había querido tratar buenamente  y abriendo la posibilidad del reclamo a todas las policías provinciales  que estaban en similar situación que la cordobesa.


Dicho esto nos preguntamos, ¿debemos aceptar con naturalidad que el hecho de que las fuerzas policiales estuvieran coyunturalmente fuera de las calles justifique la ola de saqueos, violencia y devastación que se desató sobre la ciudadanía en cada provincia? Por cierto que no. Es previsible que si no está la policía en la calle los que viven del delito puedan operar con impunidad. Pero lo que vimos, no fue a pequeños grupos de delincuentes sino a  miles de vándalos lanzados contra los bienes de los ciudadanos sumando violentas agresiones, incendios y un nivel de crueldad que desbordaron toda previsión. En Tucumán, provincia en que se  llegó a los más altos niveles de desenfreno, se atacaron casas de particulares y los vecinos y comerciantes tuvieron que armarse y repeler  por sí mismos las agresiones, volviéndonos a un estado de salvajismo y primitivismo inconcebible para el desarrollo  de nuestra civilización.


Atribuir esto a los auto-acuartelamientos policiales es una burda excusa y un lamentable engaño. En la Ciudad de Buenos Aires, pese a la confluencia de policías de dos jurisdicciones, el festejo del día del “hincha del Club Boca Juniors” facilitó el marco de  concentración humana propicio para que los vándalos rompieran, rapiñaran  y devastaran el centro de la ciudad, demostrando que cualquier excusa es buena para que aflore la enfermedad social que afecta a una parte significativa de nuestra población, que fue incentivada durante años a salir a las calles con la garantía de impunidad que le otorgó un Estado permisivo y ausente a la hora de brindar seguridad.


Si es duro y doloroso reconocer estos síntomas en nuestra propia gente, en una parte de nuestros conciudadanos, en compatriotas y habitantes de un mismo suelo y una misma patria, lo que más nos perturba son ciertos signos de que este gobierno ha cerrado toda posibilidad de cambio mientras dure su imperio. Uno de estos signos, muy visibles, lo dio la señora presidente durante el Acto de celebración de los 30 años de democracia. Luego del ya clásico rosario de excusas en que se acusó a los policías de extorsionar a los gobernadores y debilitar a la democracia y de la aún más clásica retahíla de elogios a su propia gestión, Cristina Fernández se permitió tañer instrumentos de percusión y bailar, expresando una insólita alegría, cuando los muertos en los enfrentamientos ciudadanos ya sumaban más de diez y el vandalismo seguía sembrando la zozobra  en toda la Argentina. Fue como si luego de recitar su parte en la escena presidencial, diera suelta a su verdadera naturaleza,  irreflexiva y desconectada de la realidad nacional, rodeada de artistas que poco tenían que hacer en esa jornada que debió ser de compromiso y reflexión.


Si ese signo nos consternó, porque fue la evidencia de que  no podemos esperar del gobierno una digna asunción de sus responsabilidades, el gesto de la procuradora Alejandra Gils Carbó de apartar al fiscal José María Campagnoli de la investigación del caso del empresario Lázaro Baéz  y pedir  su suspensión y juicio, nos demostró  que ese mismo gobierno  no está dispuesto a permitir que la justicia lo investigue mientras tenga  poder para evitarlo. Con una mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores que  lo libra del riesgo de un juicio político, que en otras circunstancias sería ineludible, el Frente para la Victoria marcha impávido entre saqueos y denuncias de corrupción no investigadas hacia su destino final.


Ese destino, que tiene fecha de vencimiento en el 2015, deberá todavía enfrentar la dura prueba de la decadencia económica agravada ahora  por la puja salarial que los aumentos policiales han incentivado. También en el área económica las expectativas de una racionalidad, que el cambio de gabinete había alentado, se derrumbaron al observar que  el nuevo equipo económico insiste en ocultar los índices de inflación (2,4 por ciento de las consultoras privadas contra el 0,9 el INDEC en noviembre) al menos hasta que  el FMI  los obligue a asumir la realidad en marzo del 2014. Los cambios del Jefe de Gabinete, del Ministro  de Economía, del presidente del Banco Central, del odiado Secretario de Comercio, del irrelevante Ministro de Seguridad y el incomunicado Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,  diluyeron su efecto  en menos de un mes y de paso se llevaron  el prestigio del precandidato presidencial Jorge Capitanich. Pocos deben recordar el nombre de la ignota Ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, a pesar de haberse vivido una crisis propia de su área, y todavía faltan más de dos semanas para que comience el año 2014, posiblemente el más difícil en la historia del gobierno del matrimonio Kirchner.


El diagnóstico está  formulado. Estos funcionarios, con su mentalidad, su ideología, su obcecación y su obsecuencia, solo pueden aspirar  a administrar la decadencia hasta que lleguen las próximas elecciones generales y rogar para que los trastornos sociales no se los engullan antes. Quienes los sucedan, deberán asumir que además de encontrar un país en una crisis integral tendrán que encarar un profundo cambio de paradigmas para modificar la destructiva tendencia histórica a marchar hacia el abismo.

Por razones personales y familiares este será  mi último informe de este año. Como cabeza de un partido político no quiero despedirme  sin esbozar  al menos parte del proyecto por el que luchamos y seguiremos bregando para avanzar en el cambio que propugnamos.


La crisis social  comenzará a revertirse con un cambio en la formación de los jóvenes. La escuela debe prepararlos para vivir en un ambiente de normas y leyes, de premios y castigos otorgados según las conductas y el esfuerzo realizado. La inclusión no se alcanzará porque todo sea gratis y fácil sino porque a través del esfuerzo y el trabajo, cada uno pueda obtener aquello que sea capaz de conseguir en un ambiente de igualdad de oportunidades y de derechos asumidos con responsabilidad.


Tenemos que defender a la familia, reconocer el valor de la defensa de la vida desde la concepción y del matrimonio consumado entre un hombre  y una mujer. El Estado no debería arrogarse el derecho de educar inconsultamente según principios ajenos a los valores morales de las familias que envían a sus hijos a los colegios públicos o privados.


Debemos unirnos en la lucha contra la producción, el tráfico y el consumo de drogas y su prevención. No tenemos que bajar los brazos porque nos digan que es una batalla perdida. Recuerden que hace 30 años nos mostraban mapas teñidos de rojo y nos contaban que el triunfo final del comunismo  era ineludible y sin embargo  nuestra generación vio caer el muro de Berlín y colapsar a la Unión Soviética ante el peso de sus contradicciones.


Volvamos a permitir que los argentinos liberen el espíritu de empresa y produzcan con libertad en la industria y en el campo, haciendo que el Estado retorne a su función de árbitro, regulador y equilibrador de la economía. Nuestro país posee  un fuerte  y experimentado sector gremial capaz de defender con firmeza los derechos de los asalariados y ahora necesita reglas de juego claras para que las fuentes de trabajo no se extingan.

El líder que dejó un legado universal
Finalmente, pensamos en un proyecto que no es nacional y popular sino nacional integrador, que debe unir al país físicamente, económicamente y afectivamente terminando con las antinomias y los enfrentamientos impropios entre hombres y mujeres que persiguen un patriótico destino común. Entre esas antinomias proponemos terminar con los  juicios unilaterales que apuntan solo a los miembros de las fuerzas armadas que combatieron a las bandas terroristas que luchaban por el poder en los años setenta y cuyo miembros ahora gobiernan y legislan entre indemnizaciones y pensiones graciables. La prolongación de esta situación, en tiempos de mirar al futuro con esperanza, tiene cada vez más sabor a revancha y venganza que a verdadera justicia.

Como entiendo  que somos muchos los que soñamos con una Argentina como la que proponemos alcanzar tengo la esperanza de que, tarde o temprano, lograremos alcanzar nuestro hermoso sueño.
Me despido deseando tempranamente muy felices y cristianas fiestas a aquellos con los que no tenga más contacto hasta el próximo año.
Un abrazo para todos.

Juan Carlos Neves, Nueva Unión Ciudadana.
Twitter    @NevesJuanCarlos