lunes, 6 de enero de 2014

EL JUEZ BONADÍO Y EL GUERRILLERO QUE PASÓ DE TRAIDOR A VÍCTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO

Por: Ceferino Reato

En un sorpresivo allanamiento a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el juez federal Claudio Bonadío incautó una treintena de legajos, entre ellos el de Fernando Rubén Haymal, un montonero cordobés de 26 años fusilado en 1975 por el grupo guerrillero al que pertenecía, acusado de traición y delación.

Así fue explicado en su edición de octubre de aquel año por Evita Montonera, la revista mensual que funcionaba como el órgano oficial de la guerrilla peronista. Lo que Bonadío quiere saber es cómo fue que Haymal fue convertido luego en una víctima del terrorismo de Estado, por lo cual sus familiares cobraron la indemnización dispuesta por ley en los años noventa.

Es una de las irregularidades en los pagos a supuestas víctimas de la dictadura o de grupos paraestatales. En total, Bonadío ordenó el viernes pasado que se incautara una treintena de legajos de guerrilleros muertos en ataques a cuarteles y comisarías.

Voceros de la Secretaría indicaron que Bonadío pudo llevarse parte del material que buscaba y que ellos le enviarían el resto de la información en los días sucesivos.

El allanamiento fue originado por una denuncia penal presentada por Julio César Aráoz, ex secretario de Energía y ex ministro de Desarrollo Social, entre otros cargos, contra el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

Durante más de dos años, Aráoz reclamó el pago de la indemnización prevista para los ex “presos políticos” ya que entre 1970 y 1973 estuvo detenido por su militancia en la Juventud Peronista.

Aráoz sostiene que no le pagan “al no ser adherente al actual gobierno y especialmente al grupo denominado La Cámpora, que maneja dicha secretaría”.

Al principio, esta reparación económica beneficiaba solo a los presos durante la última dictadura, pero luego leyes sucesivas, apoyadas por la oposición, fueron ampliando la indemnización hasta alcanzar ahora a todos los detenidos por razones políticas, gremiales o estudiantiles desde el 16 de junio de 1955.

Bonadío también incautó el legajo de Aráoz.

Fresneda, abogado, es hijo de desaparecidos y llegó a la Secretaría de Derechos Humanos con el auspicio del también cordobés Carlos Zannini, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia.

El Caso Haymal es uno de los más oscuros de la trayectoria de Montoneros. Fue “ajusticiado” porque entregó a la policía (bajo torturas, según sus parientes) la dirección de una casa de Montoneros en la cual fueron apresados varios jefes guerrilleros.

Luego de esa redada, Haymal fue liberado por la policía; Montoneros formó un “tribunal revolucionario”, que decidió su ejecución. Así se hizo: el martes 2 de septiembre de 1975, cuando la presidenta era Isabel Perón, es decir, antes del golpe de Estado, Haymal fue muerto y su cuerpo arrastrado varias cuadras desde un automóvil hasta que fue abandonado, cerca de la cancha del club Instituto.

Con el tiempo, Haymal pasó de traidor y delator en víctima del Terrorismo de Estado, como figura en los anexos del Nunca más, que fue “actualizado” en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Su hijo menor, Marcos Haymal, creyó la versión oficial e incluso militó en HIJOS, en Córdoba, junto a Fresneda, hasta que supo la verdad, de boca de un ex compañero de militancia de su padre.


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