martes, 13 de mayo de 2014

DE LA JUSTICIA Y LA VENGANZA

OTRAS VOCES

08/05/2014 00:22 Por Daniel Zolezzi

El Poder Judicial no está actuando con ecuanimidad en el juzgamiento de los hechos violentos de los años setenta. No se mide con la misma vara a los guerrilleros que a militares y policías. Hay más de mil presos de este último lado y ninguno del otro. Antes de que les llegue cualquier sentencia judicial, pesa sobre los uniformados una condena a priori, de tipo “histórico”, que reitera permanentemente el “relato” del poder político.

Por eso, nos parece de interés recordar dos casos emblemáticos del pasado, en los que hubo jueces e intelectuales que supieron preservar a la Justicia del caldeado ambiente del momento. Uno tuvo lugar en nuestro país, poco después de la caída de Rosas. El otro, en la Francia de la última posguerra. Veamos.

 
Teniente Coronel Antonino Reyes 
El nuestro fue el caso de Antonino Reyes, jefe del campamento militar de Santos Lugares en época de Rosas. Dada la amnistía dictada por Urquiza, no se lo persiguió después de Caseros. Más aún, ascendió a teniente coronel. Sin embargo, alejado ya Urquiza, Reyes fue procesado. La orden de juzgarlo, curiosamente, emanó del entonces Ministro de Gobierno, Lorenzo Torres, de pasado bien rosista.
 
Lorenzo Torres
La nota de Torres al juez penal pone en evidencia el interés del poder político: “El gobierno ordena a V.S. se esmere en desplegar toda la actividad y energía que la vindicta pública y esta sociedad reclaman para formar y esclarecer la causa…”. Pues bien, el juez se hizo eco del reclamo. Pese a la pobreza de las pruebas reunidas, Reyes fue condenado a muerte. Entre otras cosas, se lo culpaba por la ejecución de Camila O´Gorman y del cura Gutiérrez, con quien ella se fugara. No se consideró atenuante el hecho de que Reyes –quien no creía que pudiera fusilarse a Camila hallándose embarazada- se hiciera repetir la orden por Rosas (¿en esos días, cuántos se animaban a pedirle al Restaurador que les repitiera una orden?).
 
Camila O´Gorman
Recurrida la sentencia, la causa pasó a la Cámara de Apelaciones, en la cual el panorama para el acusado no era el mejor. Tanto el fiscal, Miguel Valencia, como algunos de sus jueces –Valentín Alsina, Alejo Villegas– habían emigrado durante el gobierno de Rosas. Además, otro juez, Cernadas, había cesanteado por éste en 1835.

No obstante, todos actuaron con total independencia de criterio. El fiscal señaló la “ligereza e impremeditación en la formación de esta causa y en la condenación del acusado”. Y agregó: “Amnistiados los servidores de la dictadura por el general libertador, no debió volverse sobre lo pasado.” Además: “Reyes no era autoridad independiente, ni juez o magistrado encargado de juzgar a esta mujer. No era más que el órgano del dictador para las ejecuciones y, en tal caso, no es aplicable la ley citada sino al mandante que es reo de estos homicidios como que fueron perpetrados de su orden”.
 
Juan Manuel de Rosas
En el mismo orden de ideas, la Cámara sostuvo que las funciones de Reyes “se reducían a recibir órdenes de aquél (Rosas), transmitirlas a las autoridades subalternas y servir de intermediario para su ejecución y cumplimiento”. Asimismo, que las ejecuciones “se hacían todas por expresas órdenes de Rosas”, razón por la cual “no se le puede imputar delito, porque la comisión de éste siempre supone dolo y no puede haberlo en dar cumplimiento a órdenes de una autoridad públicamente reconocida por todos y a la que obedeció en calidad de empleado público de ella”.

Consecuentemente –y con ejemplar imparcialidad– absolvió al acusado.

Cambiemos de tiempo y lugar, que el tema sigue siendo el mismo. En la Francia de posguerra, ciertos juicios a “colaboracionistas” tuvieron más de revancha que de justicia. Por supuesto que, como siempre, no todos los revanchistas tenían un pasado irreprochable. En cambio, François Mauriac, quien sí lo lucía, enfrentó esa desviación de la Justicia (Mauriac, miembro de la Academia Francesa, perteneció durante la ocupación al clandestino Comité Nacional de Escritores).
François Mauriac

Condenó que en esos procesos todo fuera “azar y arbitrariedad”. Se topó entonces con la réplica de Albert Camus, quien sostuvo que –pese a los defectos de tales juicios- el castigo era necesario. Sin embargo, al poco tiempo, el noble e independiente Camus se rectificó, diciendo que se había guiado por “la fiebre de esos años” y por “el difícil recuerdo de dos o tres amigos asesinados. “Llegué a reconocer dentro de mí mismo –dijo - y aquí lo hago públicamente, que, en el fondo, y precisamente sobre el punto preciso de nuestra controversia, François Mauriac tenía razón” (Moral y política, Ed. Losada, 1978).

Albert Camus

Valgan los ejemplos que traemos a colación, porque hoy y aquí se está juzgando muy parcialmente un pasado que parecía, hasta no hace mucho, superado. Para dejarlo atrás, en época de Alfonsín se dictaron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Luego Menem –quien había estado preso durante el gobierno militar- dictó los indultos, dando vuelta la página.
 
Néstor y de Cristina Kirchner
Fueron las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner las que desenterraron la historia para reescribirla tendenciosamente. Tejieron una versión “oficial” que puso, de un lado, solo dictaduras y, del otro, a combatientes “idealistas”. No se recuerda que, durante la presidencia de Perón, tales “idealistas” atacaron cuarteles asesinando soldados a mansalva, ni su aleve crimen de Rucci, gremialista honrado que –a diferencia de los que hoy aceptan el “relato”- siempre vivió modestamente.

Conclusión: en este país hubo juristas que volvieron del exilio sin revancha en sus alforjas. En Francia, dos premios Nobel se negaron a vivir de “exresistentes”, cuando hubieran podido hacerlo con sobrados pergaminos. Hoy, entre nosotros, las heridas del pasado no van a cerrar hasta que se haga justicia. Y hay que cerrarlas, porque el presente tiene problemas demasiado graves que atender.

Daniel Zolezzi
Abogado


NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.