viernes, 16 de mayo de 2014

ENFERMA DE VIOLENCIA, DE CORRUPCIÓN Y DE MENTIRAS

En el año 1969 visitamos con la Fragata Libertad el puerto de Freetown en la capital de Sierra Leona. Debido a la violencia que imperaba en el país tuvimos que zarpar anticipadamente ya que las calles eran muy peligrosas  y la presencia y la acción policial muy poco significativas. La justificación para esa situación  era que Sierra Leona había alcanzado su independencia recién en 1961 y sus instituciones  y organizaciones  carecían  de madurez y estabilidad. Para nosotros, jóvenes cadetes argentinos, la situación vivida  contribuyó a nuestro conocimiento del mundo real, en el cual muchos países recién constituidos  comenzaban a vivir los traumas de discordia y violencia que habíamos estudiado como parte de la historia del nacimiento de la Argentina independiente.

Centro de Freetown, capital de Sierra Leona

Sorprendentemente, habiendo transcurrido más de 200 años desde los albores revolucionarios de mayo, los obispos argentinos nos dicen que la Argentina está enferma de violencia y  nos detallan los múltiples indicios de esa enfermedad. No existen excusas ni atenuantes para esa disfuncionalidad orgánica de nuestra sociedad. No es una sociedad ni tan nueva, ni tan pobre, ni tan injusta. No estamos bloqueados por flotas extranjeras ni consumidos por la hambruna  o la peste. Se trata simplemente de las consecuencias de la  incompetencia absoluta de un gobierno que durante más de 10 años ha operado desde el poder para potenciar los conflictos internos, otorgar impunidad a la delincuencia  y abrir las puertas al narcotráfico y el crimen internacional, bajo el influjo de confusas consignas revolucionarias, tan falsas como las proclamas de éxito y progreso que solo existen en el  delirio de su imaginación.


La respuesta del gobierno al documento del episcopado fue absolutamente previsible. La señora presidente respondió a las observaciones con argumentos carentes de fundamento, pretendió marcar una diferencia entre la posición de los obispos y la del Papa, distrajo con  la mención de  otros períodos violentos de la historia argentina seleccionados según su ideología y terminó culpando de todo a los titulares de los pocos medios que aún no ha podido comprar ni someter. Es decir que trató de confundir, dividir y atacar, según su conocido estilo,  pero sin dar respuesta al hecho central de la violencia que lastima y enferma a nuestra golpeada sociedad.


Mientras la presidente provoca irritación su Jefe de Gabinete llama a la risa y la burla. Frente a los señores senadores mencionó decenas de miles de crímenes y delitos variados que habrían sido comentados por  los canales de televisión, a cuya mención atribuyó la sensación de inseguridad reinante. Si realmente hizo perder tiempo  a un equipo de funcionarios pagados con los impuestos ciudadanos, observando miles de horas de noticieros para poder tener un argumento que explique el inexplicable crecimiento del delito debería ser imputado por malversación de fondos públicos. Pero lo más grave es que no lo horrorizó la cantidad de delitos que se cometen, ni negó su existencia ya que  no desmintió caso alguno, sino que  se limitó a criticar que los medios los reflejen. Simplemente lamentable.


El documento episcopal también habló de la corrupción calificándola de  “cáncer social”, alertó una vez más acerca del auge del narcotráfico y la trata de personas y formuló críticas acerca del funcionamiento de la justicia.  Nada que  no hayamos mencionado reiteradamente en nuestro  carácter de partido de oposición pero son temas que toman mayor peso al ser puestos en negro sobre blanco por un sector independiente y apolítico, como es un cuerpo de autoridades religiosas, muy bien informado sobre la realidad de nuestro país  y que mantiene buena relación institucional con el gobierno.


Ante la evidencia de los trastornos sociales, al igual que frente al fracaso de la economía,  el gobierno recurre a la última herramienta a su alcance que maneja con eficacia. La mentira.

Sostenida por los medios afines que amplifican y por los numerosos voceros que multiplican los mensajes cargados de falsedades y agravios, la mentira y sus sucedáneos de ocultación y deformación de datos se hacen más frecuentes a medida que el fracaso de las políticas oficiales se hace reiterado y evidente.

Contrariando su prédica el gobierno ya devaluó, puso límites al crecimiento de los salarios, aumentó las tasas,  reconoció parte de la inflación, aceptó pagar las acciones confiscadas a REPSOL  y anunció la rebaja de subsidios y la reanudación de las relaciones con las organizaciones económicas internacionales que manejan la llave  de los créditos, entre otras retractaciones. Salvó con ello a la economía del colapso inmediato pero desencadenó una formidable recesión cuyos efectos comienzan a manifestarse en forma de disminución de producción, ventas y créditos y aumento de despidos y suspensiones. 


La respuesta ante estos fracasos es aumentar el nivel y la frecuencia de las mentiras y ocultamiento de datos. El más resonante es la negativa a declarar el porcentaje de pobres e  indigentes que surgen de los nuevos índices de inflación reconocidos por  el mismo gobierno a través del INDEC. La puerilidad de negarse con banales excusas a presentar esos datos refleja una vez más la lógica enfermiza del oficialismo. Si se niegan los datos de pobreza suponen que evitarán  que se hable de la misma y que, en consecuencia, la pobreza no será un problema porque no estará en la agenda mediática. El hecho de que pobres e indigentes pueblen la geografía urbana  y rural es indiferente para estos singulares dirigentes, en tanto no sean noticia.


¿Qué factor  común tienen el crimen callejero, la corrupción cancerígena y la mentira desembozada?  La respuesta es: la impunidad. Los delincuentes saben que los riegos de su accionar son escasos y que las teorías progresistas impulsadas por el gobierno y los sectores de centroizquierda pretenden el  extremo de que sus actos ya no sean siquiera socialmente rechazados por considerarlos “víctimas del sistema”. Los corruptos no tienen más que leer las estadísticas de delitos que llegan a condena para tranquilizar su espíritu ante la certeza de que no tendrán castigo y de que podrán disfrutar de los bienes mal habidos por varias generaciones. Los mentirosos no enfrentan el riesgo de la condena moral ni material y solo nos queda esperar para castigarlos en las urnas, con el voto ciudadano, si es que  no vuelven a engañarnos antes.


Para que recobremos la esperanza de recuperar la república, en el verdadero sentido de la palabra, es imprescindible romper el círculo de la impunidad. En las elecciones del 2013 proclamamos la necesidad de que  un futuro gobierno juzgara los delitos de corrupción ya que el gobierno actual bloqueaba todo intento de hacer justicia, anulando la acción de los mecanismos de control y ejerciendo una fuerte influencia sobre jueces y fiscales. Desde entonces, la suspensión del fiscal Campagnoli y las moras judiciales ante las nuevas evidencias surgidas contra el vicepresidente Amado Boudou, los empresarios protegidos por el gobierno y los funcionarios que llegaron a detener allanamientos a financieras con reconocidos llamados a los jueces influenciables,   nos ponen ante la certeza  de que sin una mancomunada y prioritaria acción contra la impunidad ningún futuro gobierno podrá recuperar la credibilidad perdida. No solo debemos llevar a los corruptos a la cárcel sino decomisarles los bienes mal habidos para que vuelvan al servicio  ciudadano en obras  y bienes. Si así no lo hiciéramos  será difícil evitar un nuevo fracaso.

Así como en materia económica el gobierno apenas aspira a durar hasta el fin de su mandato sin que se produzca  un colapso (con resultado incierto)  en materia política todo su esfuerzo está dirigido a  lograr un blindaje ante los previsibles embates judiciales. Ya no quedan logros económicos o legados sociales y revolucionarios que mantener, ahora solo se trata de asegurar la impunidad ante los señalamientos personales que se avecinan. Destaca en este sentido la designación de cientos de jueces subrogantes afines, elegidos sin los debidos recaudos, que actuarán en lugar de los jueces titulares a quienes el gobierno omite designar a través de los mecanismos constitucionales.


En materia política el gobierno ha puesto el esfuerzo en recuperar ante la justicia electoral las estructuras del partido justicialista que estaba prácticamente caduco. De este modo, pretende conducir el proceso de selección de candidatos oficialistas, evitando la dispersión y el fraccionamiento y buscando mantener una masa crítica de legisladores capaces de frenar los posibles pedidos de desafuero y de condicionar al futuro gobierno. El ariete de este intento será presumiblemente el gobernador Daniel Scioli, el oficialista mejor posicionado en las encuestas, que no promete continuidad en las políticas gubernamentales  (carece de espíritu suicida) pero que garantizaría tranquilidad  en el ámbito judicial.


El radicalismo, auto enrolado en la “social democracia”, se ha unido al socialismo y a varios partidos menores de izquierda y centroizquierda en un conglomerado político denominado UNEN. Este sector promete posiciones firmes en lo que respecta a perseguir la corrupción (al menos la pasada) pero ofrece pocas esperanzas de cambio en materia económica  y menos aún en lo que respecta a posiciones definidas en materia de eficacia ante el delito, pues comparte los ideales mal llamados “progresistas”. Sin embargo, su composición es muy variada  y su futuro depende de la consistencia de la alianza después de que alguno de sus disímiles candidatos se imponga en  las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).


Finalmente tanto el PRO  de Mauricio Macri  como el Frente Renovador de Sergio Massa mantienen por ahora su individualidad. Ambos espacios políticos dependen esencialmente de sus figuras líderes  y luchan por alcanzar una dimensión nacional, corriendo contra el tiempo y las dificultades propias de fuerzas que aún no se han consolidado más allá de ciertos distritos específicos. Sus posiciones frente a la corrupción no son explícitas. Massa evita definiciones  y Macri muestra inesperados signos de convivencia con el oficialismo que ponen a la ciudadanía  independiente en situación de evaluación y expectativa.


Por nuestra parte, en Nueva Unión Ciudadana tenemos una posición muy clara respecto de la imprescindible necesidad de acabar con la impunidad, tanto en materia de inseguridad como la que ampara a la corrupción y permite la mentira. Proclamamos la necesidad de avanzar en el futuro con consensos,  armonía y justicia, terminando con las persecuciones de los hechos acaecidos 30 años atrás, más ligados hoy a la venganza que a la justicia, para poner el empeño en juzgar a los corruptos actuales, privarlos de los bienes mal habidos y recuperar la credibilidad que una generación de pseudo revolucionarios incompetentes  y corruptos le ha quitado a la república, ante los ojos externos e internos y, sobre todo, ante su propia conciencia moral.


Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Twitter @NevesJuanCarlos

NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.