lunes, 5 de mayo de 2014

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS MILITARES EN LATINOAMÉRICA?

En Argentina hay detenidos más de un millar de miembros de las Fuerzas Armadas de las tres armas, de las de Seguridad, de las Policiales y de las Penitenciarias, junto a un centenar de civiles, por estar supuestamente implicados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983). La misma situación se vive en Chile, donde hay más de setenta detenidos, y en Uruguay, con un colectivo de treinta y cinco militares presos.

Teniente General Jorge Rafael Videla

Por RICARDO ANGOSO

Pero esta situación entre los militares no solo se da en países que vivieron durante algún tiempo bajo gobiernos militares, sino que también hay militares procesados en Colombia –más de 15.000– y varios miles condenados. Venezuela, debido a otros motivos, también tiene algunos militares presos y el caso del policía Iván Simonovis, en prisión desde hace una decena de años, es el más conocido.

Procesos a militares argentinos

Los procesos contra los militares argentinos comenzaron con toda su intensidad tras la llegada de Néstor Kirchner al poder, allá por el año 2003, quien anuló las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dejó sin validez la amnistía aprobada en los años ochenta. Nombró nuevos magistrados en la Corte Suprema, el máximo tribunal argentino, y aceleró el ritmo de los procesos y juicios a los militares. Un total de 1.017 militares, agentes y policías de todos los cuerpos ya citados están procesados, de los cuales 521 están detenidos en penales o sufren arresto domiciliario, y 512 ya han sido condenados en firme. Los procesos aún continúan y es más que previsible que esta lista vaya en aumento. Doscientos treinta y cinco (235) de estos condenados argentinos han muerto en prisión desde que comenzaran los juicios y, dada su edad, es más que seguro que mueran muchos más entre rejas.

Cruces frente al Ministerio de Defensa, en reclamo por los
Presos Políticos muertos en prisión

Alrededor de la mitad de los jueces que participan en estos procesos han sido nombrados por los Kirchner y algunas organizaciones, como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y la de militares Unión de Promociones, sostienen que los procesos pueden durar años, que no se respeta el debido proceso y que se mantiene a los detenidos durante años cumpliendo prisiones preventivas que contravienen las normas internacionales que señalan los años que el Estado puede mantener a reos que van a ser juzgados.

Ancianos Soldados Jorge Rafael Videla y Benito Bignone

Tres de los casos más paradigmáticos de estos juicios fueron los de los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Reynaldo Benito Bignone. El general Videla fue el primer presidente bajo el gobierno militar y fue juzgado en varios procesos tras ser suprimidas las leyes que le exculparon inicialmente. Murió en prisión, en extrañas circunstancias y sin que se conocieran los resultados de la autopsia, y su familia se las vio y deseó para encontrar un lugar donde enterrarlo en medio del repudio de la sociedad argentina y el desprecio del ejecutivo peronista.

El almirante Massera, que había sido jefe de la Armada argentina durante cinco años y que fue uno de los protagonistas del golpe de Estado de marzo de 1976, murió en el olvido en el Hospital Naval de Buenos Aires y su alegato en el juicio de 1985 a las juntas militares se hizo famoso entonces.

Almirante Eduardo Emilio Massera, juicio a las Juntas Militares en 1985

Allí, ante los jueces y las cámaras, aseguró en su alocución final que no había venido a defenderse y argumentó la legitimidad de sus acciones y actos durante el periodo militar como parte de una “guerra justa” que la Argentina había ganado frente a la subversión.

Reynaldo Benito Bignone, último de los presidente del periodo militar y de quien se dice que dio la orden de quemar la documentación relativa a la dictadura, también está bajo arresto domiciliario y cumple una larga sentencia por delitos considerados de lesa humanidad. Es uno de los pocos protagonistas de ese periodo que todavía vive. Como el resto de los militares, fue privado de sus derechos, de su pensión presidencial –que había cobrado durante una veintena de años– y se le prohibió hacer declaraciones públicas.
Cumple varias condenas, entre ellas una perpetuidad.

Chile, más de mil causas abiertas sobre derechos humanos

En Chile, cuando han pasado más de 40 años desde el golpe de Estado de 1973, hay detenidos alrededor de 70 militares y hay abiertas unas mil causas relativas a los derechos humanos, lo que hace suponer que en el futuro puede aumentar el número de militares y policías procesados y condenados. También hay más de 550 policías y militares que conservan su libertad, mientras se resuelven sus respectivos procesos y que podrían quedar presos en un futuro.

General Augusto Pinochet y Presidente Salvador Allende

Tanto el anterior presidente de Chile, Sebastián Piñera, como la actual recién posesionada, Michelle Bachelet, se han negado a la posibilidad de otorgar un indulto a los militares presos, sobre todo debido a la presión de las organizaciones de derechos humanos y a los grupos de izquierda, que han hecho del asunto de la “memoria” histórica una de sus principales banderas en sus luchas en el continente.

El preso militar chileno más conocido es Manuel Contreras, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y pieza fundamental en la relación entre el régimen militar de Augusto Pinochet y la CIA. Acusado de numerosos delitos y convertido en una suerte de chivo expiatorio de la dictadura, Contreras llegó a acusar al dictador Pinochet de haber estado vinculado al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, algo que el difunto militar negó y que tampoco se pudo comprobar fehacientemente.

Coronel Manuel Contreras

Contreras está acusado de haber sido el inductor y organizador del atentado que costó la vida al ex ministro de Defensa de Allende, Orlando Letelier, en Washington, allá por el año 1976, en una acción que enrareció las relaciones entre los Estados Unidos y el régimen de Pinochet.

Situación de los militares y civiles presos en Uruguay

En Uruguay hay casi cuatro decenas detenidos desde el año 2006, y la situación es parecida a la de Argentina. En este país sudamericano fue ignorada y en cierta medida anulada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que operaba como una amnistía para militares y policías. Esta importante ley fue aprobada por el Parlamento democrático en 1986 y confirmada por referéndum en 1989. En 2009, fue nuevamente plebiscitada y la ciudadanía volvió a confirmar su vigencia. En el año 2011, el Frente Amplio pretendió anularla por una ley que, posteriormente, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Presidente Juan María Bordaberry

El primer juzgado en este país fue un civil: el canciller en tiempos de Juan María Bordaberry (1972-1976), Juan Carlos Blanco, quien tiene 79 años y se encuentra con graves problemas de salud. Fue condenado por la desaparición de una detenida que intentó refugiarse en la Embajada de Venezuela, y por el asesinato de cuatro uruguayos en Buenos Aires, presuntos delitos sobre los que dice que no tuvo responsabilidad y por los que se le aplicaron condenas de 20 y 30 años, respectivamente.

 ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco

Blanco argumenta que nunca conoció esos hechos y que incluso uno de los cuatro fallecidos en Argentina era amigo suyo: el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. No se le amparó en la Ley de Caducidad porque esta sólo operaba para militares y policías, y su caso se convirtió, por tanto, en una situación de desamparo que el interesado denunció en su momento. En prisión domiciliaria falleció el expresidente Bordaberry, en el 2011, y tras la apertura de estos dos casos de civiles comenzaron otros procesos a militares.

Dos de los casos más paradigmáticos son los del general Miguel Dalmao y el coronel José Chialanza, acusados del “homicidio” de la comunista Nibia Sa balsagaray, en junio de 1974, en pleno conflicto interno uruguayo y luego del golpe de Estado el 27 de junio de 1973, con el expresidente Bordaberry encabezando el denominado Proceso Cívico-Militar.

Los acusados aseguran que fue un suicidio, tal como dio a entender la autopsia en su momento y las investigaciones de la Justicia Militar. Nada ha demostrado lo contrario en este juicio, según dicen los acusados, y no hay testimonios valederos que den carácter probatorio a las acusaciones contra ambos. Están en la cárcel, pese a que el presidente de la República cuando se inició el proceso, Tabaré Vázquez, señaló que la Ley de Caducidad les protegía. En el 2012, Dalmao y Chialanza fueron condenados a 28 años de prisión, en calidad de autor y coautor, respectivamente, de un delito de homicidio político especialmente agravado, lo que fue apelado aunque sin muchas esperanzas.

General Miguel Dalmao

El caso del general Dalmao es considerado “emblemático” por el Frente Amplio, partido gobernante de la izquierda uruguaya, por ser el primer y único militar en actividad que fue procesado por causas de derechos humanos y porque en este caso fueron declarados inconstitucionales –por primera vez– tres artículos de la Ley de Caducidad.

La inocencia del general Dalmao ha sido sostenida, paradójicamente y públicamente hasta por el actual ministro de Defensa, el exlíder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. También el presidente José Mujica visitó al general cuando estaba ya detenido en el Hospital Militar, en marzo de 2011, mostrado su consideración por la inocencia de Dalmao, quien, sin embargo y pese a todo, sigue preso y con pocas esperanzas de ser liberado o que se le otorgue, al menos, prisión domiciliaria.

Dalmao se encuentra en delicado estado de salud, estando detenido en el Hospital Militar de Montevideo desde el 2011, y ha presentado todos los recursos posibles, habiendo quedado a la espera del fallo del Tribunal de Apelaciones. Le queda después la apelación ante la Suprema Corte de Justicia, si fuera necesaria, y las instancias internacionales. Por último, conviene recordar que Uruguay ha sido el único país de la región que ha extraditado a cuatro de sus militares solicitados por la Justicia de Argentina (1) y Chile (3).

Miles de militares procesados  en Colombia

Según fuentes de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), en Colombia hay en la actualidad 15.000 procesos abiertos a militares y casi 3.000 militares bajo arresto y detenidos.

Muchos de estos procesados y condenados tienen que ver con el conflicto militar que azota a Colombia desde hace cincuenta años y por haber sido juzgados por la justicia ordinaria.

Presidente Juan Manuel Santos

Precisamente los altos mandos colombianos siempre han exigido que los militares fueran juzgados por un Fuero Militar y no por jueces ordinarios, una demanda que han reclamado a las instituciones políticas y al presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Los casos más emblemáticos de militares procesados son los generales Jesus Arias Cabrales y Jaime Uscátegui y el coronel Alfonso Plazas.

Coronel Alfonso Plazas

Plazas siempre ha argumentado que es inocente y ha hecho de su causa, ahora apoyada por su esposa, la senadora Thania Vega, el emblema de la lucha de los militares colombianos por preservar su honor en el combate contra el terrorismo en los años de plomo.

NOTA: La mayoría de las imágenes no corresponden a la nota original, han sido descargadas de Internet.