lunes, 30 de junio de 2014

ARGENTINA, Y SU POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS QUE ES "MODELO EN EL MUNDO"

Domingo, 29 de junio de 2014



Diez años más tarde de aquél ingreso triunfal a un país devastado, el gobierno kirchnerista, nacido de las entrañas mismas del monstruo de la devastación, ya no puede ocultar ciertas facetas de sus modos, esos modos que nos avergüenzan como argentinos.


El pasado 20 de junio, aniversario del fallecimiento del General, Doctor y billete Manuel Belgrano, la presidenta Cristina Fernández viuda de Néstor, que era Kirchner, tomó el micrófono y habló de espaldas al Río Paraná, en la ciudad de Rosario y dijo: “…Porque creemos en los derechos humanos, pero los derechos humanos en serio, de todos los países y de todos los pueblos. Por eso también, en materia de respeto a los derechos humanos somos un ejemplo en el mundo…”

Una cohorte de aduladores crédulos, aplaudían bajo las faldas de sus mentiras. Belgrano lloraba desde su tumba, una tumba que a diferencia de otras, es toda dignidad.

Días antes… el 5 de junio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia argentina, Dr. Ricardo Lorenzetti declaró lo que repite una y otra vez desde hace años: “Los juicios contra los represores son una política de estado”.


Lo afirmó al inaugurar el “Salón de los Derechos Humanos”, en la sala del famoso Juicio a las Juntas Militares, un juicio que se realizó en el año1985.

Y para que no queden dudas de que el Ejecutivo y el Judicial son poderes que en Argentina actúan de común acuerdo en los juicios contra todos aquellos que en Argentina combatieron al terrorismo en los años 70, antes de retirarse, el doctor Lorenzetti dijo lo siguiente: “los juicios de lesa humanidad no son una moda, no cambian con los gobiernos ni con los tiempos".

Por lo tanto, los poderes del Estado argentino son responsables de todo lo que ocurre en los juicios proclamados de “lesa humanidad” y son responsables también del estado de abandono al que se los somete.

Pocos saben que el Estado argentino ha ideado un plan perfecto de persecución y extermino hacia civiles, militares, y miembros de las fuerzas de seguridad que supuestamente participaron en la lucha contra el terrorismo internacional en Argentina.

Pocos conocen la realidad de éstos juicios. Menos aún son los que saben de las condiciones infrahumanas en que el Estado Nacional mantiene a los presos políticos de Argentina

En la megacausa de Salta, el fiscal Ricardo Toranzos, al demostrarse el falso testimonio de la señora Cristina Cobos, en su alegato sostuvo “que lo de Cobos fue una pequeña mentira”; sin embargo, esa “pequeña mentira” se usó para condenar a los acusados.

En el Caso Apagón de Ledesma, el abogado querellante Pablo Pelazzo pasó a desempeñarse como fiscal dentro de la misma causa. Tal cosa está estrictamente prohibida por el Código Procesal Penal de la Nación.

Lo mismo ocurrió en Santiago del Estero con el Dr. Gustavo Gimena, que fue fiscal de cámara, Fiscal de juicio, Fiscal de 1era. instancia. (ver foto)


Y lo mismo pasó en Tucumán con la Dra. María Alicia Nolli. (ver video)


En el juicio de Tucumán, resultan imperdibles los testimonios del testigo Santos Juárez, y del funcionario del gobierno nacional Alfredo Forti, quien antes de retirarse como testigo, amenazó a los acusados y a sus familiares y los amigos de los familiares. (ver video)


La Doctora Mirna Goransky era la fiscal designada para la Megacausa Esma, el último de los varios juicios sobre la Escuela de Mecánica de la Armada. La doctora Goranky protestó en una audiencia preliminar por las formas que el tribunal proponía para el juicio. Goransky dijo que “en éstas condiciones, el juicio nacería nulo….” (ver video)



Mirna Goranky finalmente fue apartada como fiscal, y el juicio Esma comenzó nulo, y nulo terminará.

El Capitán Báez, miembro de la Promoción 103 del Ejército Argentino, está detenido por una causa de lesa humanidad de la provincia de Mendoza. Allí fue internado en terapia intensiva en el Hospital Central de Mendoza, donde se lo mantuvo encadenado a su cama. Depende del juzgado federal de San Rafael, Mendoza, a cargo del juez subrogante (ver foto)


En Mendoza, “la política de derechos humanos kirchnerista que es modelo en el mundo”, también ha conseguido que “piquín Fernández”, un policía retirado, haya tenido que estar en su celda con una sonda a cuestas, y que el Teniente Coronel Stulderger haya tenido que soportar sin la debida atención médica, los dolores de sus miembros ulcerados (ver fotos).




El mismo plan se cumple a la perfección en todo el país con calcadas situaciones, como la de Ocha, un oficial del Ejército Argentino detenido en Mendoza, quien con doble by pass y un ACV le niegan sistemáticamente la prisión domiciliaria.

Pero Mendoza no es la excepción, sino que es una muestra cabal de lo que sucede en todo el país. Un perfecto y macabro plan de persecución y exterminio de presos políticos ancianos se lleva a cabo ante el silencio cómplice de casi todos.

En San Luis, el Comisario Luis Becerra fue obligado a presenciar la audiencia de juicio, estando con una enfermedad terminal y sin conciencia. (ver foto)


Un grupo de viejos Oficiales superiores de la Armada Argentina fueron llevados a declarar en un juicio, a pesar de que una junta de peritos emitiera un informe contundente y unánime que los oficiales no tenían capacidad para comprender. (ver video)


El ex Comisario Luis Patti, como tantos otros, fue obligado a presencia el juicio en una camilla donde se reponía de un ACV y una operación de columna. (ver foto)


El Teniente Coronel Luis Corres tuvo que soportar una delegación del tribunal de Bahía Blanca que pretendía realizar una video conferencia con el tribunal, minutos antes que Corres muriera de un cáncer terminal. En su funeral, funcionarios del cementerio de La Chacarita demoraron varias horas la entrega del cuerpo a sus familiares y amigos que esperaban para el entierro.

El caso de Luis Patti llegó a la ONU. Fue analizado por el Comité de personas con discapacidad. La resolución de la ONU que obliga al Estado argentino a que permitan el traslado del ex Comisario a un centro de rehabilitación, afirma en uno de sus párrafos:

“El Comité toma nota de las alegaciones del autor de que su habitación-celda en el CPF de Ezeiza es inadecuada para una persona con discapacidad. Los ajustes realizados por las autoridades penitenciarias no resultan suficientes, toda vez que las dimensiones del baño no están adaptadas al uso de una silla de ruedas; la silla de plástico semi-adaptada en el baño no guarda las medidas de seguridad indispensables; y no puede desplazarse por sus propios medios para acceder al sanitario y a la ducha, dependiendo de la asistencia del enfermero u otra persona. Si bien es cierto se instaló un timbre de llamado, en la práctica muchas veces la respuesta no es oportuna. Su piel se ha escarado en reiteradas ocasiones por no contar con un colchón anti-escara y sus movimientos se encuentran sumamente limitados. En la práctica sólo puede realizar sus necesidades básicas mediante el uso de instrumentos que le colocan en su cama y la falta de asistencia de terceras personas no le permite realizar un cuidado cotidiano de su higiene. La falta de infraestructura adecuada para personas con su discapacidad, y las precarias condiciones de detención constituyen un atropello a su dignidad y un trato inhumano.”

Así lo dice para el caso Luis Patti la resolución de la ONU.

Casi 250 presos políticos de Argentina han muerto en prisión. El caso de abandono de persona más resonante fue el del ex Presidente de facto, Teniente General Jorge Rafael Videla, a quien se lo obligó a un traslado tortuoso en un vehículo del Servicio Penitenciario para asistir a declarar con una quebradura en la cadera nunca atendida por profesionales de medicina.

En el video que sigue, al General se lo ve perdido, y con mucha dificultad para caminar.
Pocos días después moría de una hemorragia interna en el baño de su celda.


Cada vez más a menudo, familiares de presos políticos de Argentina publican cartas desgarradoras en los pocos medios que se animan a tocar el tema.

El gobierno y el poder judicial son cómplices de esta violación sistemática de los derechos humanos en la República Argentina. Los medios nacionales también, por callar los horrores.

Días atrás, la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica emitió un comunicado contundente. Reproduzco un párrafo: “Ante la difusión de imágenes de requisas vejatorias y maltratos a internos en el Centro Penitenciario de San Luis, la Pastoral Carcelaria Argentina denunció “abusos de autoridad y flagrantes violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las personas” en las cárceles argentinas, reclamó al Servicio Penitenciario “dar los pasos adecuados, para que el personal sea formado, capacitado y evaluado, sabiendo que debe respetar la dignidad del hermano preso” y pidió al Estado, a los gobernantes y a la ciudadanía pensar “en otras formas de relaciones humanas posibles. No es la represión, el descarte, el aislamiento lo que nos hará mejores personas, será evitar todo lo que nos lleva a situaciones límites, para no ser cómplice de actitudes que nos degradan y destruyen”


Llama la atención que la misma Pastoral guarde silencio por los cientos de ancianos presos políticos que sufren peores vejaciones en las Cárceles Federales.

¿Esta es la política de estado de Argentina en derechos humanos ejemplar para el mundo?, ¿de éste modelo de derechos humanos se enorgullece la presidenta Cristina Fernández y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Diez años más tarde de aquél ingreso triunfal a un país devastado, el gobierno kirchnerista, nacido de las entrañas mismas del monstruo de la devastación, ya no puede ocultar ciertas facetas de sus modos, esos modos que nos avergüenzan como argentinos.

Horacio R. Palma