sábado, 21 de junio de 2014

CAMPAGNOLI FRENTE AL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO

Por Jorge Lanata.

Ninguna descripción fue mejor que la de Nicolás Wiñazki: Campagnoli parece el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, dijo.


Y exactamente eso parecía Campagnoli esta semana, frente al Jury diseñado por la procuradora Gils Carbó. El martes 17 declaré como testigo en esa causa, y entendí, al trasponer la puerta, la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de cámaras y grabadoras y, aún más, de sustanciar el juicio durante el Mundial: todo el proceso es una trampa.

fiscal Adolfo Villate

Declaré más de una hora frente a los siete jueces y dos fiscales: sólo me preguntaron por Campagnoli durante los primeros diez minutos; el resto del tiempo sus preocupaciones estuvieron centradas en otro lado: demostrar que la investigación sobre Lázaro Báez difundida en Periodismo para Todos no tenía ninguna sustancia. Por eso estallé cuando el fiscal Adolfo Villate me preguntó, con sorna: “¿Usted chequeó y recontrachequeó esto?”. Se refería a una denuncia por extorsión hecha por Federico Elaskar, la misma que Campagnoli rescató del olvido de su archivo para comenzar la instrucción de la causa que le permitió, en veinte días, descubrir gran parte de la ruta del dinero K.

“Chequeo y recontrachequeo” es una marca registrada: son las palabras que usaron los “Cyber K” mil veces para desacreditarme. Me llamó la atención que Villate fuera tan obvio pero, a la vez, me enojó. Por eso hice un silencio y le dije, mirándolo a los ojos: –¿Qué se siente trabajar para Lázaro Báez?


Villate me interrumpió y le volví a preguntar: –¿Lázaro paga bien?

Esa misma tarde, en mi escritorio, entendería varias cosas con sólo revisar los antecedentes de los jueces y los fiscales. Pero, a los 53 años, había cometido un error de principiante: no haberlos conocido antes de ir a la audiencia. ¿Ingenuidad o falta de tiempo? No tiene sentido responder: las excusas no se televisan. Como siempre, la realidad superaba cualquier especulación: aunque suponía que todo aquello estaba armado para condenar a Campagnoli, nunca hubiera sospechado que algunos de los jueces fueran, en verdad, quienes deberían ir presos.

fiscal Daniel Adler

¿Quiénes dirán, en nombre del Estado, que Campagnoli es culpable? Lo que sigue está chequeado (y recontrachequeado): Daniel Adler es el representante de Gils Carbó, presidente del tribunal y miembro de Justicia Legítima. Fue denunciado por integrar una asociación ilícita formada por miembros de la Justicia Federal, del ministerio público fiscal, y por un abogado, todos reunidos para armar una causa penal por delitos de lesa humanidad contra Federico Hooft, juez federal de Mar del Plata. Hooft fue absuelto el 28 de abril pasado luego de un jury de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por ocho votos contra dos; los hechos fueron los mismos que conforman la causa penal federal: no haber investigado las desapariciones de abogados marplatenses en la denominada “Noche de las corbatas”, en julio de 1977. Declarada la inocencia de Hooft, éste pidió que se investiguen los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato en los que habrían participado los fiscales de Mar del Plata Daniel Adler, Pablo Larriera y Claudio Kishimoto; los fiscales de la Procuración General de la Nación Jorge Aguat, Pablo Parenti y Eugenia Montero; el juez federal Martín Bava y el abogado César Silvo. La denuncia estuvo acompañada por la grabación de una extensa conversación mantenida por uno de los hijos de Hooft con el fiscal Kishimoto, en la que el funcionario reconoce que la causa “es un gran verso”, y recuerda que, en una entrevista con el fiscal Aguat en la que Kishimoto se quejaba de las cosas que Adler le obligaba a hacer en el expediente, Aguat le dijo: “Mire, Adler nos es funcional y nos sirve”.


Ernesto Kreplak es el representante del Ejecutivo en el tribunal. La testigo Silvia Martínez, ex funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo denunció como responsable de ordenar a Norberto Berner, ex titular de la IGJ, no entregar documentación de Ciccone a la oposición y a los medios.

Kreplak es un militante de La Cámpora que controla desde 2012 la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, donde aterrizó de la mano del secretario de Justicia Julián Alvarez.

Como buen camporista, ahorra en dólares, desoyendo los pedidos de la Presidenta: a fines de 2012 declaró 51.304 dólares en una cuenta y 24 mil en efectivo, con lo que su patrimonio aumentó un 50% en un año. Está inscripto en un concurso para ser fiscal federal, por lo que los defensores de Campagnoli pidieron que no fuera miembro del tribunal, pero no se hizo lugar a la medida.

Rodolfo María Ojea Quintana 

Rodolfo María Ojea Quintana es el representante del Senado en el tribunal.

No tiene una gran práctica en manejo de explosivos: el 25 de septiembre de 1972 estalló su domicilio en Vicente López como consecuencia de la manipulación de una bomba en la cocina de la casa. Falleció Alicia Camps, mientras que Graciela Imaz, mujer de Ojea, y sus hijos Tomas y Celina, fueron heridos por la onda expansiva.


Marcelo García Berro, ex fiscal del Tribunal Oral Federal, hijo de un miembro de la Cámara del Crimen durante la dictadura de Videla, fue denunciado por Horacio Verbitsky en “Hacer la Corte” por facilitar la morgue judicial al Ejército para realizar autopsias de personas asesinadas en falsos enfrentamientos durante la dictadura. La denuncia fue ratificada por el CELS. El ahora fiscal que participa del jury a Campagnoli fue procesado por el juez Hooft junto a diez policías y cuatro civiles acusados de participar en una amplia red de prostitución, encubrimiento y falso testimonio, en el marco de los asesinatos que la prensa local llamó “El caso del loco de la ruta”, donde más de veinte prostitutas aparecieron muertas en Mar del Plata. Pedro Hooft inició la investigación de tres casos. El procurador General de la Corte Suprema bonaerense, Matías de la Cruz, afirmó: “el fiscal García Berro tenía una vinculación casi pública con una de las desaparecidas, Verónica Chávez, y más tarde se comprobó que en su declaración judicial no había dicho toda la verdad.

Se constató también que había omitido detalles, según pudo comprobarse de entrecruzamientos telefónicos durante esos años con la gente a la que se pidió la detención”. García Berro adjudicó la acusación a su rol como fiscal en el Juicio por la Verdad, aunque su nombre aparece en el expediente desde el comienzo de la investigación, como “Marcelo”, Chevrolet Corsa 5187 Poder Judicial, y se comprobó por sistema Excalibur que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia.

Alejandra Isabel (se reserva el apellido) testigo de la causa, declaró que salió con García Berro por ser fiscal, y que en esas salidas ponía música hitlerista en el auto, le hablaba de droga, y en una oportunidad la amenazó con que le pasaría algo a sus hijos si no accedía a sus requerimientos.

Otra declaración, la de Claudia María M., del 29 de octubre de 1997, señala a García Berro como quien le pide para una fiesta dos prostitutas y dos travestis.

“Concretado el requerimiento, a los pocos minutos escucha gritos de una de las prostitutas, y cuando entra al cuarto donde se desarrollaba la fiesta ve a García Berro sangrando del pene, y exigiéndoles a las prostitutas y a los travestis que siguieran con sus trabajos”. En la historia clínica 15845 del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, Marcelo García Berro presentó en fecha coincidente un diagnóstico por una enfermedad contagiosa y venérea llamada Histopapiloma Virus, y agrega que había abandonado el tratamiento por propia voluntad y sin curarse.

María Cristina Martínez Córdoba es la representante de la Defensoría General de la Nación.

Tiene escasos antecedentes en materia de derechos del menor y la familia, y su mayor actividad académica se desarrolló como profesora de lengua, pero quiso la magia judicial que ascendiera en el orden de un concurso para ser defensora de menores luego de haber quedado en cuarto lugar.


Como se ve, el grupo de tareas de Gils Carbó parece estar más cerca de ser condenado que de ser jueces. Algo lógico en un país donde el vicepresidente, esta semana, fue citado en indagatoria a declarar por tener un auto importado con papeles truchos.

Investigación: JL/María Eugenia Duffard/ Amelia Cole


NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.