miércoles, 6 de agosto de 2014

SOMETER A LA JUSTICIA

Lunes 04 de agosto de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Con el retaceo de información sobre fallos y los manejos para intentar copar los tribunales, el Gobierno sigue buscando impunidad para la retirada


Algunos integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal cercanos al Gobierno lanzaron una fuerte embestida para retacear la difusión de los fallos. Pero, más grave aún, es que el intento no sólo apunta a censurar a la prensa e impedir que la ciudadanía se informe sobre causas de muchísima trascendencia, sino principalmente a poder controlar, durante este último año y medio de gestión kirchnerista y muy especialmente después, todos los resortes del tribunal que deberá juzgar los más importantes casos de corrupción.

El detonante de esta insólita situación fue una información publicada hace dos meses en el portal de noticias Infobae. Allí se difundieron datos tomados de un documento oficial que había enviado la propia Cámara de Casación al Gobierno, que afirmaba que, durante el corriente año, la Sala II de ese tribunal había anulado más de cuarenta condenas e investigaciones por narcotráfico.

Concretamente, Infobae publicó que "de 2012 a la fecha, el 95 por ciento de las causas por narcotráfico, con condenas de entre 3 y 13 años, dictadas por Tribunales Orales en lo Criminal Federal fueron anuladas cuando llegaron a la Sala II de Casación", integrada por Alejandro Slokar y Ángela Ledesma.

Alejandro Slokar

A partir de esa nota periodística, el camarista Slokar, miembro de la agrupación oficialista Justicia Legítima y uno de los más fieles discípulos del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, pidió a sus colegas de la Cámara Nacional de Casación Penal que no se difundieran noticias de ese tribunal. La pretensión de Slokar, apoyada por algunos otros magistrados, quedó plasmada por escrito en el acta de un acuerdo de superintendencia del 10 de junio pasado, a la que tuvo acceso La Nación.

Fuentes que estuvieron presentes en esa reunión afirmaron que Slokar acusó directamente al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky, por la difusión de aquella información -que era correcta y cuya exactitud nadie cuestionaba-, a lo que Borinsky respondió que él no la había facilitado a los medios de prensa.

Mariano Borinsky

Más allá de que la información publicada por Infobae y que tanto irritó a los jueces involucrados no fue desmentida y de que, además, se refiere a un tema tan sensible como el narcotráfico, cabe llamar la atención en que la Cámara de Casación parece tener la intención de desconocer la política de transparencia que impulsa la Corte, desde la cúspide del Poder Judicial, que viene pregonando como una obligación de todos los tribunales del país.

Desde que el doctor Ricardo Lorenzetti asumió la titularidad de la Corte se tomaron varias medidas a favor de permitir el más amplio acceso del público a las decisiones judiciales. En efecto, creó el Centro de Información Judicial (CIJ), agencia de noticias de ese poder; permitió la designación de voceros de cámaras federales en distintas provincias; instó a los jueces a conversar con el periodismo, para hacer función docente, y dictó una acordada que permite a los periodistas acceder a las causas archivadas.

Por otra parte, fue el propio kirchnerismo, al que este grupo de magistrados adscribe, el principal impulsor de la ley 26.856 de publicidad de los actos del Poder Judicial. Recordemos que esta norma nació al calor de una serie de fallos adversos a las aspiraciones del Gobierno en el contexto de la ley de medios. Ahora, es ese mismo sector el que no quiere la publicación de los fallos, lo que evidencia lo frágil de los argumentos que, en ese entonces, esgrimió el oficialismo cuando pretendía defender la transparencia judicial.

Por eso, a simple vista, podría llamar poderosamente la atención que Slokar y otros jueces cercanos a Justicia Legítima se muestren más preocupados por restringir la difusión de sus fallos que por mejorar la transparencia y la calidad de las investigaciones penales, que mucho dejan que desear a la luz de las escasas condenas que se registran por temas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, por citar sólo algunos graves delitos federales.


Sin embargo, esa cerrazón informativa parece tener una explicación más delicada aún: sería parte de una estrategia mucho mayor, en la que Slokar y otros magistrados cercanos al kirchnerismo buscan someter a todos los resortes de la Cámara de Casación Penal, especialmente cuando el Gobierno se acerca al final de su mandato.

Por caso, en la misma acta del 10 de junio ya citada, los jueces oficialistas también modificaron la integración temporaria (subrogancias) de la Sala IV de Casación, que deberá juzgar el caso Ciccone; removieron a Borinsky y nombraron a otro juez subrogante; lanzaron una fuerte pelea para que Slokar u otro representante de su sector presidiera la Casación en 2015, y, en forma simultánea, el Gobierno llamó con urgencia a un concurso para cubrir las cuatro vacantes del tribunal penal, preferentemente con magistrados afines al oficialismo.

Julio Virgolini

A tal punto parece dispuesto el Gobierno a asegurarse el resultado de ese concurso -que lleva el número 281- que, cuando semanas atrás se sortearon los jurados que tomarán y corregirán esa evaluación, salieron llamativamente favorecidos el propio Slokar; Julio Virgolini, reconocido abogado que es defensor de Julio De Vido, y, como suplente, la colega de Slokar en la controvertida Sala II, la camarista Ledesma. Así, el oficialismo se garantizó, cuando menos, la mitad del jurado evaluador, lo que alimenta las suspicacias sobre la falta de transparencia de los resultados que de él surjan.

Ángela Ledesma

La situación de Slokar como jurado representa, además, otra irregularidad, por cuanto deberá juzgar a sus propios pares.

Por citar otros ejemplos polémicos, baste mencionar que, días atrás, Slokar y Ledesma firmaron un fallo por el que confirmaron la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el delito de encubrimiento y destrucción de pruebas, pero ordenaron dictarle una pena menor. Además, en los próximos meses, la Casación deberá intervenir en los casos que se siguen contra Amado Boudou (Ciccone), contra Julio De Vido y contra Ricardo Jaime, por presunto enriquecimiento ilícito, y contra José Pedraza, por la muerte de Mariano Ferreyra y por el pago de sobornos a un juez.

Pero no sólo en Casación se urden este tipo de manejos. En los últimos días trascendió que La Cámpora analiza un desembarco en la Cámara Nacional Electoral por la vía del desplazamiento de su presidente, Rodolfo Munné, a quien reemplazaría un integrante de la agrupación que comanda Máximo Kirchner.

En suma, una vez más, el kirchnerismo parece empeñado en controlar a la Justicia. En el caso de la Cámara de Casación, muestra un especial interés en manejarla, pues se trata del tribunal penal que, en los próximos meses, deberá intervenir en los casos de corrupción más resonantes y que tiene como protagonistas a varios funcionarios de los últimos once años de la gestión nacional del matrimonio Kirchner.

Si el Gobierno finalmente logra avanzar en su propósito de digitar la composición de la Cámara de Casación, nos encontraremos ante otro escándalo de proporciones, que se suma al intento -por el momento fracasado- de alejar definitivamente de su cargo al fiscal José María Campagnoli por haber investigado al empresario kirchnerista Lázaro Báez y al hermano de la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez.

En su desesperada carrera en pos de impunidad, el Gobierno no duda en sacrificar la independencia judicial y en comprometer la calidad de la administración de justicia para las próximas décadas.



NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.