martes, 23 de septiembre de 2014

EL CONTROL DE LA JUSTICIA, LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS

Miércoles 10 de septiembre de 2014 | Publicado en edición impresa

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
  
El gobierno de Cristina Kirchner se ha resignado a muchas cosas, menos al control de la Justicia. Tal vez porque presiente que el futuro encontrará al kirchnerismo más cerca de los tribunales que de la política. O quizá porque aspira a una revancha después de la derrota política que significó su frustrada reforma judicial.

Sea por lo que sea, la administración cristinista sigue exhibiendo una notable habilidad política para avanzar en el control de instituciones cruciales. Ahora, por ejemplo, está a sólo un voto de lograr la mayoría de los dos tercios en el Consejo de la Magistratura, aun después del esperado triunfo opositor de ayer en las elecciones de los abogados porteños.

Esa mayoría especial, los dos tercios, le permitiría al Gobierno, por fin, disciplinar a los jueces. Con esos votos a favor podría proteger definitivamente a los jueces amigos y destituir en trámites rápidos a los magistrados que intenten investigar al poder.

Uno de los aspectos clave de los últimos progresos de causas que indagan en presuntos hechos de corrupción de funcionarios ha sido la certeza de los jueces de que el oficialismo no tiene la mayoría necesaria para echarlos de sus cargos. Esa certeza comenzó a debilitarse en las últimas semanas. El Gobierno cuenta con ocho de los nueve votos necesarios para llegar a los dos tercios.

En la elección de ayer entre los abogados de la Capital, las dos principales candidatas, Adriana Donato y Alejandra García, expresaban distintas corrientes opositoras al kirchnerismo. Ganó Donato, cuya candidatura contó con el apoyo de Pro; del Colegio Público de Abogados; de su ex presidente, el influyente Jorge Rizzo, y hasta de Sergio Massa, ya en la fase final del proceso electoral. No obstante, García, que fue respaldada fundamentalmente por el radicalismo, salió segunda, a sólo cinco puntos de Donato.

Sin embargo, el voto número nueve para el oficialismo podría venir de la próxima elección, el 26 de septiembre, que seleccionará al representante de los abogados del interior. Ni en la Capital ni en el interior la oposición pudo alcanzar un acuerdo que unificara sus candidaturas. Incluso, hubo por este tema una reunión entre el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, y el líder de Pro, Mauricio Macri, las dos fuerzas con mayor representación entre los abogados. Ambos hablaron de un acuerdo amplio, que incluyera la Capital y el interior, pero los intentos fracasaron cuando los detalles se trataron en la segunda línea de dirigentes de ambos partidos. En la Capital, el radicalismo y Pro fueron divididos. Pasará lo mismo en el interior.

Gran parte de la oposición ha cerrado filas para la elección del próximo 26 detrás de la candidatura de Miguel Piedecasas, oriundo de la provincia de Buenos Aires y radicado en Santa Fe. Ejerce la profesión en las dos provincias y su discurso es muy crítico sobre la manipulación de la Justicia por parte del Gobierno. A Piedecasas lo apoyan importantes abogados vinculados al radicalismo, otros partidos de UNEN, el massismo, sectores judiciales cercanos al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y una parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

VERSIONES

No obstante, el principal contrincante de Piedecasas es Carlos Andreucci, presidente de FACA. Piedecasas teme que Andreucci haga uso de esa entidad para lograr el cargo en el Consejo de la Magistratura. Andreucci es un viejo amigo del ministro de Justicia, Julio Alak. El viceministro de Justicia, Julián Álvarez, se mostró sonriente a su lado en Posadas, hace pocos días. La virtual adhesión de Álvarez a la candidatura de Andreucci significa también un aval de La Cámpora, donde milita el viceministro. Es habitual escuchar en el Consejo de la Magistratura las versiones que vinculan la candidatura de Andreucci con La Cámpora.

A pesar de todo, La Cámpora tendrá un auténtico representante en las elecciones de los abogados del interior, César Grau. "Entre Andreucci y Grau se dirime una interna dentro del oficialismo", dijeron representantes de Piedecasas. Éstos no descartan que Grau termine bajando su candidatura para fortalecer la de Andreucci.

El cuarto candidato es Adolfo Alvarado Velloso, que cuenta con la adhesión del macrista Miguel del Sel. No se sabe aún si Alvarado Velloso tendrá el apoyo explícito de Pro. De cualquier forma, los abogados pronostican que los candidatos con más posibilidades son Piedecasas y Andreucci. Entre esos dos nombres podría oscilar la posibilidad de que el Gobierno cuente -o no- durante el próximo año con los dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura.

El papel institucional y político decisivo del Consejo quedó al descubierto en estos días, tras la muerte del juez federal de La Plata Manuel Blanco, con competencia electoral. Se trata del juzgado electoral más importante del país, después del de María Servini de Cubría, que tiene competencia nacional. "El juzgado electoral de La Plata puede definir una elección", dijeron importantes fuentes judiciales. Aunque enfermo de cáncer desde hacía una década, la muerte de Blanco fue sorpresiva y sumió en una profunda preocupación a casi todos los dirigentes opositores. Blanco llevaba casi treinta años en el manejo de las cuestiones electorales de la provincia de Buenos Aires.

El juzgado electoral de La Plata debe decidir sobre casi la mitad del electorado argentino, más de nueve millones de argentinos empadronados. La designación de un juez titular en La Plata necesitará de concursos y de los dos tercios del Consejo de la Magistratura. Lo designará el próximo presidente, aunque el trámite podría abreviarse si el kirchnerismo lograra la mayoría especial en el Consejo.

Pero la designación de un juez interino es otra cosa. Una mayoría simple del Consejo, con la que ya cuenta el kirchnerismo, está en condiciones de designar a un juez subrogante o trasladar a La Plata a otro juez federal con funciones en la provincia de Buenos Aires. Se menciona para un eventual traslado al crucial juzgado de La Plata al actual juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, un kirchnerista que adhiere a Justicia Legítima, y a Alberto Santamarina, juez de Lomas de Zamora, considerado más independiente.

Para peor, la secretaria electoral de La Plata, María Vergara, con extensa experiencia, anticipó que se jubilará si se designa a un juez electoral con inclinaciones partidarias. La oposición política no puede hacer mucho por la designación de un juez electoral interino en lugar de Blanco. La mayoría simple del kirchnerismo está en condiciones de nombrar a un reemplazante interino. Con todo, si el oficialismo careciera de los dos tercios en el Consejo, la oposición podría intentar una obstaculización política de la designación[1].

El kirchnerismo ha perdido las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Parece impotente para resolver la enorme crisis económica en marcha. Carece de un candidato propio y confiable para la sucesión de 2015. La inseguridad es una tragedia colectiva que abre grietas entre los propios cristinistas. A pesar de todo eso, su entusiasmo y sus energías están puestos en alcanzar durante el próximo año una mayoría aplastante en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Tal vez la última verdad sea más verdadera que todas las otras. Un repliegue en tales condiciones necesitará de una cobertura más judicial que política.