domingo, 9 de noviembre de 2014

¿EXISTE UN MODELO ESPAÑOL DE INTEGRACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO VÁLIDO PARA AMÉRICA LATINA?

por Ricardo Angoso
@ricardoangoso

En 1975 moría Francisco Franco, jefe del Ejército español y quien había gobernado el país durante casi cuarenta años (1936-1975), y se iniciaba el proceso de Transición a la democracia que comandaban ese tándem formado por el Rey Juan Carlos y su joven primer ministro, Adolfo Suárez. Desde un primer momento, tras una larga dictadura militar, quedaría muy claro que la modernización, transformación e integración de las Fuerzas Armadas en el sistema democrático sería una cuestión fundamental.

También, después de que la izquierda había estado fuera del juego político durante décadas, era obvio que otro reto fundamental sería la reconciliación de la izquierda con estas Fuerzas Armadas que habían sido el instrumento de dominación de una dictadura que, con sus aspectos negativos y positivos, no supo liderar en su momento el proceso de normalización democrática que comenzaría inmediatamente después de la muerte de Franco.


En 1982, tras una Transición muy difícil condicionada por la permanente agresión terrorista por parte de ETA, que minaba la moral de los militares y los miembros de las fuerzas de orden, y la búsqueda de un equilibrio político que concitase el apoyo social de la mayoría del país a una nueva Constitución, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganaba las elecciones generales y su máximo líder, Felipe González, se convertía en el presidente de Gobierno. Después de años purgando la travesía del desierto y haber sufrido la represión política, la izquierda se hacía con el poder.

Los socialistas, en estos años en que el terrorismo seguía en alza y la amenaza golpista acaba de ser conjurada tras el fallido golpe de Estado de 1981[1], aceptaron los pactos tácitos de la Transición, en el sentido de no exigir responsabilidades a nadie por el pasado, incluidos los comunistas que habían cometido una serie de atrocidades en la Guerra Civil, y conservaron casi la misma estructura del Estado sin realizar depuraciones y desquites, de tal forma que las Fuerzas Armadas, el cuerpo diplomático heredado de la dictadura y, en general, la administración pública, preservaron su identidad en el nuevo Estado democrático.

Se puede decir que en esos años, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, la izquierda superó un pasado marcado por el espíritu de revancha y la polarización y supo mirar, con amplitud de miras, hacia el futuro, integrando al país en la Unión Europea (UE) y también en la OTAN. Los militares españoles comenzaron a participar en misiones de paz junto con sus aliados occidentales, aprendieron inglés, se integraron en las estructuras euro-atlánticas y fueron capaces de modernizar sus vetusta organización en una más funcional, dinámica y abierta a la sociedad.

LAS FUERZAS ARMADAS SON UNA PARTE DE LA SOCIEDAD Y NO UN ENTE APARTE Y ALEJADO DE SUS PUEBLOS

Las Fuerzas Armadas españolas, sin lugar a dudas, han sido una de las instituciones que más esfuerzos han hecho por modernizarse e integrarse. Respondieron a los desafíos internos y externos que la sociedad española les demandaba en estos años de democracia (1977-2014). Pero este gran esfuerzo, esta profunda renovación y apertura de miras, nunca se hubiera podido realizar si la izquierda mayoritaria, en este caso los socialistas, no se hubiera reconciliado con la cuestión militar y aceptado que las Fuerzas Armadas son una parte vital de la sociedad española y no un ente aparte y ajeno que funciona sin ninguna relación con el cuerpo social.

Los Ejércitos, en todos los países occidentales y civilizados, tienen un papel bien claro y definido: contribuir a la defensa nacional si fuera necesario y estar atentos a las amenazas externas e internas que puedan debilitar o destruir a los Estados a los que sirven. Si la izquierda en América Latina, desde Argentina hasta México, no ha entendido todavía estas ideas básicas es que está en la Edad de Piedra y le queda mucho camino por recorrer y andar.


Las miles de detenciones de militares que se están dando en el continente, pero sobre todo en Argentina, Chile y Colombia, muestran a las claras que la izquierda no se ha reconciliado con sus Ejércitos y, más bien, muestra que pervive un cierto espíritu de venganza. No se ve ni generosidad ni agradecimiento por los servicios cumplidos, sino más bien el deseo de cierta izquierda subversiva en su momento y ahora reciclada en algo más moderno por lograr por la vía política lo que no consiguieron por las armas en tiempos pasados.


Los antiguos terroristas, que se consideraban "jóvenes idealistas", utilizan los falaces argumentos de los derechos humanos para abrir miles de causas y procesos a aquellos que, en su día, tuvieron que hacer frente a la amenaza terrorista  para evitar que sus países se vieran sumidos en la barbarie totalitaria que ya padecía la mitad de Europa y la isla-prisión de Cuba, "primer territorio libre de América Latina", en palabras de ese gran paladín de la democracia que es Fidel Castro.

¿JUSTICIA O VENGANZA?

Se habla de Justicia con mayúsculas, y se argumenta que la finalidad de los procesos penales es establecer la verdad histórica de los hechos. Pero la verdad, en la mayoría de los casos, es que estos procesos han faltado a ese imperativo moral y ético. El problema es que esta izquierda busca más la revancha que la justicia. El concepto de "justicia", creo modestamente, no ha sido entendido por todos: justicia no es venganza. Mucha gente celebra con esta izquierda, jaleada por algunos "jueces" al estilo del prevaricador Baltasar Garzón y oscuros periodistas, que se condene a los militares por el simple hecho de serlos, pero hace falta que haya una idea meridianamente clara acerca de lo qué realmente hicieron para encontrar esa necesaria reconciliación a la que apelo en este artículo. ¿Será posible que algún día  ocurra? ¿Será válido el modelo español?


NOTA DEL EDITOR: En el particular caso de la República Argentina se dá la paradoja que el principal responsable de los momentos iniciales de la acción armada, era el ex dictador militar Juan Domingo Perón, quién desde su exilio en Madrid –en Puerta de Hierro– alentaba a esa “juventud maravillosa” que se alzó en armas contra las sucesivas dictaduras militares que se sucedían con breves y ineficientes gobiernos democráticos. Finalmente a su regreso Perón se encuentra con un país desquiciado por la violencia de las organizaciones político-militares terroristas, hace renunciar a su ex delegado personal y entonces presidente de la república, Héctor José Cámpora, gana en elecciones libres su 3ra. presidencia de la Nación y se enfrenta con quienes dejaron de ser “su juventud maravillosa” y los echa del movimiento justicialista tildándolos de “estúpidos imberbes”. Esas organizaciones terroristas pasan a la clandestinidad y producen acciones violentas cuyo blanco principal eran las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de la Nación.

Tras el ataque del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) Perón, que había asumido la presidencia apenas tres meses antes, tomó el episodio como un desafío a su gobierno, como un ataque a las Fuerzas Armadas y como una afrenta personal. Cargó las culpas sobre el entonces gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain -vinculado a Montoneros- y lo obligó a renunciar.

Luego, en dos mensajes, uno al pueblo y otro a los militares de Azul, Perón habló de "aniquilar" y "exterminar uno a uno" a los guerrilleros a quienes calificó de psicópatas. Por primera vez un presidente constitucional usaba esos términos para definir el combate contra al flagelo guerrillero. Perón muere antes de terminar su tarea de pacificar el país.

A partir de su muerte se escala en la violencia que ya azotaba al país en todo su territorio y se suceden las acciones de la guerrilla izquierdista y las represalias de la derecha a través de la Triple A conducida por el Ministro de Bienestar Social, el “brujo” José López Rega, pero la escalada llega a tal nivel que desde los más altos cargos de la República se ordena intervenir a las Fuerzas Armadas y “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Tras el estrepitoso fracaso del gobierno de la viuda de Perón, María Isabel Martínez, las Fuerzas Armadas –bajo clamor popular– asumen la conducción del estado y cumplen con su principal objetivo de aniquilar rápidamente a las organizaciones político militares terroristas. Ese período conocido como “Proceso de Reorganización Nacional” constituye el último gobierno militar de facto y tras el fallido intento de recuperar las Islas Malvinas se ven en la necesidad de entregar el poder en elecciones libres en el año 1983.

Una de las primeras decisiones políticas del gobierno del presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, es disminuir drásticamente el poder político residual de las Fuerzas Armadas. Objetivo logrado a través de la propaganda, ajuste presupuestario y juicio a las Juntas Militares que gobernaron el país durante el PRN, paralelamente también enjuicia a los dirigentes terroristas. Tras las condenas a militares y terroristas y bajo la presión del grupo militar conocido como “carapintadas” conducidos por el ex Tte. Cnel. Aldo Rico, el Congreso Nacional sanciona las leyes de “obediencia debida” y “punto final”… normas legales que lograr apaciguar los ánimos de los militares de menor jerarquía y que estaban amenazados por acciones judiciales.

Los jerarcas militares y guerrilleros cumplen sus condenas impuestas por la justicia, hasta que se conocen una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron delitos durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. 

Mediante estos decretos fueron indultadas más de 1.200 personas.

Con esas herramientas legales de Alfonsín y Menem se consideraba que el país había alcanzado la tan ansiada pacificación y las heridas de la guerra revolucionaria de los años ’70, empezaban a cicatrizar.

Finalmente y tras el desastre económico de los breves gobiernos que los precedieron, acceden al poder el matrimonio de los Kirchner, quienes reabren las heridas y hurgan en el pasado por sus necesidades políticas de acumular poder. A instancias del poder de los Kirchner el Congreso Nacional anula las leyes de “obediencia debida”, “punto final” y “los indultos de Menem”… pero esos efectos solo alcanzan a los soldados de la Patria, los ex guerrilleros continúan gozando de total impunidad y libertad, en algunos casos hasta ocupando altas funciones en la conducción del estado.

Empieza un período de venganza impiadosa con el escarnio de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y hasta de civiles que habían participado del gobierno del PRN. Esa venganza busca quebrar la moral de las fuerzas, desmantelarlas bajo un severo ajuste presupuestario y busca el “quiebre institucional y generacional” entre el personal en actividad y en situación de retiro. Se recurre al “diseño de un derecho a medida” de las necesidades de esa venganza, comienza la “casa de brujas” y son detenidos juzgados y algunos condenados miles de militares, gendarmes, policías, penitenciarios y civiles.

Se inician los procesos judiciales por “crímenes de lesa humanidad” violando derechos jurídicos y humanos mediante verdaderas “aberraciones jurídicas”, que continúan hoy y durante el cual ya han fallecido casi 300 personas, detenidos como “Presos Políticos” y violando todo tipo de normas ajustadas a derecho. Una vez más la sociedad argentina se encuentra dividida, crispada, desconcertada y ante un gobierno en retirada cuyos actos desesperados solo activan a una “bomba de tiempo política, económica y social” que explotará en cualquier momento.

Este desquicio institucional -que aún continúa- no se parece en nada a la transición española y sus Fuerzas Armadas, cuyo objetivos de paz y desarrollo se cumplieron bajo el manto protector del Pacto de la Moncloa y la sensatez de sus líderes políticos.


[1] El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, también conocido como 23F o 23-F, fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado fundamentalmente por algunos mandos militares, cuyos episodios centrales fueron el asalto al Palacio de las Cortes por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero, durante la sesión de votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de la Unión de Centro Democrático, y la ocupación militar de la ciudad de Valencia en virtud del estado de guerra proclamado por el capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch.