viernes, 28 de noviembre de 2014

¿ES LEGÍTIMO UN GOBIERNO CORRUPTO?

Por Alejandro Poli Gonzalvo

Un gobierno es legítimo cuando se ha constituido de acuerdo con las instituciones aceptadas por quienes integran una sociedad política (legitimidad de título o de origen) y cuando el desarrollo de su acción de gobierno se cumple dentro de las prescripciones normativas y las costumbres imperantes en ese orden político (legitimidad de ejercicio).


La teoría de la legitimidad alcanza su madurez en la era moderna de la mano de John Locke, quien en sus “Dos tratados sobre el gobierno civil” se opone al derecho divino de los reyes y en su lugar propone la teoría del contrato social. Locke parte de la premisa de que todos los hombres son “libres por naturaleza, iguales e independientes” y, por tanto, ninguno puede ser sacado de esa condición de libertad natural sin su consentimiento. El contrato social es el acuerdo mediante el cual un grupo de hombres libres decide asociarse en una comunidad política. Esta comunidad se gobernará, continúa Locke, bajo la regla de la mayoría: éste es el principio de legitimidad de origen que dará lugar a la evolución de la democracia como forma de gobierno por excelencia de la época moderna. Pero Locke establece otra condición esencial: el gobierno de la mayoría tendrá legitimidad de ejercicio si cumple con los fines del contrato original: preservar la vida, la libertad y la propiedad de los hombres. Cuando estos principios básicos del contrato social se violan, cuando el poder se torna absoluto y arbitrario o gobierna sin respetar las leyes establecidas o no se dirige al bien común de la sociedad, cuando el gobernante toma decisiones que la sociedad no ha consentido previamente, el gobierno que así procede pierde su legitimidad de ejercicio y la sociedad tiene el derecho de rebelarse. De este modo, Locke da origen a la teoría del parlamentarismo moderno, que se expresó en Inglaterra en la Revolución Gloriosa de 1688. El sistema parlamentario democrático respeta la legitimidad de origen (obtenida mediante elecciones libres) y es más flexible para asegurar la legitimidad de ejercicio, ya que un gobierno puede ser cambiado sin cumplir su mandato original si la coalición que lo respalda pierde la mayoría en nuevas elecciones parlamentarias o por modificaciones en las alianzas de partidos. En cambio, el régimen presidencialista que predomina en nuestro país tiene igual legitimidad de origen que el parlamentario pero no tiene procedimientos que expresen una pérdida de legitimidad de ejercicio, excepto el juicio político al presidente.

Luego de esta introducción, corresponde preguntarse en sentido lockeano: ¿cuándo correspondería en un sistema presidencialista rebelarse frente a un gobierno con legitimidad de origen pero cuyas acciones y políticas violan los principios democráticos que juró respetar, perdiendo por completo la legitimidad de ejercicio? No deberían ser muchos los casos en que ello se promueva y deberían apuntar fundamentalmente a la violación de los principios básicos de la división de poderes: el cierre del Congreso o el no acatamiento de fallos de la Corte Suprema serían ejemplos de violaciones inaceptables. Hacer fraude masivo en las elecciones, encarcelar opositores, anular la libertad de prensa, impedir el libre tránsito de las personas o hacer confiscaciones masivas de bienes seguramente son extremos que justificarían la rebelión de los ciudadanos.

Afortunadamente, en la democracia argentina estas prácticas no se han verificado (aun cuando el actual gobierno ha iniciado una grave tendencia en contrario al no cumplir ciertos fallos de la Corte Suprema como la reposición del procurador general de Santa Cruz o no otorgarle publicidad oficial al diario Perfil). Pero sí ha existido y existe una extendida red de corrupción en la que muy pocos políticos pueden arrojar la primera piedra. ¿Pierde su legitimidad de ejercicio un gobierno corrupto y habilita su destitución sin esperar a las próximas elecciones presidenciales? ¿Incurre un gobierno infectado de corrupción en una gravedad comparable con uno que decidiera clausurar el Congreso o hiciera fraude masivo en las elecciones?

La teoría política no ha profundizado en esta materia y no existen avales doctrinarios que abran la posibilidad de destituir a un gobierno corrupto, como sí avalarían el derecho de resistencia de los ciudadanos frente a un opresor por más que hubiera sido elegido democráticamente. En algunas naciones con una trayectoria democrática más extensa es la sociedad civil la que condena al gobernante corrupto y lo fuerza a renunciar, quedando únicamente el expediente del juicio político como acción constitucional válida en otras sociedades, como la argentina, donde la presión de la opinión pública no tiene ese peso ético.

8N

Hoy los argentinos no tolerarían a un líder elegido por elecciones democráticas que en el ejercicio del poder se transformara en un dictador y dejara de cumplir con los preceptos constitucionales. Pero si toleran con mansedumbre una sucesión ininterrumpida de actos de corrupción desde que se recuperó la democracia.

Mientras no nos preguntemos si es legítimo un gobierno corrupto y dispongamos de conceptos teóricos y de mecanismos constitucionales innovadores para combatir a los gobernantes que se enriquecen desde el poder, será difícil erradicar este flagelo de la sociedad. Necesitamos un nuevo Locke que se enfrente a la pandemia de la corrupción como el Locke histórico se enfrentó al absolutismo. Entretanto, podemos comenzar esta búsqueda de fundamentos afirmando que un gobierno corrupto no es legítimo.

Publicado en Río Negro, 21/11/2014


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

ESTE ES UN GRITO DESESPERADO


Jueves, 27 de noviembre de 2014

En el día de la fecha, hace apenas una hora acaba de confirmarme el defensor oficial que el juicio de mi hermano - junto a otros 25 PRESOS POLÍTICOS- comenzará el día 29 DE DICIEMBRE... SÍ, el VEINTINUEVE DE DICIEMBRE.

Sabía que el día llegaría, estaba preparándome para eso... pero es como la muerte, sabemos que va a suceder y cuando sucede igual nos sorprende.

Foro de Buenos Aires

Desde que comencé a caminar éste camino de espinas y mentiras he procurado acudir al llamado de todas las convocatorias y he sido consciente que un día me tocaría a mí convocar.

AFYAPPA espera a los obispos de la CEA

Serán llevados a juicio 25 PRESOS POLÍTICOS alojados en el penal de SAN FELIPE, algunos con domiciliaria, otros en pésimo estado de salud.


QUEREMOS HACER UNA GRAN MANIFESTACIÓN FRENTE AL TOF DE SAN RAFAEL, y queremos ser muchos!!!

Si bien es una fecha muy complicada por ahí pueden hacerse un pequeño lugar y venir a acompañarnos.

Para nosotros los familiares también es complicado ya que debemos hacer 240 km para trasladarnos, pero estaremos presentes.

NO ES LA INVITACIÓN MAS GRATA QUE PUEDAN RECIBIR, pero están invitados a ayudarnos con presencia, la necesitamos mucho.

UN GRAN ABRAZO Y OJALÁ PODAMOS VERNOS.

Mabel Irene Giovarruscio

SE SOLICITA DAR AMPLIA DIFUSIÓN
A ESTA INVITACIÓN. GRACIAS!

UN DIÁLOGO MÁS NECESARIO QUE NUNCA


Esperanzadora editorial de La Nación, en el día de la fecha, destacando la necesidad de un dialogo más necesario que nunca. Dos importantes instituciones han coíncidido en este tema: la Iglesia y el Foro de Convergencia Empresarial efectuaron un llamado a cultivar los consensos desterrando los enfrentamientos.

Una de las heridas más lacerantes de la historia reciente de la República Argentina, es la Guerra Revolucionaria de los años ’70 y sus consecuencias asimétricas del presente.

Bien conocido por toda la sociedad son las llamadas “leyes del perdón”  –Ley de obediencia debida, Ley de Punto Final e Indultos del presidente Menem–, toda esa normativa había servido para apaciguar los ánimos de los dos sectores que aún hoy continúan en pugna, fueron asimétricamente anuladas en el 2003 por el poder de turno. Se castigó, persiguió, escarnió, encarceló, juzgó y en algunos casos ya se condenó solamente al personal de las FFAA, de Seguridad, Policiales y otros organismos del estado que combatieron al terrorismo, cuyo objetivo final era alzarse con el poder del estado –mediante las armas– e instalar una dictadura merxista-leninista y castrista. Hoy existen aproximadamente 1.800 personas (cuyo número varía frecuentemente) detenidas como Presos Políticos.

¿Por qué son Presos Políticos?

Desde la Asociación de Hijos y Nietos de Presos Políticos, espresan: “Desde nuestra agrupación, exigimos el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos argentinos; particularmente de nuestros padres y abuelos.
Los llamamos presos políticos no porque estén presos por sus ideas, sino porque quienes violan sistemáticamente la Constitución y los Tratados Internacionales para encerrar a nuestros padres y abuelos, negándoles sus derechos elementales, buscan el rédito político. Ellos están presos por razones políticas.
También porque estos detenidos reciben un trato diferencial y discriminatorio, con respecto a cualquier otro detenido. Para que haya condena en un Proceso Penal la responsabilidad del imputado en el hecho puntual debe ser probada “más allá de toda duda razonable” con prueba “clara, precisa e irrefutable”. En el caso de nuestros familiares los magistrados justifican sus condenas porque los acusados “deberían haber sabido lo que pasaba”; o se sostiene la culpabilidad apelando a la figura de  “participes necesarios”. En los juicios comunes, con pruebas y testimonios del mismo año del juicio, tan solo alrededor del 30% de los imputados son condenados, en nuestro caso, con la prueba más fresca a 40 años del hecho, cerca del 95%”.
De los treinta artículos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos  podemos atestiguar que se violan dieciséis. La voluntad, que se comprueba en los procesos por delitos de lesa humanidad, implica un costo inmenso para nuestra sociedad. No hablamos únicamente del costo económico, equivalente a cuatro veces el costo de Fútbol para Todos, sino del costo institucional y cívico que significa salirse del marco del Estado de Derecho.

En contraoposición los ex integrantes de esas organizaciones políticas-militares-terroristas, se encuentran en libertad y gozando de reconocimientos y beneficios injustamente otorgados.


Mientras se continúe deformando la historia descaradamente, se haga uso de un derecho alejado de las principales normas internacionales y nacionales, se intensifique el “ataque” y desarme de las Fuerzas Armadas de la Nación… las heridas continuarán laceradas, abiertas y purulentas. Dadas las muestras del poder de turno, no es esperable que el actual gobierno solucione el problema de la reconciliación y concordia nacional. Es una pesada herencia que le queda al futuro gobierno, que asuma el poder del estado el 10/12/2015, formulamos votos para que el futuro Presidente de la Nación sea el estadista de la paz, el dialogo, la reconciliación y concordia de toda la sociedad argentina… sin exclusiones de algún sector.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


UN DIÁLOGO MÁS NECESARIO QUE NUNCA

Editorial I

Tanto la Iglesia como el Foro de Convergencia Empresarial hicieron un esperanzador llamado a cultivar los consensos desterrando los enfrentamientos
  
La Iglesia y el Foro de Convergencia Empresarial han convocado a desterrar la intolerancia, a practicar un intercambio honesto de opiniones de manera franca y abierta que permita retomar la senda de la paz social, asegurando la división de poderes y una justicia independiente. Paralelamente, destacaron la importancia de la creación de puestos laborales, de la educación como vehículo privilegiado para contener la exclusión, y de atacar de manera decidida el avance del narcotráfico en nuestro país.


"El mayor acto de caridad hoy es generar empleo. El verdadero liderazgo supera la prepotencia del poder. La ejemplaridad viene de arriba, del que tenga algún tipo de responsabilidad", dijo monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, durante el encuentro realizado en la UCA, continuador de aquel inédito documento empresarial para consensuar políticas de Estado, suscripto en abril pasado.

Entre otras muchas coincidencias surgidas del foro, se destacan las siguientes:

La democracia sola es esencial, pero no suficiente. Se requiere un marco institucional en el que funcionen los pesos y contrapesos que marca nuestra Constitución.

Tenemos que avanzar en los consensos, pero también en saber cómo dirimir los disensos.


Debemos asegurar la división de poderes con una Justicia independiente y con un Congreso dispuesto a debatir.

Las palabras de ayer de monseñor Arancedo en el sentido de "favorecer entre nuestros pueblos el camino de la amistad social", que nos proyecte como sociedad, se suman al fuerte llamado al diálogo realizado durante la última reunión de la Conferencia Episcopal. También, a las expresadas en años anteriores por otros máximos referentes de la Iglesia, que vienen advirtiendo sobre la enorme herida social que se ha abierto en el país al cabo de años de intolerancia gubernamental frente a las ideas ajenas y de la soberbia narcisista que desde el poder constituye una elocuente expresión autoritaria.

La sociedad está enferma de soledad. Donde debe haber verdad, hay manipulación de la realidad para disfrazar fracasos; donde debiera haber respeto por quienes nos antecedieron, se reescribe la historia a fin de justificar atropellos. De tal modo, la verdad ha corrido riesgos de caer vencida ante la mentira sistemática, producto tal vez de patologías psíquicas que no la justifican, pero la explican: se miente con la desfachatez del convencimiento de que se dice algo verosímil. Mientras eso ocurre, se descalifica a quienes opinan lo contrario. Al que propone ideas propias, se lo corre de escena. Al que divulga una crítica, se procura degradarlo. Tan nefasta dialéctica rindió frutos por más de una década. Las críticas se hicieron en general en voz baja, con temor a que la venganza cayera desde lo más alto del poder. Así se anestesiaron voluntades y se aceptó hasta lo peor como parte natural de la vida diaria.

Por fortuna, tanta resignación sigue siendo sacudida por voces templadas como las de la Iglesia, por instituciones que tan cerca y seriamente trabajan por deshipotecar a la Nación de un porvenir sin esperanza. La Iglesia ha sido acompañada por infinidad de entidades de bien público, de representantes de otros credos, de organizaciones de la sociedad civil y de personas que, a título personal, se esfuerzan por erradicar la pobreza, por poner frenos al estrago que las drogas causan entre la juventud más vulnerable. También, por lograr que la educación pública fructifique en la igualdad de oportunidades que la Constitución nacional sienta como principio básico de la República y porque que el trabajo honesto reemplace las prebendas subsidiadas que hacen de los hombres prisioneros de políticas canallescas.

"Se perdió la capacidad de diálogo", viene repitiendo con inequívoca razón monseñor Arancedo. No ha habido, sin embargo, entre los sectores oficialistas que han pugnado estos años por mantener alto el nivel de crispación y corrosión políticas oídos atentos para captar el verdadero sentido del llamado pastoral a la reconciliación ciudadana. Lejos de inducir a un mero olvido sobre los dolorosos procesos políticos del pasado que enfrentaron a los argentinos, y sobre los que hay por igual culpas compartidas aunque hayan sido diferentes hasta aquí los tratamientos legales, la Iglesia promueve avanzar sin visiones sesgadas, sin sectarismos que impidan acceder a la verdad que dignifica a los seres humanos.


El papa Francisco, a quien el Gobierno se cansó de maltratar como arzobispo de Buenos Aires, ha denunciado de viva voz la ruindad de las políticas que han pretendido fracturar la unión nacional y las posibilidades de concordia a través de la exacerbación de las diferencias. De modo consecuente con aquella sensibilidad, acaba de solicitar de nuestras autoridades que retomen en el Congreso debates que enaltezcan a la Nación por el espíritu de proyectarse hacia el porvenir con un proyecto de vida en común.

"Cuando dejamos de lado los tiempos de la Constitución, nos empobrecemos", dijo monseñor Arancedo, en sintonía con el pedido papal para que cese la sobreactuación de sanciones legislativas aceleradas, carentes de consensos suficientes respecto de códigos llamados a regir por largo tiempo. Los obispos también consideran preocupante el crecimiento de la deuda social.

En este punto, resultan muy importantes las voces de autocrítica levantadas ayer durante el foro de empresarios. El mea culpa estuvo orientado al reconocimiento de la falta de políticas públicas impulsadas desde las empresas, las que han renovado su compromiso a trabajar por la inclusión social por medio del empleo y la educación.


Reconstruir el equilibrio perdido no es tarea fácil, pero sí urgente. Es enorme el daño que se inflige a la sociedad cuando sus miembros pierden la capacidad de diálogo, de escucharse mutuamente en la búsqueda de soluciones. Familias enteras han dejado de reunirse para evitar riñas políticas; amigos de toda una vida ya no comparten momentos fraternales. Mucha gente evita todavía abrir su pensamiento, mientras actores centrales del oficialismo lanzan exabruptos y se distancian de la actitud de perdón por los graves errores cometidos con la cual deberían presentarse a esta altura ante el conjunto ciudadano que los observa.


La violencia física y verbal se enseñorea en las calles. Nada de eso es susceptible de ocultarse con los recursos exorbitantes en propaganda que el Gobierno dilapida para exaltarse a sí mismo y transmitir las imágenes bucólicas, pero falsas, de una Argentina unida y floreciente. La cultura de la inclusión es mucho más que un eslogan de campaña. Es un hábito que empieza por la familia y que se extiende a la sociedad.

Como ha dicho la Iglesia en otras oportunidades, dar a conocer estadísticas es insuficiente si ellas no alcanzan a movilizarnos hacia actitudes superadoras. Desde el Gobierno se privilegian los números, generalmente fraguados, por sobre las necesidades impostergables de las personas.


Hay un relato victimario; tiene al diálogo por víctima principal. Es hora de cambiar el curso de esta historia. La reconciliación debe ser una meta esencial en el proceso de reparación del doloroso abismo social al que ha sido empujado el país por más de diez años.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

jueves, 27 de noviembre de 2014

COMUNICADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS ALOJADOS EN LA CÁRCEL FEDERAL DE GÜEMES, PROVINCIA DE SALTA


Los Presos Políticos alojados en la cárcel de Güemes, Salta, en el sector funcional 2 B, donde están alojados los ellos conjuntamente con los presos de FAuerza, comunican que la semana pasada alojaron a un preso común, civil con resguardo, el cual quemó su celda, y se llenó de humo el pabellón, teniendo que desalojar a los Preso Políticos y de Fuerza, poniendo en riesgo la integridad física de los más ancianos que sufren graves dolencias. Al día siguiente el preso común fue castigado en su celda quemada durante tres días, al otro día con un cuchillo en la mano agredió de palabra y amenazas de muerte, fue reducido por los de Fuerza y algunos Presos Políticos, durante los tres días de castigo se soportaron insultos, amenazas y golpes en la puerta.


Cuando termino la sanción  lo sacaron del pabellón   los de Fuerza y algunos Presos Políticos, consiguiendo que lo alojen en otro lugar, en el día 26/11 al producir desmanes en el lugar en donde estaba alojado, las autoridades del penal quisieron volverlo al pabellón de lesa humanidad, donde los Presos Políticos y los de Fuerza opusieron una resistencia pacífica, pero firme, negándose al ingreso del preso común, una de las medidas fue no recibir la comida a la noche, ni los medicamentos y se procedió a hacer un habeas corpus al juzgado federal de turno. Ante dicha actitud las autoridades de turno del penal, prometieron no ingresarlo y se hizo un impas hasta el día 27/11/14 a las 10:00 horas.

Firmado presos políticos de Güemes, Salta, sector funcional 2B.

Se solicita amplia difusión. Gracias!

miércoles, 26 de noviembre de 2014

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA


PROHIBIDO PERDONAR

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe los indultos, las amnistías y la conmutación de penas en los casos de delitos de lesa humanidad. Dicho de otra manera, se trata de una norma que, en contra de una tradición que se remonta a la Grecia antigua y que los pueblos de todo el mundo cultivaron como un modo de cerrar las heridas causadas por sus conflictos (en especial los civiles), se propone impedir la reconciliación entre hermanos, manteniendo vivas las brasas del rencor y la discordia.

¡In-sensatos! No otra cosa puede decirse de quienes aprobaron semejante engendro, que nos condenaría a mantener nuestra guerra civil –latente o declarada– a perpetuidad. Debe ser imposible encontrar en la historia otro ejemplo como éste de infantilismo político, en el que un pueblo se empeña en labrar su propia decadencia y finalmente su ruina.

A tal extremo llega la insensatez, que estos legisladores, con tal de mantener ardiendo una sed inagotable de venganza, no han vacilado en poner esta prohibición de darnos y recibir perdón por encima de la Constitución nacional, la cual, con sabiduría, ha previsto las amnistías y los indultos como un modo de restablecer la amistad política.

Mientras estas cosas se legislan, nada pone freno a la corrupción, la inseguridad, la miseria. Hasta se nos dice cada vez con más fuerza que la Argentina va en camino de convertirse en un narcoestado. Si este momento llegase, estén preparados gobernantes y legisladores: todo lo que al final hicieren, aunque tardíamente, por evitar esa tragedia, será considerado delito de lesa humanidad por quienes van a sucederles.

Mariano Gradin                           Alberto Solanet
Secretario                                   Presidente

OTRO MURO


Juan Pablo II, un papa valiente, fue artífice de la caída del Muro de Berlín. Días pasados se conmemoró el 25° aniversario de esa gesta. Mientras estuvo en pie, el muro costó la vida de 270 vidas que buscaron la libertad. Hoy, en la Argentina, tenemos también un muro de injusticia y venganza que ya se cobró la misma cifra de 270[1] vidas de presos políticos.


Ruego a Dios que el papa Francisco pueda contribuir a derribar este muro, tan injusto como aquél.

María Inés Hansen
DNI 13.550.705


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.


[1] Para ser exactos los fallecidos, estando detenidos como Presos Políticos, ya suman 271 y es una cifra en constante aumento, dadas las pésimas condiciones de detención para sus edades y enfermedades propias de personas ancianas. Son aproximadamente 1.800 personas detenidas en esas condiciones, no podemos dar una cifra exacta ya que varía constantemente. Los “ingresos” corresponden a la continua “caza de brujas” en la que se haya empeñado el poder de turno, y los “egresos” lamentablemente son a causa de los fallecimientos. Prácticamente han sido condenados a la pena de muerte.

martes, 25 de noviembre de 2014

CAUSA MARENGO: ACCIÓN Y OMISIÓN DE LESA HUMANIDAD

Por Mauricio Ortín

Según  John Locke, padre del pensamiento político liberal moderno, la excluyente y principal justificación de la existencia del Estado es la de garantizar a los individuos el ejercicio pleno de la libertad que les corresponde por el hecho y el derecho de ser personas. Ese  espíritu es el que anima a nuestra Constitución Nacional y el que, por ende, debería  reinar tanto en las leyes que se aprueban en el Congreso como en las medidas que, en cumplimiento de sus funciones, adoptan  jueces y fiscales. Obrar de manera contraria pervirtiendo la naturaleza del Estado es traicionar ese mandato. Para un juez, tan importante es hacer justicia como no cometer injusticia. De allí que la ciencia del derecho haya establecido como uno de sus principios universales básicos  que “Es preferible un culpable libre que tener un inocente en la cárcel”. Pues bien, en la Argentina el Estado no sólo no garantiza la libertad de los ciudadanos inocentes si no que, más grave todavía, es quien se las conculca. Al respecto, la casi totalidad de los auto de elevación a juicio por crímenes de lesa humanidad producidos por los jueces federales a instancias de los fiscales, son pruebas que hablan por sí mismas. Así, por ejemplo, el escrito en el que el juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, solicita, a instancias del fiscal Domingo Batule, se lleve a juicio oral al coronel Domingo Marengo:


La acusación imputa a Marengo el haber privado ilegítimamente de la libertad y  aplicado  tormentos a detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia Militar. Tal privación habría ocurrido en la provincia de Jujuy,  cuando el acusado, con el concurso de suboficiales y una cincuentena de soldados, trasladara a detenidos desde la Unidad Penal de Villa Gorriti hasta el aeropuerto “El Cadillal”. La acusación por tortura, en tanto, es por lo que habría sucedido con los detenidos en el avión -que Marengo no abordó- durante el segundo traslado en el vuelo de Jujuy a La Plata.


Pues bien, suponiendo, en el peor de los casos para el acusado –quien niega haber participado en los hechos que se le imputan– hubiera efectivamente llevado a estas personas al aeropuerto ¿Ese acto tiene alguna relación directa que justifique racionalmente el cargo que se le imputa de “privación ilegítima de la libertad”? Es más que obvio que, por el grado militar que investía a la fecha, a Marengo no se le puede adjudicar  responsabilidad por la confección del supuesto “plan sistemático de represión ilegal” (no está probado ni siquiera que lo conociera); menos, todavía, de privar de la libertad a personas que ya estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por el hecho de trasladarlas desde la cárcel hasta el aeropuerto. ¿Qué supone el juez que debía proceder  Marengo con la orden de traslado y el destino de los detenidos? Acaso ¿no cumplirla, dejar en libertad a las personas y someterse a una Corte Marcial? Además, ¿en base a qué prueba, el juez y el fiscal concluyen  que Marengo tuviera conocimiento previo  de que las personas  trasladadas estaban privadas ilegítimamente de su libertad? En tal sentido y para tornar más coherente semejante disparate judicial, la acusación también debería haber correspondido a cada uno de los suboficiales y de los cincuenta soldados que participaron del traslado. Pero el horror judicial para Marengo no termina allí. Más desopilante y alevosa  aún es la acusación que se le hace por tortura con el siguiente “argumento” del juez Pastor Olivera: “… puesto que si bien no estuvo a cargo ni estuvo siquiera presente en el traslado aéreo de los detenidos desde el aeropuerto “El Cadillal” hasta la ciudad de La Plata durante el cual se cometieron los referidos tormentos, sino que como también quedó demostrado tal operativo estuvo a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal, Marengo con su conducta prestó una ayuda o colaboración que posibilitó la posterior ejecución de tales delitos”. De tener algún viso de validez semejante falacia la acusación debiera extenderse al sinfín de personas que prestó  “ayuda o colaboración que posibilitó la posterior ejecución de tales delitos”. Esta, más que inválida, ridícula deducción debería alcanzar también (y conste que no es mi intención “dar ideas”) para acusar por torturas al piloto del avión, al operario que alcanzó la escalera para abordar la nave y al que le cargó combustible. Dicho sea de paso, salvo las declaraciones de los detenidos (luego liberados), no existe en la causa ni una sola prueba de que estos hayan sido sometidos a tormentos durante el viaje. El auto de elevación a juicio de la “causa Marengo, típico de una “justicia estaliniana”, en la Argentina pasó por todas las instancias judiciales apelables como “Pancho por su casa” sin que político, periodista o cura alguno dijera esta boca es mía (consecuencia “menor” de la acción y  omisión de unos y otros: desde el 5 de octubre de 2010, Domingo Marengo lleva más de cuatro años pudriéndose en la cárcel).

NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

CÁMARA DE GAS


La lectora Lita Alberstein ha escrito ayer que es menester exigir: "cárcel común y efectiva a estos genocidas". No me interesa discutir este tema ya que lo que sucedió en Argentina en los setenta fue una guerra y esto fue perfectamente demostrado por los jueces que juzgaron a los comandantes. Que como toda guerra civil fue espantosa, es algo que nadie niega. Hoy, cuarenta años después cabe hacer una reflexión sobre quienes, al igual que Lita Alberstein, persiguen como última razón mantener a militares, gendarmes y policías presos hasta que la muerte termine con cualquier argumento. Es innegable que no hay prisión en Argentina diseñada para albergar a ancianos y que el sistema sanitario de los penales ni siquiera es aceptable para menores de esa edad. Si Lita Alberstein quiere tenerlos allí hasta su muerte sin tener en cuenta lo que han recomendado, sin duda, los médicos forenses está entrando peligrosamente en una zona oscura, la de la venganza. Si esto es lo que ella y aquellos que responderían al llamado vindicativo persiguen, quizás sería mejor, para la economía del país, que el Ministerio de Justicia y DD.HH. instalara cámaras de gas en los penales para acabar con el costo que significa mantener presos a ancianos que apenas pueden valerse por si mismo.

Jose Luis Milia

HAY QUE PASAR EL VERANO

 

Recientemente, las denuncias y los juicios por actos de  corrupción hicieron temblar al gobierno de Dilma Roussef, en Brasil,  y estuvieron cerca de hacerle perder la elección. Mariano Rajoy, presidente de España, afrontó también graves cargos de corrupción y la mismísima hija del Rey Juan  Carlos se sentó en el banquillo de los acusados por similares cargos.


Es frecuente  y sano que la justicia  ponga el ojo en los temas vinculados a la transparencia  y honestidad de los funcionarios ya que ello denota un grado de independencia  y control que brinda cierta tranquilidad a los ciudadanos ante los manejos que pueden hacerse desde el poder. Por cierto que a los gobernantes  no les agrada estar en la mira de la justicia  y ser investigados pero a ninguno de los nombrados se le ocurrió expresar que dicha investigación era una “estrategia de golpismo activo” y un “ataque despiadado y sistemático” del Poder Judicial como si  lo hizo Jorge Capitanich, Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.


Este tipo de acusaciones insólitas e incomprobables,  que mezclan exabruptos con veladas amenazas, han perdido credibilidad por reiteradas y lejos de provocar un escándalo político o de señalar un riesgo institucional, no hacen sino evidenciar una irritación propia de quien tiene la conciencia intranquila y mucho por ocultar. También los periodistas, los productores agrícolas y otros sectores han sido apuntados como golpistas cuando se han opuesto a la voluntad totalitaria del oficialismo. Es una muestra más de la identificación que hace el sector gobernante de su facción con el Estado mismo, lo  que también se evidencia en el dispendio con que utiliza los medios de dicho  Estado para la satisfacción de sus necesidades personales y familiares, sus campañas políticas  y sus  meros caprichos. La pérdida de contenido de los conceptos de democracia y república es de tal magnitud que solo queda el acto eleccionario como única fuente de legalidad y, aun así, esta última barrera es manipulada, manoseada y deformada. Si a pesar de ello  todavía  confiamos en que este gobierno marcha hacia un ineludible final es porque ha hecho tan mal las cosas y ha dilapidado de tal suerte las posibilidades del país, que su fracaso ya se ha tornado inocultable hasta para los menos avisados y solo le quedan en la trinchera los clientes y los cómplices.


Hace algunas décadas el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, popularizó la frase  “hay que pasar el invierno” ubicando en esa estación un período crítico que había que superar. Los tiempos han cambiado y al presente, la crisis que se avecina por los desaguisados “kirchneristas” nos lleva a percibir que para llegar con normalidad a las próximas elecciones “hay que pasar el verano”, un verano caliente  no solo desde los pronósticos meteorológicos sino también desde el descontento social y salarial y la batalla final con los tenedores de bonos impagos que jugarán sus  fichas fuertes a partir del próximo mes de Enero.


El gobierno se ha empeñado en no actualizar las escalas del impuesto a las “ganancias” que ha terminado gravando a un número creciente de trabajadores que vive de su sueldo y que  ven desaparecer sus aumentos transfiriéndolos injustamente a un voraz sistema recaudador. La pérdida innegable de poder adquisitivo derivada de una inflación que superó netamente a los aumentos pactados en las paritarias es otro factor de descontento gremial. Con total insensibilidad, el gobierno ha desestimado cualquier posibilidad de compensar a los sectores más castigados como son los jubilados y pensionados y descarta cualquier actualización o bono a los empleados del Estado, que ya son legión a partir del crecimiento desmesurado e injustificado del empleo público. Policías y servidores de las Fuerzas de seguridad se cuentan también entre los  más castigados y descontentos y, por supuesto, debemos considerar la grave situación de los desempleados, trabajadores informales  y marginados.

Todos los reclamos apuntan al mes de Diciembre, mientras  los más acomodados preparan sus vacaciones y el calor hace lo suyo, colapsando los lamentables sistemas de producción y  distribución de energía.


Por otro lado,  la situación financiera pende de la esperanza de un arreglo con los tenedores de bonos de deuda externa porque así lo ha dejado trascender el gobierno. Sin embargo, observamos que dicho arreglo enfrenta formidables obstáculos derivados de consignas absurdas como la de “patria o buitres”, creadas para una campaña política de bajo nivel, pero que ahora afecta la libertad de acción que los negociadores argentinos necesitan para resolver el problema, de por sí muy complejo, con el menor daño para las finanzas nacionales.


Resumiendo, la siembra de vientos y conflictos que ha desparramado el gobierno de Cristina Fernández, amenaza con una cosecha de tempestades políticas  y sociales,  en un ambiente siempre distorsionado por los hechos de inseguridad y un crecimiento  del poder de los narcotraficantes de tal magnitud y visibilidad,  que ya ni los descarados mensajes y chicanas del Senador Aníbal Fernández pueden negar, como hiciera otrora.


En su afán de retener el máximo de poder y  generar expectativas de continuidad, las usinas de acción psicólogica del  gobierno han echado a correr variados rumores de escasa credibilidad. Estos rumores van desde posibles candidaturas de Cristina Fernández, basadas en supuestos altos niveles de imagen positiva, hasta la posibilidad de un triunfo de  Daniel Scioli en primera vuelta. La señora presidente, que oscila entre períodos de furiosa saturación de pantalla a largos ostracismos  producto de incomprobables enfermedades, difícilmente se arriesgue a perder una elección peleando un cargo menor  ocupando un lugar detrás de otro candidato a presidente. Por su parte, Daniel Scioli, tendrá motivos para el festejo si la complicadísima situación social y financiera de la provincia de Buenos Aires no daña seriamente su posible candidatura. Ganar en primera vuelta es una fantasía que solo sirve para  tratar de  evitar la huida de  algunos punteros del conurbano que ya comienzan a temer por su futuro ante una derrota oficialista.


Lo  cierto es que el alejamiento de Elisa Carrió del espacio UNEN,   con el consiguiente debilitamiento de ese sector autodenominado progresista y sus diferentes candidatos, ha dejado objetivamente mejor posicionados en la carrera presidencial a Mauricio Macri y  Sergio Massa. El primero representa en el imaginario popular una alternativa a la sucesión de gobiernos justicialistas y radicales que han degradado el nivel de vida en la Argentina en todos los órdenes. El  segundo representa una versión juvenil de los viejos esquemas a los que perteneció hasta hace poco tiempo y de los que trata de diferenciarse sin marcar un verdadero rompimiento. Todo es aún muy confuso porque los políticos presidenciables esperan más que nadie que pase el verano caliente para evaluar cómo quedará el panorama del oficialismo y del país todo, ante la tormenta que no pueden disipar pero si avizorar.


En nuestro espacio de Nueva Unión Ciudadana hemos iniciado acuerdos con la fuerza política que consideramos más afín a nuestro ideario. Estamos convencidos de que el próximo ciclo gubernamental en Argentina no puede limitarse   a  un simple cambio de  nombres sino que debe representar un verdadero cambio de paradigmas. Tenemos que pasar del populismo insustancial a una verdadera vida republicana. De una economía controlada y estatizada a una  liberación de las capacidades creativas  y de emprendimiento. De la incompetencia a la eficiencia. De los planes sociales a la cultura del trabajo. De una sociedad que vive enrejada y asustada a  la tranquilidad de vivir bajo el imperio de la ley. De un ambiente de corrupción y autoritarismo a un Estado transparente y eficiente. Del relato a las realidades. Del aislamiento internacional a la integración. De la entronización del odio y la venganza a la concordia y la pacificación de los espíritus.


El trabajo a realizar  es arduo y prolongado porque el daño que se nos ha infligido desde el resentimiento y el personalismo es grave y profundo. Confiamos en nuestras fuerzas, en los valores latentes del pueblo argentino y en la posibilidad de que el país sea conducido por una generación de dirigentes que estén dispuestos a dar sentido a su vida trabajando por el bien común a través del ejercicio el poder. Que Dios nos ayude para que así sea.

Juan Carlos Neves
Primer Secretario General
Nueva Unión Ciudadana

NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

lunes, 24 de noviembre de 2014

25° ANIVERSARIO DEL TRAIDOR ATAQUE A LA TABLADA

Se denomina copamiento del cuartel de La Tablada al intento de ocupación de los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano del Ejército Argentino en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989 por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Resultaron muertos 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías.

Asesino serial y sicario Enrique Gorriarán Merlo

Al momento de realizarse el ataque en la conducción del MTP se encontraban, además de Gorriarán Merlo, otros que como él habían militado en el ERP pero que habían estado en la cárcel hasta el retorno de la democracia a la Argentina en diciembre de 1983, como Francisco Provenzano, Roberto Felicetti y Carlos Samojedny, que participaron en La Tablada[1].

El MTP estaba muy influido por la Revolución Sandinista que había triunfado en Nicaragua, en cuya última etapa había participado Gorriarán Merlo, y la decisión del ataque fue la creencia de que pese a la instalación de la democracia podía repetirse en Argentina aquella experiencia, tras el fracaso setentista de la teoría de la guerra de guerrillas o de la guerra popular y prolongada. Para ello, según su visión, había que provocar hechos que aceleraran las condiciones de posibilidad de la Revolución. La idea fue la de mostrar a la sociedad argentina que un grupo de jóvenes y audaces militantes populares habían logrado lo que no conseguía la clase política en el poder: frenar un alzamiento[2] contra la democracia, y subidos sobre ese éxito, movilizar al pueblo hacia la Casa de Gobierno en pos de un cambio político que llevara al triunfo de la revolución.

El copamiento

El 23 de enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Enrique Gorriarán Merlo (ex jefe del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo —ERP—) lideró un grupo armado de integrantes del MTP que atacó y ocupó parcialmente el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento en La Tablada.

El MTP, que desde el primer momento presentó la toma como el intento de impedir un supuesto golpe de Estado planeado por el entonces candidato a presidente Carlos Saúl Menem y el Coronel Mohamed Alí Seineldín, al iniciarse el ataque arrojó en las cercanías del cuartel volantes atribuibles a un supuesto comando llamado «Nuevo Ejército Argentino» que pretendía derrocar al presidente Alfonsín[2] , hecho reconocido por Gorriarán Merlo en una entrevista con Claudia Hilb.

Desde el primer momento, los militares conocían que el ataque era realizado por elementos de la izquierda e, incluso, inteligencia conocía previamente que un movimiento rebelde iba a atacar a alguna unidad militar del área metropolitana y que por eso el entonces titular del Ejército Argentino, teniente general Francisco Gassino, dispuso reforzar la infantería.

Inmediatamente después del copamiento, efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires, rodearon el cuartel a modo de primera línea de emergencia para repeler a los terroristas hecho que confundió a la población ya que se pensó que la Policía era la que atacaba las instalaciones militares, dado que no se tenía conocimiento del grupo.

Posteriormente, se difundieron informaciones sobre que los guerrilleros habían matado conscriptos que dormían, que tenían ayuda de mercenarios extranjeros y que disponían de avanzado armamento de origen soviético.

Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín

Finalmente, efectivos pertenecientes al Ejército consiguieron la recuperación del cuartel, tras ser auxiliados y apoyados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


Hay un hecho histórico que pinta a un verdadero soldado y al que hoy queremos rendir un justo homenaje, junto a sus camaradas caídos por defender a la Patria, nos referimos al señor Teniente Coronel (Post Morten) Horacio González Cutiellos. Este militar era el 2° Jefe del Regimiento y una hora después de empezado el combate, le dijo a su jefe por teléfono:

“Yo voy a morir defendiendo el cuartel, ustedes recupérenlo”. Y así ocurrió.

¡Gloria y Honor a todos los caídos del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia, en esos aciagos días de la locura terrorista en pleno gobierno constitucional y democrático, igual que la guerra revolucionaria de los años ‘70!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre



[1] En Internet circula una versión –no desmentida por el protagonista– no referimos a Alfredo Leuco, reconocido periodista y devenido en importante comunicador social, dicen “que es un ex-terrorista del ERP que, incluso, fue el Jefe de Prensa del MTP en el ataque del 23 de enero de 1989 en el Regimiento de Infantería 3 “General Belgrano”, en LA TABLADA". Le hemos escrito a Leuco para que explique o desmienta esa versión, lo consideramos necesario y por el bien de la república. El recientemente fallecido Pepe Eliaschev tuvo la honestidad de explicar su participación en los años violentos de los ’70 y luego criticar el camino de la violencia armada de las organizaciones terroristas para alzarse con el poder del estado, si Leuco estuvo implicado en algo similar, sería bueno que tomara el ejemplo de su admirado amigo.

[2] El posterior juicio a los terroristas, que participaron del ataque a La Tablada, demostró que esa excusa era falsa.

GENOCIDAS ¿QUIÉNES?

La referente del MST,
Clarisa “Lita” Alberstein

La señora, Lita Alberstein, convoca a la ciudadanía a movilizarse para exigir “cárcel común y efectiva a estos genocidas” (militares condenados en Tucumán por pelear contra la subversión). Pero en la Argentina y, particularmente, en Tucumán no hubo ningún genocidio. Lo que hubo fue una guerra sucia por ambos mandos. El gobierno constitucional de Isabel Perón fue el que ordenó a los militares aniquilar y/ o exterminar al Ejército Revolucionario del Pueblo y al Ejército Montonero que pretendía tomar el poder asesinando policías, empresarios, políticos y militares.


El 1 de diciembre se cumplirán 40 años del asesinato del Capitán Viola y su hijita, de tres años de edad, María Cristina. Un comando de 16 guerrilleros del ERP disparo un escopetazo al auto en el que se encontraban. Su otra hija, María Fernanda, recibió también un disparo en la cabeza pero sobrevivió. Los muy cobardes se justificaron con la excusa de que fue el rebote de las balas las que impactaron en las niñas. Sin embargo, no he visto a la Secretaría de DDHH de la Nación, a las Madres de Plaza de Mayo o a la señora Alberstein convocar a nadie para pedir justicia con el aberrante crimen de María Cristina Viola.

¿Que los impulsa a continua a esta persecución a los soldados que lucharon para que esta Argentina hoy no sea Cuba?? Muchos ancianos muriéndose en la cárcel común como Uds. quieren. ¿Será los dineros que maneja el Gobierno desde la Secretaría de DDHH?


Si así no fuera no entiendo este odio y esta venganza que a Uds. Sra Alberstein y a tantos otros los mueve.
Sería mucho más positivo para nuestra sociedad que la justicia se ocupe de tantos hechos de corrupción y narcotráfico que se tapan con estos juicios de lesa humanidad. Los militares ancianos no representan ningún peligro para esta sociedad, los delincuentes, corruptos y narcotraficantes creo que sí.

Mario Cabanillas
Salta - Capital


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original. La carta publicada por El Tribuno de Salta, no es copia fiel a la enviada por el autor de la misma, tiene algún tijeretazo.