domingo, 11 de enero de 2015

POLÍTICAS DE ESTADO, EN VEZ DE UN ESTADO PARA LOS POLÍTICOS

Frente a los próximos comicios, es necesario superar las antinomias, promover el diálogo y establecer compromisos de gobernabilidad y transparencia
  
Hace cuatro años, en vísperas de la última elección presidencial, dirigentes de varias fuerzas políticas firmaron un acuerdo programático de cinco puntos, con el fin de comprometerse a llevarlos a la práctica independientemente de quién resultare elegido en las urnas. Ese entendimiento fue suscripto con la mirada puesta en un diálogo interpartidario que fuera más allá de diferencias ideológicas, y vio la luz con el nombre de "Acuerdo de gobernabilidad y políticas públicas". Sus cláusulas eran las siguientes:

Gobernabilidad: obligaba al Poder Ejecutivo y a la bancada que resultara con más miembros en el Congreso a aceptar que los derechos de las mayorías no son absolutos y que es deber de sus representantes "promover el diálogo", al tiempo que la oposición se abstenía de obstruir ilegítimamente la acción de gobierno.

Estado de Derecho: los firmantes se comprometían de manera rigurosa a respetar la división de poderes, la independencia de la Justicia y los principios y garantías fundamentales consagrados por la Constitución Nacional.

Seguridad jurídica: disponía que quien contratara con el Estado o realizara inversiones por él autorizadas tendría garantizado que esos actos jurídicos no serían alterados mediante decisiones administrativas o leyes de efecto retroactivo.

Transparencia: se centraba en la revisión a cargo del Poder Judicial para impedir hechos de corrupción administrativa.

Políticas públicas: se propiciaba la constitución de equipos técnicos de los que participarían todos los firmantes, de modo de fijar una agenda común en asuntos de fondo, como la lucha contra la corrupción, la seguridad, la educación masiva de calidad, el desarrollo productivo, el federalismo económico, el aumento del poder adquisitivo del salario y la erradicación de la pobreza.

Firmaron aquel acuerdo de gobernabilidad Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Hermes Binner y Margarita Stolbizer, entre muchos otros dirigentes. El kirchnerismo, que finalmente ganó en los comicios del año siguiente, no lo suscribió a pesar de que había sido invitado a hacerlo.

Aunque realmente está a la vista, no es ocioso remarcar la brutal embestida que precisamente el actual gobierno encaró contra todos y cada uno de los puntos de aquel acuerdo.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner -muy especialmente durante sus dos últimos períodos- han sembrado una enorme discordia y desconfianza entre los argentinos; se ha roto deliberadamente la división de poderes, poniendo al Ejecutivo por encima de los otros dos poderes del Estado; se ha hecho añicos la seguridad jurídica, y las políticas públicas jamás se consensuaron. Muy por el contrario, se utilizaron y se utilizan como herramienta para consolidar el clientelismo y el prebendarismo.

Lamentablemente, ha quedado claro en todos estos años que la única gobernabilidad que el kirchnerismo puede proveer es la que se basa en la tergiversación de los procedimientos, si es que a eso se le puede llamar gobernabilidad. Para el actual partido gobernante, la opinión de la oposición no existe, como tampoco tienen cabida quienes, dentro del kirchnerismo, muestren un ínfimo grado de independencia, de diálogo y razonabilidad. Ha sucedido en los últimos días con la visita del gobernador Daniel Scioli a un evento organizado por el diario Clarín. "O están de este lado o están del otro lado", resumió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Una síntesis perfecta de pensamiento antidemocrático.

Ha abrevado poco el kirchnerismo en su propio pasado. Acordar con otras fuerzas no es perder identidad ni relegar autoridad, es buscar puntos programáticos en los cuales trabajar en forma conjunta para llegar al mejor resultado. En 1970, el radicalismo y el peronismo firmaron un documento denominado "La hora del pueblo", con el propósito de reclamar el fin del gobierno militar de entonces. El objetivo se cumplió. Fue un hecho histórico que llevó a los comicios de 1973.

En 1981, la UCR, el PJ, la Federación Demócrata Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente conformaron lo que se conoció como la "Multipartidaria". Ocurrió durante el último gobierno militar y con el mismo fin de reabrir el proceso democrático.

A lo largo del tiempo, se supo de otros grupos conformados por distintas agrupaciones con objetivos precisos, como la búsqueda de diálogo, la unidad y el respeto institucional. Tal el caso del Grupo de Acción Política, espacio multipartidario auspiciado en 2012 por Pro, Unión por Todos, el Peronismo Federal y la UCR, entre otros partidos.

Un año más tarde, monseñor Jorge Lozano, en su carácter de presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, firmó con varios partidos políticos un compromiso para instrumentar políticas públicas contra el narcotráfico. Del arco oficialista sólo adhirió Scioli, aunque no asistió a la reunión a la que sí concurrió la mayoría de los precandidatos presidenciales de la oposición.

Y, sin ir más lejos, el año pasado, un grupo de ex directivos del Indec pidió a esos postulantes que se comprometieran a normalizar ese organismo, otrora ejemplo de instituto estadístico y, desde 2007, la más poderosa herramienta de falseamiento de datos oficiales. Hasta el momento, suscribieron esa iniciativa Sanz, Sergio Massa, Elisa Carrió y Fernando Solanas.

También en 2014 se conoció el primer documento del Foro de Convergencia Empresarial, denominado "La hora de la convergencia", suscripto por una treintena de entidades del mundo agropecuario e industrial, representantes de organizaciones académicas y profesionales, y por el Episcopado, con vistas al diseño de políticas de Estado. Más tarde, en un acto con el lema "Compromiso para una Argentina posible", el Foro de Convergencia Empresarial dio a conocer sus propuestas de gobernabilidad sumando a numerosos dirigentes políticos y entidades de la sociedad civil con el objetivo de comprometerse con el fortalecimiento de los poderes del Estado, el combate a la inflación, la defensa de reglas de juego claras y el impulso a la educación, la salud y la generación de empleo.

Es necesario volver a hacer hincapié en este tipo de compromisos, que nada tienen que ver con alianzas electorales. Desde el acuerdo de 2010, que sigue vigente, se han producido en el país numerosos y graves retrocesos, por lo que urge que aquellos dirigentes, y los que quieran sumarse, se sienten a la mesa de diálogo y discutan, entre otros asuntos, sobre cómo reducir la inflación, resolver el drama del narcotráfico y la inseguridad, y sancionar la corrupción en el Estado.

Aun con enormes discrepancias ideológicas, es posible hallar caminos comunes y, fundamentalmente, proponer soluciones. Como muy bien ha dicho Rodolfo Terragno, uno de los impulsores de aquel acuerdo programático, la tarea no se agota en coincidir sobre el "qué"; y desentenderse del "cómo" resolver los problemas. Un acuerdo serio requiere discutir su eventual instrumentación, con papeles de trabajo, sin discursos y con la participación de expertos en cada punto por abordar. "Es como elogiar la felicidad o la salud. Nadie puede estar en desacuerdo. Lo que tenemos que hacer es decir cómo se consigue todo esto", sostuvo Terragno.

Un acuerdo programático se piensa para muchos años. Los opositores de hoy pueden gobernar en el futuro y esos compromisos estarán siempre por encima de todos ellos. Hay que volver a generar confianza. Es falso y a la vez peligroso plantear la transición en términos de todo o nada.

Es probable que el kirchnerismo tenga una dificultad para comprender y aceptar este tipo de consensos. Esa dificultad deriva de su concepción general de la política. La agrupación gobernante se ve a sí misma no como una parte sino como el todo. Es una propensión autoritaria que la historia argentina ha registrado con demasiada frecuencia y que pone de manifiesto una incapacidad para reconocer que puede haber un acierto en quien expresa otra idea, aunque más no sea la semilla de una verdad. Esta inclinación aparece con frecuencia en los discursos de la Presidenta cuando alega que, oponerse a su gobierno, es estar en contra de la Patria. Este argumento le ha servido de plataforma para avanzar sobre la Justicia o sobre la prensa.

En este 2015, los argentinos volvemos a tener la oportunidad de definir nuestro perfil de país y, para ello, necesitamos dirigentes sensatos, componedores, moderados, buenos administradores, que den ejemplo de honestidad y que estén dispuestos a trabajar para que podamos revertir los odios y enfrentamientos que han caracterizado a la última década y que tanto daño nos han hecho.


NOTA: Los destacados no corresponden a la nota original.