jueves, 26 de febrero de 2015

BOCHORNOSO SAQUEO DE CUARTELES

Editorial I

El ministro de Defensa y el jefe del Ejército deberían renunciar debido a los reiterados e insólitos robos de materiales bélicos en unidades de esa fuerza


No transcurrió un mes desde que la sociedad, azorada, se enteró del robo de un misil en una guarnición militar, cuando tuvo que asimilar otro inconcebible robo en otra unidad del Ejército: 19.600 balas calibres 9 y 32 milímetros del Batallón 603 San Lorenzo, en la localidad santafecina de Fray Luis Beltrán, a unos 15 kilómetros de Rosario. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que padecemos todos los días, las armas más utilizadas por los delincuentes son las de calibre 9 mm.

A esta altura, dada la inusitada frecuencia con la cual se producen estos robos y los sitios en los que se verifican -cuarteles militares con guardias internas y externas y rigurosos inventarios, además de inspecciones frecuentes-, no cabe pensar en una serie de casualidades. Por el contrario, hay que sospechar con sobrados fundamentos que estamos ante un plan sistemático de sustracción de armamento de guerra que, como veremos, se remonta a varios años y que de ninguna manera puede llevarse a cabo sin la complicidad de muy altos oficiales del Ejército.

Llamativamente, no es la primera vez que se registra un importante faltante de armas y municiones en el Batallón 603. Como consignó LA NACION, en febrero de 2011 el Ejército denunció que en ese cuartel faltaban 154 FAL, además de piezas para el armado de 250 fusiles, una ametralladora MAG calibre 7,62 mm, piezas de cinco ametralladoras calibre 12,7 mm y una pistola 9 milímetros. A raíz del descubrimiento, el entonces ministro de Defensa, Arturo Puricelli, dispuso el pase a disponibilidad del general que comandaba los batallones de Arsenales. Cuando comenzaba la investigación, se suicidó un sargento ayudante del batallón.

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina informó a mediados de 2012 que de los batallones de arsenales 601 y 603 se había sustraído entre 2010 y 2012 la cantidad de 274 correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles.

Puede advertirse que no nos hallamos ante meros hechos aislados, sino ante una poderosa organización que actúa en el Ejército desde hace años y que, como demuestran los hechos, en nada se ve afectada por los periódicos cambios de mandos en la fuerza ni por los pases a retiro o a disponibilidad de los directores de arsenales. Por eso es que las dos medidas adoptadas por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, tras conocerse el nuevo robo no son las adecuadas. El pase a retiro del responsable de los arsenales es una medida cosmética que ha probado su inutilidad en los casos anteriores; equivale a cortar el hilo por lo más delgado. La otra medida dispuesta por el ministro de Defensa, el cierre del Batallón 603, además de contraproducente, puede ser considerada como una estrategia para encubrir los robos y, una vez lograda la impunidad, permitir la continuidad de estos hechos. Se trata de una estrategia que recuerda otras decisiones tendientes a encubrir casos de corrupción y ocultar pruebas, tales como la expropiación de la ex calcográfica Ciccone o la disolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

Una genuina investigación requiere que no se modifique el lugar de los hechos ni se trasladen los libros de guardias y los registros de los stocks, algo que seguramente sucederá si se procede al cierre de la unidad. ¿Acaso el ministro Rossi piensa combatir la delincuencia en el Ejército cerrando cada unidad en la que se verifiquen delitos? ¿No es más lógico combatir los delitos sin desquitarse con los cuarteles? ¿O se trata de una confesión de impotencia? En verdad, lo que corresponde ante la gravedad de estos hechos es que el ministro Rossi y el titular del Estado Mayor del Ejército, teniente general César Milani, presenten sus renuncias, pues ambos han fracasado y representan la decadencia de nuestras fuerzas de defensa, como lo prueba, además, el reciente uso de una unidad del Ejército por parte de militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora.

La constante sustracción de armamento pagado por todos los argentinos y destinado a su defensa tiene una larga y desgraciada tradición en el país. Recordemos que entre 1991 y 1995 se concretó un voluminoso contrabando de armamento del Ejército hacia Croacia y luego a Ecuador, al amparo de decretos secretos firmados por Carlos Menem. Por esas ventas ilegales fueron condenados el ex presidente y otros ex funcionarios, quienes apelaron sus condenas ante la Corte Suprema de Justicia. Algunos de los oficiales del Ejército que revistaban en Fabricaciones Militares y fueron condenados por el contrabando también han recibido, en diciembre del año pasado, condenas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.


Pero lo más preocupante del robo de armamento, además de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades nacionales para combatirlo, es que el destino de ese material es el delito violento, pues tanto en el caso de que sea contrabandeado al exterior o vendido en el mercado negro interno, esas armas y municiones terminan en manos de bandas de delincuentes o de narcotraficantes y contribuyen al incremento incesante de la violencia delictiva, con su secuela de muertos y heridos.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.