domingo, 22 de febrero de 2015

EL REGRESO DEL MIEDO A LA ARGENTINA

El análisis

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
  
Hace pocos días, un viejo peronista salió asombrado de una reunión con Carlos Zannini, el funcionario más cercano a la Presidenta. “Decidieron dinamitar todo antes de irse”, contó, consternado. Cristina Kirchner confirmó ayer esa versión de su alucinada estrategia. Demostró también que perdió la capacidad para interpretar los hechos de la política que ella no maneja. La marcha del 18-F fue una inmensa conspiración destituyente, dijo, que tuvo como conjurados, sobre todo, al Poder Judicial y a los medios periodísticos independientes.


Aunque también deslizó alguna línea sobre el poder económico. Nisman merecía el homenaje sólo de su familia (ni siquiera el de ella), insinuó, y, por lo tanto, lo que sucedió en las calles el miércoles último fue una sublevación contra su gobierno.

La sublevación de los paraguas

La reacción presidencial no sólo advierte sobre el decurso febril y furioso de los próximos diez meses, sino también sobre la magnitud de la herencia que recibirá el próximo presidente. Cristina no se detiene en las consecuencias de lo que hace y dice: dinamitó, en efecto, su relación con el Poder Judicial y con un enorme sector social, que pertenece a los decisivos estratos medios de la sociedad. Lo que sigue de aquí en adelante no puede ser otra cosa que una nueva escalada de su radicalización extrema. La Presidenta ha decidido, al mismo tiempo, inscribir el peor recuerdo de su gestión para los tiempos en los que ya no estará en el poder, dramáticamente próximos.

El pueblo soberano "le marcó la cancha"

El poder supuestamente conspirativo vive una atmósfera menos delirante. Vale la pena consignar un ejemplo. El fiscal Germán Moldes y Julio Piumato, el máximo dirigente sindical de los empleados judiciales, no se hablaban desde hacía décadas. Los dos militaron en corrientes distintas del peronismo en los años 70 y ambos sufrieron la cárcel y la tortura durante la dictadura. Dos días antes de la marcha del 18-F debieron participar de una reunión con el resto de los fiscales para organizar la manifestación. Cuando se encontraron después de tantos años de distancia, Moldes dudó durante un segundo fugaz y luego corrió para abrazar a Piumato. Así, abrazados, estuvieron durante varios minutos, mientras los dos lloraban desconsoladamente. “Otra vez tenemos un muerto”, se repetían uno al otro.

Los otros fiscales, que pertenecen a una generación más joven, observaban entre sorprendidos y conmovidos. “Yo tenía la piel hecha un gallinero”, contó uno de los asistentes. El pasado parecía resolverse entre esos dos hombres. Quedaba el presente, pero Moldes y Piumato podrían explicar con ese gesto el espíritu lacerado que se posó en la Justicia y en sus funcionarios. Hay heridas, no golpismo. Lo que sucedió el miércoles último fue algo más que una marcha política y un homenaje póstumo al fiscal Alberto Nisman. Fue la aparición descarnada de un Estado capturado por una facción política, la exposición pública del temor que subyace en las personas que tienen que interpretar y aplicar la ley.

El duelo lo decretó el pueblo soberano

En última instancia, los fiscales, que deben denunciar e investigar en nombre del Estado (incluido el Gobierno), recurrieron a la sociedad en busca de protección. Increíble, aunque forme parte de la realidad. ¿Nisman fue el principio de una lista o la lista se agotó con él? ¿No hubo acaso antes una orden confusa (o no tan confusa) contra el juez Claudio Bonadio? Si la muerte de Nisman fue obra de sicarios iraníes, como suponen servicios de inteligencia extranjeros, la lista sólo lo incluía a él, por ahora al menos. Pero si fuese una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino, esa eventual lista podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales. Éstas son las inferencias que se escuchan entre jueces y fiscales. El miedo no está ausente entre ellos, como no lo estuvo entre los que manifestaron el miércoles. Cristina Kirchner aportó ayer más miedo al miedo preexistente.

Cada vez más derrotas

Ese pedido de ayuda de los fiscales llegó al inconsciente colectivo. No es casual que el fiscal más ovacionado durante la marcha haya sido José María Campagnoli, a quien estuvieron a punto de echar cuando intentó hurgar en la fortuna de Lázaro Báez. La popularidad de Campagnoli tiene su explicación en que fue, junto con Nisman, el fiscal más perseguido en los últimos tiempos por el poder cristinista. Campagnoli debió recurrir a los medios periodísticos, sobre todo a la televisión, para defender su estabilidad como fiscal. Una gran derrotada del miércoles fue también Alejandra Gils Carbó, quien persiguió a Campagnoli, se mostró indiferente frente a la muerte de Nisman y capitaneó la dolorosa fractura que existe en la Justicia. Son las órdenes de Cristina y sus consecuencias.

Máximo con miedo... ¿ella conservará la sonrisa?

Casi todos los fiscales que encabezaron la marcha son perseguidos por Gils Carbó, con métodos directos o indirectos, a través de sanciones o del nombramiento de comisarios políticos en sus fiscalías. En la cabeza de la marcha estuvo, por ejemplo, Carlos Rívolo, el fiscal que investigó el primer y fundamental tramo de la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por la compraventa de Ciccone. O Carlos Stornelli, que lleva junto con Bonadio la investigación por lavado de dinero en hoteles de la Patagonia por parte de Báez y la familia Kirchner. Bonadio y Stornelli son ahora las bestias negras para la furia presidencial. En la mira de esos dos funcionarios están ella y su hijo.

La ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, liberó a los fiscales, con sus últimas declaraciones, de la obligación de explicar por qué marcharon. Nisman no se suicidó. Fiscales y jueces lo dicen ahora abiertamente. Jamás Nisman se hubiera suicidado con un disparo en la cabeza, en el baño y en calzoncillos. Tenía un sentido demasiado obsesivo de la estética como para hacer las cosas de ese modo. Nadie encuentra, además, una sola razón personal o política para que haya llegado a esa determinación. “O lo mataron los servicios iraníes o algún sector de los servicios argentinos”, resumió un fiscal que conoce el episodio de la muerte desde el primer minuto.


Julio Bárbaro suele decir que la Corte Suprema de Justicia salvó a la democracia argentina de los estragos del kirchnerismo. “¿Ustedes se imaginan qué habría sido de la democracia si en la Corte hubiera habido tres jueces más como Zaffaroni?”, argumenta. Es cierto. Aun con decisiones polémicas, la Corte siempre dejó abierta la posibilidad de frenar las arbitrariedades en la aplicación de sus propias resoluciones. La pregunta tiene un sentido más amplio. Con un Poder Ejecutivo claramente autoritario y con un Parlamento disciplinado y sumiso, ¿qué hubiera sido de la democracia argentina con una Corte Suprema fanáticamente kirchnerista?


Ahora son los jueces y fiscales los que están dolidos y sublevados. Están haciendo lo que antes no hacían. Su deber es hacer, no demorar las decisiones. La confirmación del procesamiento de Boudou por la causa Ciccone explica lo que sucede en la Justicia. Esa resolución estaba prevista para fin de mes, pero se produjo un día después de la multitudinaria marcha del miércoles. Los jueces saben que nadie pide lo que tiene. Y la sociedad que salió a la calle reclamó justicia y criticó la impunidad. ¿Ese apoyo popular no conllevó también, acaso, un reclamo al trabajo de los jueces y fiscales?


Claro que sí. Y así lo entendieron ellos en las reuniones posteriores a la manifestación. Bonadio, el juez amenazado y el más detestado por el kirchnerismo, fue confirmado al frente de la causa por lavado de dinero. El juez Ariel Lijo, que llevó la investigación de Ciccone contra Boudou, fue elogiado por sus propios pares luego de la ratificación del procesamiento del vicepresidente. Boudou está a las puertas del segundo juicio oral y público por hechos de corrupción. Los diez meses que le quedan podrían resultar un infierno para él. A veces, la deshonestidad y la mentira se pagan en este mundo.

Es probable que todo el Gobierno atraviese diez meses convertidos en un infierno. La Justicia podría sorprenderlo cada quince días o un mes con otra decisión adversa y dura. Es la vieja estrategia de los jueces cuando rompen relaciones. Mucho más cuando saben, desde ayer, que están en medio de una guerra sin medida, sin límites y sin códigos.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.