martes, 24 de febrero de 2015

MADURO: PERSECUCIÓN Y VIOLENCIA QUE NO CESAN

Editorial II

La inadmisible detención del alcalde de Caracas confirma la enorme y creciente violación del Estado de Derecho por parte del gobierno venezolano
  


El gobierno de Nicolás Maduro, democrático de origen al igual que el del fallecido Hugo Chávez, ha venido sufriendo una profunda metamorfosis, hasta transformarse en una administración autoritaria con claros rasgos de dictadura.

Leopoldo López

Al desmanejo económico que ubica a Venezuela a la cabeza de los países con mayor inflación, inseguridad y desabastecimiento de productos elementales que afecta a los sectores más desprotegidos del tejido social, Maduro le suma una acción persecutoria de las voces opositoras. La represión arrancó con brutalidad hace un año, con el saldo de 43 muertos en protestas sociales. Para entonces, fue detenido, junto a otros opositores, Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, falsamente acusado de promover un movimiento desestabilizador. Ahora le ha tocado el turno a Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Los videos que han recorrido el mundo muestran cómo agentes del servicio de inteligencia gubernamental -algunos de ellos encapuchados- detuvieron a Ledezma, a quien golpearon, lo cual ha provocado el repudio de organizaciones de derechos humanos como Amnesty International, Human Rights, la Internacional Socialista y el Foro Penal Venezolano, entre muchas otras.

Hace un mes, el Episcopado de Venezuela emitió un duro mensaje en el que calificó de autoritario y dictatorial al gobierno de Maduro. Lo acusó de querer imponer por la fuerza un sistema no democrático.


La detención de Ledezma corrobora que el gobierno fallido de Venezuela, acorralado por su propio fracaso, impulsa una espiral de violencia, respondiendo cada vez con mayor represión y conculcando libertades mediante la detención de todo aquel que lo enfrente.


Según información de organizaciones venezolanas e internacionales, un promedio de tres personas por día son detenidas por razones políticas en el país caribeño, y casi el cincuenta por ciento de los alcaldes tienen causas penales abiertas por la acción persecutoria del gobierno venezolano, que, en su radicalización, denuncia conspiraciones e intentos fantasma de golpes de Estado para justificar la represión. Maduro, incluso, extendió la acusación de golpistas a los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y España.

Pisotear las libertades individuales y violar los derechos humanos se ha constituido en una constante del gobierno venezolano, bajo el sonsonete de siniestras maquinaciones que sirven de sustento a todos los atropellos contra el Estado de Derecho, como lo ha demostrado con las detenciones de López y de Ledezma y con la expulsión arbitraria del Congreso Nacional de la diputada María Corina Machado.


Llaman la atención la pasividad y el silencio cómplice de la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos, incluido el argentino, con la excepción de Chile, Colombia y Brasil, que criticaron lo sucedido. La situación en Venezuela debería ser motivo suficiente para que organismos regionales como el Mercosur y la Unasur cumplan con sus normativas fundacionales.

Buscar oscuras conspiraciones, golpes “blandos”, complots de todo tipo supuestamente conformados por políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, jueces y prelados es la solución que encuentran los gobiernos desviados para justificar su desapego a la Constitución, a la división de poderes, al Estado de Derecho y a la libertad de expresión, violentando el sistema basal de una república con el fin de instalar un régimen policíaco, represivo y persecutorio de todo aquel que piense distinto del autoritarismo gobernante.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.