sábado, 14 de marzo de 2015

CARLÉS, EN LA MIRA POR LA MORA EN UNA DEUDA

Sería de unos $ 300.000; adujo que la contrajo para atender gastos de salud de su madre

El postulante a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno, Roberto Carlés, está demorado en el pago de una deuda de al menos 300.000 pesos, contraída con un banco privado. Según el registro del Banco Central, actualizado a enero último, dicha deuda se halla en la categoría 2, es decir, “con seguimiento especial, riesgo bajo”.

Los datos del Banco Central dan cuenta de una deuda superior, del orden de los 486.600 pesos. Consultado por LA NACION, Carlés explicó que el monto de deuda, contraída con tarjeta de crédito y un préstamo personal, se redujo en estos dos meses a algo más de 300.000 pesos.

“Lamentablemente me he endeudado en la segunda mitad del año pasado en razón de los gastos que asumí por la enfermedad de mi madre, que falleció en diciembre pasado -señaló Carlés-. Actualmente estoy reuniendo la documentación necesaria para iniciar la sucesión de mi madre, que una vez realizada me permitirá cancelar esas deudas”.

El pliego de Carlés ya ingresó en el Senado y el 31 de este mes se realizará la audiencia pública en la que el joven abogado deberá defender su postulación, en reemplazo del renunciante Eugenio Zaffaroni.

Para su aprobación se requieren los dos tercios de los senadores presentes en el recinto, pero la oposición ya anticipó su rechazo.

“Carlés no reúne los requisitos de idoneidad necesarios para ocupar un sitial en la Corte Suprema”, enfatizó el senador y jefe del radicalismo, Ernesto Sanz.

Una de las principales críticas que se le formulan a Carlés es que no cumple con el requisito de ocho años de ejercicio profesional que prescribe la Constitución nacional. Además, la oposición le achaca su férreo alineamiento con el kirchnerismo; de hecho, entre quienes adhirieron a su postulación figuran agrupaciones oficialistas como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y miembros de Justicia Legítima.

En cambio, Carlés recibió severos cuestionamientos de los principales referentes forenses del país, como la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la ciudad.