sábado, 14 de marzo de 2015

EL GOBIERNO ESTUDIA AMPLIAR LA COMPOSICIÓN DE LA CORTE Y HAY PREOCUPACIÓN EN EL TRIBUNAL

Proyecto

Por Adrián Ventura | LA NACION

  
El Gobierno estudia en reserva un proyecto de ley para ampliar la composición de la Corte Suprema a siete o a nueve miembros.

La iniciativa, de prosperar, buscaría paralizar por completo al alto tribunal, que dirige Ricardo Lorenzetti , y además forzaría a la oposición a sentarse a negociar y aceptar que el oficialismo cubra la mayoría de los cargos.

La idea, según lo confirmó LA NACION, fue propuesta a fin del año pasado por varios senadores del FPV que tienen llegada directa a la Casa Rosada. Anteayer un ministro del Poder Ejecutivo aseguró en estricto off the record que está en estudio esa posibilidad.

El rumor también se instaló con fuerza en la Justicia. Por eso el martes último los jueces supremos y los secretarios generales del alto tribunal conversaron a puertas cerradas acerca de ese posible avance del kirchnerismo sobre la independencia de la Corte.

Allí admiten que la iniciativa, de prosperar, podría tener un efecto negativo.

En efecto, actualmente, el máximo tribunal está compuesto por cinco cargos, aunque uno está vacante: para cubrir el lugar que dejó libre Eugenio Zaffaroni, que renunció en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner propuso a Roberto Carlés. Si la Corte es llevada a 7 o 9 cargos, para dictar sentencia en cada uno de los miles de casos que resuelve el tribunal, tendrían que ser nombrados tres o cinco conjueces. Esos trámites paralizarían a la Corte y, además, el Gobierno podría filtrar a conjueces adictos al oficialismo.

Además, por ahora el pliego de Carlés encuentra muchos escollos para ser aprobado. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunció que Carlés mintió en su currículum y, además, si bien se graduó hace más de una década, no tiene los años mínimos de ejercicio de la profesión y tampoco tiene antecedentes en la Justicia.

El proyecto de ampliar la Corte sería el plan B del Gobierno (como informó LA NACION anteayer) y, una vez presentado, el Congreso podría aprobarlo en quince o veinte días, porque para sancionar esa ley no requiere una mayoría especial.

Por ahora, el plan A del FPV avanza con el pliego de Carlés y planea realizar una audiencia pública el 31 de este mes. Pero el jefe del bloque de senadores del FPV tiene un problema: los bloques de la oposición mantienen su postura que firmaron en diciembre y se niegan a discutir postulantes a la Corte hasta que no asuma el próximo gobierno. El oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios.

El Gobierno dice que actualmente la oposición bloquea la atribución de la Presidenta de completar la Corte. Sin embargo, la propia Constitución nacional le reconoce a la oposición la facultad de apoyar o no las propuestas del Ejecutivo. Por eso, si se traba el pliego de Carlés, el proyecto de llevar la Corte a 7 o 9 jueces podría producir varios efectos:

- El primero: sobre el trabajo de la Corte. Paralizaría por completo su actividad. Hoy, en una Corte de cinco, alcanza el voto de los cuatro jueces que la integran para dictar cualquier fallo. Pero si se elevara e incluso duplicara el número de integrantes, el peso de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt -los tres jueces que más preocupan al Gobierno- quedaría completamente diluido.

-Además, la Corte tendría la necesidad de nombrar a cientos de conjueces para resolver miles de casos. Esto le daría al Gobierno la posibilidad de elegir conjueces amigos, especialmente a la hora de resolver los casos más delicados, como el de la ley de medios

-La diputada Elisa Carrió desconfía y aseguró que teme que el Gobierno proponga a León Arslanian y le ofrezca un cargo a la UCR.

-Pero encumbrados senadores y dirigentes de la UCR y Pro aseguraron a LA NACION que el Gobierno no los tentó con ningún ofrecimiento y aseguran que no están dispuestos a aceptar esa maniobra.

-La jugada del FPV, de todos modos, buscaría descolocar a la oposición: una cosa es no aprobar el pliego de Carlés y otra mucho más grave sería bloquear la designación de cuatro o cinco jueces nuevos, aun cuando esos nombres fuesen difíciles de digerir o no tuvieran antecedentes. Eso es lo que piensan en el Gobierno.