miércoles, 18 de marzo de 2015

GIRO DE 180º EN LA CAUSA EL APAGÓN DE LEDESMA

16/05/15                                                            

Por Mauricio Ortín

El reciente fallo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que dicta la falta de mérito para el juzgamiento de Pedro Blaquier y Alberto Lemos en la “causa Ledesma” debería simplemente entenderse como lo que es: un estricto acto de justicia. Difícilmente ello ocurra, porque tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como Horacio Vertsbisky (ex jefe de inteligencia de la banda montoneros e ideólogo del kirchnerismo en la persecución a las FF.AA.) seguirán adelante con su política de desinformación sobre los hechos y la difamación sobre los acusados. Lo cierto es que los tres jueces, en forma unánime, sostienen que  debe revocarse el procesamiento de Blaquier y Lemos en todos los hechos que han sido imputados. Ello así, porque, según los jueces se incurrió en una arbitraria valoración de las constancias arrimadas al expediente”, “no hay –a esta altura de la investigación– un mínimo de elementos probatorios que permitan considerar que los imputados Blaquier y Lemos se representaron que estaban aportando a la conducta dolosa” (por el hecho de prestar a los militares las camionetas del Ingenio para el secuestro de personas), “ha existido un claro déficit de fundamentación en los procesamientos dictados a la hora de acreditar el aspecto subjetivo de la responsabilidad de los acusados en carácter de partícipes”. Y, más categórico todavía, el juez Juan Carlos Gemignani dijo: “...resulta superfluo discurrir –como lo hace el a quo– sobre el conocimiento real o supuesto por parte de los imputados del destino que habría de otorgársele a las camionetas, toda vez que ese conocimiento en ningún caso puede hacer trasladar la prestación imputada desde la juridicidad al ámbito de la antijuridicidad”. Es decir, que aun cuando se hubiera probado lo que se les imputa (ni siquiera se probó que los vehículos hubieran sido efectivamente prestados), Blaquier y Lemos no habrían cometido en delito alguno.

juez instructor Poviña

Así las cosas, conviene preguntarse ¿Cómo fue entonces que la Cámara Federal de Salta, el juez instructor Poviña y los fiscales federales Villalba y Pelazzo no advirtieran que la acusación constituía un verdadero mamarracho y siguieran adelante con la misma? ¿No son acaso responsables, como mínimo, de un acto de mala praxis judicial? Haciendo una analogía con la medicina es como si a un enfermo que necesita un trasplante de corazón le injertaran un hígado para bombear la sangre. El costo de semejante torpeza, tanto en dinero como en aflicción, es monstruoso para los imputados y sus familias; pero, también, para los contribuyentes que pagamos sueldos de Primer Mundo a fiscales y jueces federales que nos correspondan con un servicio de justicia del Cuarto o de cuarta. Y como si no hubiésemos tenido suficiente para empacharnos de espanto, todavía hay que agregar el disparate de que el juez Poviña consintiera que el Dr. Pelazzo, de querellante se metamorfoseara en fiscal de la causa. Hay que decir que ¡Pelazzo tenía la obligación legal de inhibirse y no lo hizo! Y, (como se dice en España) para más inri, hay que agregar que en la causa “Marengo”, la que por estos días se sustancia en Jujuy, también mutó de querellante a fiscal; y, (doble inri) también, el tribunal oral federal aceptó las dos caras de Pelazzo.

fiscales federales Villalba y Pelazzo

No hay un solo juicio por crimen de lesa humanidad en la Argentina que resista el análisis legal de un alumno de la secundaria, decía un abogado amigo.

Sin embargo, está más que claro que en la Argentina a la mayoría de los políticos, intelectuales, periodistas y hombres de la iglesia (Francisco I, incluido) el asunto les importa un bledo. Es piantavotos y de derecha preocuparse por un empresario o un militar acusado de crimen lesa humanidad; nadie quiere o nadie se anima a sacar los “pies del plato” de lo “políticamente correcto”.


Es para celebrar, por justo, el fallo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal; mas, en similar o peor situación a la que sometieron a Blaquier y a Lemos se encuentran unos dos mil argentinos. Algún día no muy lejano todas estas farsas saldrán a la luz y sus responsables deberán rendir cuentas. Dada la ocasión, son muchos los que velarán para que, los que no supieron o no quisieron procurarla o impartirla, reciban justicia.