lunes, 30 de marzo de 2015

LAS INSÓLITAS LECCIONES DE MORAL DEL GOBIERNO

La demonización del fiscal Nisman desde el oficialismo demuestra la carencia de escrúpulos de algunos funcionarios kirchneristas


Alberto Nisman ha sido satanizado por un gobierno que ha preferido exponer dudosos detalles de la vida íntima de alguien que ya no puede defenderse, en lugar de responder civilizadamente a las denuncias presentadas por el fiscal que fue hallado muerto a mediados de enero.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios han demostrado no tener escrúpulos morales ni siquiera con los muertos. De tal forma los ciega el ánimo revanchista que no reparan en medios a la hora de usar y abusar del poder.

Rasgarse las vestiduras en virtud de que se han vulnerado determinados principios para, acto seguido, ser el primero en violentarlos es una de las consignas por excelencia del kirchnerismo. Es así como funcionarios que en los últimos años se vienen jactando de ser una suerte de abanderados de la defensa de los derechos humanos terminan invitando a investigar a la víctima en vez de buscar a sus victimarios y sugiriendo que algo habrá hecho para merecer la muerte.


Sorprende e irrita ver a funcionarios inhabilitados para dictar lecciones de ética, como Aníbal Fernández, calificando de "sinvergüenza" a un fiscal ya fallecido, al que ahora acusan de darles trabajo a "ñoquis" y de malversar fondos públicos en pos de una vida personal disipada. Llama la atención porque, antes de hablar de "ñoquis", la administración kirchnerista debería autoexaminarse y advertir la manera desproporcionada en la que ha crecido el empleo público en los últimos años y la cantidad de puestos que se han creado para satisfacer a ciertas agrupaciones kirchneristas y que son verdaderos subsidios encubiertos a la militancia.

Si alguien ha dado cátedra sobre el uso de fondos públicos como propios ha sido la actual presidenta de la Nación, ya desde los tiempos en que siendo primera dama y candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, en 2005, hacía campaña subida al helicóptero presidencial, financiado con los impuestos que pagamos todos los argentinos.


Es curioso que algunos funcionarios que ahora se confiesan indignados ante el elevado nivel de gastos de la fiscalía especial sobre el atentado contra la AMIA no hayan dicho una palabra frente a los numerosos escándalos que involucran al propio vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Es llamativo también que ninguno de ellos haya mirado hacia la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que es quien debería haber controlado cualquier irregularidad con las partidas presupuestarias de la citada fiscalía.


La tradición de echarle siempre la culpa al otro se puede advertir también en el afán del Gobierno por desembarazarse de Jaime Stiuso, el ex director de la Secretaría de Inteligencia hoy demonizado por el kirchnerismo, luego de casi 12 años en que fue utilizado por el Poder Ejecutivo para toda clase de operaciones clandestinas.

El doble estándar de medida, aplicado a propios o adversarios, según convenga a su táctica del momento, ha sido una constante en la forma en que el kirchnerismo ha ejercido el poder desde mayo de 2003. Lo aplica con frecuencia la primera mandataria, a la hora de dividir a la sociedad argentina hablando de "los de arriba" y "los de abajo", pretendiendo ignorar su espectacular crecimiento patrimonial, que ni el más inocente de los argentinos puede atribuir, como ella lo hizo durante una conferencia en la Universidad de Harvard, a su presunto pasado como "exitosa abogada". A no ser que se refiera a la fortuna que pudiera haber amasado su esposo a expensas de quienes, durante el último gobierno militar, perdieron sus casas con la instrumentación de la recordada circular 1050.


NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.