miércoles, 25 de noviembre de 2015

INVESTIGAR Y CONDENAR LA CORRUPCIÓN

Es de esperar que ningún acuerdo de gobernabilidad futuro pueda estar teñido por un blindaje de impunidad ni para funcionarios ni para empresarios corruptos

EDITORIAL

Numerosos fantasmas acompañarán por bastante tiempo al kirchnerismo cuando abandone el poder y lo obligarán a rendir cuentas ante la Justicia. Los escándalos de corrupción han sido una característica de los 12 años de gestión de los Kirchner, tan grave como los esfuerzos desplegados desde el Poder Ejecutivo por someter a los jueces a sus designios para que se consagrara la impunidad de los funcionarios involucrados en aquellos hechos.


En una de sus primeras declaraciones como presidente electo, Mauricio Macri anunció que será "implacable" con la corrupción y que la Justicia debe tener apoyo "para que no haya impunidad", al tiempo que prometió que todo aquel funcionario que traicione la confianza de la gente será echado. Es de esperar que este compromiso -junto a la presencia en su frente político de figuras que han sido abanderadas de la lucha contra la corrupción, como Elisa Carrió- contemple que gran parte del cambio verificado en las urnas fue producto de una sociedad que está harta de un flagelo que se ha profundizado en los últimos años, a la par que el grupo gobernante intentaba sembrar las bases de un poder hegemónico.


Entre los fantasmas que acosan al kirchnerismo, además de los escándalos del vicepresidente, Amado Boudou, se encuentra el de los hoteles de la Presidenta y sus hijos, sospechados de haber sido empleados para lavar dinero. Al pseudoempresario Lázaro Báez pertenecían aquellos fondos presuntamente lavados mediante el añejo y resabido mecanismo de pagar habitaciones de hotel que jamás se ocuparon. En este caso, en los hoteles Las Dunas y Alto Calafate.


Se ha sumado documentación que probaría que, desde fines de 2008 y hasta mediados de este año, el segundo de esos hoteles fue beneficiado con dos millones y medio de dólares que Aerolíneas Argentinas pagó por el alojamiento de sus tripulaciones que recalaban en El Calafate, para lo cual la empresa contrató 35.000 cuartos, según informaciones periodísticas.


Hay cuatro vuelos diarios a ese destino, pero no todas las tripulaciones deben hacer noche allí, pues en algunos vuelos se trata de una escala. Según la diputada Margarita Stolbizer, de Progresistas, denunciante del caso Hotesur, la cifra abonada por la aerolínea estatal que pierde diariamente más de un millón de dólares, "es exorbitante y supera ampliamente a los integrantes de las tripulaciones que descansan en ese hotel". Los pilotos y tripulantes de Aerolíneas, cuyo presidente es el dirigente camporista Mariano Recalde, representan el 30% de la ocupación diaria del Alto Calafate. De esta manera se ha ido conformando un esquema por el cual el Estado, con su aerolínea, y un contratista del Estado como Báez, que con sus empresas se dedica a la obra pública, habrían financiado a la familia Kirchner de manera presuntamente ilegal. Eso, sin tener en cuenta la violación del Código de Ética de la Función Pública, que impide a funcionarios hacer negocios con contratistas del Estado.


A su vez, el Gobierno se vale de organismos estatales para guardar bajo llave información delicada sobre las relaciones económicas entre Báez y los Kirchner. Así, la Inspección General de Justicia se niega a entregar esa documentación a Stolbizer.


De todos modos, las sospechas tienen sobrados fundamentos. Por ejemplo, Báez ha asegurado que contrató cientos de habitaciones del Alto Calafate para alojar a personal de sus empresas, pero, como consignó una investigación de LA NACIÓN, esas obras públicas se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel de los Kirchner, según los datos facilitados por Báez ante la AFIP. Había otros hoteles mucho más cercanos a las obras que ejecutaban sus empresas Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA. Asimismo, se conocen documentos que revelan los estrechos lazos comerciales con Báez. En las oficinas de Máximo Kirchner la Justicia secuestró cheques, facturas, poderes y varios contratos de alquiler entre Néstor Kirchner y el contratista del Estado, además de una carpeta con 93 recibos entre Máximo y la empresa Austral Construcciones, de Báez, y contratos de locación firmados por ellos dos.


Otro contratista del Estado y figura muy cercana al kirchnerismo, el empresario patagónico y zar del juego Cristóbal López, ha sido otro gran benefactor de los negocios de la familia presidencial. Los socios de Máximo Kirchner en una inmobiliaria de Río Gallegos recibieron casi 1,2 millones de pesos por mes de López por el alquiler de inmuebles y maquinarias y por asesoramiento inmobiliario. Quienes percibieron esos pagos fueron Osvaldo Sanfelice, hoy responsable de la gerenciadora del Alto Calafate, y el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho. Los movimientos se efectuaron por medio de una sociedad con el CUIT inhabilitado por la AFIP y en la que figura como socio un ex docente. Sanfelice y Sancho recibieron esos millones de López y de empresas del Grupo Indalo.


El esquema parece elemental. La principal línea aérea nacional, que requiere una constante inyección de fondos por ser absolutamente deficitaria, aparece beneficiando a empresas de la Presidenta, al igual que lo hacen dos poderosos contratistas del Estado. A este esquema le corresponden dos preguntas también elementales: ¿son Báez y López testaferros de los Kirchner? ¿Las sumas que pagan a los negocios de la familia presidencial corresponden a una contraprestación de servicios? La Justicia debe responder ambos interrogantes.


Como hemos señalado desde esta columna editorial, el uso de lo público en beneficio privado ha sido en la era kirchnerista una suerte de programa de gobierno, que se extendió hasta algunas de las áreas sensibles para la sociedad, como el PAMI y los planes de vivienda. Cabe esperar que en los tiempos por venir la Justicia pueda actuar con la necesaria independencia para investigar y condenar a los responsables y que ningún acuerdo de gobernabilidad futuro pueda estar teñido por concesiones tendientes a blindar de impunidad a quienes el 10 de diciembre dejarán el gobierno.



NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.