domingo, 20 de diciembre de 2015

UNA RESOLUCIÓN PERVERSA QUE DEBERÍA DEROGARSE

Martes, 15 de Diciembre Del 2015


Por: Mariano N. Castex[1] 

En 2013, mediante la resolución del Ministerio de Defensa 85/13, el Gobierno nacional, desposeyó a determinados ciudadanos del derecho, en cuanto afiliados, de utilizar las instalaciones de los hospitales pertenecientes a sus respectivas obras sociales. Con alambicados argumentos -habituales en el régimen kirchnerista- sostuvieron que la obra social ofrecía servicios paralelos a tales hospitales de alta complejidad. Con tal resolución -motivada en la fuga de dos oficiales acusados de delitos de lesa humanidad- se sepultó a los privados de libertad -tanto bajo régimen carcelario, como bajo régimen de prisión domiciliar (los muy menos)- de una atención de salud digna.

Agotada en muchos casos la paciencia de prestadores, por incumplimiento en cuanto a puntualidad, cesaron en dar turnos. Basta revisar en los archivos del Servicio Penitenciario Federal, los largos listados de turnos solicitados, los reiterados incumplimientos por déficit estructural y una investigación cuidadosa en documentación judicial y penitenciaria, arrojaría no pocas sorpresas vergonzosas. Se instauró de tal modo, en pocas palabras y en nombre de una política oficial de venganza un claro abandono de persona.

El ministro de la cartera de Defensa, en su jusmesía, abundó en toda suerte de sofisticadas justificaciones. Las recompensas por tal pleitesía abundaron, destacándose entre ellas la designación de su hija, carente de méritos para tal cargo, como directora del Banco de la Nación Argentina. No se hable de otros beneficios que deberían ser investigados como la compra de naves rusas inservibles para patrullar el Atlántico Sur ya que por velocidad y carencia de armamento no lograrán jamás atrapar a los pesqueros piratas y no se haga referencia a la existencia de repuestos para naves ya obsoletas para cualquier Marina que se precie de tal. Pero esto en cuanto al Ministro, en este caso uno más del conjunto prestador de una indebida prostitución del sentido y el alcance de los derechos humanos cuyo alcance es para toda persona por igual, sea cual fuere su condición y -para los detenidos en especial- sea cual fuere el crimen que pudieran haber cometido.

En esta temática es útil tomar en consideración tanto el planteo del Dr. Juan Iosa, catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, quien se pregunta acerca de la justicia que rige la demanda de cárcel efectiva para los represores mayores de setenta, como la opinión del maestro Daniel R. Pastor acerca de la legitimidad del Poder Penal Internacional.

Contra el acto inhumano, indigno y cruel que significó la vigencia de tal resolución, dañando a seres humanos, -no correspondiendo excusarse arguyendo en que eran condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, ya que se estaría claramente discriminando (cfr. Iosa J., op.cit sup), levantó su voz la defensora oficial María Inés Spinetta, una de las valientes integrantes de una Defensoría General cuya titular claramente identificada con Justicia Legítima y la Fiscala Gils Carbó, pareciera siempre mirar para otro lado, al mejor estilo de los esbirros soviéticos o nazis, no queriendo contemplar lo obvio.

Con un gesto a lo Pilatos, el fuero Contencioso Administrativo trasladó el tema al Federal Penal, en donde esbirros fieles como Rodolfo Marcelo Molina, Fiscal General, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, fiscales ad hoc, integrantes de la Unidad Especial de Trabajo creada por Res. PGN 46/02 -cuerpo este que merecería ser investigada por ser un claro instrumento de la compulsión gubernamental de sustituir a la Justicia por la Venganza- se destacaron con un libelo que hasta daría celos al patibulario Freisler –a la vez fiscal, jurado y juez, afiliado al nazismo-, cargos en este caso acumulados, mientras que en nuestro país "respetuoso" por demás de las leyes, a la vez que "eximio" en manipulación e interpretación de doctrina- se diferenciaron creándose así una organización altamente redituable en donde se imponían y reinaban no pocas víctimas reales, cuando no inventadas. Donde impera la pasión del odio todo es justificable.

Como era esperable, casación dio la razón a los sayones de la procuración, y la Corte Suprema de Justicia sin el voto de C. Fayt puenteó con habilidad el reclamo, "desestimando el tema por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable a tal". Cabe agregar en este caso que quien esto escribe conversó con el Dr. R. E. Zaffaroni sobre la temática, como así también sobre muchos casos en donde se violaban derechos humanos básicos (Braga, Scheller, Saint Amant, Gómez Mígenes, Saint Jean, Scortechini, von Kiaw, etc…), obteniendo una respuesta bien sincera que indicaba que nada podía hacerse con el tema de los detenidos por delitos de lesa humanidad. En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia, conocía la situación y la toleraba o incluso como el propio Presidente Ricardo Lorenzetti, llegaba a negar que en el Fuero Federal imperaban las Furias. Baste al respecto escuchar sus palabras pronunciadas el 27 de septiembre de 2011 en respuesta al joven Anibal Guevara, quien al disculparse por haberlo insultado, justificó empero su accionar, debido a "la impotencia que provoca en los hijos y nietos de presos políticos" ante la sistemática violación de los derechos humanos en el fuero federal. Siempre es buen ciego quien no desea mirar y mejor aún si se asocia a la sordera de quien no desea escuchar.

Así se ha multiplicado la ignominia. Sobresalen en el tema los Tribunales Federales de Jujuy, Bahia Blanca, Rosario y sobre todo La Plata, cuyas sutiles, rebuscadas y permanentes adhesiones a los pedidos de los fiscales de turno corren a la par con toda suerte de irregularidades que denuncian a diario los defensores, la mayoría de ellos oficiales, bien formados y valientes por cierto, al cumplir con sus deberes en un medio servil y abrumado por fanatismo, cuando encadena al miedo. En esta última vereda es posible depositar auténticas basuras como la "bajada de línea", los informes conocidos como "nisi", las generalizaciones, las expresiones clásicas como "hemodinámicamente compensado", las presiones "desde arriba", etc.. aquelarre en donde los colegas ignoran por completo al hablar de riesgo el significado del estrés en el medio carcelario, la exigua capacidad de atención geriátrica y minusválida que posee el SPF -pese a la excelente voluntad y disposición de la mayoría de los profesionales que en el mismo trabajan- y procuran decir algo, sin decir nada que el magistrado no desee oir. En este campo reina el miedo y la sumisión más absoluta, salvo muy honrosas excepciones. En cuanto a los peritos por la querella, mejor es cubrir el campo con un velo de piadoso silencio. Para ello la cárcel es la mejor mortaja para envolver al pronto cadáver.

Sobre la temática creada en torno a esta resolución 85/13 -cuya derogación se impone con decisión y urgencia-, son en consecuencia responsables en cuanto a las consecuencias que se sucedieron a su aplicación y que califican decididamente bajo el rubro de responsables prima facie de abandono de persona y de haber permitido en persona detenida minusválida y mayor, un sistemático trato indigno, inhumano y cruel, respondiendo a una Política de Estado, desde el Ministro Rossi, los jueces que la efectivizaron, el titular del Poder Ejecutivo que impulsara tal política nacional promoviendo la Venganza y el titular del Poder Judicial que en forma permanente ha soslayado la temática, no pudiendo haberla desconocida.

En cuanto a los fiscales federales, fieles seguidores del libreto instructorio distribuido profusamente en año previo y que explica la sistemática oposición a brindar a todo detenido minusválido o mayor una menor cuota de sufrimiento autorizada por la ley, poco o nada puede decirse. Son fanáticos servidores del Odio, que INFILTRÁNDOSE por debajo de un reclamo auténtico en su origen, como lo fue el bautizado como "Justicia Legítima", han logrado establecer en nuestra tierra una "Justicia claramente ilegítima". No en vano cuando se estableciera aquella corriente, en los claustros de la propia Facultad de Derecho (UBA) respondiéramos no pocos miembros del claustro y desde el propio Departamento de Derecho Penal: "SÍ, JUSTICIA LEGÍTIMA, PERO NO ASÍ".




[1] Doctor en Medicina por la UBA (1960) y la Universidad de la República(Montevideo, Uruguay 1954) es además Licenciado en Filosofia por la Universidad del Salvador (1960) y en Teologia (Coll. Max. S. Joseph S. I.) San Miguel, Argentina 1964. Ha ocupado como Profesor Regular Titular las cátedras de Medicina Legal (Fac. de Medicina, UBA, 1999) y Psicologia Forense (Fac. de Psicología, UBA 1988-1999). En el Dep. de Derecho Penal (UBA) se desempeña sin interrupciones como profesor contratado invitado desde 1984 hasta la actualidad en grado y pos-grado. En 1999 obtiene en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, el título de Doctor en Derecho Canónico, con la tesis en derecho penal comparado: La pasión como atenuante, agravante, o eximente en el injusto penal a partir del derecho canónico. En el CONICET se desempeñó como investigador independiente a lo largo de una década. Designado académico en 1964, año en que por sus investigaciones logró laudos nacionales e internacionales, en el momento actual es el académico de mayor antigüedad en el país. Fue becario de la Fundación Rockefeller en 1987. Director de numerosas tesis doctorales, se ha ocupado principalmente de investigar en temáticas que hacen tanto al derecho civil como al derecho penal en su relación con la medicina y la psico-psiquiatría. Es autor de numerosas publicaciones de libros y ensayos. Dirige además la revista electronica www.forenselatina.com. En su ultimo libro de reciente aparición: Mito, creación, trasgresión y transición, recoge el autor algunas de sus obras mas destacadas en donde enlaza la literatura, el mito, la ficción, el derecho y la política criminal. Sus publicaciones más destacadas son El filicidio, La capacidad para estar en juicio, Daño psíquico y Ciencia y derecho.