sábado, 13 de febrero de 2016

JUICIO A MONTEZANTI


Días pasados asistí a los alegatos en el juicio político que se sustancia contra el miembro de la Cámara Federal de Bahía Blanca doctor Néstor Montezanti, quien ha sido suspendido hace varios meses de sus funciones. Cabe recordar que se trata de una de las acciones llevadas a cabo a instancias de la ex presidenta Kirchner a través de Justicia Legítima. De resultas de la maniobra, se le tendió una suerte de cerco protector a Lázaro Báez, imputado en una causa por facturas apócrifas por la que había sido procesado Juan Suris, ese sórdido personaje, acusado de narcotráfico y que tanto dio que hablar por su vinculación con una conocida vedette. Así las cosas, se removió al juez subrogante que investigó la causa y luego fue apartado uno de los miembros de la alzada, que habían confirmado lo actuado. El nombrado es uno de ellos. La acusación se sustenta en cargos falsos, que datan de varias décadas y que surgen de causas perimidas o en las que el acusado fue sobreseído. Se mezclan temas judiciales con otros de índoles política, universitaria y sindical. De modo que confluyen viejas revanchas, prejuicios ideológicos y, por supuesto, una vergonzosa persecución contra un juez probo, decente y que se les animó al narcotráfico y a los "amigos del poder". El miembro del Consejo de la Magistratura que oficia de acusador es el representante de los abogados del interior, quien actúa con una saña que lo transforma en inquisidor. Para peor, se apoya en argumentos que de triunfar se erigirían en peligrosísimos precedentes. Así, sostiene que en un juicio político no se aplican los principios del debido proceso, dado su carácter "político"; por lo tanto, no importan la cosa juzgada, la perención de la instancia, el sobreseimiento ni tampoco la revisión de hechos que ya fueron aprobados por el Senado cuando, en 2003, prestó acuerdo unánime para el nombramiento de Montezanti. Asimismo, se sostiene que la pertenencia del magistrado durante un breve lapso al Servicio de Inteligencia del Ejército al final de la última dictadura, junto con su supuesta relación con personas ligadas a ella, debe seguir la misma suerte que los delitos de lesa humanidad o por lo menos estaría lesionando el más mínimo decoro que debe observar un juez.

De prosperar la destitución, se concretaría una situación más que inquietante. Se condenaría a quien lucha con coraje contra el delito, mientras que quienes son funcionales al poder, que deshonran a la Justicia, gozan de buena salud. Para muestra bastan los nombres de Oyarbide, Canicoba Corral y Rafecas.

Daniel Sabsay