miércoles, 18 de mayo de 2016

APABLAZA DEBE SER EXTRADITADO A CHILE


El gobierno nacional está considerando muy seriamente la posibilidad de extraditar finalmente a Chile, en uso de sus facultades soberanas, a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, a quien el país trasandino requiere insistentemente para que sea juzgado con relación al cobarde asesinato del senador chileno Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, esto es, bastante después de concluida la dictadura militar chilena, que culminó el 11 de marzo de 1990 con la asunción de la presidencia por parte de Patricio Aylwin.

A este hecho se suma una investigación chilena en marcha, también en sede judicial, acerca de la presunta participación de Apablaza Guerra en el secuestro de uno de los integrantes de la familia propietaria del diario El Mercurio, de Santiago de Chile. En paralelo, el cuestionable otorgamiento de su asilo político en nuestro país está siendo apelado por los abogados del país vecino ante los propios tribunales argentinos, que acaban de reconocer expresamente a Chile la capacidad para poder hacerlo.

Si ello ocurriera, después de 10 años de conducta cuestionable por parte de nuestras autoridades, la Argentina dejaría efectivamente de ser un refugio para los terroristas requeridos por tribunales de sus países por los atentados que pudieran haber cometido. Incluye esto el conferido a algún miembro de la organización terrorista vasca ETA, como Jesús María Lariz Iriondo, a quien -en función de una decisión del ex juez Baltazar Garzón- se procuró desde España, ante su presunta participación en un atentado perpetrado en el país vasco, allá por 1984.

Apablaza tiene 59 años y está viviendo en la Argentina desde 1993. Estuvo entre nosotros, aunque clandestinamente, hasta 2004, cuando fue detenido. Oportunamente la Corte Suprema de Justicia de nuestro país había aprobado su extradición para que fuera juzgado por los jueces de Chile. Pero ésta se frustró cuando se le concedió el carácter de refugiado. Algunos de los defensores locales del mantenimiento del asilo político de Apablaza, vinculados a organizaciones de derechos humanos, han señalado el peligro que encerraría una decisión del gobierno de Mauricio Macri de habilitar la extradición, en virtud de que "el refugio es una manera de resguardar a aquellos que pelean contra la opresión". Como si la lucha llevada a cabo contra un gobierno dictatorial concediera a alguien el privilegio de no responder a una requisitoria judicial cuando es acusado de cometer un crimen aberrante.

Un fallo reciente de la Corte Suprema, que acaba de aprobar la extradición al Perú de Oswaldo Ceferino Quispe Caso, uno de los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, puede ser una señal de cambio de actitud que tiene ciertamente en cuenta la obvia dimensión transnacional del terrorismo, que obliga a todos los países a cooperar estrechamente en acciones contra este mal, prestándose asistencia recíproca; esto es, confiriendo las extradiciones que sean correctamente solicitadas. Así se cumple cabalmente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2001 y 2004, y con los 18 tratados internacionales que reglamentan detalladamente la irrenunciable lucha de la comunidad internacional contra el flagelo del terrorismo.