lunes, 2 de mayo de 2016

¿COMO VAMOS?


Finalizó abril y luego de más de cuatro meses de gobierno de Cambiemos cuesta expresar, en términos definitorios, como vamos bajo la égida de esta nueva gestión y esa indefinición es, en sí misma, el indicio de una marcha plagada de dudas y contradicciones.

Hay áreas en que el gobierno actúa con decisión y firmeza superando cualquier oposición. Otras en que predominan las dudas e inseguridades y, finalmente, están aquellas en que claramente tambalea.


Esto puede atribuirse a que, tal como afirman los líderes de PRO (núcleo central de la coalición Cambiemos), el gobierno carece de ideología, lo que se traduce en la falta de coherencia en el diseño de políticas públicas que a veces son crudamente capitalistas, con amagues liberales, promesas desarrollistas y toques de populismo. También puede influir el mosaico de ministros y demás funcionarios provenientes de distintos ámbitos políticos y empresariales que se desempeñan con relativa autonomía y ciertas dosis de improvisación. Lo cierto es que la fuerza, la firmeza y la coherencia se han centrado, hasta el presente, en las cuestiones financieras vinculadas a la liberación del dólar y el acuerdo para el pago a los tenedores de bonos impagos, con la consecuente y exitosa salida del “default”.

La sociedad ha absorbido con resignación los aumentos en las tarifas de servicios y transportes con sus consecuencias sobre la inflación y la pérdida en la capacidad de consumo, asumiendo la necesidad de  bajar  los subsidios que ya eran asfixiantes. Es la misma  aceptación racional con que  un enfermo bebe una amarga medicina aunque le desagrade. Pero luego, con esa misma  racionalidad,  se experimenta un natural rechazo ante el cuarto aumento consecutivo en el valor de los combustibles que parece dirigido a subsidiar a las empresas petroleras. El gobierno se dice preocupado por la inflación pero aumenta con fervor todo lo que depende del Estado sean impuestos, peajes o combustibles y eso contradice su mensaje.


Montados en los reclamos vinculados a la inflación, los despidos y una supuesta insensibilidad gubernamental para atender las exigencias gremiales, cuatro de las cinco centrales sindicales organizaron una movilización que  no compartimos. Demasiado pronto para marcarle el terreno a un gobierno que recibió de su antecesor un país destrozado y una herencia harto pesada, actuando  con el aval de una buena parte de los sindicalistas presentes. Fue una marcha con un componente básicamente político, una demostración de fuerza tibia pero innecesaria y además extemporánea. Creemos que este es el tiempo para tratar de  motivar al gobierno para que corrija sus errores señalando, dialogando y debatiendo pero que aún estamos lejos de que la sociedad tenga la necesidad de expresarse en la calle.


Con esa intención nos permitimos hacer notar, por ejemplo, la deuda que continúa existiendo en el tema de la inseguridad. Las muertes de varios jóvenes acaecidas  en una de las llamadas fiestas de “música electrónica” ponen de relieve la hipocresía con que sigue manejándose el tema de la drogadicción en nuestra sociedad. Intereses empresariales con complicidad de quienes deberían controlar y regular, permiten la continuidad de estos espectáculos que solo representan excusas para un consumo desenfrenado de “pastillas” altamente tóxicas y dañinas entre un público mayoritariamente juvenil. Con tono doctoral, se utilizan eufemismos como la “reducción de daños” que proponen analizar el grado de calidad de las sustancias que se consumen a través de laboratorios estatales, dando una autorización de hecho para la destrucción masiva de los complejos neuronales de nuestros jóvenes con finales trágicos. A la droga se la combate con toda la fuerza y todas las armas y no está mal que los jueces prohíban las fiestas electrónicas y similares hasta que los organizadores y las agencias gubernamentales estén en condiciones de garantizar que las drogas sintéticas no circulen libremente durante su desarrollo.


Otro tema irritante es el descontrol en la calle. El protocolo anunciado por el Ministerio de Seguridad quedó en letra muerta y la más patética de las demostraciones se observó  cuando la milicia particular de “la Cámpora” se hizo cargo del control de la calle  y del edificio de los Tribunales el día que la ex presidente Cristina Fernández vino a Buenos Aires a declarar ante  un juez. El control que el Estado debe ejercer en los espacios públicos no es optativo sino irrenunciable y no es excusa el temor a que se produzcan incidentes. Esta actitud es una demostración de debilidad e inoperancia que los violentos aprovechan en su beneficio.

Afortunadamente, el discurso que pronunció la ex presidente nos trajo los peores recuerdos y nos hizo estremecer al pensar que si hubiera ganado las elecciones el Frente para la Victoria nuestro destino seguiría atado a los caprichos de una asociación de inoperantes y corruptos. Ese sigue siendo el mayor comodín con que cuenta el nuevo gobierno pero no debe dilapidarlo, sino que debe aprovechar el período de crédito para avanzar con acciones firmes y positivas.


Uno de los elementos que permiten mantener abiertos los ojos de la sociedad es la visibilidad que han tomado los casos de corrupción de funcionarios, que pasaron de las investigaciones periodísticas a los estrados judiciales. Luego de marcar la cobardía de los jueces que esperaron a que los funcionarios perdieran poder para empezar a actuar, ahora, la sociedad, está exigiendo que actúen hasta las últimas consecuencias, alcanzando a todos los cargos, aun los que detentaron el poder ejecutivo. Más allá de las opiniones personales, la exposición de las incalculables fortunas que no pueden ocultarse porque las constituyen fastuosas mansiones, estancias, hoteles, empresas y vehículos de todo tipo, nos mueve a exigir que los ladrones corruptos y lavadores de dinero terminen en la cárcel y que sus bienes sean confiscados y vuelvan al erario público. Cualquier otra alternativa sería una chicana inaceptable.

Finalmente debemos mencionar uno de los aspectos más insatisfactorios de la nueva gestión. Suponíamos que cuando se habló en la campaña de terminar con “el curro de los derechos humanos” era porque se había comprendido que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner habían montado un negocio político pagando fortunas en indemnizaciones y alimentando con fondos públicos a organizaciones de activistas que se hacen pasar por defensores de los derechos humanos. Si bien claramente el gobierno actual no exacerba esa política tampoco ha dado muestras todavía de estar dispuesto a revisarla, a preocuparse por las víctimas de las bandas de terroristas que asolaron la nación y sobre todo a cuestionar los fundamentos contrarios a derecho con que se juzgaron y se juzgan a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales (más algunos civiles).

Se han vulnerado principios fundamentales del derecho como la irretroactividad de la ley penal y muchos otros que cualquier jurista no comprometido con el “kirchnerismo” reconoce como inaceptables. Apenas se ha logrado que algunas de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que sufrían los detenidos por causas denominada de “lesa humanidad” comiencen lentamente a ser corregidas. Sin embargo, el 5 de mayo amenaza con ser la fecha en que se consumará una de las mayores aberraciones jurídicas de la justicia argentina porque se iniciarán los juicios a los militares que participaron en el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán, combatiendo a la guerrilla rural del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, por decreto de la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón.  Semejante aberración se agrava porque uno de los querellantes es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la actual, de modo que, si esa Secretaría no renuncia de inmediato a su condición de querellante, el gobierno de Cambiemos ya  no podrá mirar este tema como una rémora del pasado y limitarse a decir que es “una cuestión de la justicia” pues pasará a ser parte del problema. Esperamos una rápida y eficiente acción pues este tema no puede esperar y esos juicios son absolutamente contrarios a derecho.

Luego de repasar estos temas y volviendo a la pregunta inicial acerca de ¿cómo vamos? hemos visto que no resulta fácil contestarla en forma unívoca. Podemos decir que estamos infinitamente mejor que si hubiera ganado el Frente para la Victoria pero que el gobierno tiene un crédito que  no puede dilapidar sin defraudar a los argentinos que confiaron en la posibilidad de  un cambio, no solo en lo material sino, y especialmente, en los valores espirituales, morales y jurídicos que corresponden a una verdadera república y que deseamos para nuestra querida patria y sus sufridos habitantes.

Que Dios inspire a nuestros gobernantes para que así sea.

Juan Carlos Neves
Primer Secretario General

Nueva Unión Ciudadana