Abrir debates,
escuchar y aceptar las opiniones de todos es el mejor camino para llegar a la
verdad, sin fanatismos, cerrazones ni censuras
La salida de Darío
Lopérfido del Ministerio de Cultura porteño estuvo precedida por una serie de
hechos que, una vez más, nos mueven a reflexionar sobre la cerrazón de algunos
sectores, más fanáticos que racionales, a debatir sobre datos extremadamente
dolorosos del pasado reciente. Los dichos del ahora ex ministro -quien seguirá
al frente del Teatro Colón- respecto de que no fueron 30.000 los desaparecidos
durante el último gobierno militar y que "la historia dice que los
Montoneros construyeron la democracia cuando en realidad la atacaron"
desataron una dura embestida contra Lopérfido tanto de sectores del
kirchnerismo, que consideran el tema de los derechos humanos de su exclusiva
propiedad y no admiten disensos ni dudas, como de representantes del
oficialismo, que prefirieron ampararse en una supuesta "corrección
política" antes que defender el derecho de todos a poder expresarse
libremente.
Hasta la propia
Graciela Fernández Meijide, de quien no podrá nunca negarse su enorme tarea en
defensa de los derechos humanos, ha dicho en su momento, respecto de las
críticas al funcionario renunciante, que era un "chiquitaje llenar de
mentiras, como con los 30.000 desaparecidos". Y agregó quien, además de
miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue una de las
integrantes de la Conadep: "¿Con qué derecho cuando había un conteo de
9000?".
Con la claridad que
lo caracteriza, el historiador Luis Alberto Romero decía sobre el mismo tema:
"En nombre de los derechos humanos, los franquiciados (quienes agitan la
mayor de las cifras) reivindicaron a los héroes de la lucha armada, se convirtieron
en jueces universales de conductas ajenas y hasta se animaron a exculpar al
general Milani".
Lopérfido también
denunció un fraude audiovisual multimillonario durante el kirchnerismo,
triangulando dineros del Estado con universidades para favorecer a productoras
y comprar voluntades. Como era de esperar, muchos de quienes por estas horas
deberían estar dando explicaciones sobre sus abultados negocios con el gobierno
anterior prefirieron sentirse agraviados y agraviar al mensajero. Lo mismo sucedió
con declaraciones de Javier González Fraga en el sentido de que el kirchnerismo
alentó el sobreconsumo, atrasando tarifas y haciéndole creer a un empleado
medio que su sueldo "servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos
e irse al exterior". Las imputaciones que recibió de los defensores del
"modelo" no alcanzaron nunca a explicar el fondo de los dichos del
economista ni dónde está la verdadera inclusión que aquéllos promovían, sino
que, nuevamente, estuvieron dirigidas al ataque personal más artero.
Son las mismas
personas que nada decían cuando Cristina Fernández de Kirchner violaba secretos
fiscales escrachando a contribuyentes en cadena nacional y utilizaba
información reservada para atacar a sus opositores. Menos cuando inauguraba una
obra varias veces o apañaba a funcionarios a los que ahora se quiere mostrar
como excepciones y no reglas de una década signada por la corrupción.
El kirchnerismo ha
pretendido imponer la verdad: la propia como única. La de los demás carecía y
carece, por lo visto, de todo valor.
Las atrocidades
cometidas por el terrorismo de Estado no están en discusión. Lo dicho tanto por
Lopérfido como por González Fraga en materia económica fue poner en palabras
opiniones que son compartidas por muchísima gente, aunque en público no se
expresen por temor a ser estigmatizados, por aparecer abordando cuestiones
"impolíticas" a los ojos de algunos. Permitirse dudar no es ir en
contra de nadie ni es razonable que haya que pagar un precio por expresarse
libremente.
Volviendo a los
dichos de Romero, hay que comprender que el peor enemigo del mito es la
investigación crítica y que es riesgoso transformar el mito en historia.
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