viernes, 19 de agosto de 2016

QUERELLANTES


El presidente Macri prometió en su campaña respetar la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho. Pero la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no está en esa postura, al actuar como querellante en los mal llamados juicios de "lesa humanidad". Siendo parte del Poder Ejecutivo, no puede ni debe hacerlo, y si lo hace, como es el caso, es ilegal (arts. 82 y 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación). Sólo puede hacerlo en casos de corrupción en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado (Art. 5, Inc. 19, de la ley 25.233/99). El Ministerio Público Fiscal es quien brega por los intereses de la sociedad en todo juicio (Art. 120 de la Constitución). ¿Cómo se explica que un organismo del PEN que, teóricamente, debe bregar por los derechos de todos los argentinos sea querellante en estos juicios pero en ninguno referido a corrupción, narcotráfico, trata de personas, atentados terroristas como el de la AMIA, tragedias como la de Once, etc.? ¿Cómo se explica que esta secretaría sea querellante en juicios cuya ilegalidad e irregularidades han sido reiteradamente denunciadas? ¿Cuánto dinero de los argentinos gasta la Secretaría de DD.HH. en sus numerosos representantes en las citadas querellas? ¿No nos dijo el Presidente que iba a terminar con el negocio de los DD.HH.? Es indudable que, al presentarse como querellante, la Secretaría de DD.HH. toma una posición que no es imparcial, que envía un "mensaje" al Poder Judicial y, por lo tanto, no respeta la independencia de éste y no brega por los derechos humanos de todos, sino de una parte claramente identificada. Esta situación, en Tucumán, en el juicio que se lleva adelante por la operación Independencia (ordenada por decreto durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón), ha llegado a la brutal paradoja de que los imputados, que combatieron el terrorismo en esa operación por orden del PEN y en defensa de nuestra nación, tienen como querellantes a la Secretaría de DD.HH. de ésta y de la provincia junto a los terroristas que acribillaron al capitán Viola y a su familia en 1974, asesinando al primero y a su hijita María Cristina, de tres años, e hiriendo gravemente a su otra hijita, María Fernanda, de cinco. A esto se suma que en la XXIV Reunión Plenaria del Consejo Federal de DD.HH., realizada en Tucumán en julio, no se invitó ni se permitió el ingreso de familiares de víctimas del terrorismo. Entonces, ¿de qué derechos humanos hablan?

Es indispensable y urgente, para el resguardo de la república y del Estado de Derecho, que el PEN y los poderes ejecutivos provinciales, con sus secretarías de DD.HH., abandonen su papel de querellantes en estos procesos, dejando actuar a la Justicia sin tener la más mínima intervención.

Horacio Guglielmone
DNI 10.525.334