martes, 6 de septiembre de 2016

CAZANDO EN EL ZOOLÓGICO

04/O9/16

Por Mauricio Ortín

En la larga cadena de atrocidades que ha cometido la Justicia federal desde el inicio de la era kirchnerista hasta la fecha, sin miedo al error, es posible decir que el tribunal del juicio por crímenes de lesa humanidad que se sustancia por estos días en la ciudad de Santiago del Estero ha franqueado olímpicamente la valla que separa la injusticia ordinaria de la caricaturesca. ¿De cuál otra manera sino de este modo se puede calificar el hecho insólito de que dos jueces de ese tribunal no se hayan excusado ni aceptado las recusaciones de la defensa por su militancia en el ERP? Banda terrorista cuyo principal y confeso objetivo fue aniquilar las FF.AA. y de Seguridad e instaurar un gobierno totalitario marxista. Fue el gobierno justicialista de Juan Perón e Isabel Perón el primero que, a la guerra sucia iniciada por los subversivos, respondió con igual metodología, continuada después por el gobierno militar. Este último adolecía de la legitimidad que dan las urnas; mas, dicha circunstancia no convierte en buenos los crímenes perpetrados por las bandas terroristas. Por esa época, Roberto Santucho, jefe del ERP (por ende, de los ayer subversivos y hoy jueces del tribunal santiagueño) aseguraba que la revolución socialista demandaría la vida de un millón de argentinos; entre los cuales, obviamente, debían contarse a quienes por entonces resistían a la locura genocida del ERP y que, por haber resistido, hoy son juzgados por quienes querían eliminarlos. Es el caso de los jueces del Tribunal Oral Federal Alicia Noli[1] y José María Pérez Villalobos[2], de quienes no se tiene noticia alguna de que hayan manifestado su arrepentimiento por la aventura criminal del ERP. De allí que no sea desatinado deducir que tanto la negación a la excusación, como el rechazo a la recusación, obedecen al viejo y vigente objetivo setentista de aniquilar a las FF.AA.

Alicia Noli
José María Pérez Villalobos

Cabe agregar que a los acusados por crímenes de lesa humanidad se les niegan garantías constitucionales básicas tales, como: vigencia del principio de legalidad, derechos adquiridos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el derecho a un juicio justo, entre otras cosas por el mamarracho jurídico de considerar que, en función de reconstruir la verdad histórica, las declaraciones de los “testigos necesarios” y/o “testigos víctimas” presentados por las querellas deben ser considerados, a priori, veraces. Lo que implica, necesariamente, prejuzgamiento. 


Descriptos lo hechos, la primera pregunta que asalta al espíritu es: La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ese ejército de funcionarios públicos costeado por los contribuyentes ¿qué hace ante semejante patraña? Pues nada a favor y mucho en contra. Ello así porque además de incumplir descaradamente con su específica misión de denunciar la violación de los derechos humanos de los acusados y, en consecuencia, solicitar la recusación de los jueces del ERP, la Secretaría, al presentarse como querellante, deja de amparar, de hecho, los derechos humanos de los querellados. 


Al gobierno del presidente Macri y la gobernadora Vidal, que miles de ciudadanos, con sus familias, sean sometidos a este calvario parece importarles absolutamente nada. Para Durán Barba, como para los enemigos de Platón, lo esencial de la política pasa por el rating y no por algo tan poco marketinero como ocuparse del clamor por justicia de “genocidas” que se pudren en las cárceles (tampoco es prudente darle motivos a Carlotto para que se ofenda). Por otro lado, a la prensa (los editoriales de La Nación y alguna otra excepción, aparte) cazar en el zoológico, le fascina. La iglesia de Francisco, fiel a su estilo, contribuye con su humilde, solidario y estruendoso silencio. Mas, si algo repugna al espíritu es la actitud de la clase política. Los políticos, según sople el viento. En 1973, el 25 de mayo, liberaron a los terroristas. Meses después, les enviaron la Triple A. Como no fue suficiente, en 1975 ordenaron a las FF.AA. aniquilar a personajes como Alicia Noli y Domingo Villalobos. Ahora, sin que se les mueva un músculo facial, promueven que los sobrevivientes de los subversivos enjuicien a los soldados.

Roberto Mario Santucho, terrorista

En todas las provincias y municipios importantes del país existe un ministerio, secretaría o dirección de derechos humanos. Sin embargo, al día de hoy, ni un solo político, de ningún partido, en su calidad de presidente, gobernador, legislador nacional o concejal del último pueblo perdido en los cerros ha dicho esta boca es mía en el escandaloso caso de los jueces erpianos de Santiago del Estero. Dicho con todo respeto, no provocan siquiera alguna repugnancia.




[1] La jueza María Alicia Noli, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, y jueza subrogante en el TOF de Santiago del Estero que participa de los seudos juicios por delitos de Lesa Humanidad es la esposa del desaparecido Enrique Alberto Sánchez alias "Villita", DNI nº 10.837.794, domiciliado en San Miguel de Tucumán y secuestrado el 14 de septiembre de 1976. Además fué testigo y querellante en la causa por el secuestro de su marido. Fuente:

[2] Fue miembro del ERP, (ejército revolucionario del pueblo) participo del "Cordobazo". Hoy: actual juez, condena de forma parcial a miembros de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Fuente: http://www.saladesituacion.com/juez-maria-perez-villalobos