martes, 20 de septiembre de 2016

ES MOMENTO DE UNA FUERTE AUTOCRÍTICA

16 de Septiembre 2011

Por Mauricio Ortin, profesor de Filosofía (UNSa)

La Argentina no tiene política de seguridad. Pero no es que no la tiene porque el Gobierno no quiera tenerla. No la tiene porque Gobierno y oposición están presos de la incoherencia de pensar como “progres” y actuar como capitalistas. El marxismo militante, antes de la implosión y derrumbe del mundo socialista, todavía creía que la revolución era posible. Pero cayó el velo y la realidad ya no pudo ocultarse.


En la URSS, China, Corea, Camboya, Alemania del Este, Polonia y demás países-prisiones comunistas, dictaduras feroces y genocidas, redujeron a las personas a la condición de esclavos. El terror estatal fue eficiente y la única política de seguridad. En nombre del pueblo y la clase proletaria, el comunismo asesinó a cien millones de personas y condenó a una vida miserable a generaciones enteras.

En América Latina, también el comunismo hizo su ensayo de tomar el poder (Fidel Castro, públicamente, afirmó que, salvo en México, lo intentaron en todos los países). En el nuestro, en particular, ello tuvo lugar en la década del 60 y, principalmente, en la del 70, cuando las organizaciones armadas marxistas declararon e hicieron la guerra al Estado nacional (conducido, por entonces, por el Partido Justicialista y sus aliados).



Son de Juan Domingo Perón las escalofriantes palabras que siguen: “(...) el repudio unánime de la ciudadanía hará que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno a uno para bien de la República” (en una carta dirigida a los oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición Azul que habían sido atacados por el ERP).

También, por cadena nacional (20/1/74) y vestido con su uniforme de general, manifestó: “Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones, y que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro”.

Pero si alguna duda quedaba, Perón se encargó de disiparla designando jefe de la Policía Federal al comisario Alberto Villar (jefe de la Federal, durante el gobierno de facto de Lanusse). Los trascendidos periodísticos cuentan que Villar no aceptó en la primera instancia. “No soy peronista”, se justificó ante el presidente. A lo que Perón, hábilmente, respondió que lo convocaba no por peronista, sino porque “la Patria lo necesita”. (El comisario Alberto Villar y su señora, meses después, fueron asesinados cuando Montoneros hizo volar la lancha en la que se desplazaban).

El Congreso Nacional no quiso ser menos. Los mismos legisladores que meses atrás habían derogado las leyes del gobierno militar contra los actos subversivos se disponían a aprobar otras mucho más duras. Mas, estas, según parece, no bastaron; porque el gobierno justicialista dio la orden y “carta blanca” a las Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo de aniquilar a la subversión[1].


Esto es, técnicamente, sin dar cuenta a los jueces jurisdiccionales y/o a los legisladores nacionales, de las acciones de combate, toma de prisioneros, muertos, interrogatorios, etc., que surgían del estricto acatamiento de lo ordenado en cuestión. Ninguna autoridad pública, magistrado, ministro o parlamentario se opuso a la voluntad del gobierno peronista. Ni Eugenio Raúl Zaffaroni[2], quien por ese entonces ya era juez y siguió siéndolo durante el gobierno militar.

Hoy, “otros gallos cantan”. El Gobierno nacional peronista honra y enaltece a los que Perón llamaba “psicópatas que hay que exterminar”, y condena, juzga y persigue a los militares y policías a los que Perón, Isabel, Luder, Videla, Viola, Galtieri y Bignone habían utilizado como exterminadores. El peronismo debiera hacer una autocrítica severa sobre la responsabilidad que le cabe en la represión terrorista y contraterrorista de los últimos cuarenta años. Porque, señores peronistas, ustedes son cualquier cosa, menos víctimas.


NOTA: La presente nota fue escrita en 2011, sin embargo mantiene una vigencia aterradora. No aprendemos de nuestros errores, persistimos en ellos.

Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.



[1] Todas las declaraciones altisonantes de los representantes del pueblo de esa época se encuentran transcriptas en el libro de sesiones de la Cámara de Diputados.
[2] Siendo juez del Proceso de Reorganización Nacional jamás cursó un habeas corpus. En 1976 Zaffaroni juró fidelidad a los objetivos básicos y al estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. En su libro Derecho Penal Militar,  publicado en 1980, justificaba la represión e inclusive “la muerte del delincuente”.