sábado, 29 de octubre de 2016

“DURA LEX, SED LEX”


por Alfredo Nobre Leite • 27/10/2016

A instancias del papa Francisco, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron que se concluyó con el “proceso de organización y digitalización” de sus archivos sobre el último gobierno de facto y que próximamente se abrirán a la consulta de las supuestas “víctimas y familiares directos de los desaparecidos”. Al respecto, hay que reiterar que hubo una guerra revolucionaria, propulsada por la Unión Soviética, a través de su peón de brega, Fidel Castro, para atacar todas las naciones latinoamericanas (salvo México), que formó las organizaciones subversivas táctica y doctrinariamente. Por Decreto Secreto 261 del 5-2-1975 la presidente María Estela Martínez de Perón, dispuso que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. Lo que fue extendido, mediante Decreto 2772 del 6-10-1975 por Presidente Provisional del Senado de la Nación en ejercicio de Poder Ejecutivo, Ítalo Luder, que dictaminó: “Las Fuerzas Armadas procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad… a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Se estima que los efectivos de las tres organizaciones subversivas terroristas más importantes (ERP-MONTONEROS-FAR) fueron 5.000 (abatidos en enfrentamientos con las fuerzas legales), que eran apoyados por 25.000 militantes, que se mimetizaban con la población, y colaboraban en logística (armas, sanidad, explosivos, etc.), agitación callejera, acción psicológica, propaganda; cometieron 21.655 atentados entre 1969 y 1979, y asesinaron a 1.160 personas inocentes a traición, a saber: Ejército, 137; Armada y Fuerza Aérea, 33; Gendarmería y Prefectura Naval, 12; Policía Federal y Provinciales, 317; Servicio Penitenciario Federal y Provincial, 11; Civiles, 174 (sumando 684 víctimas mortales (amén de heridos y mutilados); a lo cual hay que adicionar las víctimas de la Triple A de 476 (identificados 346 y NN 130), siendo el total general: 1.160 muertos.

Con relación a los sedicentes desaparecidos de 30 mil, fue un invento de los autores intelectuales refugiados en las naciones europeas para obtener subsidios. Y téngase en cuenta que las denuncias recibidas de parientes por la “Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas” (CONADEP) fueron 8.960, que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV, como también en Francia, Italia, España, Escandinavia y hasta en Australia, reduciéndose a los 5.000, que fueron indemnizados por Menem, mediante la ley 24.411por us$/$ 4.000 millones, cabiendo us$/$ 250.000 por individuo, supuestamente (aclarando que algunos “aparecieron”, como el actual juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).

Es inaceptable que el papa Francisco, el Episcopado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ocupen de las víctimas inocentes y derechohabientes del terrorismo -que nadie recuerda- que nunca fueron reconocidos por los sedicentes defensores de los derechos humanos endógena y exógenamente. Y quienes nos liberaron (ya ancianos mayores de 90 años y enfermos) de la guerra revolucionaria que asoló a la República, padezcan prisión perpetua a tan avanzada edad (siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos y pervertidos los liberan a los 70 años), por supuestos delitos de lesa humanidad, a pesar de que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso recién en 2003, mediante ley 25.778, y por ende no aplicable a los hechos de la década del ’70 (el Estatuto de Roma dispone su aplicación a posteriori (y no a priori) de su ratificación en 2003, le informo a Ricardo Lorenzetti). Y aquellos están muriéndose de inanición y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz y Ezeiza por carencia de sentimientos humanitarios (¿vengativos?) que claman a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial (aplicándoles “dura lex, sed lex”, es decir la ley de talión), el presidente Mauricio Macri y al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti (que no abre las causas por los crímenes cometidos por Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Verbitsky y otros que quedan impunes, con violación de la “igualdad ante la ley”), y lo más preocupante es la patética indiferencia del papa Francisco y de la Conferencia Episcopal Argentina, como si no fueran seres humanos (que evidentemente carecen del más elemental derecho humano, a la vida).

Y gracias a esos “presos de guerra y políticos”, Argentina se salvó de una tiranía comunistas, cuyos esbirros pensaban fusilar a unos 500 mil personas, de triunfar.

Ya es hora que el presidente Macri tome una decisión política para pacificar el país, liberando a esos ancianos presos políticos, a fin de que cesen las consecuencias de la guerra iniciada por el terrorismo subversivo en los años ’60 el siglo pasado, recordándole que Bartolomé Mitre dijo: “Debe haber Paz (la tranquilidad en el orden, según San Agustín) en los espíritus y orden en las ideas”, para enterrar el pasado; siendo irónico que el titular del Episcopado y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, haya manifestado que se busca contribuir a un “camino de justicia y reconciliación” (sic).