jueves, 1 de diciembre de 2016

EL PUDOR Y EL OPERATIVO INDEPENDENCIA

Por Mauricio Ortín

Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”. Afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.

Yo no fui; fueron ellos

Mas, créase o no, el juez Bejas, en su escrito, sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.

Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia

Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.

Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley

Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.

Trabalenguas de la traición

El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.

Los hechos

A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en el juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); derribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todos esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?

Lo evidente

Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Más, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruoso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.

Pudor


El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.