lunes, 26 de diciembre de 2016

ESTADO DELIBERATIVO Y RECLAMO DE LOS PRESOS POLÍTICOS

No cabe duda alguna que todo el abanico de los presos políticos por las causas que el kirchnerismo llamó "lesa humanidad", sus familiares, amigos y simpatizantes votaron por Mauricio Macri, tanto en la 1ra. vuelta como en el balotaje. Existe alguna sorpresa entre esa 'masa crítica' del PRO la ausencia de respuestas durante el 1er. año de la Administración acerca de tan grave situación. En su esfuerzo por agradar o conciliar con los sectores mal llamados 'progresistas', tienen la impresión que Macri los ha abandonado a su suerte, quizá confiando en que por una cuestión de edad, en breve no habrá más presos políticos en la Argentina, una terrible apuesta de los Kirchner y sus aliados sobrevivientes de la estructura Montoneros, hoy día en Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones similares. El colectivo Comisión de Enlace Interpenales de los Presos Políticos de Argentina realizó 2 jornadas de debate, y produjo varios documentos. Aquí el principal:

Le compete a la Administración Macri o ratificar la visión de los K o regresar a s
oluciones más justas de un problema que es político antes que judicial
(en especial porque la Justicia penal argentina es un satélite de los tiempos políticos).

N. de la R.: La batalla sobre cuál es la verdad de la historia reciente no fue dada por la Administración Macri, permitiendo que persista un relato parcial y controversial que elaboraron durante los días K los sobrevivientes y simpatizantes de uno de los bandos en lo que fue una Guerra Sucia que comenzó con un alzamiento terrorista contra un gobierno democrático (Perón/Perón) que les había concedido la amnistía, continuó con una apuesta terrorista a favor del golpe de Estado (porque suponían que "exacerbaría las contradicciones" republicanas porque el proyecto era instalar una mal llamada "democracia popular" o sea una dictadura similar a la vigente en Cuba) y terminó con una derrota ante las FF.AA., que en muchísimas ocasiones utilizaron procedimientos no transparentes y hasta ilegales. Pero de la historia sólo parece recordarse este último capítulo.

La batalla por la historia es parte del debate cultural pendiente en la Argentina, y que la Administración Macri intenta evitar, probablemente por temor a que provoque diferencias dentro de la alianza, ya que la visión histórica del PRO es bien diferente a la de la UCR y, probablemente, la de la Coalición Cívica-ARI.

Pero el colectivo de presos políticos difundió un documento, intentando dejar en claro que mantienen sus exprectativas de una solución a sus graves problemas. Urgente24 siempre ha defendido el indulto otorgado por Carlos Menem como una respuesta apropiada para dejar atrás un tiempo de revanchas. Con los K esa situación sufrió un grave retroceso. Le compete a la Administración Macri o ratificar la visión de los K o regresar a soluciones más justas de un problema que es político antes que judicial (en especial porque la Justicia penal argentina es un satélite de los tiempos políticos).


Informe "La Verdad nos hará libres", elaborado por la Comisión de Enlace Interpenales de los Presos Políticos de Argentina con motivo de la 1eras Jornadas de ayuno y análisis llevada a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 2016

Introducción

En primer lugar debemos destacar el rotundo éxito obtenido por los PP al lograr un método de comunicación y coordinación permanente que permitió la adhesión de la totalidad de los prisioneros de todo el país a estas jornadas. Es de destacar además la participación activa de tres presas políticas detenidas en el penal de Ezeiza, quienes a pesar de sus graves condiciones de detención han acompañado el ayuno del resto de los prisioneros.

También es de resaltar el apoyo y acompañamiento de miles de familiares, ONG amigas, amistades y hasta personas ajenas a nuestro medio que se solidarizaron con este primer esfuerzo, enriquecido por el soporte brindado por todos ellos.

Por su parte el personal penitenciario federal y de las distintas provincias cumplió atinadamente con sus responsabilidades, tomando las medidas correspondientes a fin de dejar constancia del evento de acuerdo a la reglamentación vigente y el debido control de la salud de todos los participantes. En este marco ha quedado claro que el objetivo de esta actividad no tenía relación alguna con las instituciones penitenciarias.

Los integrantes de los equipos de trabajo han expresado libremente su opinión respecto del temario establecido, con aportes significativos para la redacción de este primer informe, como así también establecer que dichos equipos continuaran funcionando a fin de elaborar un plan de acción que será puesto a consideración de todos los PP en forma reservada y en fecha ya establecida.

Dado que el presente trabajo es de carácter general, paulatinamente iremos difundiendo los informes producidos en los distintos penales en lo atinente a la situación local de cada uno de ellos.

1ra. Parte:

Balance del 1er año de gobierno de Cambiemos en relación con los DDHH de los PP



Gran parte de la sociedad argentina votó en 2015 la posibilidad de un cambio real para nuestro país, luego de 12 años de latrocinio, incapacidad, corrupción, odio, venganza y violación sistemática del Estado de Derecho.

Dentro de esa mayoría se encuentran los presos políticos, sus familias, amigos y un sector relevante de la ciudadanía, incluyendo a gran parte de los miembros de las FFAA, de seguridad y policiales, quienes votaron con la esperanza de una solución favorable para quienes encuentran injustamente encarcelados por causas de DDH de los años 70.

Nuestras expectativas siguen en pie, pero también tenemos la necesidad de expresar nuestro desconcierto frente a lo ocurrido en el primer año de gobierno de Cambiemos. Nadie ignora la gravedad de lo heredado en todos los ámbitos, pero los tiempos del gobernante le exigen determinar prioridades que aunque no sean en beneficio de muchos y que no permite gradualismo alguno, hace necesario tomar medidas urgentes, porque ante una injusticia no hay otra solución que repararla con la velocidad que impone el ciclo vital de quienes la padecen.

He aquí nuestras reflexiones, que deseamos sean tenidas en cuenta por aquellos de quienes dependen nuestras vidas:


El Presidente Mauricio Macri inicia su mandato con un mensaje en el Congreso Nacional donde expresa que las tres prioridades de su gobierno serán: pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y la unión nacional.

Desde una perspectiva integral estos objetivos deben ir confluyendo en forma mancomunada, y dentro de esa integración adquiere especial relevancia el de la unión nacional. Es improbable que sin este faro rector, los otros dos puedan llegar a buen puerto; sin una base aún precaria de unión nacional basada en la paz y en la convivencia de sectores antagónicos, quizás la lucha contra el narcotráfico, y más aún, lograr pobreza cero no sean más que una nueva quimera que quedará solo como una expresión de deseos.

La unión nacional es un postulado que ha sido reiterado sistemáticamente como meta de los distintos gobiernos de turno. Sin embargo, luego de doce años de destrucción del tejido social de nuestra sociedad, donde la famosa grieta que tanto se menciona fruto del enfrentamiento ideológico de la década del 70 se ha profundizado, por lo tanto dicho postulado se ha transformado en una imperiosa necesidad de concreción.

La paz es hoy una especie de ficción para nuestro pueblo, castigado entre otras cosas, por la violencia cotidiana de la inseguridad como método de expropiación de recursos, bienes y vidas humanas.

Respecto de la violencia de hoy, tiene su origen en los grupos antagónicos más radicalizados (grupos de izquierda y organismos de DDHH), que con distintas formas y métodos tienen como slogan “Ni olvido ni perdón”. No comprender el fenómeno de la violencia bajo este ropaje es no entender la naturaleza del accionar de estos sectores creados e incentivados por el kirchnerismo, sectores afines y parasitarios de éste, cuyas herramientas políticas son la extorsión, el amedrentamiento y la potencial capacidad de desestabilización institucional, ante situaciones políticas adversas como la actual.

Lo curioso, es que los mismos representan una ínfima minoría respecto del electorado y del conjunto de los argentinos. El narcotráfico y la pobreza no son responsabilidad de los sectores más postergados sino de quienes hacen de ellos herramientas políticas para reconquistar el poder.

Lo señalado hace explícito que el gobierno debe ser el actor principal en el desmantelamiento de estas estructuras para así acercarse a poder alcanzar en forma duradera los tres objetivos planteados.

Entre los desaciertos que pueden formularse al Presidente en la cuestión de los DDHH es la sobreactuación asimétrica realizada con los actos en el denominado espacio de la memoria en ocasión de la visita de los mandatarios Barack Obama y Francois Hollande.

La estrategia elegida fue desafortunada por cuanto no tiene trascendencia alguna para los públicos de USA y Francia respectivamente como así tampoco para el de nuestro país y en especial para los organismos de DDHH, al haber sido marginados de tales actos.

En resumen, nada para recordar ni que devenga en algún beneficio concreto para Argentina, habida cuenta del pragmatismo y la consabida cuota de cinismo de los países del primer mundo en esta materia.

Como corolario, ambos mandatarios han sufrido recientemente la derrota en las urnas por más de una razón, de las que no se debe excluir sus políticas erráticas para con el terrorismo.

Del mismo tenor resultó la participación del Ingeniero Macri en el proceso de paz en Colombia, rechazado a su vez por una consulta popular con resultado para pocos sorpresivo.


A ello se suma el desaire a las víctimas del terrorismo de los 70, como acabada muestra de la ya añeja corrección política. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no se reconozcan como victimas los soldados que fueron abatidos en el ataque al cuartel de Formosa en 1975? ¿Cuál es la excusa perversa para que no se los reconozca como víctimas a miles de civiles y militares, quienes sufrieron la más cruel de las violencias, la que se ejerce con el objeto de aterrorizar a la sociedad, sin importar otra cosa que matar, secuestrar y robar, como lo hicieron las organizaciones terroristas en los 70?

Por ello es obligación del gobierno nacional difundir en detalle el legado histórico basado en la verdad de lo ocurrido, tal como lo manifestara la Cámara Federal de la Capital en el juicio a las Juntas Militares en 1985:

“La situación preexistente al 24 de marzo de 1976

Ya ha quedado suficientemente demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno delictivo asoló al país desde la década de 1960, generando un temor cada vez más creciente en la población, al par que una grave preocupación en las autoridades.

También está fuera de discusión que a partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes; por su cantidad; por su estructura militar; por su capacidad ofensiva; por su poder de fuego; por los recursos económicos con que contaban provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos; por su infraestructura operativa y de comunicaciones; la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad; por el uso de la sorpresa en los atentados irracionalmente indiscriminados; la capacidad para interceptar medios masivos de comunicación; tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares.

En suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido.

Además, el Tribunal también admite que esos episodios constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y que éste debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones asentadas en una filosofía cuya síntesis, imposible de mejorar, se halla expuesta en la Constitución Nacional.

En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de Guerra Revolucionaria.”

Las formas de gobernar en tiempos actuales pueden tener formatos diversos, pero dentro del elegido no hay lugar para la ingenuidad, el realismo político impone adecuarse a la situación social imperante, ora en forma gradual ora inmediata; si bien la paz requiere de ambos tiempos, la preminencia para alcanzarla debe ser la de la urgencia.

Es por ello que se impone una perentoria acción de esclarecimiento histórico, la que debe servir a las futuras generaciones, como ejemplo de lo que no debe ocurrir y que la sociedad debe enfrentar con las armas que proporciona la democracia y la verdadera justicia.

Es probable que en su primer análisis la coalición triunfante no haya evaluado la significación de la corrupción, principal pilar de la supervivencia de los flagelos que se propuso enfrentar.


El gobierno debe agotar todas las instancias posibles a su alcance a fin de reducir al máximo el poder de las mafias que actúan de consuno con los sectores radicalizados, tales como la estafa de “Sueños compartidos”, actores principales de nuestros desencuentros.

La corrupción se sirve y les sirve a estos en un círculo vicioso que constituyen la nueva máquina de impedir.

Uno de los centros de gravedad más sutil del accionar de la corrupción se encuentra en el ámbito del denominado por el Presidente, “el curro de los derechos humanos”. No es momento hacer aquí un inventario de ellos, hoy largamente conocidos por gran parte de nuestra sociedad.

Si es necesario que el gobierno asuma este problema con suma premura; mientras el parlamento trata de crear más impuestos se siguen dilapidando sumas impresionantes para falsas indemnizaciones o mantenimiento de ONGs y otro tipo de organismos que utilizan esos fondos en beneficio personal, con fines políticos y/o propagandísticos.

Una muestra de ello es el pacto espurio realizado entre el gobierno de la CABA y las abuelas de plaza de mayo para obtener votos en la legislatura a cambio de un aporte cuantioso de fondos para propaganda.

De la misma manera el gobierno de Cambiemos en la CABA apoya al sindicato de encargados de edificios, de pura cepa kirchnerista y dueños de Página 12, para financiar vía publicidad oficial al mencionado diario.

Otro tanto le cabe a la Secretaria de DDHH, una dependencia oficial que si bien cumple un rol de contención de los grupúsculos más recalcitrantes, solo logra el rechazo de las partes en pugna, por la falta de objetivos claros y una retórica vacía que solo obtiene el repudio de todos los involucrados en esta materia.

Una muestra cabal de lo señalado es el intento de ampliar el slogan “Verdad, memoria y justicia” agregando al mismo más palabras sin ton ni son, y que solo contribuyen a la confusión y al desencuentro.

Asimismo, por un lado se recorta el presupuesto del organismo y por el otro, como es público y notorio, se solventa generosamente la participación en los procesos como querellantes de agrupaciones afines a los grupos terroristas de los 70, y cuya tarea principal es amedrentar y conducir el accionar de fiscalías y jueces, convirtiéndose en los principales medios de venganza en los diversos juicios.

De la misma manera relativiza un hecho objetivo respecto del informe producido acerca de la verdadera cantidad de desaparecidos (8571) derribando el mito de los 30000, pero con la suficiente ambigüedad literaria como para hacer creer que no es lo que realmente es.

En lo que respecta a la relación del Poder Ejecutivo con la justicia, destacamos con preocupación las denuncias de la diputada Elisa Carrió, el pobre desempeño de los representantes del gobierno en el Consejo de la Magistratura, y sobre todo la supervivencia de la Procuradora General de la Nación, cabeza explícita de una asociación cuasi ilegal, quien es una roca en el zapato para cualquier intento de cambios profundos en materia de DDHH y corrupción.

Por último, queda como interrogante si no hubiera sido necesario, ante la gravedad de la herencia recibida, haber instrumentado algo similar al mentado pacto de La Moncloa. Los problemas de todo orden que afronta el gobierno (incluido el tema de los DDHH) en estos tiempos hubieran quizás requerido de un gran acuerdo entre los distintos actores de la política, economía, sociales, religiosos, etc.

La magia de las encuestas no produce gobernantes lucidos, lo son quienes las utilizan exitosamente como un recurso más de la política. Y si de encuestas se trata, esta Comisión posee varias realizadas en distintas épocas y que son de una elocuencia contundente respecto a los denominados “juicios de lesa humanidad”: O las dos partes o ninguna.

2da. Parte

Evaluación de la justicia con relación a las causas de “lesa humanidad”


Si existe en Argentina una verdadera tragedia, ella ocurre en el ámbito del poder judicial federal, en particular en el fuero penal. No debe sorprender que en cualquier informe o encuesta, etc., el sector más desprestigiado frente a la sociedad es el Poder Judicial.

Ello no es algo nuevo, ya que el poder político mantiene desde hace años una relación con éste, que no solo viola la independencia de poderes, sino que expone públicamente los peores atributos asignables a quienes deben velar por los derechos y garantías de todos los ciudadanos de nuestro país.

Pero desde el punto de vista de los denominados “juicios de lesa humanidad” se han sobrepasado todas las barreras existentes para con los enjuiciados, es decir los presos políticos. Para mayor abundancia y claridad hemos agregado el anexo 2, donde se fundamentan las razones de nuestro carácter de tales, basados en todas las violaciones que comete la justicia para con nosotros.

Pero ¿cuándo se inicia esta conducta enfermiza de los hombres de la toga manchada por la prevaricación? Quien o quienes son los artífices de los tremendos desatinos cometidos por quienes deberían ser garantes de nuestros derechos?


La respuesta es simple: a partir de pacto doloso entre el extinto Nestor Kirchner y Ricardo Lorenzetti, siendo aquel quien impusiera como condición para este de su futuro status de presidente de la Corte Suprema de Justicia, la necesidad de reabrir los juicios a los miembros de las FFAA y de Seguridad por los hechos de los 70, luego de transcurridos diecisiete años de promulgadas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las que lograron pacificar al país, a pesar de las inevitables secuelas que sobre unos y otros quedarían como sacrificio para afianzar la paz.

Lorenzetti es a su vez autor de un nuevo concepto en la ciencia política, “los juicios de lesa humanidad son una política de estado fruto del pacto entre la sociedad y el Estado”.

El problema es que los pactos entre la sociedad y el Estado se plasman, en la modernidad, en las constituciones. Argentina tuvo una reforma constitucional en 1994, donde no hubo ninguna postura que tratara de incluir ese incordio en tan reciente actualización de nuestra carta magna; es decir una vez más el relato se impone a la contundencia de los hechos, aún apoyado en la relativa legitimidad de alguna ley posterior.


Para ello había que contar con algún fundamentador de la ruptura de las derechos consagrados en nuestra constitución; allí la tarea sucia corrió por parte de uno de los juristas más venales de nuestra historia, Eugenio Zaffaroni, quien, con un alambicado desarrollo pseudo jurídico, puso las bases indispensables para avanzar con los juicios de “lesa humanidad”, verdadero disparate único en el mundo.

Estos personajes pues, pusieron en marcha la maquinaria criminal penal que arrasó con casi dos mil años de evolución en la ciencia jurídica occidental, provocando la muerte y el virtual secuestro en cárceles de miles de personas que, siendo inmensa mayoría de baja jerarquía en sus instituciones en aquella época, sirven de excusa para que de allí en más los DDHH queden al servicio de un gobierno que desnaturalizó sus fines para hacerlos un medio más del vaciamiento de la arcas de la Republica.

Sin embargo, nuevamente, aquí no podemos seguir lamentándonos de lo ocurrido sin pensar que el gobierno actual no puede redimir parte de los daños causados.

Pues es insostenible la postura del mismo respecto de un irrestricto respeto a la división de poderes, porque es público y notorio que el gobierno anterior, a través de un Consejo de la Magistratura adicto, designó numerosos jueces en el fuero penal federal vinculados por sangre o ideología con las organizaciones terroristas actuantes en los 70.Recientemente la Cámara de Casación Penal separó del Tribunal Federal de Santiago del Estero a dos sus integrantes por haber pertenecido al ejército Revolucionario del Pueblo y al restante por sus vinculaciones con las organizaciones de DDHH querellantes en los juicios de lesa humanidad.

Como ellos, que venían actuando impunemente en numerosas causas que ahora deben ser revisadas, también se ubicaron en el Ministerio Público Fiscal, apadrinados por Alejandra Gils Carbó, funcionarios de manifiesta parcialidad.

Bien podemos decir que frente al eufemismo “terrorismo de estado”, la mayoría del poder judicial del fuero penal y la Procuración, por ideología o por intereses espurios, se encuentran desarrollando operaciones que podemos denominar “terrorismo judicial”.

Porque también es público y notorio que los tribunales orales federales, por temor o ideología, han dictado sentencias apartándose de la regla de oro del proceso penal que dispone que todo fallo condenatorio debe estar basado en la existencia objetiva y subjetiva, y más allá de toda duda razonable, de pruebas suficientes que acrediten la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado.

El fallo absolutorio de la sala III de la Cámara de Casación Penal, en la causa “Carrizo Salvadores”, que significó la libertad de tres oficiales subalternos del Ejército, condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Criminal de Catamarca, es una prueba irrefutable de lo que venimos diciendo. Resulta imperiosa realizar una auditoría de todo lo actuado por esta justicia genuflexa o militante a partir del año 2003.

Porque también es público y notorio que estos mismos tribunales, en abierto desconocimiento de las leyes 24390 y 26472, han extendido los plazos de prisión preventiva sin sentencia firme más allá de los tres años y negado la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.

Porque también es público y notorio que esos mismos tribunales han convertido reales enfrentamientos mantenidos por las fuerzas militares y de seguridad con peligrosos terroristas en supuestos simulacros, a pesar de que en no pocos de ellos, se registraron bajas en las fuerzas legales.

Como resultado, permanecen privados de libertad desde hace muchos años, militares y policías jóvenes y de baja jerarquía en aquellos años, porque los familiares de los abatidos necesitan fallos condenatorios para lograr el pago de las leyes reparatorias.

Porque también es público y notorio que tribunales de USA, España, Italia, Brasil y Francia han rechazado en no pocos casos y con duros términos, las extradiciones solicitadas por la justicia argentina por desconocer los principios de irretroactividad de la ley penal, los plazos de prescripción o directamente invocar como prueba de cargo testimonios acusatorios de los propios terroristas o simples conjeturas, como lo son la pertenencia a una determinada unidad militar o dependencia policial.

Es esta justicia la que libera asesinos, violadores convictos y confesos, de espalda a las víctimas y de toda la sociedad, que vuelven a violar y matar; sin embargo la corrupción y el garantismo desestabilizador imponen sus propias reglas.

Para terminar, recientemente un juez argentino dictaminó que la orangutana Sandra, alojada en zoológico de Buenos Aires, “es una persona no humana” y como tal debe gozar de ciertos derechos.

Conceden un hábeas corpus a una orangutana

La justicia penal argentina, en sus dictamenes sobre los presos políticos respecto a los derechos que se nos conculcan, nos coloca en un limbo de nivel inferior al de Sandra.

3ra. Parte

Los organismos internacionales de DDHH y los presos políticos argentinos

Los organismos internacionales de DDHH, ya sean de origen supranacional o como ONGs, en general no están integrados por los países más poderosos de la tierra; ellos están fuera del radar de esas estructuras, a pesar de los desmanes que cometen de todo orden durante guerras, o conflictos de distinta índole.


Ellos aplican parámetros que sí se utilizan para quienes, como en nuestro país se han sometido sin atenuantes a pesar de lo que dictamina nuestra constitución y lo dictado por los tratados internacionales incorporados a ella.

Ella dictamina que, en última instancia prevalecerá lo que está establecido en el acápite de derechos y garantías. Como muestra de la arbitrariedad reinante, esto tampoco es tenido en cuenta para el caso de juicios políticos realizados contra los PP.

En la ONU la mayoría de los países miembros intentan dictar resoluciones basados en la dialéctica a favor del supuestamente más débil, pero dichas medidas pocas veces entran en colisión con los intereses de los poderosos y cuando lo hacen son olímpicamente ignoradas por sus destinatarios.

Como dato elocuente es necesario recordar que la Corte Penal Internacional no tiene, entre quienes se someten a su escrutinio, a las grandes potencias.

Por su parte la Comisión Interamericana de DDHH es hoy una estructura dominada por el lobby bolivariano, integrado de parte de nuestro país por quienes más hicieron por la división, el enfrentamiento y los derechos de criminales y violadores, un grupo integrado por ex terroristas encabezados por un ex juez prostibulario.

No es de extrañar entonces que esos organismos, comprometidos con el pseudo progresismo, operen contra gobiernos que sufren el embate de quienes no toleran que se ejerza una sana alternativa en el ejercicio del poder. Tal el caso de los extravagantes reclamos por la liberación de Milagro Sala en tiempo record, dados los plazos que usualmente se estipulan transcurran para realizar sus reclamos.

Este es otro ejemplo acerca de la confusión del gobierno respecto de la consideración que aquellos merecen, la puerta al verdadero progreso se abre cerrándole el paso a estas maniobras que tienen por objeto mantener viva la militancia desplazada por el voto popular y cubrir de antemano a la ex mandataria en su inexorable destino judicial.

Los PP requerimos que nuestro gobierno actúe con firmeza ante estos reclamos y se haga cargo de los nuestros en esos organismos, con la misma velocidad con que ellos actúan ante casos inadmisibles.

4ta. parte

Las Iglesias

La Iglesia Católica Argentina vive un proceso inédito de conmoción con la consagración del Cardenal Jorge Bergoglio como el Papa Francisco. Este, desde el inicio de su gestión ha bregado y lo siguiendo haciendo, por la paz en el mundo y en especial en nuestro país, bajo las normas que impone el cristianismo moderno, las que a veces, suelen colisionar con los intereses políticos de su propio país.

Sin embargo sabemos que contamos con su apoyo y la de la mayoría de los prelados argentinos. Prueba de ello son las reiteradas visitas a los PP que realizan distintos miembros de la jerarquía católica argentina.

Si bien la Iglesia posee una forma particular de expresarse y hacerse oír, son a todas luces evidentes sus esfuerzos por que se alcance una solución adecuada para nuestra situación.

Queremos aquí dar gracias y hacer saber que mantenemos intacta nuestra fe en quienes tienen diariamente una ingente tarea en pos de los más débiles y necesitados.


Es oportuno recordar aquí parte de lo manifestado en la Asamblea Episcopal del año 2005 en la carta pastoral “Una luz para reconstruir la Nación”, como muestra de su mirada comprensiva y elevada acerca del confuso derrotero de nuestra Patria en su perspectiva histórica.

(N. de la R.: se reproduce un fragmento de la Carta Pastoral de 2005, "Una luz para reconstruir la Nación", que ya advertía si "conviene que los mayores nos preguntemos si trasmitimos a los jóvenes toda la verdad sobre lo acaecido en la década del '70. O si estamos ofreciéndole una visión sesgada de los hechos, que podría fomentar nuevos enconos entre los argentinos", e invitaba a "una profunda, sincera y amplia reconciliación, con la intención de alcanzar una verdadera unión de todos los argentinos.")

El apoyo de las iglesias evangélicas

En un hecho sin precedentes los PP de Ezeiza recibieron la visita de uno de los pastores más importantes de Occidente, el Sr. Luis Palau, de origen argentino y afincado hace muchos años en USA. Junto a uno de sus anfitriones argentinos, el pastor Ruben Proietti, se reunieron en el penal donde se encuentran los camaradas detenidos, por invitación de aquellos que profesan la fe evangelista, donde sostuvieron una asamblea informal con la mayoría de quienes allí están detenidos.


Hombres de una profunda fe y sentido de la caridad, no solo manifestaron su apoyo, sino también su compromiso para con nuestra causa y su voluntad de acompañar nuestros reclamos.

5ta. Parte

Balance de las acciones realizadas por las ONGs amigas y referentes de la causa de los PP

Es imposible reducir en algunas frases el significado de lo hecho por quienes nos han acompañado en todo momento a lo largo de este infame derrotero.

Hombres y mujeres, familiares, amigos y desconocidos, de cualquier clase, condición o profesión luchan incansablemente por nuestros derechos y por ende, nuestra libertad.

Muchos fueron quedando por el camino, pero la justicia de la causa hizo que otros tomaran el testimonio y continuaran bregando más allá incluso de sus propias fuerzas. Sus logros, sin duda, han dado resultado, una prueba de ello es el manifiesto que destacados juristas hicieron público en julio del corriente año y que constituye un espaldarazo a todo lo hecho por quienes caminan a nuestro lado.

Es por ello que reproducimos en el anexo 3 ese documento, como fruto del empeño de todos ellos y muestra de lo justo de su compromiso.

6ta. parte

Conclusiones y probable evolución

Este primer evento conjunto ha puesto en evidencia el espíritu y capacidad de lucha de los PP, quienes a pesar de la edad, enfermedades y el tiempo de detención, continuamos y continuaremos bregando pacífica e incansablemente por nuestra causa, aún a costa de nuestras propias vidas.

La familia militar y de seguridad se comprometió no solo con su voto, sino también en la propia actividad de campaña y fiscalización en favor de Cambiemos, con la expectativa de un profundo cambio respecto del “curro de los DDHH”.

De mantenerse la situación de los PP sin cambios sustanciales, en las elecciones de 2017 este compromiso probablemente sufra alteraciones inevitables.

Queda en manos del gobierno evaluar, si es conveniente en un escenario electoral por demás complicado, tener como votantes adversos a este valioso cuantitativamente sector social.

Dicho sector tiene objetivos claramente acotados, en tanto que, aquellos que reivindican posturas radicalizadas, nunca serán seducidos como votantes, pues su finalidad es la de perturbar y hostigar al infinito al gobernante de turno, aun recibiendo generosos dádivas para el funcionamiento de sus estructuras, por parte de éste.

El método del gradualismo sostenido por el gobierno es interpretado por el Poder Judicial como un síntoma de debilidad y por ende, éste continúa con el mismo ímpetu prevaricador de la época kirchnerista.

Respetando la división de poderes, se hace indispensable, por parte del gobierno, una rápida revisión de los hechos del pasado con la inevitable instalación de la verdad de lo acontecido, como contraparte al relato único instalado por el kirchnerismo en los juicios que se llevan cabo.

Para ello el gobierno puede contar con el concurso de innumerable cantidad de voces autorizadas, escritores, historiadores, periodistas, políticos, empresarios, eclesiásticos que pueden realizar contundentes aportes para tal fin.

El juicio a las Juntas Militares expone en forma objetiva lo que aquí sostenemos, tal como se refirió en un párrafo precedente en este documento.

“Además, el Tribunal también admite que esos episodios constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y que éste debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones asentadas en una filosofía cuya síntesis, imposible de mejorar, se halla expuesta en la Constitución Nacional.”

La decisión de un gobierno respecto de instalar honestamente lo acontecido desde el punto de vista histórico, más allá de las opiniones que esto haya merecido, a fin de instar a la justicia a proceder sobre los hechos no es nada nuevo; así lo hizo el gobierno alfonsinista en 1984 y más tarde y en forma aviesa, el kirchnerismo.

En el segundo caso es fácil de comprobar, mediante una simple lectura de las sentencias de los tribunales cuando hacen referencia al contexto histórico. Allí se evidencia el “relato” en su más fiel expresión, habiendo hecho suya los jueces la versión apócrifa del pasado instalada por ese gobierno.

Es menester que sin demora se comience con los mínimos gestos simbólicos de reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Esos homenajes constituirían el paso inicial para acercarnos a la verdad histórica.

Por otra parte también requerimos que se les conceda espacio en los medios públicos de difusión a las ONGs que nos apoyan, a la par de los que utilizan los organismos de DDHH.

Parecería que para obtener algún beneficio del gobierno es indispensable realizar violentas manifestaciones de fuerza, por lo que esperamos que no sea necesario aplicar este requisito para ser escuchados en esta solicitud.

El Presidente no puede demorar, pues, la versión real y precisa de lo ocurrido en los 70; especular con ello solo beneficia a los sectarios y los corruptos, dejando inermes a quienes padecen la arbitrariedad más alevosa de nuestra historia.

De lo contrario, la inercia no solo mantendrá el statu quo, sino que agravará la situación de todos los PP, sumando nuevas causas, nuevas detenciones y la continuidad sine die de estos juicios políticos, a todas luces ilegítimos.

Contrariamente a lo que manifiestan la mayoría de los jueces y algunos políticos respecto a que estos juicios son únicos y un ejemplo en el mundo, nos preguntamos si no se comprende cómo funciona este en realidad, puertas adentro somos el hazmerreír de todos los países serios, los que en situaciones similares optaron por una rápida solución y la imperiosa obligación de evitar el desprestigio de sus FFAA, de seguridad y policiales, preservando instituciones y la unión nacional.

Asimismo, requerimos que los actuales jefes de las instituciones armadas, de seguridad y policiales reflexionen acerca del peso que los PP cargan sobre sus vidas y la de sus familias, teniendo en cuenta que todos sus integrantes, en los años '70, han sido protagonistas de una u otra forma de esos trágicos hechos.

Militares y miembros de las fuerzas de seguridad y policiales somos chivos expiatorios, sufriendo prisión por muchos años y peor aún, con costo de vidas, por esta insana e ignominiosa política persecutoria.

En consecuencia a partir del evento del 8 y 9 de diciembre de 2016, los PP ya se encuentran organizados y en estado deliberativo permanente, evaluando los pasos a seguir por el gobierno y la justicia, respecto de la política de DDHH, con la finalidad de ir adoptando las acciones pertinentes en función de futuras decisiones políticas y judiciales.

La Comisión de Enlace Interpenales ha elaborado un plan de acción tentativo para llevar a cabo por los PP de todo el país, en base al escenario más desfavorable, tal como se vislumbra a la fecha.

Los PP no descansarán hasta haber visto concretado su más caro anhelo, la libertad.



NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.