jueves, 14 de enero de 2016

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

Lamentamos informar que el martes 12 de Mayo de 2016, falleció el señor Suboficial Mayor (R) Pedro Valentín Romero (Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires), quién se encontraba injustamente detenido como  Preso Político.

Con él, son 333 (trescientos treinta y tres) los Camaradas fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles; en el marco de este proceso de persecución, teñido de incontables irregularidades jurídicas y sistemática venganza, propias de una justicia prevaricadora.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva iniciada por sus antecesores… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 206 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora… es hora de decir BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre

miércoles, 13 de enero de 2016

LA MENTIRA VERGONZOSA DE “LA NOCHE DE LOS LÁPICES”.

Por Nicolás Márquez


Una deliberada mentira disparada en los años 80´ y luego potenciada por la propaganda obrante durante el prolongado  latrocinio kirchnerista, consistió en tomar como referencia el ficcionario filme popularmente conocido como “La Noche de los Lápices”, aquel bodrio maniqueo y falaz obligatoriamente impuesto en la enseñanza escolar oficial, como si dicha película encarnase una verdad revelada en vez ser lo que verdaderamente es: una historieta audiovisual plagada de caricaturizaciones ideológicas y manifiestas patrañas historiográficas.

Resulta que el promocionado filme nos cuenta una historia (que los farsantes que la apañan pretenden hacer pasar por verídica) en la cual un simpático grupete de amigotes bregaban por una enternecedora rebaja en el boleto estudiantil, y las máximas picardías de estos inquietos jovenzuelos no eran otras que tararear las melodías del dúo hippie “Sui Géneris”, jugar de vez en cuando al “ring-raje” y soñar con un “mundo más igualitario para todos y todas”.

Acto seguido, aparecen en escena unos militares malos que se enojaron porque sí, “secuestraron” a los inquietos estudiantes por el simple hecho de “pensar distinto” y los mataron por mero morbo y placer. Punto final del largometraje.

Graffiti arquetípico para consumo masivo de incautos e idiotas útiles 

La película tiene como basamento el libro “La Noche de los Lápices” escrito por la inefable María Seoane (ex integrante de la organización homicida ERP)  y Héctor Nuñez, quienes a su vez se basan en el relato de Pablo Díaz, quien presumía ser el único sobreviviente del grupo de seis estudiantes involucrados.

El libro citado fue terminado el 7 de junio de 1986, es decir 9 años y 10 meses después de los presuntos hechos. Lo allí narrado fue la base que se tomó para producir la difundidísima película homónima.

No nos detendremos aquí a analizar la mala calidad del rodaje puesto que no es el propósito de esta notícula, sino que una vez más, cometeremos el sacrilegio de cuestionar la veracidad de la versión dada en la película, atendiendo, entre otras cosas, al lastimoso perfil del personaje central del filme en la vida real, el mencionado Pablo Díaz.

En efecto, ni el filantrópico Pablo Díaz era un ingenuo muchacho de barrio, ni fue el único sobreviviente, ni tampoco luchaban por el boleto estudiantil (esto fue tan sólo la excusa oficial), sino que el accionar de Díaz y sus secuaces desde siempre estuvo dirigido a promover no la militancia boletera sino la criminalidad terrorista de la que fueron parte.

Efectivamente, el propio Díaz en sus años mozos (cuando protagonizó los hechos que le dieron cárcel primero y celebridad después), él ya integraba con destaqué la tristemente célebre JG (Juventud Guevarista), brazo estudiantil de la organización infanticida ERP, la cual se encargaba de promover su actividad criminal en los institutos educativos de los cuales se extrajeron renovadas camadas terroristas. Y fue en esa militancia castro-guevarista confesada por el propio interesado y documentada en el mismísimo libro “Los Últimos Guevaristas”[1] (escrito por el delincuente Julio Santucho, hermano de Mario Santucho, ex Comandante en Jefe del ERP), que el casi veinteañero Díaz (un poco grande para estudiante secundario) resultó detenido entre 1976 y 1980.

Pero Díaz no se quedó solamente en los años 70´ en su malsana pretensión subversiva: ya en 1989,  siendo ya no tan joven e irreflexivo, Pablo Alejandro Díaz hizo conocer su filiación al grupo terrorista MTP (Movimiento Todos por la Patria), prolongación del ERP comandada por el homicida confeso Enrique Gorriarán Merlo, el cual en enero de ese año asesinara a diez soldados y mutilara a otros sesenta durante el histórico y aberrante ataque terrorista al Regimiento de La Tablada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Pablo Díaz: de boletero a terrorista

Pero obviamente Díaz no fue el único bonachón que participó de los sucesos “inofensivamente” retratados en la película. El 15 de septiembre de 1998,  en el órgano de prensa de la guerrilla derrotada, es decir en el pasquín Página 12 (diario fundado con dinero ilegal proveído por el propio Gorriarán Merlo según confesión de su propio fundador, es decir de Jorge Lanata), se efectuó una nota reporteando a la dama Emilce Moler, otra de las protagonistas y que fuera detenida en La Plata el 17 de septiembre no por clamar por el cacareado boleto estudiantil sino por militar en la organización terrorista Montoneros. Allí se informa que ella y Gustavo Calloti (otro elemento subversivo que también vive y que está radicado en Francia), conjuntamente con otra joven radicada en La Plata (y van cuatro los aparecidos) conformaban una célula con los siguientes objetivos:

EM: “Teníamos un proyecto político, en relación con los desaparecidos de los secundarios de La Plata. No fue exclusivamente la lucha por el boleto, eso era un objetivo superfluo que fue utilizado buscando reivindicar la militancia (…) No creo que a mí me detuvieran por el boleto. La lucha fue en el año 75, además no secuestraron a miles de estudiantes que participaban en ella. Detuvieron a un grupo que participaba en una agrupación política. Todos los chicos que están desaparecidos pertenecían a la UES (brazo estudiantil de Montoneros), es decir que había a un proyecto político al fin”.

Pero la confesión más despampanante de todas, probablemente la haya dado Jorge Falcone (oficial Montonero y hombre de confianza del asesino Mario Firmenich), es decir el hermano de María Claudia Falcone (la otra protagonista de la película en donde la susodicha es mostrada como mártir), ya que en nota concedida y transcripta para el libro “Montoneros, Soldados de Menem?, Soldados de Duhalde?” de Viviana Gorbatto, éste expresa:

“– Mi hermana no era una chica ingenua que peleaba por el boleto estudiantil. Ella era toda una militante convencida. Ni mi hermana ni yo militábamos por moda. Nuestra casa fue una escuela de lucha”.

     ¿Tu hermana y vos eran montoneros convencidos?

     (Falcone) “Sí. Nadie nos usó ni nadie nos pagó. No fuimos perejiles como dice la película de Héctor Olivera (…) fuimos a la conquista de la vida o la muerte (…). En el departamento donde cayó mi hermana se guardaba el arsenal de la UES de La Plata. Mi hermana no cayó por el boleto secundario, sino por una patria justa, libre y soberana. La gente que tenía la conducción de un colegio secundario no se chupaba el dedo. Tenía práctica política y militar”

Jorge Falcone, el ex Montonero que obró de sepulturero
de la bochornosa estafa fílmica “la noche de los lápices”

Y como si tamaña confesión de fuese insuficiente, el ex oficial Montonero Falcone añade: “Cuando se dio la película, yo fui llevado en andas con Pablo Díaz, el sobreviviente, del cine al obelisco. Allí dije que mi hermana estaba en la clandestinidad con documento trucho, que respondía a una orgánica revolucionaria. Eso puso a todos nerviosos. No querían escuchar esas cosas. Mi hermana no era una Caperucita Roja a la que se tragó el lobo (…) era una militante revolucionaria

-      ¿Qué cargo tenía tu hermana dentro de la organización?

-      “Era miliciana (…) La gente que tenía conducción en un colegio secundario no se chupaba el dedo. Tenía práctica política y militar (…) participamos en una serie de actos relámpagos que sirvieron de cerco en agosto del 75´ para el hundimiento de la Fragata Misilística Santísima Trinidad”[2] remata Jorge Falcone, quien además por entonces era esposo de Susana Estela Carlotto, es decir de la ex guerrillera e hija de la mentirosa compulsiva Estela Carlotto, actual CEO de la firma empresarial Abuelas de Plaza de Mayo.

Estela Carlotto: como nonna fue una excelente empresaria y como madre
fue un fracaso: sus hijos salieron o delincuentes montoneros o ñoquis estatalizados

Visto y considerando que la mentira de la “Noche de los lápices” es refutada por los propios protagonistas, vale complementar lo expuestos con las posteriores declaraciones del ex Montonero Martín Caparrós, quien sobre el particular sostuvo: “Creo que hubo una construcción inicial que fue esta idea de las víctimas impolutas. El desaparecido como víctima angelical que es la idea que sintetiza La noche de los lápices. La noche de los lápices es la mayor falacia que se ha producido en la historia argentina contemporánea. Falacia que se va a reproducir cuándo, ¿mañana, pasado?, ¿cuándo es el día de la noche de los lápices?…Pero La noche de los lápices es un mamarracho, quiero decir es como la quintaesencia de esta idea de ¡ay!, esos pobres chicos estudiantes secundarios que querían el boleto estudiantil, los agarraron los militares que eran tan malos y los mataron a todos. Esos chicos que querían el boleto estudiantil, además de querer el boleto estudiantil, eran militantes de unas organizaciones, unas agrupaciones que apoyaban a unas organizaciones que estaban a favor de la lucha armada y de todo eso” y haciendo un análisis global de la guerra revolucionaria en la que él participó en calidad de protagonista Montonero se pregunta: “¿Si ganábamos nosotros, las cosas hubieran sido mejores?” “¿nos hubiera gustado vivir en un país donde hubiéramos ganado” y concluye “Yo dudo de que hubiese durado mucho tiempo en un país gobernador por Montoneros”[3].

El ex montonero Martín Caparrós: de vez en cuando incurre
en la buena costumbre de contar la verdad.

¿Hace falta agregar más datos y testimonios para proseguir demostrando y confirmando tanto en este como en otros episodios de la historia reciente cómo la mentira oficial se ha impuesto por la fuerza de la repetición propagandística y no como consecuencia de los hechos historiográficos  objetivamente comprobados?.

Desde hace años que el que suscribe ha tomado un intransigente compromiso con la verdad, pero no porque nos consideremos los dueños de la verdad sino porque somos esclavos de la verdad. Y a ella nos remitimos y es a ella a quien nos subordinamos, le guste o no al endemoniado catecismo oficial, que esperamos comience a revertirse en estos nuevos tiempos que soplan en la República Argentina.



[1] LOS ULTIMOS GUEVARISTASLA GUERRILLA MARXISTA EN LAARGENTINA. Autor: Santucho Julio. Editorial: JAVIER VERGARA.
[2] Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de Duhalde?  Por Viviana Gorbatto.  Ed. Sudamericana. 1999. Pág. 96, 97, 98.
[3] Montoneros. Soldados de Menem. ¿Soldados de Duhalde?. Por Viviana Gorbatto.  Ed. Sudamericana. 1999. Pág. 327.

lunes, 11 de enero de 2016

DISCRIMINACIÓN Y MALTRATO COMO POLÍTICA DE ESTADO

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA / IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA

Actualidad Viernes, 08 De Enero Del 2016


Presentamos hoy una instrucción distribuida, en abril de 2015, entre jueces y fiscales federales competentes en temáticas de lesa humanidad. Se trata, como puede observarse, de un libelo que bajo el título de "Impunidad gerontológica", ha sido editado por el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos e impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

Mientras se siguen cerrando causas en donde los acusados eran terroristas, indemnizados generosamente por el Estado Nacional en la década fenecida, en esferas gubernamentales prolíficas en alabarse como cultores de los Derechos Humanos (y también en Sueños Compartidos) ha existido un manifiesto afán por mantener en prisión (existiendo opciones legales producidos por el propio gobierno de entonces pero que aplica a capricho) a varios centenares de ancianos minusválidos y afectados por toda suerte de patologías.


Esta paradojal conducta se produce bajo la consigna de "dar batalla (contra) lo que empieza a constituirse como un verdadero escenario de lo que podría denominarse como impunidad gerontológica" (SIC, pág. 1, col. 1ª in fine). En las líneas previas citadas, se califica el campo bélico. Ello habla con claridad de una decisión del Ejecutivo en pro de imponer en la Justicia Federal una clara opción por una primacía de la Venganza por sobre la Justicia. No se sabe de esfuerzo semejante para impulsar la acción fiscal en otras áreas penales o penitenciarias, magras por cierto en todo género de recursos.

Los frutos de esta política estatal de perverso desquite, pueden apreciarse en el elevado número de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobrevivientes en las cárceles federales, en condiciones precarias, con elevado grado de sufrimiento innecesario, todos ellos ancianos -algunos muy avanzados en edad y minusválidos- debido a la negativa de aplicar la opción de la ley 24.660 que instituye y perfecciona la figura de "prisión domiciliar". La lista de fallecidos intramuros en estas condiciones supera con holgura el tricentenar. Esta barbarie persiste al día de hoy y se advierte en hechos judiciales innumerables, algunos ya denunciados en el orden internacional. Sus ejecutores y encubridores persisten indemnes al día de hoy, cobrando jugosas retribuciones estatales.

En este libelo, de contenido claramente mediocre desde un punto de vista médico, es posible apreciar la habitual manipulación conceptual que ha imperado en el reinado K -particularmente en lo que hace a la temática de los Derechos Humanos  y,  sobre todo, se torna innegable por su presentación, que la misma hiende sus raíces en la cúspide del Poder Ejecutivo, e impulsa una "batalla" en pro de entronizar a la Venganza por sobre el deseo de Justicia. La primera columna en efecto, define el resto del documento. De su lectura es fácil deducir que la negativa al otorgamiento de toda posibilidad de atenuación en la pena (en condenados por esta suerte de delitos) o de mejoría en el estado de una prisión preventiva (para los procesados) responde claramente a una Política Persecutoria por parte del Estado Nacional, impulsada por la hoy muy cuestionada procuradora fiscal G. Gils Carbó y sus fanáticos seguidores y aplicada servilmente por magistrados obsecuentes y serviles. El fruto, es el cercenamiento para esta suerte de detenidos, al debido acceso a la salud, que protege nuestra Carta Magna y del que es único responsable el Estado Nacional. De allí a una nueva modalidad de comisión de delitos de lesa humanidad por promover y concretar a través de un trato inhumano, degradante y cruel a los detenidos discriminados por considerárselos autores de igual delitos, solo media una franja imaginaria.

La importancia otorgada a tal libelo adquiere un resalto notorio, si se advierte que no surgen a la vista -o al menos no han requerido tanto esfuerzo editorial por parte de este sector del Estado- instructorios reflejando esfuerzos similares para "dar batalla" en otros campos criminales crecientes en forma exponencial (narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales, secuestros extorsivos, etc…), ciertamente actuales, y no producidos en la década del setenta, o sea más de cuarenta años atrás.

La pre referida incitación cuasi panfletaria, ha creado el riesgo, lamentablemente ya no potencial si no también concretado de inducir a que no pocos médicos y funcionarios, dificulten al máximo -cuando no obstruyan- en "determinados" casos -lo cual es claramente violatorio de principios constitucionales-, la aplicación de figuras morigeradoras penitenciarias -como lo es la detención domiciliaria- sancionadas precisamente por el propio Gobierno nacional, como se dijera de suso (ley 26.472 mod. Ley 24.660). 

El resultado de ello se traduce en dictámenes híbridos que no exponen al HT todo aquello que debería conocer sobre el estado real de detenidos mayores, ancianos, minusválidos, crónicos y expuestos -cuando se los mantiene en prisión- a situaciones de riesgo grave para salud y vida, a los que se evalúa como si se tratase de ciudadano fuera de prisión, cuando no denegando respuestas acerca de estados institucionales que conoce cualquier ciudadano o conocedor especializado en medicina legal y criminología. Así, no pocas respuestas a preguntas periciales, reiteran pronunciamientos superficiales de algunos profesionales acerca de las cualidades de los servicios médicos que se brindan intramuros, siendo ya de público y notorio que se ha removido y/o, trasladado en los últimos tiempos a no pocos profesionales médicos que defendiendo su juramento hipocrático, han brindado información no acorde con lo deseado por algunos integrantes de la Justicia.

Incita de tal modo el libelo supra comentado, a dar batalla contra la impunidad gerontológica, reservada en forma exclusiva a los delitos de lesa humanidad, pero ignorando por completo principios constitucionales básicos de DDHH para detenidos, como lo son: la no discriminación en la aplicación de penas, la obligación de elegir al aplicarlas al menor grado posible de sufrimiento existiendo morigeraciones legales y sobre todo el derecho de todo procesado o condenado a mantener su salud.

Es hora ya de que temas como los que hoy denunciamos sean debidamente investigados tanto en el ámbito del Ejecutivo Nacional, como en el Poder Judicial, como en el área de la Procuración Fiscal de la Nación. Se continúan dilapidando ingentes recursos en mantener y hasta a incrementar una lucha contra autores de hechos acaecidos hace más de 30 años y poco y nada se hace por combatir el delito, ayudar a la víctimas e intentar recuperar a los presos comunes, en su mayoría también víctimas de la droga o de la marginación en la que los ha sumido el denominado RELATO de la década pasada.


ALGO HUELE A PODRIDO EN GUATEMALA

por Ricardo Angoso
@ricardoangoso

Hace unos meses un magistrado colombiano nada neutral, conocido por sus ideas izquierdistas y ser un detractor del ex presidente Álvaro Uribe, Iván Velásquez, adquirió un protagonismo en la operación -no tiene otro nombre- de acoso y derribo que llevó a la destitución del presidente de Guatemala, el ex general Otto Pérez. En ese proceso judicial de investigación de unos supuestos casos de corrupción, en los que habría estado implicado la máxima magistratura del Estado, tuvo un importante protagonismo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC), en la que trabaja el mismísimo Velásquez y que ha actuado coordinadamente con algunas organizaciones guatemaltecas de significada ideología izquierdista.

Pero las cosas no quedaron ahí. Hace apenas unas semanas fue destituido, en una trama bastante perversa, otro militar, se trataba de Oscar Platero. Tras ser nombrado Subdirector General de la Inteligencia Civil (Digici), Oscar Platero sufrió una dura campaña de acoso mediático y político, a través de diversos medios, por parte de la izquierda más radical de su país.

Oscar Platero con la senadora Thania Vega de Plazas

Platero, militar, escritor y analista político, ha denunciado durante años la existencia de una suerte de conspiración contra su país para que el ejército guatemalteco sea estigmatizado y juzgado por su participación en la lucha contra la subversión comunista. Esa amenaza, que representaba la guerrilla del UNRG, fue derrotada, sin género de dudas, durante el conflicto interno que vivió su país desde los años sesenta hasta 1996, en que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala. Ahora la izquierda, derrotada en el campo de batalla, vuelve a la lucha por la vía política y Platero fue una de sus primeras víctimas. Nada hacía intuir que esa destitución sería solo el primer paso en una operación de mayor calado.

ESTRATEGIA DEL FORO DE SAO PAULO CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS

Siguiendo los pasos de otros países, en donde la justicia tomada por la izquierda ha procesado y perseguido a los militares con saña, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, Guatemala no iba a quedar al margen de esta estrategia diseñada y preconcebida por el Foro de Sao Paulo, esa gran coordinadora de fuerzas de izquierda e extrema izquierda en el continente que conducen los hermanos Castro y los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Manuel Benedicto Lucas García

Como fruto de esta estrategia, la Justicia de Guatemala detuvo en estos días a 18 militares retirados, entre ellos a Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), por su supuesta vinculación con al menos 558 desapariciones forzadas en la década de 1980. Es el mismo estilo con el que se han ejecutado otros procesos judiciales de dudosa legalidad en otras partes del continente. Catorce de estos militares están acusados de participar en “uno de los mayores casos de desapariciones forzadas de América Latina”, afirmó al producirse las detenciones la fiscal general, Thelma Aldana. La fiscal Aldana dijo en rueda de prensa que a este grupo de militares retirados arrestados se les imputan los delitos de desaparición forzada y lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas entre 1981 y 1988.

Los militares serían juzgados por tribunales nada imparciales y atizados por organizaciones de izquierda nada independientes, que bajo el paraguas de supuestamente defender los derechos humanos, buscan la vendetta política tras haber sido derrotados por las Fuerzas Armadas en el campo de batalla. Lo que no consiguieron por la vía militar ni por la electoral, ya que fueron rotundamente derrotados en las urnas, se trata ahora de buscar por la vía judicial.

Reconocer estos casos sería dar la razón a los que han sostenido desde hace años que en Guatemala hubo un "genocidio" contra las comunidades indígenas ejecutado por sus Fuerzas Armadas, algo que es absolutamente falso y no se atiene al concepto jurídico internacional de lo que es un genocidio, tal como sí lo son, por ejemplo, los casos de Ruanda, Kosovo y Bosnia Herzegovina.

¿GUERRA POLÍTICA CONTRA EL PRESIDENTE MORALES?

Jimmy Morales

Estos hechos, ya de por sí graves, pueden tener un objetivo de mayor calado. Se trataría de “intimidar o amedrentar a la próxima administración gubernamental”, a cuyo frente se haya el partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), cuyo candidato, Jimmy Morales, ganó las últimas elecciones presidenciales. Morales tiene entre los miembros de su equipo de gobierno a muchos ex militares en situación de retiro, entre los que destaca su secretario nacional adjunto, Edgar Justino Ovalle Maldonado. Esta presencia de los militares en la vida política del país centroamericano ha molestado a la izquierda en general y a los activistas de los derechos humanos que buscan sembrar la confusión y el odio en la sociedad guatemalteca, levantando falsos testimonios contra miembros de las Fuerzas Armadas y buscando su procesamiento.

Lo que más llama la atención acerca de estos hechos que acontecen en Guatemala, es que se sigue el guion ensayado en otras partes del continente, donde han sido procesados, condenados y arrestados miles de militares con pruebas falsas, testigos de dudosa trayectoria y contraviniendo las normas básicas de lo que se conoce como un Estado de Derecho. Por ejemplo, en  Argentina se han aplicado normas con carácter retroactivo que no existían en el momento en que se produjeron los supuestos hechos delictivos y fueron anuladas, de una forma arbitraria, las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por las que el presidente Raúl Alfonsín pretendía hacer su aporte a la reconciliación nacional.

Voy concluyendo estas reflexiones acerca de los procesos que se pretenden abrir en Guatemala, en un momento muy significativo y no elegido casualmente ni al azar, con el archiconocido caso del coronel colombiano Alfonso Plazas Vegas. Procesado, juzgado y condenado por la justicia colombiana, Plazas pasó siete años de prisión y sin que sus requerimientos, en el sentido de que era inocente y que no tenía nada que ver con los hechos por los que fue juzgado, fueran escuchados. Finalmente, en diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia tumbó esta condena y, en una sentencia de 358 páginas, desmontó todas las acusaciones, deslegitimó a los testigos utilizados y demostró la inocencia del coronel. El caso Plazas demuestra hasta qué punto se puede llegar en la politización de la justicia y cómo la misma se acaba instrumentalizando en favor de determinadas ideas, aunque, con ello, se causen daños irreparables a los militares encausados.


Y termino: No se busca la justicia, sino la venganza. No cabe duda que con este enjuiciamientos, desconociendo las garantías del debido proceso -entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal- se pretende que, a través de la sentencia que vayan a dictar, homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha, por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado. Lo dicho: algo huele a podrido en Guatemala.