sábado, 29 de octubre de 2016

EDITORIAL LA NACIÓN 28 de Octubre de 2016


Lic. Claudio Avruj
Secretario de Derechos Humanos


De mi mayor consideración:

Este email tiene íntima relación con el que le enviara hace unos días.

Entre otras cosa le expresé su lamentable número "simbólico" de los 30.000 desaparecidos. Agrego que nuestro Presidente dijo "que no tenía idea" de la cifra.

Además le insinué que es una estafa histórica llevar a presidentes extranjeros a visitar el Parque de la Memoria de Costanera Norte, donde figuran homenajeados miembros de organizaciones armadas ilegales que en gobiernos constitucionales atacaron y mataron a civiles y miembros de las FFAA y de Seguridad, Los deudos de los victimarios fueron cuantiosamente indemnizados.

Leí el libro de la Sra. Graciela Fernández Meijide. Se ocupó de pedir la cifra de desaparecidos. No se la dieron y consultó otras fuentes. Llegó a poco menos de 8.000. Concluye que el tema no puede usarse con fines políticos. Funcionarios y representantes de derechos humanos le saltaron a la yugular.


Recordemos que cuando asumió Néstor Kirchner como Presidente, designó a Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Mattarollo como Secretario y Subsecretario de Derechos Humanos, ambos nombrados en el libro "Los hombres del juicio", autor Pepe Eliaschev. En dicha obra y en las memorias de Enrique Gorrearán Merlo se menciona a ambos estrechamente ligados a las organizaciones insurreccionales. El extinto Eliaschev en radio Mitre hizo un Editorial sobre la tristeza que le produjo su visita al Parque de la Memoria por la parcialidad de su contenido.

Como ciudadano deseo que al actual gobierno constitucional le vaya bien y pueda reflotar a nuestro paìs. Pero no están haciendo las cosas bien. En el tema que planteo creo que es un grueso error intentar mantener el caudal político producto de mantener la historia mutilada favoreciendo a las organizaciones de derechos humanos, las que han tenido un suculento apoyo que les permitió viajar por el mundo, tener un buen pasar e incluso practicar el nepotismo familiar. Tanto es así que por radio y televisión un grupo de nietos recuperados, cosa que me alegra, practican el lavado de cerebro reclamando por los que todavía no se reencontraron con sus familias. ¿De dónde sacaron el número que enuncian?

Le repito. Revisen su política de derechos humanos para enderezar la historia mentirosa del "relato" que Uds. Continúan. El tiempo pasa en forma inexorable y la historia juzgará.

Cordialmentem,
                                                                             
Rodolfo Jorge Solís
DNI 6.251.015

Editorial La Nación 28 de octubre de 2016


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la  nota original.

¿SEGUIRÁN GANANDO LOS PEORES?


"A la norma de 'no resistir el mal por la fuerza',
el político responde que la proposición inversa es la correcta:
'el mal debe ser resistido por la fuerza, o
seremos responsables por su victoria'".
Max Weber

En estos días y con poca trascendencia, el portal Infobae publicó una denuncia gravísima, que ratifica cuanto he sostenido a lo largo de los años: un accionista minoritario de YPF, Ricardo Paz Herrera, explicó qué maniobras ejecutaron ambos Kirchner desde el Gobierno para apoderarse, a través de los Ezkenazi, de un 25% de la empresa, y las consecuencias que esos actos produjeron en la pérdida del autoabastecimiento energético, la necesidad de importar petróleo y gas, el endeudamiento del país, el saqueo de las reservas fiscales, el cepo cambiario, la recesión, etc.. Recordemos que ese porcentaje quedó en manos de una compañía australiana, de la cual todos ignoramos -pero sospechamos- quiénes son los verdaderos dueños.


Dado que, por la falta de luz y gas que nos aqueja, nadie puede construir una nueva fábrica y generar empleo, comprobaremos cuánto daño produjo ese sideral robo (el denunciante habla de US$ 46.000 millones), imputable a Néstor, a Cristina, a Patotín Moreno, a Kiciloff, a Galuccio y, claro, también a la misma Repsol. Y si comparamos el monto referido con las necesidades del país y de su gente, cuyo 32% sigue en la miseria después de una década ganada por tan pocos, se nos terminarán los calificativos para describir a los autores de tamaño latrocinio. Me pregunto qué estarán esperando los fiscales para actuar, ya que no han sido pocas las evidencias publicadas al respecto durante estos años, porque la cifra en cuestión es de tal magnitud que hace aparecer la enorme defraudación a Petrobras, que ya ha llevado a la cárcel a decenas de funcionarios y empresarios brasileños, resulta casi un robo de gallinas.

La polémica acerca de la imprescindible detención de los máximos dirigentes del kirchnerismo, en especial de su jefa material (de espiritual nada tiene), continúa en diferentes terrenos: la política, el periodismo y, sobre todo, en la calle, donde ya es generalizada la certidumbre de que la impunidad, nuevamente, premiará a los corruptos y la maldad triunfará, como tantas veces en nuestra historia. "¡Aquí nadie va preso!", se oye permanentemente.

En el fondo, no es para menos. Después de un primer semestre en el cual los fiscales y jueces dieron la sensación de ir por todo, los procesos parecen haberse ralentizado, sin duda por falta de personal y de infraestructura en los juzgados, todos ellos colapsados, pero también por la inactividad de aquéllos que privilegian la postura de "wait and see", compartida por los empresarios, siempre remisos a acompañar al Gobierno con sus inversiones y sus precios. La Corte Suprema realizó un inventario de las causas en marcha contra los ex y actuales funcionarios bajo investigación penal; se trata de un gran avance, sin duda, pero gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre recae sobre los hombros del Consejo de la Magistratura, moroso no sólo en auditar la conducta de los jueces federales sino hasta en la cobertura de muchos juzgados vacantes, lo que produce el colapso mencionado.


Porque la opinión pública, aún la menos instruida, sabe que en los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, es el acusado quien debe demostrar que ha adquirido su patrimonio legítimamente (art. 268, Código Penal); es decir, basta una razonable sospecha para que cualquiera pueda ser procesado y hasta detenido. Y ya hay demasiados casos emblemáticos en que algunos de estos personajes exhiben fortunas incalculables y, en especial, inexplicables. En ese desfile se destaca, obviamente, la propia emperatriz patagónica, Cristina Elizabet Fernández, que nunca trabajó -ni siquiera como "abogada exitosa"- en la actividad privada e, impúdicamente, declara tener "en blanco" y a valor fiscal, más de setenta millones de pesos; y la siguen Julio de Vido, César Milani, Ricardo Echegaray y muchos otros que enumeré en mi nota anterior.

Éste último ya está imputado, entre muchas otras causas, en la que va detrás de Cristóbal López y Fabián de Souza por haber retenido nada menos que $ 8.000 millones, que pertenecían al Estado, para financiar el crecimiento exponencial de sus empresas. Todos ellos, también, siguen paseándose tan campantes, entre nosotros.

Por ello, resulta más que razonable que la ciudadanía dude acerca de la efectividad, o de la voluntad, de la Justicia al momento de alcanzarlos porque, convengamos, existen innumerables antecedentes -el asesinato de Alberto Nisman, por ejemplo- bastaría con aplicar la letra de la ley para que las explicaciones debieran darlas desde el otro lado de las rejas, como sucede con muchos acusados de delitos bastante menores.

El lunes, Cristina deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante el Juez Julián Ercolini en la causa que investiga el direccionamiento de obras a Lázaro Báez, que también complica a De Vido, a Bolsos López y a toda la cúpula de Vialidad Nacional; seguramente, hará una defensa política frente a una conducta penal. Creo que, luego de los interrogatorios a los imputados, todos ellos serán procesados. Si la acusación incluyera la asociación ilícita, un delito no excarcelable, tendríamos otra razón más para decretarles la prisión preventiva, en especial a la jefa de la organización criminal.

No puedo, por algunas cosas que pasaron en estos día, dejar de referirme a la situación de los presos militares, policías y civiles acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Comenzaré por congratular a la verdadera Justicia por la publicación de varias sentencias dictadas por el Tribunal Penal Internacional, que negó la validez probatoria de testimonios amañados o "construidos colectivamente" -algo muy frecuente en las causas armadas en la Argentina, donde se impide hasta el contrainterrogatorio de los testigos porque sería "revictimizarlos" y la negativa de varios países (Estados Unidos, Brasil, España) a extraditar a prófugos de la persecución kirchnerista.

Sin embargo, muy poco ha cambiado en el panorama desde la llegada de Mauricio Macri al poder -desde entonces, más de 40 ancianos han muerto en cautiverio-, porque se mantiene una política pretendidamente correcta frente al tema. Pruebas cabales de ello fueron la vergonzosa prohibición del Ministerio de Defensa a la promoción 97 del Colegio Militar, al cumplirse medio siglo de su egreso, de colocar una placa en memoria de sus integrantes caídos en combate; la razón invocada para ello fue que identificaba a la "guerrilla marxista" como autora de esas muertes, y la reapertura de una causa a quienes combatieron en la defensa del regimiento de La Tablada, en plena democracia.

Pero ni siquiera la intención de no abrir nuevos frentes de conflicto por parte del Gobierno puede justificar la falta de respeto de nuestros jueces a las leyes argentinas y a los tratados internacionales que hemos suscripto: se mantienen prisiones preventivas que exceden en mucho el máximo legal, se niega el beneficio de la prisión domiciliaria, se violan los principios de legalidad, de inocencia, de ley posterior al hecho del proceso, etc. Han pasado varias décadas, y la verdad y la justicia han dejado paso a la más infame venganza de aquéllos que, en los 60's y 70's, pretendieron terminar con la democracia a través de una demencial violencia y no hesitaban en confesar que, de triunfar, fusilarían a un millón de ciudadanos.

Enrique G. Avogadro
Abogado

“DURA LEX, SED LEX”


por Alfredo Nobre Leite • 27/10/2016

A instancias del papa Francisco, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron que se concluyó con el “proceso de organización y digitalización” de sus archivos sobre el último gobierno de facto y que próximamente se abrirán a la consulta de las supuestas “víctimas y familiares directos de los desaparecidos”. Al respecto, hay que reiterar que hubo una guerra revolucionaria, propulsada por la Unión Soviética, a través de su peón de brega, Fidel Castro, para atacar todas las naciones latinoamericanas (salvo México), que formó las organizaciones subversivas táctica y doctrinariamente. Por Decreto Secreto 261 del 5-2-1975 la presidente María Estela Martínez de Perón, dispuso que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. Lo que fue extendido, mediante Decreto 2772 del 6-10-1975 por Presidente Provisional del Senado de la Nación en ejercicio de Poder Ejecutivo, Ítalo Luder, que dictaminó: “Las Fuerzas Armadas procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad… a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Se estima que los efectivos de las tres organizaciones subversivas terroristas más importantes (ERP-MONTONEROS-FAR) fueron 5.000 (abatidos en enfrentamientos con las fuerzas legales), que eran apoyados por 25.000 militantes, que se mimetizaban con la población, y colaboraban en logística (armas, sanidad, explosivos, etc.), agitación callejera, acción psicológica, propaganda; cometieron 21.655 atentados entre 1969 y 1979, y asesinaron a 1.160 personas inocentes a traición, a saber: Ejército, 137; Armada y Fuerza Aérea, 33; Gendarmería y Prefectura Naval, 12; Policía Federal y Provinciales, 317; Servicio Penitenciario Federal y Provincial, 11; Civiles, 174 (sumando 684 víctimas mortales (amén de heridos y mutilados); a lo cual hay que adicionar las víctimas de la Triple A de 476 (identificados 346 y NN 130), siendo el total general: 1.160 muertos.

Con relación a los sedicentes desaparecidos de 30 mil, fue un invento de los autores intelectuales refugiados en las naciones europeas para obtener subsidios. Y téngase en cuenta que las denuncias recibidas de parientes por la “Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas” (CONADEP) fueron 8.960, que tras el terremoto de México de 1985, muchos aparecieron por TV, como también en Francia, Italia, España, Escandinavia y hasta en Australia, reduciéndose a los 5.000, que fueron indemnizados por Menem, mediante la ley 24.411por us$/$ 4.000 millones, cabiendo us$/$ 250.000 por individuo, supuestamente (aclarando que algunos “aparecieron”, como el actual juez de Instrucción de Morón, Alfredo Meade).

Es inaceptable que el papa Francisco, el Episcopado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ocupen de las víctimas inocentes y derechohabientes del terrorismo -que nadie recuerda- que nunca fueron reconocidos por los sedicentes defensores de los derechos humanos endógena y exógenamente. Y quienes nos liberaron (ya ancianos mayores de 90 años y enfermos) de la guerra revolucionaria que asoló a la República, padezcan prisión perpetua a tan avanzada edad (siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos y pervertidos los liberan a los 70 años), por supuestos delitos de lesa humanidad, a pesar de que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso recién en 2003, mediante ley 25.778, y por ende no aplicable a los hechos de la década del ’70 (el Estatuto de Roma dispone su aplicación a posteriori (y no a priori) de su ratificación en 2003, le informo a Ricardo Lorenzetti). Y aquellos están muriéndose de inanición y sin atención médica en las mazmorras de Marcos Paz y Ezeiza por carencia de sentimientos humanitarios (¿vengativos?) que claman a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial (aplicándoles “dura lex, sed lex”, es decir la ley de talión), el presidente Mauricio Macri y al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti (que no abre las causas por los crímenes cometidos por Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Verbitsky y otros que quedan impunes, con violación de la “igualdad ante la ley”), y lo más preocupante es la patética indiferencia del papa Francisco y de la Conferencia Episcopal Argentina, como si no fueran seres humanos (que evidentemente carecen del más elemental derecho humano, a la vida).

Y gracias a esos “presos de guerra y políticos”, Argentina se salvó de una tiranía comunistas, cuyos esbirros pensaban fusilar a unos 500 mil personas, de triunfar.

Ya es hora que el presidente Macri tome una decisión política para pacificar el país, liberando a esos ancianos presos políticos, a fin de que cesen las consecuencias de la guerra iniciada por el terrorismo subversivo en los años ’60 el siglo pasado, recordándole que Bartolomé Mitre dijo: “Debe haber Paz (la tranquilidad en el orden, según San Agustín) en los espíritus y orden en las ideas”, para enterrar el pasado; siendo irónico que el titular del Episcopado y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, haya manifestado que se busca contribuir a un “camino de justicia y reconciliación” (sic).


viernes, 28 de octubre de 2016

EL EX PRESIDENTE URIBE SE SINTIÓ DOLIDO CON MACRI

Según un artículo publicado por el diario El Tribuno, el 05/10/16, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, principal impulsor del rechazo al “acuerdo de paz” entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, aseguró que el acto de la firma del mencionado acuerdo, al que acudieron varios jefes de estado, le provocó tristeza.


Respecto de la presencia del presidente Macri en ese acto dijo: “Me dolió verlo. Nosotros hemos sido fervorosos creyentes de Macri, de sus valores democráticos y por supuesto nos causó dolor verlo apoyando este acuerdo de impunidad total al terrorismo”.

Más adelante, al comparar las situaciones de violencia de Argentina y Colombia, Uribe dijo: “Nosotros no hemos tenido una insurgencia civil armada contra una dictadura, hemos tenido un narcoterrorismo contra una democracia”.

Como acá, en Güemes, desconocemos si nuestro gobierno realizó algún tipo de observación sobre esas declaraciones, haremos acá nuestra humilde apreciación al respecto.

Si bien coincidimos en cuanto al sentimiento de dolor de Uribe, creemos que la comparación entre las situaciones de los dos países está TOTALMENTE errada, fuera de contexto y confundida en cuanto al fondo de la cuestión al “etiquetar” las historias vividas en la guerra contrarrevolucionaria.

En efecto, Uribe se equivocó cuando dejó de entrever que la guerrilla de Argentina fue “una insurgencia civil armada contra una dictadura”. Nada más errado. No fue así.

INSURGENCIA significa el levantamiento, subversión o rebelión de la población contra un gobierno establecido. Acá hubo una verdadera guerra revolucionaria donde se pretendía alcanzar por las armas el poder de la Nación, sea cual fuera éste, aplicando métodos de combate de la guerrilla, urbana y rural, terrorismo, acción psicológica, propaganda, y muchos otros MÉTODOS.

Uribe se equivocó o adolece de información histórica precisa; los hechos violentos en la Argentina no fueron contra una dictadura sino contra gobiernos establecidos. La mayoría de los actos revolucionarios fueron durante los gobiernos democráticos.

Cabe recordar entonces algunos hechos:

Durante el gobierno del Dr. Arturo Illia, guerrilla pro-cubana del “Ejército Guerrillero del Pueblo”  (EGP) en Orán (Salta). En la época del General Juan D. Perón, la toma de cuartel de Azul (Bs.As). En el gobierno de María Estela Martínez de Perón, intento de copamiento de los cuarteles de Catamarca, Formosa, Villa María, San Lorenzo y del Batallón de Arsenales 601, Bs.As.; además de atentados explosivos en la Policía Federal. También la guerrilla operó durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín (Cuartel de La Tablada, Bs.As).

Consideramos que Uribe cometió otro error cuando señaló que Colombia tuvo un narcoterrorismo contra una democracia. Las FARC nacieron en 1964 como una organización  guerrillera, de neto corte marxista, que hasta el dia de hoy lleva adelante su intento de toma del poder, a cualquier costo y mediante cualquier MÉTODO, en el concepto de “estrategia sin tiempo” (Mao Tze Tung).

Desde que “coparon” los principales “carteles” de la droga, luego de las derrotas de los carteles de Cali y Medellín, recién desde entonces su principal fuente de financiamiento es el producido por el negocio integral de la cocaína.

No se puede “etiquetar” al terrorismo como narcoterrorismo, como no podemos referirnos a ese MÉTODO según su fuente financiera, no existe el secuestroterrorismo, el psicoterrorismo, etc. Terrorismo es uno sólo, es igual el que aplica las FARC que el ELN: los primeros se financian con la droga, los otros con los secuestros y extorsiones (llamadas “vacunas”).

Reiteramos que el terrorismo es un MÉTODO, uno más, que utiliza la fuera revolucionaria para atemorizar a la población. No es un fín en sí mismo.

Las guerrillas colombianas son organizaciones marxistas cuyos objetivos no son los negocios de la droga ni de los secuestros, es la toma del poder en ese país.

Esperamos que Álvaro Uribe se haya equivocado en las expresiones controvertidas, si es así se puede retractar; pero, si está confundido perseverará en su deformada idea referente a lo que es la guerra revolucionaria, en particular a lo que a nuestro país se refiere.

LE DECIMOS AL SENADOR URIBE QUE A NOSOTROS, LOS QUE COMBATIMOS A LA GUERRILLA REVOLUCIONARIA, nos duele que él desconozca nuestra historia reciente, en un proceso que aún no ha finalizado.
      
“¡¡SOLDADO, NUNCA TE ARREPIENTAS NI PIDAS PERDON POR DEFENDER A LA PATRIA!!”.

Juan Carlos Jones Tamayo
Coronel (R) Prisionero de Guerra
Licenciado- Preso Político

Martin Rodríguez
Teniente Coronel (R)  Prisionero de Guerra
Licenciado- Preso Político

“DONDE NO HAY JUSTICIA, ES PELIGROSO TENER LA RAZON, YA QUE LOS IMBECILES SON MAYORIA”
(Quevedo)


PRESOS POLÍTICOS DENUNCIAN AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA






VIDEO IMPORTANTE DE CASTRO PARA CHAVEZ Y OTROS


Una realidad , cruda y patética. De no asumirse una posición férrea y sin titubeos, el destino es incierto.

¿Qué es lo que hace falta para que podamos despertar…?

Este video ha sido difundido en la mayoria de las redes sociales en los últimos días, una realidad tangible que afecta a casi toda Latinoamérica. El Foro de Sao Paulo al desnudo y en directo.


Ante el fracaso de la Guerra Revolucionaria, en Latinoamérica, el marxismo muta hacia el Populismo corrupto, casi lo logran en Brasil y Argentina. No bajemos la guardia.

video

INICIO DE LA MEGACAUSA IV EN MENDOZA


Ayer jueves 27 de octubre de 2016 en la ciudad de Mendoza, iniciarón las audiencias de la llamada Megacausa IV Mendoza. Se desarrollarán en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, en Avenida España y Pedro Molina, 1º Piso. Ese órgano judicial, es integrado por los jueces Alejandro Piña, Daniel Cisneros y Gretel Diamante. Interviene el fiscal general Dante Vega, asistido por el personal de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Sección Judicial de la Cámara Federal de Mendoza.


Los imputados, sus familias y defensas temen que en este juicio no se garantice el debido proceso legal. Algo similar a lo ocurrido recientemente en la Megacausa III de Santiago del Estero, donde la Sala 4 de la Cámara Federal De Casación Penal decidió apartar de ese proceso a los jueces María Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y Juan María Ramos Padilla. Dicha decisión estuvo basada en probadas circunstancias de militancia terrorista -de los dos primeros- en el ejército revolucionario del pueblo y de Ramos Padilla como querellantes en otros juicios de lesa humanidad.

Gretel Diamante

Si bien los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza no poseen  antecedentes terroristas, la jueza Diamante tiene características que permiten suponer que pueda no actuar objetivamente.

Ella es esposa del intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce, cuya  hermana María Ponce estuvo desaparecida y fuera compañera de militancia de Néstor Kirchner. Enrique Ponce fue abogado de la APDH local en el 1° juicio de lesa humanidad de la provincia de San Luis… sin ninguna duda ese lazo familiar de la jueza Diamante es causa para que ella misma se excuse de intervenir en la causa o sea recusada por las defensas.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

UN SÍMBOLO EMBLEMÁTICO DE LA MENTIRA

Vaya la paradoja “Oh mentira que das la verdad de la cárcel y la muerte”, la mayoría de la sociedad sabe que el número de 30.000 es imaginario y mentira, sin embargo sirvió para acusar de genocidio a las FFAA y FFSS, siendo encarcelados, investigados, denigrados, juzgados y condenados más de 2000 de sus miembros. ¿Hasta cuando hipócritamente se mantendrá esa mentira? Este tema no es una política de estado, es el andamiaje de la venganza terrorista  llevada adelante por una justicia prevaricadora.


El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj no debería manejarse por símbolos, él está obligado a decir la verdad a todo el pueblo argentino. Caso contrario es cómplice de una mentira urdida con fines dantescos.


El debate por los derechos humanos no es propiedad de ningún sector político; pretenderlo es desconocer, precisamente, los derechos de todos a saber la verdad

El debate sobre el verdadero número de desaparecidos durante la última dictadura militar, sin duda el más trágico desencuentro en la historia de los argentinos, amenaza no sólo con aferrarse al presente, sino también con extender esa dolorosa controversia a las próximas generaciones. La evidencia más reciente de este conflicto no resuelto tuvo como protagonista al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien al ser consultado en La Pampa durante una charla sobre "Discriminación y acoso a los alumnos de la escuela normal", reiteró que "los 30.000 desaparecidos son un símbolo emblemático que la sociedad abrazó". Avruj planteó la necesidad de hablar sin ideologías sobre el tema y de que el debate no esté nunca viciado por la política. Recordó, además, que "el kirchnerismo no es dueño de los derechos humanos en el país ni de los juicios por los delitos de lesa humanidad, que, debemos reconocer, se llevaron adelante con el ex presidente Raúl Alfonsín".

La polémica sobre el número de desaparecidos, que los gobiernos del matrimonio Kirchner elevaron en forma oficial al número de 30.000, sin mayores explicaciones, remite a las advertencias que primero Maquiavello y más tarde Joseph Goebbel expresaron con aquello de "miente, miente y miente que algo siempre quedará". El riesgo con esta estrategia, en política sobre todo, es que cuando se trata de instalar en la opinión pública una mentira, nadie sabe, en verdad, el riesgo que asume, porque estará obligado a inventar veinte mentiras más para sostener la certeza de la primera.

Graciela Fernández Meijide -miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)-; madre de Pablo, a quien, con 17 años, los militares arrancaron para siempre de sus manos, y autora de Historia íntima de los derechos humanos en la Argentina hizo algo mucho más efectivo y honesto que entrar en la confrontación de los números oficiales. Averiguó de dónde salió y a quién se le ocurrió la decisión de poner sobre la mesa una cifra que fue homologada desde lo más alto del poder sin mediar ninguna precisión. En su libro, ella describe que los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos, pero sabiendo que por entonces no existía la figura de la desaparición forzada. Fue Eduardo Luis Duhalde quien le confirmó que pusieron ese número, el de 30.000, con el propósito de poder apelar a la figura del genocidio y denunciar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Posteriormente, Duhalde fue nombrado secretario de Derechos Humanos en el gobierno kirchnerista y convirtió la ficción en versión oficial al colocar la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo del Nunca Más que escribió para colocar por delante del original, el de Ernesto Sabato.

Los 7954 casos documentados por la Conadep, argumenta Meijide, son un número que deja sin respuestas dos grandes preguntas. ¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde sus familias y las correspondientes denuncias? Esa y no otra es la explicación por las que había tantas placas vacías cuando los presidentes Barack Obama y Mauricio Macri visitaron este año el Parque de la Memoria. El monumento fue concebido como un homenaje no sólo a las víctimas de la dictadura, sino también a 1053 personas que murieron antes del golpe de Estado, en democracia, muchos de ellas mientras atacaban cuarteles, comisarías, atentaban con explosivos o fueron fusiladas por sus propios compañeros, acusadas de traidoras o delatoras.

El periodista Ceferino Reato, en su libro Operación Primicia, nombre con el que Montoneros denominó el primer ataque de la guerrilla peronista a un cuartel del Ejército -el Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa-, rescata un ejemplo que ilustra hasta límites extremos la volatilidad y la incoherencia con las que un hombre puede ser presentado al derecho o al revés ante la historia. Es el caso de Roberto Mayol, un soldado de 21 años, de clase media, formado con los jesuitas santafecinos, que un domingo, a la hora de la siesta, atacó el pabellón de la guardia, traicionó a sus camaradas y facilitó el ingreso de seis vehículos para que un grupo armado convirtiera el cuartel en un baño de sangre. Hubo 28 muertos, Mayol entre ellos. Pasó el tiempo y, en agosto de 2006, el nombre de Roberto Mayol fue grabado, junto al de otros compañeros, en una placa de bronce: es el recordatorio con el que la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral rinde homenaje "a las víctimas del terrorismo de Estado". No es sencillo decodificar el mensaje. ¿Qué impulso autista puede hermanar a las víctimas con los victimarios? ¿Cómo equiparar a los que entregan a sus compañeros a la muerte con aquellos que defienden el Estado de Derecho?


jueves, 27 de octubre de 2016

ARCHIVOS DEL VATICANO


El Vaticano finalizó la catalogación de archivos secretos que haría públicos sólo a familiares de "desaparecidos". Me parece que en beneficio de la verdad, la justicia y la concordia, todos los argentinos deberíamos poder acceder a esa información. Particularmente porque todos los argentinos, en mayor o menor grado, hemos sido víctimas de la violencia setentista. Sería injusto, además, que personas que en estos momentos están siendo juzgadas por delitos de lesa humanidad no pudieran acceder a esa información para su defensa. La Iglesia debería ofrecer a la sociedad toda la información disponible sobre ese conflicto, particularmente, la información sobre sus sacerdotes y monjas partidarios de la teología de la liberación.

La verdad debe ser completa sin ocultamientos estratégicos ni falsas justificaciones. Todos los argentinos, particularmente los católicos, esperamos que la Iglesia comparta toda la información que posee y no sólo la que a un sector político le interesa que sea pública.

Andrea Palomas Alarcón
DNI 18.011.160


DEBATE SOBRE EL VATICANO Y LOS ARCHIVOS: ACASO, ¿NO TODOS LOS ARGENTINOS SOMOS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA?

Tal como informó Urgente24 el pasado martes 25 de octubre, Jorge Mario Bergoglio (o papa Francisco, para sus fieles), determinó que -luego de recopilar y digitalizar todos los datos- sean abiertos los archivos que están bajo la órbita del Vaticano en lo que concierne a la última dictadura cívico-militar argentina, establecida entre 1976 y 1983. “De acuerdo con un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos referidos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores”, comunicaron desde la Santa Sede. Pero, ¿por qué?, ¿qué oculta la Iglesia Católica, que la mayoría de los argentinos no sepamos?

El caso de la desaparición y asesinato de Léonie Duquet está relacionado con el de su compañera de congregación, Alice Domon. Según la reconstrucción histórica, ambas fueron arrojadas al mar, cerca de Santa Teresita, un 17 o 18/12/1977.

El caso de la desaparición y asesinato de Léonie Duquet está relacionado con el de su compañera de congregación, Alice Domon. Según la reconstrucción histórica, ambas fueron arrojadas al mar, cerca de Santa Teresita, un 17 o 18/12/1977.

Al respecto, una lectora de Urgente24 abrió el debate:

En estos días el Vaticano está catalogando archivos secretos que haría públicos, sólo a familiares de “desaparecidos”.
Me parece que en beneficio de la verdad, la justicia y la concordia, todos los argentinos deberíamos poder acceder a esa información. Particularmente porque todos los argentinos, en mayor o menor grado, hemos sido víctimas de la violencia setentista.

Sería injusto, además, que personas que en estos momentos están siendo juzgadas por delitos de “lesa humanidad” no pudieran acceder a esa información para su defensa.

La Iglesia debería ofrecer a la sociedad toda la información disponible sobre ese conflicto, particularmente, la información sobre sus sacerdotes y monjas partidarios de la “Teología de la Liberación”. La Iglesia tiene mucha información al respecto.

Sólo como ejemplo, existe la certeza de que, al menos, una de las dos monjas francesas, Alice Domon, había dejado la vida religiosa mucho antes de morir. Esta religiosa se había apartado de su comunidad, había dejado de usar los hábitos y en 1975 viajó a Francia paraa desvincularse legalmente de su Comunidad Religiosa. La Iglesia sabe esto y nunca lo ha hecho público. Ha dejado que personas fueran condenadas por la muerte de las “monjas” con todo lo que ese título pesa en el sentimiento y el imaginario popular.

La verdad debe ser completa sin ocultamientos estratégicos ni falsas justificaciones.

Todos los argentinos, particularmente los católicos, esperamos que la Iglesia comparta toda la información que posee y no sólo la que a una facción política le interesa que sea pública.

Andrea Palomas Alarcón

FUENTE: http://www.urgente24.com/258141-debate-sobre-el-vaticano-y-los-archivos-acaso-no-todos-los-argentinos-somos-victimas-de-la

LA MANIPULACIÓN DE TESTIGOS EN CAUSAS DE LESA HUMANIDAD

Por Emilio Cárdenas para La Nacion

Jean-Pierre Bemba es un desalmado y corrupto político congolés que está, desde junio pasado, cumpliendo una condena de prisión por 18 años. Penalidad que le fuera impuesta por el Tribunal Penal Internacional por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad en la República Centroafricana durante el conflicto armado interno que allí ocurriera entre los años 2002 y 2003. Entre ellos, las violaciones sistemáticas de mujeres que en esa condena, por primera vez, se definieron como lo que en esas circunstancias realmente son: crímenes de guerra.

Bemba, sin embargo, acaba de recibir una nueva y segunda condena, que esta vez alcanzó asimismo a dos de sus abogados y a dos de sus ayudantes. Se refiere a las tareas de la defensa del aludido Bemba, realizadas ante al alto tribunal internacional y tiene que ver con la manipulación intencional de los 14 testigos que se presentaran en la referida causa.

Al dictar la sentencia aludida, el presidente del Tribunal Penal Internacional, Bertram Schmitt, señaló que "ningún sistema legal" puede aceptar la manipulación o el direccionamiento de los testigos mediante cualquier inducción o presión destinada a que sus testimonios dejen de lado la verdad. Prohibición que, por lo demás, ha sido reconocida por los tribunales penales internacionales especiales, como son los de la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leone.

Ocurre que la manipulación de los testigos, por su perversa gravedad, genera la nulidad de sus respectivos testimonios. La que, por lo demás, es insanable. Absoluta, entonces. La falsificación de la prueba no admite -claro está- otro resultado. Y supone una ofensa gravísima contra la administración de justicia.

"Ocurre que la manipulación de los testigos, por su perversa gravedad, genera la nulidad de sus respectivos testimonios"

La experiencia sugiere que, a veces, son los gobiernos (o sus fiscales) los que influencian o presionan a los testigos para que de alguna manera ellos obstruyan o distorsionen la verdad, con dichos torcidos. Para así alinearlos con sus objetivos, con frecuencia políticos. También sucede, obviamente, que los propios acusados, o sus abogados defensores, traten (como Bemba) de hacer lo mismo, en procura de diluir las acusaciones que enfrentan. Ambas cosas, está claro, son condenables y generan nulidades.

No está entonces permitido entonces el llamado "coaching" de los testigos. Por ningún motivo. Tampoco para tratar de paliar las consecuencias del tiempo que de pronto pudiera haber transcurrido entre los hechos que se investigan y las declaraciones testimoniales.

Esto último puede hacer caer, por ilegales, a las llamadas "reconstrucciones colectivas" con las que presuntamente se procura "construir o revivir" lo sucedido en el pasado, teñidas casi siempre con un "relato" particular. No se trata, a veces, de "refrescar la memoria", sino de direccionarla, lo que es por cierto una práctica inaceptable.

A lo que cabe agregar que los testigos con interés en el resultado del juicio tampoco pueden ser considerados independientes. Porque ciertamente no lo son. Y no debieran testimoniar.

Todos los testigos "entrenados" son entonces cuestionables, cualquiera hubiera sido su circunstancial "entrenador". Y su objetivo.

El tema que el Tribunal Penal Internacional pone ahora sobre la mesa es bien serio. Porque falsificar la prueba es claramente una forma de corrupción. Y, más aún, porque se trata de respetar -o no- el debido proceso legal, que no puede dejarse de pronto de lado sin vulnerar una garantía constitucional individual emplazada en el corazón mismo de las estructuras democráticas y que por ello no puede, jamás, dejarse de lado.

El tribunal internacional deberá ahora determinar específicamente cual es el castigo a imponer a los condenados por manipular testigos, que puede consistir en penas de prisión de hasta cinco años, además de la imposición de multas a los que resulten responsables. Jean-Pierre Bemba y los demás condenados pueden apelar las condenas que se les impongan, dentro de los 30 días.


NOTA: La clara descripción efectuada por el autor en la manipulación de los testigos se ha cumplido a rajatabla en la República Argentina y la mayoría de los tribunales lo han permitido. Un vergüenza.

miércoles, 26 de octubre de 2016

DESCLASIFICANDO ARCHIVOS


Sr. Director,

La Iglesia desclasificó de sus archivos unos 3000 documentos sobre la "dictadura militar" y son sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos y reclamar gestiones ante las autoridades militares. Para aquellos que no lo  saben se llama "dictadura militar" al gobierno que logró que Argentina no fuera otra Cuba y que el presidente actual sea Mauricio Macri y no Santucho o Firmenich jefes de las organizaciones terroristas. La Iglesia también tendría que informar cuantas veces mi madre fue a rezar el rosario a la Iglesia San Agustín para pedir que el próximo gerente de Chrysler Argentina, la industria automotriz, que asesinen los terroristas apátridas del ERP y/o de Montoneros no fuera su hijo o sea el que suscribe.

También tendrían que desclasificar los documentos que debe haber sobre el accionar del terrorismo en Argentina. El presidente del Episcopado Monseñor José María Arancedo dijo que era cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que pudo y por eso pide perdón. Lo que tendría que haber hecho la Iglesia era convocar a la cúpula de ambas organizaciones terroristas y convencerlas que la forma de obtener el poder no era por las armas matando civiles, policías y militares sino votando en elecciones libres. Pero no lo hizo. El Padre Múgica sí estuvo en contra de la violencia, llamo a no usar las armas  y por eso fue asesinado por los mismos delincuentes terroristas, asesinato que le endilgan al gobierno militar.

Saluda a Ud. cordialmente

Dr. José Brunetta

DNI 4.180.958

ARCHIVOS DEL VATICANO

Sr. Director:

En estos días el Vaticano está catalogando archivos secretos que haría públicos, sólo a  familiares de “desaparecidos”.

Me parece que en beneficio de la verdad, la justicia y la concordia, todos los argentinos deberíamos poder acceder a esa información. Particularmente porque todos los argentinos, en mayor o menor grado,  hemos sido víctimas de la violencia setentista.

Sería injusto, además, que personas que en estos momentos están siendo juzgadas por  delitos de “lesa humanidad” no pudieran acceder  a esa información para su defensa.

La Iglesia debería ofrecer a la sociedad toda la información disponible sobre ese conflicto, particularmente, la información sobre sus sacerdotes y monjas partidarios de la “Teología de la Liberación”. La Iglesia tiene mucha información al respecto. Sólo como ejemplo, existe la certeza de que, al menos, una de las dos monjas francesas, Alice Domon, había dejado la vida religiosa mucho antes de morir. Esta religiosa se había apartado de su comunidad, había dejado de usar los hábitos y en 1975 viajó a Francia a desvincularse legalmente de su Comunidad Religiosa. La Iglesia sabe esto y nunca lo ha  hecho público. Ha dejado que personas  fueran condenadas por la muerte de las “monjas” con todo lo que ese título pesa  en el sentimiento y el imaginario popular. 

La verdad debe ser completa  sin ocultamientos estratégicos ni falsas justificaciones.

Todos los argentinos, particularmente los católicos, esperamos que la Iglesia comparta toda la información que posee y no sólo la que a una facción política le interesa  que sea pública.

Andrea Palomas Alarcón

DNI 18.011.160 

SORPRESAS EN LOS JUICIOS ARGENTINOS DE "LESA HUMANIDAD"

Dr. Eduardo Rafael Riggi

La sociedad argentina todavía está lejos de contar con un Poder Judicial imparcial.           

Actualizado 25 octubre 2016    

A lo largo de la década pasada, los dos presidentes Kirchner (Nestor y Cristina) construyeron un “relato” mendaz para tratar de justificar sus caprichosas manipulaciones de la economía argentina y disimular el populismo que impregnara a sus dos gestiones. Ese “relato” tuvo toda suerte de capítulos. Esto es cortinas de humo y mecanismos de distracción. Hasta algunos de corte patológico, como veremos enseguida.

Uno de ellos, manejado con la perversidad que los conformaba, fue realmente sorprendente y consistió en la “exaltación principista” de los juicios en materia de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Argentina en la década de los 70. Extraña estrategia para quienes, hasta entonces, poco y nada habían hecho en ese campo. Para esto último los Kirchner contaron con la ayuda interesada de algunos jueces que se prestaron a manejos que ahora están quedando al descubierto y que, desgraciadamente, destiñen su actuación.

Disfrazarse de “paladines” de los derechos humanos era realmente importante para los Kirchner porque, de esa manera, desviaban la atención sobre las mil fórmulas de corrupción que pusieron en marcha durante sus mandatos y que hoy, gracias a la acción de algunos jueces federales, está quedando al descubierto, ante el asombro de propios y extraños.

Nunca en la historia argentina hubo gobiernos nacionales que hicieran de la corrupción no sólo un negocio, sino una costumbre y hasta una suerte de culto. Nunca despojos del tamaño que hoy se está revelando. Transformarse en “poderosos” económicamente suponía actuar hegemónicamente en el escenario de la política, disponiendo de recursos que ningún otro partido político tenía a su disposición, ni podía alcanzar.

Hoy la justicia está –entre otras cosas– revisando la actuación de los magistrados sumisos a los Kirchner, que coreaban su discurso único y exaltaban su presunto “coraje político”.

Si para muestra basta un botón, acaba de dictarse una sentencia ejemplar por parte de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lleva fecha 9 de junio de 2016. Se trata de la decisión del caso “Carrizo Salvadores”. Ella recayó en una investigación de presuntos delitos de lesa humanidad que esa Cámara encontró no eran tales, anulando la sentencia que había sido apelada. Nos referiremos enseguida a los insólitos argumentos por los cuales finalmente se revocó la decisión apelada. Porque son duros. Amargos. Y no tienen desperdicio. Y porque sugieren cuál era el modo de actuar, cual acólitos desaprensivos, de algunos magistrados.

El Dr. Eduardo Rafael Riggi, el camarista que formula el voto más importante, señaló que el tribunal inferior había realizado “una interpretación no sólo errónea, sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de los hechos materia de juzgamiento”. Concluyó que la decisión apelada se refería a una “realidad que no se encuentra acreditada por ningún medio de prueba o que directamente no existía”. Eso supone que la decisión anulada era tendenciosa. O, peor aún, que ella era mendaz. Lo que es sumamente grave.

Para explicar su criterio, el Dr. Riggi aclara que “esos acontecimientos fueron tergiversados”. Esto es, trastocados o trabucados por los magistrados que en su momento habían dictado la sentencia que fuera apelada. Nuevamente, un proceder escandaloso.

El mencionado camarista agregó que los hechos a los que se refiere la sentencia que revoca no existieron más que “en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados y que carecen por ende de todo sustento en las pruebas incorporadas”. El Dr. Riggi describe amablemente un proceder a todas luces repudiable, al que califica de “falto de seriedad”, “antojadizo y arbitrario”, producto de “preconceptos”. En cualquier sistema judicial esa descripción alude a conductas inaceptables, merecedoras de sanciones.

La revocatoria suscrita por el Dr. Riggi fue asimismo especialmente severa respecto de la “prueba” diligenciada en la causa en la que intervenía. Muy particularmente respecto de los testimonios de dos testigos que, créase o no, habían pertenecido al movimiento guerrillero marxista que respondía al nombre de Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), razón por la cual el Dr. Riggi entendió que estaban lejos de ser imparciales y que eran, en cambio, partes interesadas en las investigaciones de sus propias “andadas”, lo que hace que sus respectivos testimonios fueran inaceptables, debiendo quedar excluidos de cualquier valoración, por su evidente nulidad absoluta.

Es evidente que quienes perpetraron delitos de lesa humanidad deben asumir las responsabilidades que les caben, pero sólo en juicios que –naturalmente– respeten la verdad. No en procedimientos amañados que desprestigian a la justicia argentina y generan la nulidad de las respectivas actuaciones. La independencia de los jueces es un componente central de toda democracia y es, a la vez, una garantía del debido proceso legal. De allí su trascendencia.

La revocación de una sentencia mendaz supone corregir el rumbo. Pero es importante señalar que el Poder Judicial argentino actúa bajo gruesos nubarrones que –para muchos– sugieren rincones de parcialidad. Por esto precisamente el 77% de los argentinos dice no confiar en su justicia y espera que en adelante se tomen las acciones necesarias para que actuaciones como la reseñada no se vuelvan a repetir.

Ocurre que el descaro es, a veces, total. A punto tal, que dos camaristas que habían sido, ellos mismos, integrantes del mencionado ERP y actuaban en otras causas de “lesa humanidad”, acaban de ser separados de una de ellas por su instancia judicial superior. Nunca sintieron la necesidad obvia de inhibirse, esto es de apartarse de las causas en las que intervenían. Por ausencia total de imparcialidad. Todo lo contrario, tuvieron la repudiable audacia de dictar sentencias que luego fueron revocadas. Paradójicamente, ellos son todavía magistrados, pese a lo acontecido.

Lo que muestra cuán lejos está la sociedad argentina todavía de contar con un Poder Judicial imparcial. Hay aún mucho que hacer en la búsqueda de la imparcialidad que siempre debe caracterizar a los magistrados judiciales. Queda un largo camino por recorrer para reparar una democracia que los dos presidentes Kirchner desajustaron perversamente, en todos sus poderes. Sin reparos de ningún tipo, en busca de aureolas falsas que obviamente no les pertenecían.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas